STC1080-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1080-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00688-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 11 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de su hija menor Valentina1, frente al Juzgado Veintiuno de Familia del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201csucesi\u00f3n intestada\u201d del causante Pedro, iniciado por Pablo y Marta. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, la gestora implora la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u201ca la vida, igualdad, m\u00ednimo vital y derechos de los ni\u00f1os\u201d, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo de 11 de octubre de 2010, el juzgado convocado declar\u00f3 abierto el decurso de \u201csucesi\u00f3n simple e intestada\u201d del difunto Pedro y, asimismo, i) reconoci\u00f3 a Pablo (q.e.p.d.) y Marta, en calidad de hijos y herederos del prenombrado; y ii) dispuso el emplazamiento \u201c(\u2026) de todos los que se crean con derecho a intervenir (\u2026) conforme a lo establecido en el art\u00edculo 589 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El 18 de noviembre de 2010, Mar\u00eda, aqu\u00ed promotora, radic\u00f3 escrito ante el estrado enjuiciado, pidiendo el reconocimiento de su descendiente, Valentina, \u201c(\u2026) como hija y heredera (\u2026)\u201d del causante Pedro3. <\/p>\n
En providencia de 11 de enero de 2011, la funcionaria cognoscente accedi\u00f3 a dicha petitoria4. <\/p>\n
Luego, en veredicto de 8 de noviembre de 2011, la servidora encargada accedi\u00f3 a las medidas cautelares solicitadas por la parte interesada, entre otras, la consistente en la \u201cinscripci\u00f3n del embargo\u201d en el establecimiento de comercio denominado \u201cAlojamiento Monserrate la 21\u201d, ubicado en la \u201cCalle 21 # 4-09 y #4-13 de Bogot\u00e1\u201d, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 00689223\u201d de propiedad del fallecido y, en providencia de 14 de diciembre de 2011, orden\u00f3 el \u201csecuestro\u201d de la heredad descrita5. <\/p>\n
Posteriormente, la falladora libr\u00f3 el \u201cdespacho comisorio N\u00ba 017\u201d dirigido al Juzgado Once Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de la ciudad, quien, el 28 de junio de 2012, realiz\u00f3 la diligencia rese\u00f1ada6. <\/p>\n
El 21 de septiembre de 2011 la juez de la causa efectu\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos7 y, en pronunciamiento de 16 de julio de 2012, procedi\u00f3 a impartir su aprobaci\u00f3n8. <\/p>\n
Despu\u00e9s, en autos de 2 de julio de 2013 y de 4 de febrero de 2014, la autoridad querellada reconoci\u00f3 a Oscar y a Mery, como acreedores, y a Carmenza, en calidad de \u201c(\u2026) compa\u00f1era permanente sobreviviente (\u2026)\u201d del fallecido Pedro9. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 26 de abril de 2016, la funcionaria encargada decret\u00f3 la partici\u00f3n y design\u00f3 al auxiliar de la justicia para dicha gesti\u00f3n10. <\/p>\n
Mediante providencia de 9 de febrero de 2017, el despacho acusado orden\u00f3 correr traslado a los interesados, del trabajo partitivo elaborado, \u201c(\u2026) por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas de conformidad con el art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Dentro del tiempo concedido, Carmenza, Marta y la aqu\u00ed gestora, formularon objeciones12. <\/p>\n
En veredicto de 30 de junio de 2017, el juzgado convocado resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) tener por fundadas parcialmente las objeciones propuestas al trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n (\u2026)\u201d y, en consecuencia, le orden\u00f3 al profesional del derecho seleccionado, rehacer su labor13. <\/p>\n
Una vez cumplido ese mandato y allegada, nuevamente, la partici\u00f3n, el 15 de agosto de 2017, el estrado cognoscente, profiri\u00f3 sentencia mediante la cual: i) aprob\u00f3 \u201c(\u2026) en todas sus partes el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n sobre los bienes pertenecientes a la sucesi\u00f3n del causante (\u2026)\u201d; y ii) dispuso el levantamiento de las medidas cautelares14. <\/p>\n
En auto de 20 de septiembre de 2017, la togada acusada orden\u00f3 la entrega del dinero proveniente de los frutos producidos por el establecimiento de comercio \u201cAlojamiento Monserrate\u201d, durante el tiempo de administraci\u00f3n del secuestre designado, valores que, se\u00f1al\u00f3, se hallaban en el Banco Agrario de Colombia, de la siguiente manera: <\/p>\n
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NOMBRE <\/p>\n
PORCENTAJE <\/p>\n
CANTIDAD <\/p>\n
Carmenza <\/p>\n
$19\u2019036.626,5000 <\/p>\n
Marta <\/p>\n
16,6666% <\/p>\n
$6\u2019345.543,1666 <\/p>\n
Pablo <\/p>\n
16,6666% <\/p>\n
$6\u2019345.543,1666 <\/p>\n
Valentina <\/p>\n
16,6666% <\/p>\n
$6\u2019345.543,1666 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
$38\u2019073.253,0000 <\/p>\n
Despu\u00e9s, la tutelante radic\u00f3 memorial, ante el despacho confutado, solicitando \u201c(\u2026) la entrega real y material de los dineros reconocidos en el trabajo de partici\u00f3n a favor del [heredero] fallecido [Pablo] (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
En determinaci\u00f3n de 10 de diciembre de 2019, la servidora accionada no accedi\u00f3 a la petitoria deprecada por la gestora16. <\/p>\n
En prove\u00eddos de 12 de febrero y 13 de mayo de 2019, el juzgado instructor requiri\u00f3 al auxiliar de la justicia nombrado para la administraci\u00f3n del referido predio, para que efectuara la entrega del bien a los adjudicatarios, tal como lo precept\u00faa en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso17 y, asimismo, presentara \u201c(\u2026) las cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
Sin lograr la devoluci\u00f3n del establecimiento por parte del profesional asignado, el 18 de junio de 2019, la funcionaria convocada, comision\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de esta urbe, para que adelantara la diligencia de entrega19. <\/p>\n
En providencia de 26 de julio de 2019, la juez municipal delegada se\u00f1al\u00f3 para efectuar dicha gesti\u00f3n, el \u201c(\u2026) 8 de octubre del a\u00f1o 2020 a las 8:00 am (\u2026)\u201d20. <\/p>\n
En escritos presentados los d\u00edas 29 de agosto, 9 de septiembre, 20 de septiembre y 4 de octubre de 2019, Marta le demand\u00f3 a la comisionada pronunciarse acerca de los remedios interpuestos contra el prove\u00eddo recurrido22. <\/p>\n
En auto de 21 de octubre de 2019, la juez municipal resolvi\u00f3 mantener su decisi\u00f3n inc\u00f3lume y no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n elevada, \u201c(\u2026) por no estar enlistada en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d23. <\/p>\n
En veredicto de 7 de febrero de 2020, el juzgado municipal, dando cumplimiento al mandato constitucional proferido por el tribunal el 30 de enero de 2020, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la aqu\u00ed gestora contra esa autoridad judicial, reprogram\u00f3 la diligencia de entrega, la cual llev\u00f3 a cabo el 2 de marzo de ese a\u00f1o24. <\/p>\n
La precursora manifiesta, en esta oportunidad, que Carmenza, reconocida en el decurso criticado en calidad de compa\u00f1era sup\u00e9rstite del causante, y el auxiliar de la justicia nombrado como secuestre del establecimiento de comercio denominado \u201cAlojamiento Monserrate la 21\u201d ubicado en la \u201cCalle 21 # 4-09 y #4-13 de Bogot\u00e1\u201d, se niegan a perfeccionar \u201csu entrega\u201d, aun cuando la judicatura del circuito convocada los ha requerido en m\u00faltiples ocasiones25. <\/p>\n
Aduce que Carmenza fue asignada como \u201cdepositaria provisional\u201d de ese fundo, sin embargo, el d\u00eda del acto comisionado, \u201c(\u2026) no permiti\u00f3 el acceso (\u2026)\u201d a ninguno de los funcionarios que asistieron y, asimismo, se abstuvo de \u201c(\u2026) entregar suma dineraria [por concepto] de administraci\u00f3n (\u2026)\u201d26. <\/p>\n
Sostiene que dichas actuaciones, vulneran las prerrogativas de su hija menor de edad, ello, por cuanto los dineros retenidos son para \u201c(\u2026) garantizar [la] subsistencia congrua y necesaria [de la ni\u00f1a], en lo relativo a [su] alimentaci\u00f3n, vestuario, atenci\u00f3n en salud y estudios (\u2026)\u201d27. <\/p>\n
Arguye que, a nombre del heredero Pablo, hermano de Valentina y quien falleci\u00f3 en el curso del juicio reprochado, la judicatura del circuito querellada le adjudic\u00f3 la suma de $11\u2019967.316, los cuales se encuentran en el Banco Caja Social y Banco Agrario de Colombia, pero, seg\u00fan afirma, la funcionaria encargada ha soslayado ordenar el desembolso de dichos montos28. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, ordenar al Juzgado Veintiuno de Familia que: i) adelante las gestiones necesarias \u201c(\u2026) para la entrega real y material del establecimiento de comercio \u201cAlojamiento Monserrate la 21\u201d (\u2026)\u201d; y ii) se pronuncie respecto de los fondos que reposan en las entidades bancarias a favor del heredero Pablo29. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuestas de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal relat\u00f3 que, en efecto, fue comisionado por el Juzgado Veintiuno de Familia \u201c(\u2026) para llevar a cabo la diligencia de entrega del inmueble que hace parte del acervo hereditario (\u2026)\u201d, la cual, reliev\u00f3, se llev\u00f3 a cabo \u201c(\u2026) el 2 de marzo de 2020, en el marco de la normatividad legal vigente aplicable (\u2026)[, efectuando su transmisi\u00f3n,] a entera satisfacci\u00f3n, a la apoderada de las (\u2026)\u201d intervinientes. <\/p>\n
Por lo antelado, asegur\u00f3, \u201c(\u2026) cumpli\u00f3 a cabalidad (\u2026)\u201d con la labor encomendada y, en ese sentido, \u201c(\u2026) no puede atribu\u00edrsele (\u2026), ninguna afectaci\u00f3n por acci\u00f3n u omisi\u00f3n respecto de los derechos fundamentales de la accionante ni de su menor hija (\u2026)\u201d30. <\/p>\n
2. La juez querellada se pronunci\u00f3 frente a los sucesos cuestionados por la quejosa. En torno a la primera inconformidad, se\u00f1al\u00f3 que Pablo \u201c(\u2026) en vida, otorg\u00f3 poder para iniciar y llevar hasta su terminaci\u00f3n el proceso de sucesi\u00f3n (\u2026)\u201d aqu\u00ed debatido, reconoci\u00e9ndole mediante auto de 11 de octubre de 2010, su \u201c(\u2026) inter\u00e9s en el asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Expuso que estando en curso la contienda auscultada, exactamente, el 31 de mayo de 2011, falleci\u00f3 Pablo; sin embargo, asent\u00f3 que, de conformidad con \u201c(\u2026) el art\u00edculo 1014 del C\u00f3digo Civil, (\u2026) para que proceda la transmisi\u00f3n del derecho [hereditario y] distribuir la hijuela que (\u2026)\u201d a aqu\u00e9l le correspondi\u00f3, tal como lo pretende la precursora, \u201c(\u2026) necesariamente [debe] adelantarse su sucesi\u00f3n (\u2026)\u201d, pues, \u00e9ste previo a su deceso, \u201c(\u2026) acept\u00f3 la herencia (\u2026)\u201d dejada por su progenitor Pedro. <\/p>\n
De otra parte, respecto del segundo planteamiento de la tutelante, manifest\u00f3 que la diligencia de entrega del establecimiento de comercio \u201cAlojamiento Monserrate la 21\u201d fue realizada por el Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal y, seg\u00fan el video contentivo, se observa que \u201c(\u2026) a trav\u00e9s de su apoderada judicial (\u2026)\u201d, se acordaron unos compromisos entre las partes, para la elaboraci\u00f3n de \u201c(\u2026) los contratos e inventarios correspondientes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo esbozado, exigi\u00f3 negar las s\u00faplicas de la gestora, por no haberse conculcado sus prerrogativas31. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Referente al reproche de la petente a la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega del fundo \u201cAlojamiento Monserrate la 21\u201d, surtida el 2 de marzo de 2020, el a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo implorado, tras evidenciar que \u201c(\u2026) la accionante esper\u00f3 ocho meses (\u2026) para pedir la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, sin que exista alguna prueba que lleve a establecer la existencia de una causa que le impidiera ejercer la acci\u00f3n oportunamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aunado, reliev\u00f3, \u201c(\u2026) habiendo recibido el local comercial a entera satisfacci\u00f3n, tiene a su alcance los mecanismos policivos previstos en la Ley para tal efecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De otra parte, en torno al incumplimiento, por parte del secuestre designado, quien, a la fecha no ha allegado las cuentas de administraci\u00f3n, consider\u00f3 que las prerrogativas de la hija de la peticionaria est\u00e1n siendo vulneradas, \u201c(\u2026) ante la omisi\u00f3n de la funcionaria judicial accionada, en la aplicaci\u00f3n de las normas que se ocupan en el ejercicio (\u2026)\u201d de esta labor, as\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n efecto, a pesar de que desde el 28 de junio de 2012 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro y de las obligaciones que adquirieron tanto el secuestre como la administradora constituida por \u00e9l, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo General del Proceso y a lo manifestado por el auxiliar de la justicia en la diligencia, nunca les dieron cumplimiento y s\u00f3lo hasta el 12 de febrero de 2019, cuando dispuso la entrega del bien, la Juez lo requiri\u00f3 para que rindiera cuentas de su gesti\u00f3n, requerimiento que fue reiterado el 13 de mayo siguiente, sin que, hasta la fecha, se haya rendido siquiera un informe por parte del secuestre o de la administradora sobre el producto mensual del mencionado establecimiento comercial, y menos a\u00fan las consignaciones del dinero producido, ante la actitud pasiva de la funcionaria judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la promotora, solicitando la revocatoria \u201cparcial\u201d del veredicto proferido por el tribunal, pues, en su sentir, se \u201c(\u2026) debe realizar un an\u00e1lisis de los hechos y documentos aportados al plenario (\u2026), en especial, [respecto] a la entrega de sumas dinerarias sin tr\u00e1mite [de sucesi\u00f3n previo] (\u2026)\u201d, tal como lo aduce el juzgado convocado33. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si la c\u00e9lula denunciada vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de la tutelante: i) con el pronunciamiento proferido el 10 de diciembre de 2019, al negar el desembolso de los dineros que reposan en las entidades bancarias a favor del difunto heredero Pablo, los cuales fueron incluidos en las hijuelas de la masa sucesoral del causante Pedro; y ii) al no adelantar las gestiones necesarias, tendientes a la entrega \u201creal y material\u201d del establecimiento de comercio \u201cAlojamiento Monserrate la 21\u201d, por parte del secuestre designado. <\/p>\n
2. Sobre el primer reproche enfilado por la precursora y examinado el referenciado sublite, se vislumbra el fracaso de la salvaguarda reclamada, dado el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues entre la providencia atacada y la presentaci\u00f3n de este libelo -26 de noviembre de 2020-, transcurrieron m\u00e1s de once (11) meses, t\u00e9rmino que supera el de seis (6) meses, contemplado por la jurisprudencia para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Sobre este aspecto esta Sala, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d34. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, si la promotora se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la existencia de una conducta anormal en la actuaci\u00f3n confutada y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo. <\/p>\n
3. Aunado, se resalta, el car\u00e1cter eminentemente subsidiario de este auxilio refuerza su improcedencia, pues su prosperidad est\u00e1 limitada s\u00f3lo a aquellos eventos en los cuales se est\u00e9 frente a una anomal\u00eda superlativa y no se posean mecanismos para controvertirla o \u00e9stos sean insuficientes. <\/p>\n
Se resalta, en la contienda materia de queja, la inicialista contaba con la posibilidad de promover recurso de reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n auscultada, medio de impugnaci\u00f3n que resultaba procedente para atacarla, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 31835 del C\u00f3digo General del Proceso y a trav\u00e9s del cual hubiese podido discutir la inconformidad aqu\u00ed ventilada. <\/p>\n
Se recuerda, esta acci\u00f3n impone la utilizaci\u00f3n previa de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este instrumento constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado presupuesto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d36. <\/p>\n
3.1. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte, si en sentir de la tutelante, su hija, a trav\u00e9s suyo, est\u00e1 habilitada para recibir los dineros consignados en las cuentas del difunto Pablo, nada le impide acudir a las entidades bancarias respectivas y solicitar el desembolso de dichas sumas, para que aqu\u00e9llas determinen la viabilidad de flexibilizar la entrega de los dep\u00f3sitos, sin necesidad de adelantar previamente el juicio de sucesi\u00f3n, de conformidad con lo normado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 127 del Estatuto Org\u00e1nico Financiero, modificado por el art\u00edculo 5 de la Ley 1555 de 201237. <\/p>\n
Aunado, se advierte, la peticionaria tambi\u00e9n tiene la posibilidad de impulsar la apertura del decurso de sucesi\u00f3n de Pablo y, eventualmente, lograr por esa v\u00eda, tanto el reconocimiento de Valentina, su descendiente, en calidad de heredera de su hermano, como la adjudicaci\u00f3n de los valores a los cueles considere tener derecho. <\/p>\n
La existencia de herramientas judiciales propicias para obtener el amparo de las garant\u00edas fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Concerniente a la pretensi\u00f3n de la quejosa dirigida a lograr la entrega \u201creal y material\u201d del establecimiento de comercio \u201cAlojamiento Monserrate la 21\u201d, se destaca, el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito por carencia de objeto, por cuanto, tal como lo asever\u00f3 la funcionaria municipal comisionada, el 2 de marzo de 2020, esto es, antes de la formulaci\u00f3n de esta s\u00faplica -26 de noviembre de 2020-, se efectu\u00f3 tal acto, dejando constancia de ello en el dossier y, posteriormente, se remiti\u00f3 el expediente a la juez cognoscente, comunic\u00e1ndole en \u201cOficio N\u00ba 0482\u201d acerca del cumplimiento a la labor encomendada38. <\/p>\n
Rec\u00e1lquese, adem\u00e1s, en el acta suscrita por la juez encargada de la comisi\u00f3n y avalada por los intervinientes, incluida la apoderada de la aqu\u00ed tutelante, se dej\u00f3 constancia de la realizaci\u00f3n de la diligencia y de los acuerdos pactados con Carmenza, depositaria del bien. Asimismo, ninguna irregularidad se adujo tras tenerse por incluido el comisorio en el expediente, conforme a lo reglado en el inciso 2\u00ba del canon 40 del estatuto procesal civil39. <\/p>\n
Por tanto, al estar surtida la gesti\u00f3n demandada, resulta inane un pronunciamiento sobre la misma, cuesti\u00f3n sobre la cual ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d40. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, como quiera que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
4.1. Al margen de las anteriores consideraciones, resulta viable la protecci\u00f3n otorgada en los t\u00e9rminos dispuestos por el a quo constitucional, en torno a la negligencia o desobediencia del auxiliar de la justicia y\/o de la depositaria, designados en el juicio reprochado, para rendir el informe mensual de sus gestiones, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo General del Proceso41. <\/p>\n
Lo antelado, porque, en realidad, nada evidencia que la togada enjuiciada hubiese requerido al secuestre, antes o despu\u00e9s de la entrega del establecimiento objeto de controversia, para presentar las cuentas de su administraci\u00f3n, siendo ello su obligaci\u00f3n como directora del decurso y dado que estaban inmiscuidas las garant\u00edas de la menor aqu\u00ed representada. Ello cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta el transcurso de 9 a\u00f1os desde la designaci\u00f3n del auxiliar de la justicia, sin allegar tales cuentas, y las exhortaciones no atendidas y efectuadas en tres oportunidades, para que procediera a la devoluci\u00f3n de la heredad. <\/p>\n
5. Por ese \u00faltimo aspecto, deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196942, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d43, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio44. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia45, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales46; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas47. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase copia de este pronunciamiento al juzgado involucrado. <\/p>\n
TERCERO: Env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Folio 17; Cuaderno \u201cActuaciones del juzgado\u201d. <\/p>\n
3 Folio 25; Cuaderno \u201cActuaciones del juzgado\u201d. <\/p>\n
4 Ibidem. <\/p>\n
5 Folios 333, 335 y 347; Cuaderno \u201cActuaciones del juzgado\u201d. <\/p>\n
6 Folios 175, 419 y 420; Cuaderno \u201cActuaciones del juzgado\u201d. <\/p>\n
7 Folios 318 y 319; Cuaderno \u201cActuaciones del juzgado\u201d. <\/p>\n
8 Folios 484 y 484; Cuaderno \u201cActuaciones del juzgado\u201d. <\/p>\n
9 Folios 636 y 637; Cuaderno \u201cActuaciones del juzgado\u201d. <\/p>\n
10 Folio 198; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 2\u201d. <\/p>\n
11 Folio 59; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 2\u201d. <\/p>\n
12 Folios 1 al 43; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 8\u201d. <\/p>\n
13 Folios 57 al 62; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 8\u201d. <\/p>\n
14 Folios 118 y 119; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 8\u201d. <\/p>\n
15 Folio 214; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 8\u201d. <\/p>\n
16 Folios 215 y 216; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 8\u201d. <\/p>\n
17 ART\u00cdCULO 308. ENTREGA DE BIENES. Para la entrega de bienes se observar\u00e1n las siguientes reglas: <\/p>\n
4. Cuando el bien est\u00e9 secuestrado la orden de entrega se le comunicar\u00e1 al secuestre por el medio m\u00e1s expedito. Si vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien, a petici\u00f3n del interesado se ordenar\u00e1 la diligencia de entrega, en la que no se admitir\u00e1 ninguna oposici\u00f3n y se condenar\u00e1 al secuestre al pago de los perjuicios que por su renuencia o demora haya sufrido la parte a quien deb\u00eda hacerse la entrega y se le impondr\u00e1n las sanciones previstas en el art\u00edculo 50. <\/p>\n
18 Folio 297; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 8\u201d \u2013 Folio 25 Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 9\u201d. <\/p>\n
19 Folio 119 Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 9\u201d. <\/p>\n
20 Folio 124 Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 9\u201d. <\/p>\n
22 Folios 152 al 165; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 9\u201d. <\/p>\n
23 Folio 167 al 171; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 9\u201d. <\/p>\n
24 Folio 173; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 9\u201d. <\/p>\n
25 Folios 3 y 4; Cuaderno \u201c02. Escrito\u201d. <\/p>\n
26 Folio 4; Cuaderno \u201c02. Escrito\u201d. <\/p>\n
27 Ibidem. <\/p>\n
28 Folio 2; Cuaderno \u201c02. Escrito\u201d. <\/p>\n
29 Folio 5 y 6; Cuaderno \u201c02. Escrito\u201d. <\/p>\n
30 Folios 1 al 6; Cuaderno \u201c06. Contestaci\u00f3n Juzgado 55 Civil Municipal\u201d. <\/p>\n
31 Folios 1 al 5; Cuaderno \u201c07. Contestaci\u00f3n Juzgado 21 Familia\u201d. <\/p>\n
32 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201c10. Sentencia\u201d. <\/p>\n
33 Folios 1 al 10; Cuaderno \u201c13. Impugnaci\u00f3n accionante\u201d. <\/p>\n
34 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
35 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 318. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026)\u201d. <\/p>\n
36 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
37 ARTICULO 127. CONDICIONES DE LOS DEPOSITOS DE AHORROS. 7. Entrega de dep\u00f3sitos sin perjuicio de sucesi\u00f3n. <Numeral modificado por el art\u00edculo 5 de la Ley 1555 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Si muriere una persona titular de Dep\u00f3sitos Electr\u00f3nicos a los que se refiere el art\u00edculo 2.1.15.1.1. del Decreto 2555 de 2010, o de una cuenta en la secci\u00f3n de ahorros, o de una cuenta corriente, o de dineros representados en certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino o cheques de gerencia, o de cualquier otro dep\u00f3sito cuyo valor total a favor de aquella no exceda del l\u00edmite que se determine de conformidad con el reajuste anual ordenado en el art\u00edculo 29 del Decreto 2349 de 1965, y no hubiera albacea nombrado o administrador de los bienes de sucesi\u00f3n, el establecimiento bancario puede, a su juicio, pagar el saldo de dichas cuentas, o los valores representados en los mencionados t\u00edtulos valores \u2013previa exhibici\u00f3n y entrega de los instrumentos al emisor\u2013 al c\u00f3nyuge sobreviviente, al compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o a los herederos, o a uno u otros conjuntamente, seg\u00fan el caso, sin necesidad de juicio de sucesi\u00f3n. Como condici\u00f3n de este pago el establecimiento bancario puede requerir declaraciones juradas respecto a las partes interesadas, la presentaci\u00f3n de las debidas renuncias, la expedici\u00f3n de un documento de garant\u00eda por la persona a quien el pago se haga y el recibo del caso, como constancia de pago. Por raz\u00f3n de tal pago, hecho de acuerdo con este numeral, el establecimiento bancario no tendr\u00e1 responsabilidad para con el albacea o el administrador nombrados despu\u00e9s (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
38 Folios 319 y 320; Cuaderno \u201c2010-1025 Cuaderno 9\u201d. <\/p>\n
39 ART\u00cdCULO 40. PODERES DEL COMISIONADO. Toda actuaci\u00f3n del comisionado que exceda los l\u00edmites de sus facultades es nula. La nulidad podr\u00e1 alegarse a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petici\u00f3n de nulidad se resolver\u00e1 de plano por el comitente, y el auto que la decida solo ser\u00e1 susceptible de reposici\u00f3n. <\/p>\n
40 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
41 ART\u00cdCULO 51. CUSTODIA DE BIENES Y DINEROS. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenaci\u00f3n de los bienes o de sus frutos, constituir\u00e1n inmediatamente certificado de dep\u00f3sito a \u00f3rdenes del juzgado. <\/p>\n
El juez podr\u00e1 autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; igualmente cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, podr\u00e1 facultar al administrador para que, bajo su responsabilidad, lleve los dineros a una cuenta bancaria que tenga la denominaci\u00f3n del cargo que desempe\u00f1a. El banco respectivo enviar\u00e1 al despacho judicial copia de los extractos mensuales. <\/p>\n
En todo caso, el depositario o administrador dar\u00e1 al juzgado informe mensual de su gesti\u00f3n, sin perjuicio del deber de rendir cuentas. <\/p>\n
42 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
43 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
44 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
45 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
46 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
47 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1080-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1080-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00688-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53455\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}