STC1124-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1124-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2020-00104-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Francisco Rivera \u00c1vila contra los Juzgados Segundo y Cuarto Civiles del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la igualdad, al trabajo y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la falta de impulso al interior del juicio declarativo instaurado por Orlis Guisman Varela contra Seguros QBE S.A. y otros. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a los Despachos accionados \u00abdispon[er] los tr\u00e1mites requeridos para la resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n y hacer expedito el finiquito del proceso avanzando en las etapas procesales por venir, sin m\u00e1s dilaciones y sin que sacrifique el derecho sustancial y procesal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que es cesionario de los \u00abderechos litigiosos\u00bb dentro del pleito memorado, en el cual, despu\u00e9s de varios a\u00f1os, se dictaron sentencias en ambas instancias condenando a la parte demandada a pagar la indemnizaci\u00f3n pretendida; no obstante, desde el 19 de septiembre de 2019, las diligencias se encuentran sin novedad en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, y pese a que ha formulado sendas peticiones para que se ordene liquidar las costas del tr\u00e1mite, \u00e9ste a\u00fan se encuentra paralizado, circunstancia que, en su sentir, desconoce las garant\u00edas invocadas, toda vez que ejerce la labor de abogado de manera independiente y requiere de los emolumentos conseguidos en cada una de las instancias procesales de la contienda para solventar sus gastos personales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar se\u00f1al\u00f3, que actualmente el conocimiento del proceso declarativo cuestionado se encuentra en cabeza del Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha localidad. <\/p>\n
b.) Por su parte, el preanotado Despacho aleg\u00f3, que la denuncia efectuada por el actor se encuentra justificada, toda vez que tiene a su cargo el tr\u00e1mite de todos los procesos escriturales de los dem\u00e1s Despachos civiles del circuito; empero, atendiendo la inconformidad del accionante, \u00abse profirieron las dos (02) providencias de fechas 13 de agosto de 2020, las cuales ser\u00e1n notificadas el 14 de agosto del hoga\u00f1o, la primera, se avoc\u00f3 el conocimiento del proceso y obedece y cumple lo resuelto por el Tribunal Superior de San Gil, y la segunda, se fijaron agencias en derecho, se liquidaron las costas y se corri\u00f3 traslados\u00bb. <\/p>\n
c.) En el expediente digital remitido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, no obran m\u00e1s respuestas de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abel Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, demostr\u00f3 que con la expedici\u00f3n de los autos del 13 de agosto de 2020, surti\u00f3 el tr\u00e1mite que corresponde al proceso referenciado en la acci\u00f3n constitucional, por esa raz\u00f3n al accionante deber\u00e1 neg\u00e1rsele dicha protecci\u00f3n que solicit\u00f3 para sus derechos fundamentales que considera violados con la omisi\u00f3n de ese tr\u00e1mite, eso por haberse comprobado que frente a esa pretensi\u00f3n se estructura la carencia actual del objeto, por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual utiliz\u00f3 argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, el accionante se duele, concretamente, porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar incurri\u00f3 en mora judicial, al no dar tr\u00e1mite a las etapas restantes del proceso declarativo instaurado por Orlis Guisman Varela contra Seguros QBE S.A. y otros, donde \u00e9l funge como cesionario de los derechos litigiosos. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de brindar soluci\u00f3n a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados electr\u00f3nicamente al presente tr\u00e1mite, los cuales permiten apreciar lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Dentro de la causa referida, mediante memoriales radicados el 13, 22 de enero y 12 de marzo de 2020, Javier Francisco Rivera \u00c1vila, aqu\u00ed interesado, en la citada calidad solicit\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPRIMERA. S\u00edrvase culminar la actuaci\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil (S), procediendo a \u201cobedecer lo resuelto por el superior\u201d y romper con m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os de mantener en suspenso el derecho de la parte actora. A la fecha reposa en ese Despacho el proceso de la referencia, desde el d\u00eda 18 del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019), sin que haya pronunciamiento alguno al respecto hecho que estructura una dilaci\u00f3n injustificada y denegaci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
SEGUNDA. S\u00edrvase dar cumplimiento a lo dispuesto por el art\u00edculo 329 del C.G.P., por lo que solicito (\u2026) que \u201cen la misma providencia\u201d disponga lo pertinente para su cumplimiento. En consecuencia, ruego FIJAR costas de la decisi\u00f3n de excepciones previas (auto publicado el 9 de enero de 2011) (\u2026), por secretar\u00eda se liquiden los gastos procesales causados y las agencias en derecho (Costas) a cargo de la pasiva, en sendas instancias\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
3.2. En prove\u00eddo del 13 de agosto del a\u00f1o pasado, la autoridad judicial convocada resolvi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abF\u00edjese las agencias en derecho en primera y segunda instancia respectivamente, a favor del demandante en las sumas de $16.013.165,44 y $3.124.968,00 e incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n
Y en esa misma data, la secretar\u00eda del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar procedi\u00f3 a realizar la liquidaci\u00f3n de las costas del juicio memorado: <\/p>\n
\u00abAGENCIAS EN DERECHO (Primera Instancia)………..$16.013.165,44 <\/p>\n
AGENCIAS EN DERECHO (Segunda Instancia)……..$3.124.968,00 <\/p>\n
OTROS CONCEPTOS (notificaciones y honorarios al perito).$1.138.700.00 TOTAL……………………………………….$20.276.833,44 <\/p>\n
SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 0CHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS\u00bb. <\/p>\n
3.3. De la anterior liquidaci\u00f3n se corri\u00f3 traslado a las partes, y en prove\u00eddo del 14 de septiembre siguiente se le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, tal y como lo consider\u00f3 el Tribunal constitucional, observa la Sala que lo puntualmente solicitado por el gestor a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, qued\u00f3 superado con las decisiones judiciales antes relacionadas, en la medida en que durante el curso de la presente acci\u00f3n de tutela la autoridad judicial accionada procedi\u00f3 a dar curso a las peticiones del ac\u00e1 gestor, para lo cual impuls\u00f3 el tr\u00e1mite del juicio, obedeciendo lo resuelto por el superior, liquidando y aprobando las costas del pleito; en esas condiciones, se impone negar el amparo por hecho superado, pues ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC852-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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