STC1155-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1155-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00533-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la salud, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al embargar los dineros de una cuenta maestra para el manejo de recursos de la salud, en el marco del proceso ejecutivo hipotecario que la C\u00ednica Jaller promovi\u00f3 contra Coomeva EPS, con radicado No. 2018-00207-00. <\/p>\n
Por tal motivo, lo que se pretende a trav\u00e9s de esta senda constitucional, es que se ordene al Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, \u00ablibrar un oficio con destino al Banco Agrario para que este establecimiento bancario haga entrega, deposite o transfiera a las siguientes cuentas abiertas por COOMEVA E.P.S. y administradas por la Administradora de los Recursos de la Salud (ADRES), conforme a lo definido en la Ley 100 de 1993, dado que son cuentas maestras y adem\u00e1s recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): No. 165004763 por la suma de $8.270\u00b4000.000 y No. 165004813 por la suma de $4.230\u00b4000.000, montos estos que el Juzgado accionado orden\u00f3 poner a su disposici\u00f3n t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial constituidos en el Banco Agrario de Colombia para el [referido] proceso\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que mediante Oficio No. 1105 de 29 de mayo de 2019, el mentado estrado le orden\u00f3 embargar las cuentas de ahorro, corrientes y CDTs que Coomeva EPS tuviera en su establecimiento, a lo que respondi\u00f3 que dichas cuentas ostentaban \u00abla condici\u00f3n o la excepci\u00f3n de ser inembargables por mandato del legislador\u00bb; no obstante, mediante oficio No. 472 de 9 de marzo de 2020, dicha autoridad judicial insisti\u00f3 en el registro de la cautela, \u00abanexando una providencia en la que se se\u00f1ala la procedibilidad de la excepci\u00f3n a la inembargabilidad\u00bb para que se procediera al \u00abcongelamiento de los dineros embargados\u00bb en aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, petici\u00f3n reiterada con oficio No. 529 del 10 de julio del mismo a\u00f1o, donde se soport\u00f3 la orden en la sentencia STC3880-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y se agreg\u00f3 una advertencia por no acatar la orden de embargo, petici\u00f3n reiterada por \u00faltima vez con oficio 538 de 28 de julio de 2020, en la que adem\u00e1s se le requiri\u00f3 un certificado de existencia y representaci\u00f3n legal del banco. <\/p>\n
Narra que en acatamiento a dichas \u00f3rdenes, procedi\u00f3 a afectar las cuentas maestras antes individualizadas, por lo que posteriormente le fue informado con oficio No. 546 de 19 de agosto de 2020, que dentro del referido proceso ejecutivo qued\u00f3 ejecutoriada la decisi\u00f3n de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, ante lo cual manifest\u00f3 al juzgado que, conforme a lo establecido en los Decretos 4023 de 2011 del Ministerio de Salud y 780 de 2016 del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, existe un procedimiento para el manejo operativo de las cuentas maestras que no le permiten a la entidad financiera realizar d\u00e9bitos, ya que \u00e9stos solo pueden ser realizados por el ADRES; y adem\u00e1s, que seg\u00fan Circular Externa No. 293 de 2012 del Ministerio de Protecci\u00f3n Social, \u00ablos \u00fanicos beneficiarios de los d\u00e9bitos de las cuentas maestras son el Administrador (FOSYGA, hoy ADRES) y las EPS-EOC\u00bb, manifestaci\u00f3n \u00e9sta frente a la cual el Juzgado no se pronunci\u00f3. <\/p>\n
Asevera que con oficio No. 571 de 29 de septiembre del a\u00f1o pasado, el Juzgado lo conmin\u00f3 para que realizara el dep\u00f3sito judicial de los dineros dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes, porque el fallo aludido l\u00edneas atr\u00e1s estaba ejecutoriada, advirti\u00e9ndole que su desobedecimiento acarrear\u00eda sanciones como el fraude a resoluci\u00f3n procesal y la compulsa de copias a la Superintendencia Financiera de Colombia, motivo por el cual procedi\u00f3 conforme a lo requerido, reiterando de nuevo sus inquietudes sobre las normas de los d\u00e9bitos a las cuentas maestras, nuevamente sin obtener respuesta. <\/p>\n
Finalmente asegura, que a la referida ejecuci\u00f3n se acumul\u00f3 otra demanda, sin que se diera cumplimiento al ordinal 2\u00ba del art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso, que impone suspender el pago al acreedor mientras se surte el emplazamiento a todos los dem\u00e1s para que comparezcan a hacer valer sus t\u00edtulos de ejecuci\u00f3n; que de otro lado, el pasado 5 de noviembre el estrado convocado resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado por la Cl\u00ednica Atenas IPS contra el auto que aprob\u00f3 el acuerdo de transacci\u00f3n celebrado entre las partes de la ejecuci\u00f3n, concediendo subsidiariamente la alzada interpuesta, de manera que \u00abse evidencia que habr\u00eda disposici\u00f3n de los dineros embargados desatendiendo la prerrogativa legal que los cubre por su naturaleza, origen y destinaci\u00f3n, adem\u00e1s de no pertenecerle tales recursos a la demandada Coomeva EPS\u00bb, prohibici\u00f3n patente seg\u00fan oficio No. 120201500062701 de 9 de noviembre de 2020 que recibi\u00f3 del ADRES, donde se le record\u00f3 la inembargabilidad de ese tipo de recursos, situaciones \u00e9stas por las cuales considera se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). El titular del Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el proceso cuestionado, se\u00f1al\u00f3 que el 9 de julio de 2019 orden\u00f3 oficiar a varias entidades financieras, incluida la aqu\u00ed interesada, para que indicara la naturaleza de los dineros que la ejecutada ten\u00eda all\u00ed depositados, de conformidad con la sentencia STC397-2018 de la Corte Suprema de Justicia; con auto del 20 de febrero de 2020 y a solicitud de la ejecutante, insisti\u00f3 en el embargo de los dineros depositados en la entidad \u00abacogiendo como fundamento legal la excepci\u00f3n cuarta establecida por la H. Corte Constitucional al principio de inembargabilidad, esto es, que las obligaciones reclamadas tuvieren como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico), ya que en el caso concreto se est\u00e1 reclamando el pago de servicio de salud prestado\u00bb; que el 3 de julio de 2020 reiter\u00f3 se concretara la cautela, y el d\u00eda 28 del mismo mes y a\u00f1o requiri\u00f3 a la aqu\u00ed interesada por \u00faltima vez; que luego de materializado el embargo, le orden\u00f3 al banco colocar el dinero a disposici\u00f3n del Juzgado, a lo cual \u00e9ste procedi\u00f3 deposit\u00e1ndolo en el Banco Agrario. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 19 de octubre de 2020, acept\u00f3 la transacci\u00f3n que presentaron las partes de la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n apelada por un ejecutante acumulado y que se encuentra ante el Superior; y en cuanto a las medidas cautelares se\u00f1al\u00f3, que tienen fundamento en decisiones de las altas cortes. <\/p>\n
Acot\u00f3 que aunque el Banco AV Villas no es parte dentro del proceso reprochado, el 24 de noviembre de la pasada anualidad elev\u00f3 solicitud para devoluci\u00f3n de los dineros que hab\u00eda puesto a disposici\u00f3n del proceso aqu\u00ed cuestionado, solicitud que \u00abllama la atenci\u00f3n grandemente, pues el due\u00f1o de esos recursos y demandado dentro del presente proceso ha dispuesto de ellos para pagar la obligaci\u00f3n adeudada, tal como se evidencia con la transacci\u00f3n presentada de com\u00fan acuerdo con el demandante, al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
b). El Banco Agrario de Colombia SA indic\u00f3, que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que su funci\u00f3n se limita a recibir los dep\u00f3sitos judiciales y administrarlos conforme a las \u00f3rdenes judiciales. <\/p>\n
c). La Cl\u00ednica Jaller SAS se\u00f1al\u00f3, que celebr\u00f3 acuerdo transaccional con Coomeva EPS para la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n ejecutada, de manera que el dinero restante ser\u00e1 restituido a la cuenta maestra en el Banco AV Villas. <\/p>\n
d). Coomeva EPS indic\u00f3, que aunque tambi\u00e9n le inform\u00f3 al Juzgado accionado que dichas cuentas eran inembargables, para viabilizar la cautela \u00e9ste procedi\u00f3 a aplicar una excepci\u00f3n jurisprudencial, m\u00e1s no legal, pasando por alto que los recursos no le pertenec\u00edan a\u00fan a ella, sino al Sistema General de Seguridad de Salud, por cuanto estaba pendiente la compensaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo peticionado, tras considerar que la promotora carece de legitimaci\u00f3n para elevarlo, pues \u00abno se observa que el Banco AV Villas ostente la calidad de parte o tercero, tampoco encuentra la Sala elementos que permitan inferir de qu\u00e9 manera se ve afectado por las decisiones adoptadas al interior del proceso, pues incluso, en la demanda de tutela se centr\u00f3 en trazar planteamientos generales sobre la tutela contra providencias judiciales y el derecho a la salud, pero no indic\u00f3 de qu\u00e9 manera se ven afectados sus derechos fundamentales al debido proceso o cualquier otro, por la actuaci\u00f3n que ha desplegado el Juez Trece Civil del Circuito de Barranquilla. En apariencia, se dedica el Banco AV Villas en la demanda de tutela, a agenciar derechos que Coomeva EPS, de los que, prima facie, se logra ver que dispuso a trav\u00e9s de la transacci\u00f3n celebrada y presentada dentro del proceso judicial atacado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en \u00abel auto fechado 19 de octubre de 2020, por medio del cual fue aceptada la transacci\u00f3n, se dispuso el pago de la acreencia de Cl\u00ednica Jaller S.A.S. y a la puesta de una parte del remanente a disposici\u00f3n del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria. El recurso horizontal fue despachado mediante auto del 5 de noviembre del a\u00f1o que avanza, ordenando que el remanente se mantuviera a disposici\u00f3n del juzgado aqu\u00ed accionado y se concedi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en el efecto diferido; que, seg\u00fan se observa, fue remitido con destino al despacho del H. Magistrado, Dr. Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, el pasado 13 de noviembre\u00bb. <\/p>\n
Finalmente refiri\u00f3, que \u00abtal como lo expuso el Juez Trece Civil del Circuito en su informe, el Banco AV Villas present\u00f3 memorial el pasado 24 de noviembre, solicitando que se disponga el regreso de los dineros puestos a disposici\u00f3n de ese juzgado, a las cuentas maestras de las cuales fueron retirados, decisi\u00f3n que se encuentra pendiente de ser absuelta por el juez natural. Entonces lo que peticiona la sociedad actora mediante este tr\u00e1mite constitucional, es un asunto que no se encuentra zanjado en sede ordinaria, pues, habiendo presentado la solicitud ante el juez natural y sin que haya transcurrido un lapso desproporcionado que haga ver la existencia de mora judicial, se encuentra pendiente de ser decidida (\u2026) [situaciones que] dejan ver la insatisfacci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la entidad financiera gestora del amparo, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que no se mencionaron las varias advertencias que hizo al Juzgado criticado sobre la naturaleza de los recursos cautelados; que s\u00ed tiene legitimaci\u00f3n en la causa para adelantar la presente acci\u00f3n, porque es quien cumple la aludida orden de embargo, m\u00e1xime cuando, dice, no cuenta con otro mecanismo para obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que lo pretendido por el Banco AV Villas SA a trav\u00e9s de este mecanismo de especial protecci\u00f3n, es que se ordene al Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, devolver a las cuentas maestras que Coomeva EPS tiene abiertas en esa entidad, los dineros que fueron embargados dentro del proceso ejecutivo que contra \u00e9sta adelanta la Cl\u00ednica Jaller SAS, pues en su criterio, tales dineros no pertenecen a la ejecutada sino al Sistema General de Seguridad en Salud. <\/p>\n
3. No obstante, para la Sala la decisi\u00f3n constitucional de primer grado amerita ser confirmada, porque lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que, \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (STC831-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuando a trav\u00e9s de esta herramienta de salvaguarda de derechos fundamentales se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se tiene establecido que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
De este modo, seg\u00fan se extrae de la intervenci\u00f3n realizada en este tr\u00e1mite por el Juzgado Trece Civil del Circuito de la Barranquilla, como la entidad financiera tutelante no es parte ni tercera reconocida al interior del proceso coercitivo objeto de revisi\u00f3n constitucional, no est\u00e1 facultada para cuestionar las decisiones judiciales all\u00ed emitidas, careciendo entonces de legitimaci\u00f3n en la causa para elevar la presente solicitud de protecci\u00f3n, pues, recu\u00e9rdese que, \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (STC831-2020). <\/p>\n
3.2. Con todo, en aras de verificar la garant\u00eda del derecho fundamental a la salud, cuya prestaci\u00f3n la accionante alega vulnerado dentro del proceso objeto de cr\u00edtica, encuentra la Sala los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
3.2.1. El 8 de marzo de 2019, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla emiti\u00f3 sentencia en el proceso declarativo que la Cl\u00ednica Jaller tramit\u00f3 contra Coomeva EPS, decisi\u00f3n que aqu\u00e9lla solicit\u00f3 ejecutar sin que su contraparte se opusiera, por lo que el 7 de mayo de 2019 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.2. Dentro de ese proceso de cobro, mediante oficio del 29 de mayo de esa misma anualidad, el Despacho convocado solicit\u00f3 al Banco AV Villas proceder conforme al embargo decretado el 27 de mayo inmediatamente anterior, y que en consecuencia, pusiera a disposici\u00f3n del citado proceso los dineros que Coomeva EPS tuviera depositados en la entidad, a lo cual la entidad no accedi\u00f3 \u00aben atenci\u00f3n a lo preceptuado en el art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso y atendiendo los soportes de inembargabilidad remitidos al Banco por el demandado, aqu\u00ed anexos\u00bb. <\/p>\n
3.2.3. Por solicitud de la ejecutante, el 20 de febrero de 2020 el Juzgado accionado resolvi\u00f3 \u00abinsistir en la medida de embargo decretada en este proceso ejecutivo (\u2026) advirtiendo a los gerentes de dichas entidades financieras que deber\u00e1n congelar los recursos en una cuenta especial (\u2026) para efecto de esta decisi\u00f3n se acogi\u00f3 como fundamento legal la excepci\u00f3n cuarta establecida por la Honorable Corte Constitucional al principio de inembargabilidad, esto es, que las \u201cobligaciones reclamadas tuvieren como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) y en el caso concreto se est\u00e1 reclamando pago de servicio de salud\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior tras observarse \u00abla naturaleza jur\u00eddica de las partes en juicio, pues tanto demandante como demandado intervienen en el sistema de seguridad social en salud; el actor como IPS y la accionada una EPS (\u2026) Ahora bien, de acuerdo a las pruebas arrimadas al proceso, se vislumbra que el litigio versa sobre un proceso ejecutivo derivado del incumplimiento de una sentencia de unas obligaciones garantizadas a trav\u00e9s de facturas m\u00e9dicas, las cuales tuvieron como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico hospitalario integral, por la entidad ejecutante a pacientes de la demandada, raz\u00f3n por la cual prima facie podr\u00eda concluir que el origen de la obligaci\u00f3n aqu\u00ed cobrada tiene como fuente generadora la prestaci\u00f3n de un servicio de salud a cargo de la demandada\u00bb. <\/p>\n
3.2.4. Acorde con la anterior decisi\u00f3n, mediante oficio del 9 de marzo de 2020 se insisti\u00f3 a la entidad financiera que cumpliera con la cautela, comoquiera que \u00abesta decisi\u00f3n se acogi\u00f3 como fundamento legal la excepci\u00f3n cuarta establecida por la Honorable Corte Constitucional al principio de inembargabilidad, esto es, que las \u201cobligaciones reclamadas tuvieren como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) y en el caso en concreto se est\u00e1 reclamando pago de servicio de salud\u00bb. <\/p>\n
3.2.5. Mediante oficio del 10 de junio siguiente, se volvi\u00f3 a insistir en la materializaci\u00f3n de la medida cautelar para que se procediera a \u00abcongelar los recursos en la cuenta especial\u00bb; se reiter\u00f3 que la fuente del cobro es la prestaci\u00f3n de servicios de salud; se advirti\u00f3 al representante legal del banco que la desobediencia a la orden judicial le acarrear\u00eda multas, adem\u00e1s de que podr\u00eda incurrir en \u00abel posible delito de fraude procesal\u00bb; y, para sustentar la decisi\u00f3n, se anex\u00f3 a la comunicaci\u00f3n copia de la sentencia STC3880-2020 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
3.2.6. Una vez puestos los dineros a disposici\u00f3n del Juzgado, las partes presentaron un contrato de transacci\u00f3n para finiquitar la ejecuci\u00f3n que involucraba parte de esos recursos, negocio aceptado por el estrado accionado con auto del 19 de octubre de 2020. <\/p>\n
3.2.7. La precitada decisi\u00f3n fue atacada en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por la ejecutante acumulada Cl\u00ednica Atenas Ltda, y fue mantenida con prove\u00eddo del 5 de noviembre de 2020, concedi\u00e9ndose la alzada, la cual se encuentra pendiente de resolver. <\/p>\n
3.2.8. De otro lado, el 24 de noviembre pasado el Banco AV Villas solicit\u00f3 al juez cognoscente que regresara los dineros embargados de la cuenta maestra, solicitud que se encuentra pendiente de decisi\u00f3n. <\/p>\n
Bajo este panorama, y sin perjuicio de lo expuesto, como a la fecha se encuentra en tr\u00e1mite el precitado recurso de alzada, y, est\u00e1 pendiente tambi\u00e9n de respuesta la solicitud que la entidad aqu\u00ed interesada le elev\u00f3 al Despacho convocado con el fin de obtener la devoluci\u00f3n que por esta v\u00eda reclama, no cabe duda acerca de improcedencia de la presente salvaguarda, toda vez que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n; as\u00ed las cosas, estando en tr\u00e1mite los aludidos medios, no puede admitirse que la queja constitucional desconozca dichas actuaciones y sustraiga la competencia que el ordenamiento jur\u00eddico otorg\u00f3 a los jueces competentes, para dirimir tal debate. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n prematura de algunas acciones de tutela, se ha dicho que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC838-2020). <\/p>\n
En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo estando en tr\u00e1mite el mentado recurso y la solicitud de la actora, deber\u00e1 aguardarse a que el estrado convocado se pronuncie de fondo sobre los reproches all\u00ed planteados, antes de poder entrar a juzgar si en el proceso cuestionado se est\u00e1 presentando la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la salud, pues \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1155-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1155-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00533-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- ANTECEDENTES 1. La accionante reclama por intermedio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53463","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53463"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53463\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}