STC1159.-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1159-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01526-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por AFP Protecci\u00f3n S.A. contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama por intermedio de apoderado judicial la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de contradicci\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el marco del proceso de liquidaci\u00f3n Judicial por adjudicaci\u00f3n de Trans Inhercor Ltda. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Superintendencia de Sociedades, \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n proferida el 2 de septiembre de 2020 (\u2026) [y] ordenar restablecer [sus] derechos, o bien, orde[nar] correr traslado con la denominaci\u00f3n adecuada del traslado objeto de esta acci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006, esto es se notifique que se CORRE TRASLADO LA RELACI\u00d3N DE GASTOS INVENTARIO; o bien se ordene que vulner\u00f3 el juez concursal el debido proceso en la v\u00eda control de legalidad (art\u00edculo 42, 132, 133 del CGP), permitiendo que el liquidador desconociera el cr\u00e9dito legalmente presentado (\u2026) sin prueba alguna de ello\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que luego de resultar fallido el proceso de reorganizaci\u00f3n de Trans Inhercor Ltda, del que hizo parte, la Superintendencia de Sociedades el 25 de octubre de 2018 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de ese tr\u00e1mite y orden\u00f3 la celebraci\u00f3n de acuerdo de adjudicaci\u00f3n de bienes, asunto dentro del cual present\u00f3 oportunamente su cr\u00e9dito por aportes pensionales insolutos; no obstante, al revisar el proceso en la p\u00e1gina web de dicha entidad, vio un traslado del 19 de junio de 2020 con la anotaci\u00f3n \u00abInventario de bienes aval\u00fao Liq. Obliga (incluye verificaci\u00f3n, traslado, objeciones y aprobaci\u00f3n)\u00bb, informaci\u00f3n que \u00abclaramente no corresponde a un traslado de la relaci\u00f3n de gastos causados de manera posterior a la reorganizaci\u00f3n y el inventario de la concursada\u00bb, lo que, dice, la indujo en error y a no manifestarse, pues aquella anotaci\u00f3n refiere al traslado de inventario de activos y no relaciona cr\u00e9ditos, como puede constatarse en otros procesos similares. <\/p>\n
Sostiene que el 2 de septiembre del a\u00f1o pasado, la autoridad de supervisi\u00f3n le neg\u00f3 la nulidad que solicit\u00f3 por tal proceder, decisi\u00f3n que mantuvo en reposici\u00f3n, continuando el tr\u00e1mite con la resoluci\u00f3n de las objeciones, calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, sin reparar en que el liquidador hab\u00eda reconocido un menor valor por la obligaci\u00f3n a su favor, \u00absin prueba alguna que desvirt\u00fae la misma\u00bb, siendo que, seg\u00fan el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, el juez del concurso es \u00abgarante del cumplimiento de los mandatos legales y del debido proceder del liquidador en el reconocimiento de los cr\u00e9dito en el proyecto presentado\u00bb, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Coordinador el Grupo de Procesos de Liquidaci\u00f3n B de la Superintendencia de Sociedades inform\u00f3, que el 19 de junio de 2020 corri\u00f3 traslado \u00abtanto del proyecto de actualizaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n, como el inventario valorado, mismo que de ser inobservado por el tutelante, obedece solo a la falta de ejercicio de las cargas procesales que le corresponden\u00bb, t\u00e9rmino dentro del cual se presentaron objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos por parte de varios acreedores, sin que la aqu\u00ed interesada hubiera atendido esa carga, por lo cual debe soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n, ya que \u00absi el acreedor no objeta en el t\u00e9rmino procesal establecido por el legislador para el efecto, se entiende que est\u00e1 plenamente de acuerdo con esta\u00bb; adem\u00e1s aclar\u00f3, que \u00abel traslado en s\u00ed mismo, que es la actuaci\u00f3n procesal que se comunic\u00f3 a las partes, que no la anotaci\u00f3n del tr\u00e1mite, dispuso de manera expl\u00edcita y clara que, se corri\u00f3 traslado del inventario valorado y de la relaci\u00f3n de gastoso de administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b.) La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN inform\u00f3, que oportunamente objet\u00f3 los gastos de administraci\u00f3n y asisti\u00f3 a la audiencia para resoluci\u00f3n de las mismas y aprobaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n. <\/p>\n
c.) Colpensiones, Porvenir SA y las Alcald\u00edas de Barranquilla y Puerto Gait\u00e1n pidieron, aunque en escritos separados, su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, luego de advertir que \u00abla sociedad accionante ten\u00eda a su alcance otro medio defensivo para censurar \u201cel inventario valorado y los inventarios actualizados\u201d, actuaci\u00f3n que alega afecta sus derechos fundamentales, porque su cr\u00e9dito fue reconocido en una suma que no corresponde a la realidad\u00bb, ya que \u00abdel \u201cinventario valorado y de la relaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n\u201d, se corri\u00f3 el correspondiente traslado, conforme lo establece el art\u00edculo 39 de la Ley 1429 de 2010, documento que pod\u00eda ser consultado y descargado desde la p\u00e1gina web de la Superintendencia de Sociedades \u2013 link baranda virtual \u2013 (\u2026) raz\u00f3n por la cual las afirmaciones contenidas en el escrito de tutela quedaron desvirtuadas. <\/p>\n
Aunado a lo precedentemente acotado, y a\u00fan si se considerara que, eventualmente, pudiera enrostrarse alguna omisi\u00f3n al ente querellado al momento de registrarse el traslado de marras, por aparecer solamente la anotaci\u00f3n de \u201cINVENTARIO DE BIENES AVALUO LIQ. OBLIGA (INCLUYE VERIFICACI\u00d3N, TRASLADO OBJECIONES Y APROBACI\u00d3N\u201d, de cualquier forma, tal situaci\u00f3n no variar\u00eda el anterior panorama conclusivo, puesto que la argumentaci\u00f3n que trae AFP Protecci\u00f3n S.A., relativa a que por aquella circunstancia no conoci\u00f3 la \u201crelaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n\u201d, lejos de demostrar una irregularidad atribuible a la autoridad cognoscente, pone en evidencia el descuido de la promotora del resguardo supralegal en hacer el seguimiento juicioso del proceso, ya que, ciertamente, le compet\u00eda vigilar, con m\u00e1s rigor y de manera continua, el decurso del tr\u00e1mite en el que se ventilaban sus intereses, si en cuenta se tiene que el sistema de \u201cbaranda virtual\u201d, a pesar de ser una herramienta \u00fatil para divulgar la actuaci\u00f3n procesal, no relevaba a la actora de descargar el correspondiente documento contentivo del \u201ctraslado\u201d junto con sus anexos, a fin de consultarlos y lograr, as\u00ed, su efectivo enteramiento. De modo que, las falencias denunciadas no sirven de excusa para que las partes esquiven las consecuencias adversas, producto del abandono o falta de diligencia en el litigio <\/p>\n
Bajo esa tesitura f\u00e1ctica, resulta claro que la reclamante tuvo la oportunidad de cuestionar el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9dito, pero, por su descuido, no lo objet\u00f3, tal y como lo hicieron otros acreedores, mecanismo que era id\u00f3neo para plantear ante el juez natural, los argumentos que ahora expone, a fin de que el funcionario de cognici\u00f3n analizara si el monto de su cr\u00e9dito era superior o no, respecto del que puso de presente el liquidador, oportunidad que por su propia incuria desaprovech\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora, argumentando que no se analiz\u00f3 el control de legalidad que debi\u00f3 realizar la autoridad accionada luego de presentada una irregularidad procesal que llev\u00f3 a que las partes del proceso no pudieran ejercer plenamente su derecho de defensa, ya que de lo contrario \u00aben manos del auxiliar de la justicia y los acreedores est\u00e1 el control de legalidad y el juez del concurso solo ser\u00eda un avalador de esas actuaciones, sin injerencia alguna sobre ese tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias o actuaciones judiciales, s\u00f3lo cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, pero solo si el afectado acude al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no dispone o no dej\u00f3 fenecer los medio ordinarios y efectivos para lograr la protecci\u00f3n, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, so pena de que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de AFP Protecci\u00f3n SA est\u00e1 encaminada, concretamente, frente a la decisi\u00f3n del 2 de septiembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, por medio de la cual se resolvieron en audiencia las objeciones presentadas al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos por parte de varios acreedores, se reconocieron los gastos de administraci\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n insolutos, y se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al inventario valorado de bienes, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial por adjudicaci\u00f3n de Trans Inhercor Ltda, pese a que, dice, el 19 de junio anterior esa autoridad inform\u00f3 en el sistema de gesti\u00f3n procesal de su p\u00e1gina web, que corr\u00eda traslado para una actuaci\u00f3n procesal diferente, situaci\u00f3n que, asegura, le impidi\u00f3 objetar sus gastos de reorganizaci\u00f3n insolutos presentados por el liquidador, y llev\u00f3 a que los mismos resultaran aprobados all\u00ed por un menor valor, sin que, por dem\u00e1s, la autoridad realizara control de legalidad sobre el particular. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis de los documentos anexos a la tutela, se extraen los siguientes hechos probados: <\/p>\n
3.1. Dentro del precitado proceso, el 19 de junio de 2020 la autoridad de supervisi\u00f3n accionada inform\u00f3 en su p\u00e1gina web que corr\u00eda traslado del \u00abInventario de bienes aval\u00fao Liq. Obliga (incluye verificaci\u00f3n, traslado, objeciones y aprobaci\u00f3n)\u00bb, y en la respectiva actuaci\u00f3n vinculada a ese anuncio indic\u00f3 adem\u00e1s, correr \u00abtraslado del inventario valorado y de la relaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n, contenidos en el memorial radicado con el n\u00famero 2020-01-260433 el 15 de junio de 2020, presentados por el liquidador (\u2026) c\u00f3rrase traslado a los interesados por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, de conformidad con lo ordenado en el art\u00edculo 39 de la Ley 1429 de 2010\u00bb. <\/p>\n
3.2. En auto del 10 de agosto siguiente, la Supersociedades, tras dejar constancia que dentro del precitado t\u00e9rmino presentaron objeciones Rentandes SAS, Colpensiones, el ICBF, la DIAN y Bancolombia SA, de las cuales se corri\u00f3 traslado el 2 de julio anterior, por lo que el d\u00eda 15 de ese mismo mes se abri\u00f3 el cuaderno de objeciones y el d\u00eda 29 el liquidador alleg\u00f3 \u00abinforme de la resoluci\u00f3n de objeciones\u00bb; resolvi\u00f3 en consecuencia \u00abconvocar a audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, aprobaci\u00f3n de la actualizaci\u00f3n de los gastos de la reorganizaci\u00f3n insolutos e inventario valorado de bienes y dem\u00e1s asuntos pendientes, el 2 de septiembre de 2020 a las 2:00 p.m.\u00bb. <\/p>\n
3.3. En la precitada audiencia, la aqu\u00ed interesada present\u00f3 memorial con que solicit\u00f3 que se declarara la nulidad del traslado surtido el 19 de junio de 2020, porque \u00abla denominaci\u00f3n que se le dio al tr\u00e1mite del traslado fue inadecuada y lo indujo en error, puesto que, asumi\u00f3 que la anotaci\u00f3n de \u201cINVENTARIO DE BIENES AVALUO LIQ. OBLIGA (INCLUYE VERIFICACION, TRASLADO, OBJECIONES Y APROBACION)\u201d no tra\u00eda aparejada el traslado de la actualizaci\u00f3n de gastos de la reorganizaci\u00f3n insolutos y, por ello no lo consultaron, y no actuaron de conformidad en el tr\u00e1mite procesal\u00bb, reclamo negado por la Superintendencia accionada tras considerar, que \u00ablas peticionarias actuaron dentro del tr\u00e1mite concursal de forma posterior al hecho que alegan como constitutivo de nulidad, con memorial 2020-02-013353 del 1 de septiembre de 2020, mediante el cual sustituyeron el poder conferido a Claudia Elena Ortega Murcia, por ende, al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del proceso, no se cumplen con los requisitos para alegar la nulidad y, en consecuencia, la nulidad se considera saneada al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del art\u00edculo 136 de ese C\u00f3digo. Pues era en esa actuaci\u00f3n en la cual las solicitantes debieron advertir la supuesta nulidad\u00bb. <\/p>\n
No obstante, consider\u00f3 dicha autoridad, que \u00abla actuaci\u00f3n alegada como hecho constitutivo de nulidad, en ning\u00fan caso transgredi\u00f3 el debido proceso, puesto que, el traslado en s\u00ed mismo, que es la actuaci\u00f3n procesal que se comunic\u00f3 a las partes, que no la anotaci\u00f3n del tr\u00e1mite, dispuso de manera expl\u00edcita y clara que, se corri\u00f3 traslado del inventario valorado y de la relaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n, presentados en el memorial 2020-01-260433 del 15 de junio de 2020. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que, como lo dispone el art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006, del inventario valorado y de los gastos actualizados se correr\u00e1 traslado por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas para formular objeciones, es decir que, se trata de un traslado conjunto, como sucedi\u00f3 en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
3.4. En la misma diligencia, la aqu\u00ed interesada solicit\u00f3 reponer esa determinaci\u00f3n, pero fue mantenida, con sustento en que \u00ablos argumentos que fueron esgrimidos tanto en la solicitud de nulidad como en el recurso de reposici\u00f3n, el juez reiter\u00f3 sus argumentos. Por otra parte, se advirti\u00f3 a la recurrente que, contrario a lo que afirma, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 110 del C\u00f3digo General del Proceso, los traslados se surten por secretar\u00eda y no requerir\u00e1n de auto ni de constancia en el expediente, por ende, en ning\u00fan caso el traslado es una providencia del despacho que deba notificarse, as\u00ed, no es de recibo el argumento que, hubo un yerro en la notificaci\u00f3n del traslado por este operador judicial. De otro lado, el juez le indic\u00f3 que la solicitud de tener por presentadas en tiempo las discrepancias manifestadas contra la actualizaci\u00f3n de los gastos de la reorganizaci\u00f3n insolutos era improcedente, en tanto que, los t\u00e9rminos procesales son perentorios e improrrogables y la etapa de presentaci\u00f3n de objeciones, ya precluy\u00f3, puesto que, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera ello, el juez incurrir\u00eda en una flagrante violaci\u00f3n a los principios que rigen el proceso de insolvencia y al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3.6. Atacado ese \u00faltimo prove\u00eddo por la aqu\u00ed accionante mediante reposici\u00f3n, con base en que \u00abtal como lo manifest\u00f3 en el escrito de nulidad, por error en la denominaci\u00f3n del tr\u00e1mite del traslado, sus poderdantes no objetaron la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos, caus\u00e1ndose una vulneraci\u00f3n a sus derechos\u00bb, la autoridad convocada precis\u00f3, que \u00abel recurso o las solicitudes presentadas contra la providencia judicial proferida, deb\u00edan guardar congruencia con lo decidido y que, por el contrario, se observ\u00f3 que, la apoderada pretend\u00eda revivir el debate sobre el traslado y el t\u00e9rmino para la presentaci\u00f3n de objeciones que se resolvi\u00f3 en providencia que se encuentra en firme\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, observa la Sala que la inconformidad expuesta por la actora fue objeto de amplio debate dentro del proceso cuestionado, por lo que no cabe duda acerca de la improcedencia del amparo reclamado, toda vez que lo resuelto sobre el particular lejos est\u00e1 de poder ser catalogado como arbitrario o antojadizo, situaci\u00f3n que impide al juez constitucional intervenir para invalidar o siquiera modificar la decisi\u00f3n; y es que, en efecto, la Superintendencia de Sociedades consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a dejar sin valor ni efecto el traslado que corri\u00f3 el 19 de junio de 2020, porque al margen de la nominaci\u00f3n que le dio al momento de anunciarlo en su p\u00e1gina web, lo cierto es que recay\u00f3 sobre el inventario valorado y la relaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n presentados por el liquidador, situaci\u00f3n verificable con la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n vinculada, lo que hac\u00eda posible la realizaci\u00f3n de la audiencia en que se resolvieron las objeciones presentadas por los intervinientes contra ese trabajo. <\/p>\n
As\u00ed, aunque la actora aleg\u00f3 que la nominaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal registrada en la p\u00e1gina web de la autoridad accionada la hizo incurrir en error, este era f\u00e1cilmente superable mediante la revisi\u00f3n a trav\u00e9s de ese mismo medio del contenido de la anotaci\u00f3n, labor que hubiera evidenciado el acto procesal surtido, y que sin duda era exigible de aqu\u00e9lla, en cumplimiento del deber de vigilancia del proceso que le corresponde, por lo que, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la promotora del resguardo, lo decidido emergi\u00f3 del razonable entendimiento de las normas procesales que rigen la materia, por lo que el mero disentimiento expuesto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez de tutela, con independencia de si se comparte o no el particular an\u00e1lisis realizado al caso, situaci\u00f3n que descarta la vulneraci\u00f3n superior alegada. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020). <\/p>\n
6. En consecuencia, la omisi\u00f3n de objeci\u00f3n de la actora al inventario valorado y la relaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n presentados dentro del referido asunto, obedeci\u00f3 a su propio descuido, y en ese orden de ideas, no puede ahora \u00e9sta pretender subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, debiendo entonces soportar las consecuencias adversas de su descuido, como son que la autoridad accionada avalara aquel trabajo, ya que, ha sido enf\u00e1tica la Corte en se\u00f1alar que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado interferir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC848-2020). <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC1159.-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1159-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01526-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53464","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53464"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53464\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}