STC1161-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1161-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01167-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 25 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Clelia Gil Valencia contra la Sala Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la \u00abseguridad social\u00bb, al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y al principio de \u00abfavorabilidad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia dictada en sede de casaci\u00f3n dentro del juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones. <\/p>\n
Por tal motivo pretende, que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, \u00abdeja[ndo] sin valor ni efecto la providencia\u00bb adiada 19 de febrero de 2020, y que como consecuencia de ello, se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, \u00abproferir [n]ueva [p]rovidencia en la que se [o]rdene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes (\u2026) a partir del 12 de noviembre de 2014\u00bb, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que aunque por virtud del \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, pues \u00abconvivi\u00f3 durante 25 a\u00f1os\u00bb con Jos\u00e9 Nelson L\u00f3pez Bustamante (q.e.p.d.), y \u00e9ste hasta el 31 de octubre de 2011 ten\u00eda \u00abun total de 1004 semana de cotizaci\u00f3n\u00bb, la Colegiatura convocada no cas\u00f3 el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, que confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del Juzgado Quince Laboral de la misma ciudad que le neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente a que tiene derecho. <\/p>\n
Indica que en la anterior decisi\u00f3n se desconoci\u00f3, por una parte, que el causante \u00abcontaba con 1004 semanas de cotizaci\u00f3n de las cuales 578 se encontraban cotizadas al 1 de abril de 1994, es decir que cumpl\u00eda con los requisitos exigidos por el decreto 758 de 1990 para la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb; y por la otra, que ella es una persona de \u00ab73 a\u00f1os [de edad], analfabeta, enferma, que sufre de EPOC CON EXACERVACI\u00d3N AGUDA SECUELAS DE TBC, HIPOTIROIDISMO (\u2026) no cuenta con fuente aut\u00f3noma de renta\u00bb, por lo que en la actualidad depende econ\u00f3micamente de su hijo, situaciones que hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
b. El abogado de la Unidad de Tutelas del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. adujo, que en el proceso objeto de queja \u00abNo hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS ni al P.A.R. I.S.S. en Liquidaci\u00f3n; en atenci\u00f3n a que el objeto de debate en el tr\u00e1mite procesal no recae en las obligaciones contempladas en el Contrato de Fiducia, toda vez que al ser un asunto que se deriva del r\u00e9gimen de prima media en virtud de los decretos 2011 y 2013 de 2012 es un asunto de competencia de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013COLPENSIONES\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar que \u00abno [se] demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos espec\u00edficos, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no [se] acredit\u00f3 que la providencia reprobada, esto es, la emitida en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, est\u00e9 fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en punto del principio de favorabilidad precis\u00f3, que \u00abcontrario a lo que sucede con la pensi\u00f3n de vejez, La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, as\u00ed como la Corte Constitucional, tienen adoctrinado que el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, se causa conforme a la norma vigente a la fecha de la ocurrencia del deceso del pensionado o afiliado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la actora est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 19 de febrero de 2020 por la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte, por medio del cual se dispuso \u00abNO CASA[R]\u00bb la sentencia proferida el 20 de abril de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, que a su vez ratific\u00f3 lo decidido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad que declar\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb, dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 frente a Colpensiones, pues en su criterio, se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo al inaplicarse el principio de favorabilidad para que ella pudiera acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente reclamada. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para no casar la decisi\u00f3n del Tribunal de instancia, luego de advertir que el cargo endilgado a la determinaci\u00f3n de segundo grado estuvo mal formulado, limit\u00f3 la problem\u00e1tica a resolver, si es o no posible que la se\u00f1ora Clelia accediera a la pensi\u00f3n de sobrevivientes en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, \u00abteniendo en cuenta para ello 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo por parte del afiliado difunto, conforme al art. 12 del Acuerdo 049\/90, por hacer parte del r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb; y bajo esa l\u00ednea argumentativa precis\u00f3, que el r\u00e9gimen de prima media \u00abal que se alude en el par. 1\u00ba art. 12 de la L. 797\/03, adem\u00e1s de estar referido expresamente a las pensiones de vejez anteriores y no a las de sobrevivientes, es el contemplado en el T\u00edtulo II de la Ley 100 de 1993 y no el regulado a trav\u00e9s del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990\u00bb, destac\u00f3 as\u00ed mismo que \u00abse ha sostenido que si el asegurado era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n instituido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y afiliado al ISS, para los efectos previstos en el mencionado par\u00e1grafo, es posible acudir a la densidad m\u00ednima de semanas fijadas para obtener la pensi\u00f3n de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Ahora, al analizar la decisi\u00f3n confutada, advirti\u00f3 que el ad quem \u00abtuvo en cuenta al analizar el derecho pensional de la recurrente, el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, y 36 de la Ley 100 de 1993, solo que, con acierto, observ\u00f3 que no pod\u00eda hacerles producir mayores efectos jur\u00eddicos, habida cuenta que de ellos mismos se desprend\u00eda que el causante no cumpli\u00f3 la condici\u00f3n de su aplicaci\u00f3n, pues cuando entr\u00f3 a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, no hab\u00eda adquirido el derecho pensional, ya que aunque la edad la cumpli\u00f3 el 4 de enero de 2000, no hab\u00eda sufragado 1000 semanas, ni 500 en los 20 a\u00f1os anteriores, y para el 29 de julio de 2005, no contaba con 750 semanas de cotizaci\u00f3n, esto es, a la fecha de entrada en vigencia de dicho A. L., exigencias que le permit\u00edan conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n que inicialmente le beneficiaba, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2014\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo de lo anterior, que \u00abno se detecta un yerro jur\u00eddico en la actividad interpretativa del tribunal, pues su criterio se acompasa con el de esta Sala de Casaci\u00f3n que ha sostenido de forma pac\u00edfica y contundente que los derechos pensionales se dirimen conforme a la legislaci\u00f3n vigente al momento de su causaci\u00f3n, sin que el juzgador pueda desconocer la norma pertinente, salvo que se trate de apartarse de aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como excepci\u00f3n al axioma de restrospectividad de la ley, el cual no resulta pertinente a la materia estudiada en esta oportunidad pues est\u00e1 reservado a los casos de falta de un r\u00e9gimen transici\u00f3n y ac\u00e1 lo que se discute es precisamente la preservaci\u00f3n de dicho r\u00e9gimen\u00bb, lo que se acompasa con la sentencia CSJ SL4040, 18 sep. 2019, reiterada la SL4602, 16 oct. 2019 y SL5610, 6 nov. 2019, pues \u00abcomo el compa\u00f1ero de la actora no contaba con un derecho adquirido con anterioridad al manar del Acto Legislativo 01 de 2005, pero tampoco con las 750 semanas de cotizaci\u00f3n que este exige para la data de su entrada en vigencia (29 jul. 2005), para efectos de extender dicha transici\u00f3n a 31 de diciembre de 2014, no se equivoc\u00f3 el ad quem en colegir que no hab\u00eda causado la pensi\u00f3n post mortem de que trata el par\u00e1grafo del art. 12 de la L. 797\/03\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis normativo y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, precisamente, en las normas y la jurisprudencia que eran aplicables al asunto debatido, las que permitieron inferir que su difunto compa\u00f1ero para la data en que tuvo ocurrencia su deceso no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, precisamente por no reunir las semanas de cotizaci\u00f3n requeridas para tal efecto, circunstancia que constituye requisito sine qua non para la aplicaci\u00f3n del memorado Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, y tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, se advierte que de manera alguna se cumple con los requisitos con el test de procedencia excepcional de que trata la sentencia SU005-2018, pues aunque la actora es una mujer de la tercera edad con algunos quebrantos de salud, en el presente asunto no se encuentra acreditado que dependiera para su subsistencia de su compa\u00f1ero permanente, ni los motivos por los cuales \u00e9ste dej\u00f3 se cotizar al sistema de seguridad social durante los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os antes de su deceso; luego entonces, ante el particular escenario, no hay lugar a la aplicaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
5. Finalmente, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC, 12 dic. 2008, Rad. 2008-00228-01, reiterada en STC4291-2015). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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