STC1162-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1162-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-02008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de enero de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Elsa del Carmen Sierra Silva contra el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de dicha urbe, as\u00ed como la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de gestora judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abAL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de segunda instancia emitida en audiencia el 23 de junio de 2020, en el marco del proceso declarativo de resoluci\u00f3n de contrato que promovi\u00f3 frente a Sandra Luc\u00eda Barriga Moreno, Edison Cruz Garc\u00eda y el Edificio Sotomayor P.H., con radicado No. 2015-00791-00. <\/p>\n
Por tanto, solicita para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que \u00ab[d]ejar sin efectos la [citada] sentencia\u00bb, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abprof[erir una nueva] decisi\u00f3n debidamente motivada que en derecho corresponda\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n de la instancia, aduce en lo esencial la apoderada, que con la intenci\u00f3n de adquirir el cr\u00e9dito perseguido dentro del proceso ejecutivo promovido por la aludida copropiedad contra el Colegio Nacional de Periodistas, bajo el radicado No. 2004-00899-00, su mandante se comunic\u00f3 con la abogada de la parte ejecutante, la doctora Barriga Moreno, quien le indic\u00f3 que gozaba de plenas facultades para celebrar la cesi\u00f3n de dicha obligaci\u00f3n, por lo que suscribi\u00f3 dicho contrato dando en contraprestaci\u00f3n la suma de $9.056.892,oo, dineros que fueron recibidos por \u00e9sta y por el se\u00f1or Cruz Garc\u00eda, este \u00faltimo en calidad de administrador encargado del Edificio Sotomayor P.H. <\/p>\n
Asevera que en virtud de lo anterior, su apadrinada solicit\u00f3 al Juzgado que llevaba el conocimiento del citado juicio compulsivo, la aceptaci\u00f3n del susodicho acuerdo, pero \u00e9ste se neg\u00f3 por auto del 11 de diciembre de 2007, dado que no se acredit\u00f3 la facultad para ceder los derechos del cr\u00e9dito, falencia que se intent\u00f3 subsanar sin \u00e9xito, pues pese a los reiterados requerimientos realizados, la administraci\u00f3n del aludido conjunto residencial guard\u00f3 silencio, por lo que inici\u00f3 un proceso ordinario en contra de este con el fin de recuperar el valor pagado y los perjuicios causados, el cual se tramit\u00f3 bajo el radicado No. 2011-00574-00, pretensiones que fueron negadas en ambas instancias. <\/p>\n
Indica que con posterioridad su poderdante promovi\u00f3 el juicio objeto de debate constitucional, en el cual solicit\u00f3 declarar que los demandados recibieron de su parte $9.056.892,oo por concepto de la celebraci\u00f3n del rese\u00f1ado contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito; que \u00e9stos no ten\u00edan facultad del Consejo de Administraci\u00f3n del Edificio Sotomayor P.H. para celebrar dicho acuerdo; y que, en consecuencia, se les condenara a pagar la suma desembolsada m\u00e1s los intereses moratorios, pedimentos que fueron acogidos por el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de esta capital en sentencia del 28 de agosto de 2019, luego de declarar civil y contractualmente responsables a los convocados y a dicha copropiedad, a quien vincul\u00f3 como litisconsorte necesario, decisi\u00f3n que fue apelada con suerte por \u00e9stos, ya que el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad, mediante providencia del 23 de junio de 2020 revoc\u00f3 lo decidido, para en su lugar, negar las pretensiones incoadas, incurriendo as\u00ed, dice, en segunda instancia incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos sustantivo y f\u00e1ctico, por cuanto que, en compendio, i) \u00abentendi\u00f3 que se ejerc\u00eda la \u00abacci\u00f3n de responsabilidad civil contractual\u00bb, cuando lo procedente era ejercer la resoluci\u00f3n del contrato de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb; ii) \u00abcarec\u00eda de competencia para declarar excepciones de oficio\u2026 que no hab\u00edan sido alegadas por su contraparte, toda vez que de acuerdo con lo reglado por el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, su competencia estaba limitada por el principio de la pretensi\u00f3n impugnativa\u00bb; iii) \u00abde manera incongruente realiz\u00f3 un an\u00e1lisis por fuera del tema objeto de estudio, argumentando su decisi\u00f3n\u2026 a partir de una coligaci\u00f3n de contratos, confundiendo dicho fen\u00f3meno con la existencia de varios contratos entre distintas partes\u00bb; y, iv) no contaba \u00abcon apoyo probatorio suficiente para aplicar el fen\u00f3meno prescriptivo\u00bb, pues \u00abdejo de valorar las actas de asamblea celebradas el 15 de agosto, 18 de diciembre de 2008, 18 de febrero y 13 de abril de 2009 mediante el cual el Consejo de Administraci\u00f3n del Edificio Sotomayor P.H. reconoci\u00f3 la existencia de una obligaci\u00f3n a favor de Elsa del Carmen Sierra Silva y por ello solicitaban dar una soluci\u00f3n al tema\u00bb, y, no tuvo en cuenta la interrupci\u00f3n que tuvo dicho fen\u00f3meno con ocasi\u00f3n de la presentaci\u00f3n de la demanda que dio origen al primer proceso, am\u00e9n que el juez del circuito censurado \u00abse aventur\u00f3 a contabilizar el fen\u00f3meno prescriptivo sin tomar en cuenta los d\u00edas de paro judicial, cierre extraordinario y cualquier otra circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor de los juzgados 16 y 39 civil municipal y el juzgado 8\u00ba civil del circuito de Bogot\u00e1 que impidieran el cumplimiento de cargas procesales\u00bb, todo lo cual, asegura, le vulnera a su mandante las garant\u00edas superiores invocadas, raz\u00f3n por la que estima que el reclamo que eleva en favor de \u00e9sta debe ser acogido a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juez Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se atiene a lo actuado en el proceso cuestionado, si en cuenta se tiene que el superior modific\u00f3 el fallo de primera instancia proferido por ese Despacho3. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras manifestar que en el caso debatido \u00abse aplic\u00f3 un criterio jur\u00eddicamente admisible en la sustentaci\u00f3n de la decisi\u00f3n\u00bb4. <\/p>\n
c. Los vinculados Edificio Sotomayor P.H. y Edison Cruz Garc\u00eda, en escritos separados y a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicitaron denegar el amparo rogado, tras se\u00f1alar que el estrado judicial accionado actu\u00f3 conforme a derecho, por lo que es inexistente la violaci\u00f3n de los derechos constitucionales enunciados por la accionante5. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que la providencia criticada \u00abno es producto del capricho o la arbitrariedad del operador judicial, como tampoco lo es de una valoraci\u00f3n irrazonable de las normas, la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica presentada o las pruebas practicadas en el proceso; frente a los reproches esgrimidos por la accionante en cuanto al an\u00e1lisis realizado por el juzgador frente a la coligaci\u00f3n contractual, la insuficiente motivaci\u00f3n para declarar la prescripci\u00f3n y la omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de las actas de asamblea que en su parecer dan cuenta de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb, dado que \u00abconforme a la exposici\u00f3n de hechos de la demanda y las contestaciones obrantes en el expediente, particularmente, por el traslado a la copropiedad del dinero entregado por la demandante producto del contrato de cesi\u00f3n, resultaba necesario realizar un an\u00e1lisis respecto de la coligaci\u00f3n contractual derivada de las relaciones jur\u00eddicas que suscitaron el contrato de cesi\u00f3n suscrito por la apoderada del edificio con la se\u00f1ora Elsa del Carmen Sierra, pues lo pretendido con la demanda era que la demandada Sandra Barriga devolviera la suma de dinero entregada, lo cual no pod\u00eda ser desconocido por el juzgador, de all\u00ed que resulte razonable que se hiciera referencia a los diferentes contratos suscritos por los involucrados, y especialmente al contrato de mandato, pues era el sustento para concluir que no exist\u00eda solidaridad entre la apoderada judicial y su mandante, m\u00e1xime que el Edifico Sotomayor ratific\u00f3 t\u00e1citamente el contrato suscrito por la mandataria\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abel operador judicial consider\u00f3 las pruebas aportadas al proceso, para concluir primeramente que el Edificio Sotomayor P.H. era el responsable de la devoluci\u00f3n de los dineros entregados por la demandante y segundo, que se verificaba la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria, ello en raz\u00f3n a que hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os previsto en la norma y al hecho que la presentaci\u00f3n de la demanda no interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, pues la notificaci\u00f3n a la copropiedad ocurri\u00f3 vencido el t\u00e9rmino previsto legalmente y no se verific\u00f3 actuaci\u00f3n alguna que tuviera fuerza para interrumpirla, pues contrario a lo afirmado por el extremo accionante, el juez convocado consider\u00f3 que de las actas de asamblea no se evidenciaba un acto de reconocimiento de la responsabilidad de la copropiedad y consecuencia de ello que, se reconociera el pago de los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato de cesi\u00f3n\u00bb, inferencias que \u00abno luce[n] apartada[s] de las disposiciones de derecho aplicables al caso\u00bb6. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante se mostr\u00f3 descontenta con lo resuelto, tras insistir en los argumentos que esgrimi\u00f3 como sustento de la queja constitucional7. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas8. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Elsa del Carmen, de entrada se anuncia el respaldo de la sentencia confutada, pues del examen de las pruebas adosadas al expediente se observa claramente que el amparo solicitado debe desestimarse, habida cuenta que, como bien lo anot\u00f3 el a quo constitucional, la determinaci\u00f3n criticada, esto es, la proferida en audiencia el 23 de junio de 2020 por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, i) \u00abmodificar la sentencia de primer grado dictada por el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogot\u00e1 el 28 de agosto de 2019, (\u2026) en el sentido de den[egar] las pretensiones frente a la demandada Sandra Lucia Barriga Moreno, y al integrado como litisconsorcio necesario Edificio Sotomayor P.H.\u00bb; ii) \u00abRevocar la decisi\u00f3n de condena en costas, que se hab\u00eda impuesto en favor de la demandante (\u2026). En los dem\u00e1s aspectos, espec\u00edficamente con lo relacionado con la decisi\u00f3n del demandado Edison Cruz Garc\u00eda, no se revisa, y por lo tanto permanece conforme lo dispuso el Juez de primer grado\u00bb; y, iii) \u00abse ratifica en cuanto a la negativa de la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva respecto de la demandada Sandra Lucia Moreno Barriga, al igual que la de prescripci\u00f3n, abuso del derecho y cosa juzgada respecto del Edificio Sotomayor\u00bb, dentro del proceso declarativo de resoluci\u00f3n de contrato que aqu\u00e9lla promovi\u00f3 frente a las mencionadas personas y copropiedad, con radicado No. 2015-00791-00, tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar dicha determinaci\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. En efecto, la accionante reprocha que el juez acusado haya abordado el asunto sobre la base de una responsabilidad civil contractual, siendo que promovi\u00f3 la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n frente al contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito opugnado, yerro que lo llev\u00f3 a analizar el fen\u00f3meno de la coligaci\u00f3n de contratos, cuando ello no era necesario ni procedente. Sin embargo, para la Sala, dicho reproche deviene intrascendente, toda vez que, a m\u00e1s que en esos t\u00e9rminos fue que el juez de primer grado accedi\u00f3 a las pretensiones incoadas con la demanda, en sede de alzada ninguno de los apelantes (demandados) cuestion\u00f3 el tipo de acci\u00f3n o r\u00e9gimen de responsabilidad bajo la cual fueron condenados, el que sin duda alguna favoreci\u00f3 a la aqu\u00ed interesada, quien no se mostr\u00f3 inconforme con ello, pues no impugn\u00f3 lo decidido, por obvias razones; de ah\u00ed que, no ten\u00eda el ad-quem que analizar el alcance del libelo genitor, como insistentemente \u00e9sta lo sugiere. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis emprendido por dicha autoridad si bien lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que los demandados Sandra Luc\u00eda Barriga Moreno y Edison Cruz Garc\u00eda no ten\u00edan injerencia alguna en la responsabilidad endilgada, si estim\u00f3 que el Edificio Sotomayor P.H. era qui\u00e9n deb\u00eda responder por lo pretendido, en lo esencial, porque a la luz del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2186 del C\u00f3digo Civil, al recibir el dinero que la tutelante le entreg\u00f3 a aqu\u00e9llos con ocasi\u00f3n del contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito celebrado con la primera el 4 de julio de 2007, del cual no ten\u00edan facultad para ceder de acuerdo con el mandato que le fue otorgado por la administraci\u00f3n de la copropiedad, ratific\u00f3 la actuaci\u00f3n que en su nombre realiz\u00f3 \u00e9sta; es decir, que bajo ese r\u00e9gimen de responsabilidad, el juez de la apelaci\u00f3n tambi\u00e9n hall\u00f3 incumplido al conjunto residencial, solo que, en virtud de la prosperidad de la defensa meritoria de la prescripci\u00f3n, no hab\u00eda lugar a condena alguna, la que en primera instancia hab\u00eda sido despachada desfavorablemente. <\/p>\n
4. Ahora, la gestora se duele de que el fallador de segundo grado haya declarado probada de oficio la referida excepci\u00f3n; pero, al escucharse el audio contentivo de la audiencia donde se dict\u00f3 la sentencia reprochada, se aprecia que todos los recurrentes al sustentar la alzada, en especial el Edificio Sotomayor P.H., exhibieron su inconformidad con el estudio que realiz\u00f3 el a quo sobre la misma, hecho que deja sin sustento la presente queja y, por ende, su prosperidad, pues es claro que dicho funcionario deb\u00eda entrar a definir esa puntual tem\u00e1tica. <\/p>\n
De este modo, para la Corte los aludidos reparos no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, pues en lo que ata\u00f1e al primero de ellos, en ning\u00fan momento en las mencionadas actas de asamblea el conjunto residencial demandado reconoci\u00f3, expresa o t\u00e1citamente, una obligaci\u00f3n en favor de la demandante, ya que al leerse cada una de ellas lo que se observa es que la copropiedad inclu\u00eda, en el orden del d\u00eda de cada una de las reuniones, c\u00f3mo resolver lo relacionado con el contrato de cesi\u00f3n objeto de discrepancia, en las que dejaban en claro que la copropiedad nunca le otorg\u00f3 a la abogada Sandra Barriga Moreno la facultad de ceder el cr\u00e9dito perseguido en la ejecuci\u00f3n con radicado No. 2004-00899-00, por lo que deb\u00eda realizarse la respectiva consulta a la firma de abogados contratada para atender asuntos judiciales; luego, entonces, no puede afirmarse que hubo una interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n extintiva, como insistentemente lo sugiere la promotora del amparo. <\/p>\n
Por otro lado, aunque la aqu\u00ed interesada reclama un nuevo conteo del t\u00e9rmino prescriptivo en virtud de la interrupci\u00f3n civil que se dio con la presentaci\u00f3n de la demanda que dio origen al juicio ordinario con radicado No. 2011-00574-00, conforme con lo preceptuado en el inciso final del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil10, la jurisprudencia de esta Sala ha precisado que, \u00abla posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino extintivo, prevista en el inciso final del art\u00edculo 2536 de C\u00f3digo Civil respecto de la interrupci\u00f3n o la renuncia de la prescripci\u00f3n, no aplica cuando se trata de interrupci\u00f3n civil, o cuando la prescripci\u00f3n se entiende renunciada por la omisi\u00f3n del deudor en interponer oportunamente la excepci\u00f3n respectiva\u00bb (resalto intencional, CSJ SC, 9 Sep. 2013, Rad. 2006-00339-01)11, pero s\u00ed, cuando se est\u00e1 \u00abfrente a la figura de la \u201cinterrupci\u00f3n natural\u201d, pues ella ocurre de forma inmediata\u00bb (destaco deliberado, CSJ STC8318-2017), la que, como se dej\u00f3 explicado con antelaci\u00f3n, no tuvo ocurrencia, por lo que, en tal sentido, no puede endilgarse yerro alguno al juez accionado por este puntual aspecto. <\/p>\n
Por \u00faltimo, basta decir, en cuanto al descuento de los d\u00edas de paro judicial, cierre extraordinario y cualquier otra circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor alegado por la actora, que tal argumento, a m\u00e1s que no fue puesto a consideraci\u00f3n de los jueces de instancia12, pues con el traslado que se dio a las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el Edificio Sotomayor P.H., la apoderada de la aqu\u00ed interesada solamente indic\u00f3, en oposici\u00f3n a la de prescripci\u00f3n, que el t\u00e9rmino \u00abse encuentra interrumpido con la presentaci\u00f3n de la demanda judicial, entendida por aquella la que en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n formul\u00f3 mi mandante en ejercicio de sus derechos\u00bb13, esto es, la analizada en l\u00edneas precedentes, en esta sede excepcional la tutelante no explic\u00f3 c\u00f3mo esa supuesta omisi\u00f3n incid\u00eda en la sentencia confutada. <\/p>\n
En efecto, la censora no se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1les d\u00edas estuvo cerrado al p\u00fablico el juzgado del conocimiento por efecto de los paros judiciales ocurridos entre el 4 de julio de 2007 al 4 de julio de 2017, o por cualquier otra de las circunstancias mencionadas por \u00e9sta, para demostrar, en consecuencia, que el t\u00e9rmino prescriptivo a\u00fan no hab\u00eda acaecido, como era su deber, dado que, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, \u00ablos hechos constitutivos de la vulneraci\u00f3n [deben ser] alegados con suficiencia y precisi\u00f3n por el peticionario, salvo que los mismos sean evidentes\u00bb, pues \u00abresultar\u00eda desproporcionado exigirle al juez constitucional que revisara nuevamente un proceso, con el fin de descubrir si, por alguna circunstancia, se conculc\u00f3 un derecho fundamental del demandante, ya que, en dicho caso, la acci\u00f3n de amparo constitucional desconocer\u00eda su naturaleza de ser un mecanismo subsidiario de defensa judicial\u00bb (resalto de la Sala, C.C. T-242\/17). <\/p>\n
En ese sentido, la simple menci\u00f3n de la existencia de un paro judicial per se, no da lugar a la interrupci\u00f3n del aludido fen\u00f3meno, toda vez que como lo ha se\u00f1alado la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica, \u00ab[l]as protestas de funcionarios de la Rama Judicial del Poder P\u00fablico no siempre conllevan el cierre de los despachos judiciales, raz\u00f3n por la que se debe establecer en el caso concreto si el despacho judicial prest\u00f3 el servicio\u00bb (C.C. SU-498\/16), de ah\u00ed que, era necesario que la tutelante ahondara en ese aspecto, lo que, se reitera, no hizo; por tanto, el presente reclamo deviene improcedente. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el razonamiento que al asunto le dio el juzgado del circuito accionado, por m\u00e1s discutible que le parezca a la gestora, y aun si pudiera admitir otra posici\u00f3n, no lleva inserta vulneraci\u00f3n superior alguna, dado que no se aprecia caprichosa o arbitraria, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la decisi\u00f3n cuestionada se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC049-2021), m\u00e1xime cuando, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, la acci\u00f3n de tutela, \u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC146-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, como al inicio se dijo, se impone ratificar el fallo de tutela atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Conforme con la demanda de tutela que hace parte del archivo digital contentivo del expediente de primera instancia remitido a esta Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe que hace parte del archivo digital citado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Cit. <\/p>\n
6 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital enviado a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
7 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
9 Donde demand\u00f3 a dicha copropiedad y a la abogada Sandra Luc\u00eda Barriga Moreno. <\/p>\n
10 Que reza: \u201cUna vez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n, comenzar\u00e1 a contarse nuevamente el respectivo t\u00e9rmino.\u201d <\/p>\n
11 Criterio que fue avalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-281\/15. <\/p>\n
12 Recu\u00e9rdese, que, uno de los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n tutela contra providencia judicial alude a que, \u201cel actor identifique los hechos constitutivos de la vulneraci\u00f3n y que, en caso de ser posible, los hubiese alegado durante el proceso judicial en las oportunidades debidas\u201d. <\/p>\n
13 Ver folio 802 del documento en PDF denominado cuaderno 1A, que hace parte del archivo contentivo del expediente digitalizado remitido a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1162-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC1162-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-02008-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53466","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53466","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53466"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53466\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53466"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53466"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53466"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}