STC1164-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1164-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00945-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Hernando Cano Jaller, Catherine Cano Jaller y Giselle Jaller Jabour, socios de la Sociedad Norteamericana Interterra SAS, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al trabajo, \u00aba la libre empresa\u00bb, al buen nombre y a la honra, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias emitidas en ambas instancias dentro de la cauda judicial que se le sigui\u00f3 a Giselle Jaller Jabour por los delitos de fraude procesal, falsa denuncia contra persona determinada y falso testimonio. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige, que lo que exigen los actores para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, es que se decrete la nulidad de lo actuado en la citada actuaci\u00f3n a partir de la audiencia preparatoria, inclusive, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, recaudar el material probatorio que no se tuvo en cuenta en el tr\u00e1mite, y, proferir un nuevo fallo en derecho en el que se respeten las garant\u00edas procesales de la acusada y de la empresa de la que son socios1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto resulta relevante para la resoluci\u00f3n de la instancia, aducen en lo esencial los accionantes, que mediante fallo del 8 de noviembre de 2017, el aludido estrado judicial declar\u00f3 penalmente responsable a la se\u00f1ora Giselle de las conductas penales por las cuales fue procesada, por lo que le impuso una pena de 140 meses de prisi\u00f3n, y adem\u00e1s, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de la compa\u00f1\u00eda Interterra SAS de la cual son socios, entre otras determinaciones, decisi\u00f3n que fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad en sede de alzada, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 1\u00b0 de febrero de 2018, en el sentido de suprimir la condena por el injusto de falso testimonio y fijar la pena privativa de la libertad definitiva en 94 meses y 12 d\u00edas, resoluci\u00f3n que fue controvertida directamente por la interesada mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue declarado desierto el 27 de junio de ese mismo a\u00f1o por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, por ausencia de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El abogado Jaime Lombana Villalba, quien actu\u00f3 como defensor de la se\u00f1ora Jaller Jabour en la causa penal objeto de debate constitucional, se\u00f1al\u00f3 que la represent\u00f3 cuando ya hab\u00eda fenecido la etapa de descubrimiento de pruebas y hasta el 5 de diciembre de 2016, cuando renunci\u00f3 al mandato conferido, \u00abdado el estilo particular de la se\u00f1ora JALLER, el cual me imped\u00eda ejercer el mandato\u00bb, pero que a pesar de ello logr\u00f3 que la Fiscal\u00eda le entregara algunos elementos de convicci\u00f3n que el anterior defensor no hab\u00eda requerido y los puso en conocimiento de la ahora condenada, pero ella \u00abfue renuente en recibir la documentaci\u00f3n\u00bb, aun cuando la requiri\u00f3 con insistencia3. <\/p>\n
b. El Magistrado ponente de la providencia adoptada por la Corporaci\u00f3n accionada, luego de hacer un recuento de la actuaci\u00f3n procesal surtida en segunda instancia, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, tras manifestar que este no atiende el requisito general de procedibilidad de la inmediatez, dada la fecha en que fueron emitidas las decisiones cuestionadas4. <\/p>\n
c. El Banco BBVA SA a trav\u00e9s de apoderado judicial, se opuso al \u00e9xito del auxilio invocado, con sustento en que, por un lado, los accionantes Hernando y Catherine Cano Jaller no cuentan con legitimaci\u00f3n para formular la demanda de tutela, porque con las providencias criticadas se cancel\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica de la sociedad Interterra SAS que dicen representar; y por el otro, el reclamo elevado no atiende el presupuesto de procedibilidad de la inmediatez, am\u00e9n que no existi\u00f3 vicio alguno al interior de la actuaci\u00f3n penal censurada que eventualmente la invalide5. <\/p>\n
d. El juzgado acusado y los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por incumplir los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, tras considerar que \u00absi lo que buscan los demandantes es controvertir las sentencias de primera y segunda instancia emitidas contra GISELLE JALLER JABOUR han debido hacerlo a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el que, adem\u00e1s de verificarse la legalidad de la sentencia emitida en sede de apelaci\u00f3n, se revisa la constitucionalidad de todo el proceso\u00bb, el que desaprovech\u00f3 la procesada, ya que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 desierto el recurso propuesto en nombre propio por la condenada, porque no contaba con t\u00edtulo profesional de abogada para impetrar el libelo casacional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abescapa de las competencias del juez de tutela el an\u00e1lisis de las piezas documentales que allegaron [los actores] y con las cuales, dicen, se dejar\u00edan sin efectos las decisiones de instancia, porque, en primer lugar, la tutela no es una tercera instancia para aportar pruebas novedosas y, en segundo, para esa finalidad el art. 192 de la Ley 906 de 2004 contempla la acci\u00f3n de revisi\u00f3n que procede \u00abcontra sentencias ejecutoriadas\u00bb, entre otros casos cuando existan \u00abhechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad\u00bb (numeral 3\u00ba del art. 192)\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado se\u00f1al\u00f3, frente a la censura dirigida contra la determinaci\u00f3n de la juez novena penal del circuito con funci\u00f3n de conocimiento de \u00abdisponer la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica ante la autoridad competente, de la firma Inter Terra\u00bb, que no satisface el requisito de inmediatez, pues \u00abse emiti\u00f3 en la sentencia del 8 de noviembre de 2017, [y los tutelantes] no explicaron de ninguna manera los motivos por los cuales acudieron de forma tard\u00eda a la v\u00eda de amparo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3, en cuanto a la ausencia de defensa t\u00e9cnica alegada, que la misma no se encuentra configurada, dado que \u00abfue un defensor de confianza designado por JALLER JABOUR quien represent\u00f3 sus intereses a lo largo del proceso penal y hasta la audiencia de alegaciones de conclusi\u00f3n, cuando tras diversos aplazamientos generados por su apoderado, fue removido y se le design\u00f3 un defensor p\u00fablico a quien manifest\u00f3 que \u00abutilizar\u00eda\u00bb, es decir, expres\u00f3 su conformidad con la designaci\u00f3n\u00bb, sumado a que \u00absu defensa t\u00e9cnica tambi\u00e9n impugn\u00f3 la sentencia condenatoria, por lo que no se avizora alguna clase de orfandad defensiva que haga imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb6. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante Giselle Jaller Jabour se mostr\u00f3 descontenta frente a lo resuelto, tras insistir en los argumentos que esgrimi\u00f3 como sustento de la queja constitucional7. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas8. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC478-2021). <\/p>\n
3. De otra parte, cabe acotar que aunque se soslayara el anterior requisito, tampoco el resguardo podr\u00eda salir avante, pues se observa que la impugnante, en una conducta constitutiva de incuria, desaprovech\u00f3 el mecanismo que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para exponer los reparos que ahora esgrime por esta v\u00eda excepcional contra la segunda de las decisiones que critica, como lo era el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, procedente a voces de los art\u00edculos 180 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906\/04), comoquiera que present\u00f3 la demanda que sustentaba el mismo de manera personal y no a trav\u00e9s de apoderado judicial, lo que gener\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte declarara desierto el medio impugnaticio mediante prove\u00eddo del 27 de junio de 2018 (AP2709-2018), por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido con la presente acci\u00f3n de tutela, al haber dilapidado la herramienta que estaba a su disposici\u00f3n para debatir los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos sobre los cuales el Tribunal acusado edific\u00f3 la demarcada resoluci\u00f3n, la que estima lesiva para sus derechos fundamentales, imprudencia de la cual ahora no se puede valer para anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Por tanto, si la tutelante cont\u00f3 con el medio de defensa judicial id\u00f3neo y eficaz para invocar y conjurar los yerros que manifiesta por esta v\u00eda en relaci\u00f3n con la se\u00f1alada actuaci\u00f3n, la demanda de amparo no puede salir avante, ya que de otra manera esta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC307-2021). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC370-2021). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, la Sala observa que el reclamo elevado tambi\u00e9n incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad que la caracteriza, si se tiene en cuenta que la accionante afirma tener en sus manos prueba sobreviniente que desvirtuar\u00eda las inferencias probatorias a las que arrib\u00f3 la Colegiatura accionada en su fallo, situaci\u00f3n que le da la posibilidad, entonces, de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906\/04)10, para ventilar ante la autoridad competente, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos por el legislador para el efecto, la presunta irregularidad que les endilga a las autoridades judiciales convocadas, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC498-2021). <\/p>\n
6. Por los argumentos anotados, se impone mantener indemne la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Conforme con la demanda de tutela que hace parte del archivo digital contentivo del expediente de primera instancia remitido a esta Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe que hace parte del archivo digital citado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Cit. <\/p>\n
6 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital enviado a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
7 Ejusdem. <\/p>\n
8 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
9 Situaci\u00f3n que no cambiar\u00eda as\u00ed se realice la verificaci\u00f3n de dicho presupuesto desde el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra esa decisi\u00f3n (CSJ AP2709-2018), ya que fue emitido el 27 de junio de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
10 Que reza: \u201cCuando despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
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