STC1168-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1168-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00385-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de aquella ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas el Banco de la Mujer S.A. la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Sucre y la de Risaralda\u00b8 la Alcald\u00eda de San Onofre, el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales, y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra el Banco de la Mujer S.A. identificada con el radicado 2015-01208-00. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que el proceso del asunto fue admitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, pese a que el domicilio principal de la accionada no est\u00e1 en esa ciudad, y a que \u00abha rehusado centenares de acciones populares aduciendo que deb[e] presentar la acci\u00f3n ante el domicilio principal\u00bb, aun cuando ello no es exigido en el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, situaci\u00f3n por la que, dice, el asunto es nulo y se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
b.) El Banco de la Mujer y el Juzgado accionado manifestaron, aunque en escritos separados, que la queja del actor tambi\u00e9n es conocida por otro Magistrado del Tribunal de Pereira bajo el radicado 66001221300020200038600. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras constatar que \u00abesta acci\u00f3n de tutela, id\u00e9ntica a la identificada con el radicado 66001221300020200038600 de la que tambi\u00e9n conoce este Tribunal, y en la que inclusive ya se profiri\u00f3 sentencia el 7 de diciembre de 2020 es obvio entonces que hay identidad de partes, objeto y causa porque las demandas en uno y otro tr\u00e1mite, son las mismas. Ahora bien, la Sala inadvierte explicaci\u00f3n alguna, o argumentos adicionales, o razones f\u00e1cticas o jur\u00eddicas que justifiquen porqu\u00e9 el demandante presente dos veces la misma demanda, con lo cual se desgasta irracionalmente el aparato judicial del estado en desmedro de otros usuarios del servicio de justicia que ven c\u00f3mo sus procesos se quedan relegados. Se dan todos los elementos para considerar temeraria la actuaci\u00f3n del demandante (\u2026). Por ello la Sala acoge el criterio que sobre el tema, para efectos de condena en costas por temeridad, viene reiterando la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede constitucional, que avala las sanciones que por ese motivo se imponen en esta sede (\u2026) en consecuencia se condenar\u00e1 en costas al accionante, Javier El\u00edas Arias Idarraga (\u2026) bajo el entendido de que ello corresponde a una multa, en cuant\u00eda de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el promotor, solicitando \u00abrevocar la condena en [su] contra y aplicar a [su] favor la buena fe\u00bb, ya que \u00abde existir duplicidad se debe a error de [su] parte y el juzgador puede rechazar la acci\u00f3n sin ser multado (\u2026) pido revocar la multa a mi contra ya que es una sanci\u00f3n a raja tabla sin garant\u00edas art. 29 CN\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, se observa que el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga se duele concretamente en la impugnaci\u00f3n, de haber sido sancionado en costas por el Tribunal Constitucional de instancia, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. Sin embargo, examinados los soportes adosados a las presentes diligencias, especialmente las piezas procesales de la acci\u00f3n de tutela identificada con el radicado No. 66001221300020200038600, que tambi\u00e9n tramit\u00f3 el Tribunal a quo, se advierte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, teniendo en cuenta que ese asunto fue promovido por el aqu\u00ed accionante con exactamente el mismo prop\u00f3sito y contra los mismos accionados del presente tr\u00e1mite, neg\u00e1ndose la protecci\u00f3n en aquella oportunidad mediante sentencia del 7 de diciembre de 2020, porque, en s\u00edntesis, se incumpli\u00f3 con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, al haberse evidenciado que el gestor no hab\u00eda elevado a\u00fan su reparo ante el Despacho convocado \u00abpara obtener se decrete la nulidad por falta de competencia territorial\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, advierte la Sala que el auxilio rogado por el se\u00f1or Javier El\u00edas es improcedente, dado que est\u00e1 plenamente demostrado que en pret\u00e9rita oportunidad el aqu\u00ed interesado ya present\u00f3 otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n hoy demanda, sin diferencia sustancial alguna. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha se\u00f1alado en otras oportunidades, que \u00abprecisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026 <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas que le fue impuesta al gestor del amparo por el Tribunal Superior de Pereira, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que se comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, a esta Sala no le est\u00e1 permitido entrar a modificar o revocar lo resuelto, m\u00e1xime cuando, evidentemente, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos proferidos con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje, que han sido interpuestas por el quejoso. <\/p>\n
En recientes pronunciamientos donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el gestor, la Sala indic\u00f3, que \u00abse ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d. <\/p>\n
El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d1\u00bb (STC11757-2020). <\/p>\n
6. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por temeridad, prevista en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n, al respecto ha dicho que \u00abTrat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo\u00bb (Resalta la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC11757-2020). <\/p>\n
En este orden de ideas, no era necesario entonces que se agotara un tr\u00e1mite previo para que el Juez constitucional lo sancionara pecuniariamente por el abuso del mecanismo de tutela, mucho menos un incidente, como as\u00ed lo sugiere el aqu\u00ed interesado, pues en asuntos similares se ha considerado que \u00aben este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u00bb (citada en ib\u00eddem). <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. <\/p>\n
<\/p>\n
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