STC1169-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1169-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00399-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., virtual (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular promovida por Leandro Giraldo contra una de las sucursales de Bancolombia S.A., con radicado No. 2015-01386-00, en la que \u00e9l act\u00faa como coadyuvante. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto aduce en compendio, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley 472 de 1998, el Juzgado cognoscente \u00abtermin\u00f3 (\u2026) por DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb la citada acci\u00f3n, figura procesal que es \u00abINAPLICALBLE\u00bb, ya que el tr\u00e1mite \u00abno se INICI\u00d3 en vigencia de la ley 1395 de 2010\u00bb, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digitalizado que contiene la acci\u00f3n constitucional motivo de queja. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, pues \u00abno es el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
c. El Procurador Regional del mentado departamento puntualiz\u00f3, fundamentalmente, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, (\u2026) en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez\u00bb. <\/p>\n
d. El apoderado Judicial del Municipio de Pereira aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras advertir que el actor no endilga de manera alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n en su contra. <\/p>\n
e. El Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda indic\u00f3, en lo esencial, que \u00abno tienen ni ha tenido participaci\u00f3n alguna en el tr\u00e1mite procesal surtido dentro de la acci\u00f3n popular\u00bb aludida, ni mucho menos ha recibido queja respecto de la funcionaria del conocimiento de ese asunto; sin embargo, respecto de las otras 67 quejas elevadas por el actor, s\u00ed les ha dado el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
f. La Presidenta de la citada Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, en lo fundamental, que el actor \u00abNO ha solicitado Vigilancia Judicial Administrativa en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por el tr\u00e1mite brindado a la Acci\u00f3n Popular radicada No. 2015 01386\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo reclamado, tras advertir que incumple con el requisito de la inmediatez, pues \u00abel auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n frente la terminaci\u00f3n anormal del proceso se profiri\u00f3 dos (2) a\u00f1os atr\u00e1s (01-08-2018). Claramente, el actor ejercit\u00f3 el mecanismo constitucional por fuera del plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia constitucional como razonable\u00bb; y en cuanto a las dem\u00e1s pretensiones puntualiz\u00f3, que la protecci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que no est\u00e1 demostrado que el inconforme haya elevado las quejas puntuales ante las autoridades convocadas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 1\u00ba de agosto de 2018 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3, \u00abNO REPONER\u00bb la decisi\u00f3n adiada 25 de junio de ese mismo a\u00f1o, por medio de la cual dispuso \u00abdecretar el desistimiento t\u00e1cito\u00bb dentro de la acci\u00f3n popular promovida por Leandro Giraldo contra una de las sucursales de Bancolombia S.A., tr\u00e1mite en el que aqu\u00e9l act\u00faa como coadyuvante, pues seg\u00fan su dicho, dicha figura resulta inaplicable dentro de este tipo de asuntos. <\/p>\n
3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias digitales, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, por incumplir con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la determinaci\u00f3n que defini\u00f3 de fondo sobre la terminaci\u00f3n de la controversia por desistimiento t\u00e1cito data del 1\u00ba de agosto de 2018, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 11 de noviembre de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que mantuvo lo resuelto en punto del tan mentado desistimiento, sin que el inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2020). <\/p>\n
4. De otra parte frente a la solicitud del actor encaminada a que se le exija al Juzgado convocado, \u00abdigitalizar\u00bb todas las acciones populares, basta con se\u00f1alar que el presente mecanismo est\u00e1 instituido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, m\u00e1s no para prop\u00f3sitos informativos como los pretendidos por aqu\u00e9l; y, en cuanto a la primera de las solicitudes, debe precisarse que no obra prueba en el plenario de que \u00e9ste haya elevado primero esas solicitudes ante dicha autoridad. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues tal como lo inform\u00f3 la citada Colegiatura, el actor, no ha elevado queja alguna contra la funcionaria convocada, por el tr\u00e1mite acaecido en la acci\u00f3n popular que ahora critica, pues \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (reiterada recientemente en CSJ STC9513-21019). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1169-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC1169-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00399-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., virtual (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53470","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53470","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53470"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53470\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}