STC1170-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1170-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00407-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccional y administrativas convocadas, en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra la sucursal de la empresa Audifarma S.A. ubicada en \u00abla calle 105 No. 14-140\u00bb de la ciudad de Pereira, radicada con el No. 2019-00443-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la aludida prerrogativa, que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la mentada ciudad, \u00abd[ar] tr[\u00e1]mite a [sus] recurso[s]\u00bb, o en su defecto, que \u00abremit[a] la acci\u00f3n a quien corresponda a fin [de] q[ue] se aplique en derecho [el] art[\u00edculo] 84 [de la] ley 472 de 1998\u00bb; y por \u00faltimo, que se ordene a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, y a la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la misma ciudad, que \u00abDEMUESTREN C[\u00d3]MO [L]E GARANTIZAN [EL] ART[\u00cdCULO] 29 [DE LA] CN\u00bb en la aludida actuaci\u00f3n1. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar que la titular del aludido estrado judicial se reh\u00fasa a cumplir los t\u00e9rminos perentorios consagrados en la mentada ley al interior del se\u00f1alado asunto, pero s\u00ed rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo el remedio horizontal que formul\u00f3 contra el auto que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por agotamiento de la jurisdicci\u00f3n, y en consecuencia, rechaz\u00f3 su demanda popular, por haberlo presentado \u00ab4 minutos m\u00e1s tarde\u00bb, sin que las mencionadas entidades realicen alg\u00fan tipo de actuaci\u00f3n para garantizarle el debido proceso, todo lo cual, asegura, le lesiona el derecho ius fundamental invocado, raz\u00f3n por la que debe ser acogido el reclamo que promueve a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Juez Quinto Civil del Circuito de esa capital se limit\u00f3 a compendiar las actuaciones que surti\u00f3 con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular objeto de debate, sin realizar manifestaci\u00f3n alguna frente a la queja constitucional3. <\/p>\n
b. El Procurador Regional de Risaralda, luego de hacer referencia a las competencias que tiene asignadas ese ente de control en la Ley 472 de 1998, solicit\u00f3 desvincular a dicho organismo del tr\u00e1mite, por cuanto que solo est\u00e1 dentro de sus funciones promover acciones populares, m\u00e1s no actuar dentro de ellas como interviniente, papel que si cumplen las personer\u00edas municipales4. <\/p>\n
c. El Defensor del Pueblo de esa misma regional pidi\u00f3 ser desvinculado de la presente actuaci\u00f3n, toda vez que no tiene injerencia alguna en lo pretendido por el actor, m\u00e1xime cuando \u00abno se reportan solicitudes del accionante\u00bb5. <\/p>\n
d. El Personero Delegado en Medio Ambiente y Urbanismo de Pereira tambi\u00e9n reproch\u00f3 su citaci\u00f3n al diligenciamiento, por cuanto que el tutelante no le enrostra ning\u00fan acto transgresor de derechos fundamentales6. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar frente a las quejas expuestas contra la juez acusada, que el accionante \u00abno recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la\u2026 decisi\u00f3n [criticada], pese a su procedencia (Art.36, ley 472)\u00bb, por lo que es evidente que \u00abpretende sanear su incuria en el ejercicio oportuno del mecanismo defensivo por intermedio de este instrumento residual\u00bb, am\u00e9n que \u00abrevisado el acervo probatorio, se advierte que en la acci\u00f3n popular no obran memoriales en los t\u00e9rminos del libelo (Brindar informe sobre los que ha demorado en tramitar la acci\u00f3n popular, las tutelas formuladas en su contra y aplicar art\u00edculo 84, Ley 472) (Cuaderno No.1, carpeta No.07.1)\u00bb, escenario que igualmente se presenta con la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira, pues \u00abel actor pretiri\u00f3 acreditar que present\u00f3 derechos de petici\u00f3n para que demostrare c\u00f3mo ha garantizado su derecho al debido proceso en el asunto popular\u00bb7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, al se\u00f1alar que \u00abpido amparar mi acci[\u00f3]n y no permi[ti]r se configure un da\u00f1o irreparable por exceso [de] ritual manifiesto\u00bb8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas9. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, se observa que el amparo solicitado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, como bien lo anot\u00f3 el Juez de tutela de primer grado, el aqu\u00ed interesado, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de presentar el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo del 25 de noviembre de 2020, por medio del cual la Juez acusada resolvi\u00f3 rechazar por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n10 que \u00e9ste formul\u00f3 en contra de la providencia proferida el 26 de octubre anterior, que a su vez dispuso declarar la nulidad de lo actuado por \u201cagotamiento de la jurisdicci\u00f3n\u201d, y en consecuencia, rechazar la demanda, dentro de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sedes de Audifarma SA, \u00fanico mecanismo procedente a voces del art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el canon 318 de la vigente Codificaci\u00f3n Procesal11, para ventilar la inconformidad que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido con la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. Por tanto, si el tutelante cont\u00f3 con el medio de defensa judicial id\u00f3neo y eficaz para invocar y conjurar el yerro que manifiesta por esta v\u00eda en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n que reprocha, la demanda de amparo no puede salir avante, ya que de otra manera esta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC307-2021). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC370-2021). <\/p>\n
4. Por otro lado, basta decir, en relaci\u00f3n con la queja enrostrada a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira, que la misma tambi\u00e9n resulta improcedente, en la medida que el tutelante no demostr\u00f3 haber elevado petici\u00f3n o queja alguna ante esas entidades frente a la actuaci\u00f3n desplegada por la juez accionada al interior de la acci\u00f3n popular censurada, las cuales \u00e9stas no hayan atendido en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, motivo por el cual la vulneraci\u00f3n alegada deviene inexistente. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone respaldar, como al inicio se indic\u00f3, el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido por la misma senda a esta Corte. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Cit. <\/p>\n
6 Ob. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital antes comentado. <\/p>\n
8 Cit. <\/p>\n
9 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
10 Y en subsidio el de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
11 Bajo el entendido que no se trata de un auto que resuelve un recurso de reposici\u00f3n, sino uno que rechaza por extempor\u00e1neo el mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
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