STC1199.-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1199-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01374-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a las sentencias proferidas el 24 y el 30 de septiembre de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que ampararon los derechos invocados en la tutela 2020-01374-00 y en las acciones acumuladas con radicados 2020-00536-01, 2020-01386-001 2020-00240-00 y 2020-00271-002, promovidas, en su orden, por F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, Brandon Fernando Triana Pinilla, Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Defensa y la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
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1. F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Defensa y la Polic\u00eda Nacional por la presunta vulneraci\u00f3n \u00abclara, grave y directa\u00bb de sus derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresi\u00f3n, la paz, la reuni\u00f3n y la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica y p\u00fablica. <\/p>\n
1.1. El tutelante manifest\u00f3 que, el 9 de septiembre de 2020, miembros de la Polic\u00eda Nacional, al parecer, asesinaron a Javier Ord\u00f3\u00f1ez, situaci\u00f3n por la que se realizaron una serie de reuniones y manifestaciones p\u00fablicas y pac\u00edficas en Bogot\u00e1, para reclamar el respeto de las garant\u00edas constitucionales invocadas. <\/p>\n
Sostuvo que algunas de las marchas culminaron en \u00abenfrentamientos entre unos pocos ciudadanos y grupos de polic\u00edas de los cuadrantes de los CAIS de Bogot\u00e1\u00bb, evidenci\u00e1ndose que el personal uniformado no ten\u00eda \u00abformaci\u00f3n y entrenamiento\u00bb adecuados para velar por el cuidado de los participantes en dichas actividades. <\/p>\n
Adujo que, por el contrario, los miembros de la Polic\u00eda Nacional usaron \u00abde forma desproporcionada la fuerza para detener y reprimir\u00bb a los manifestantes, \u00abaccionando sus armas de fuego de dotaci\u00f3n\u00bb; as\u00ed mismo, agredieron a m\u00e1s de 60 personas, que sufrieron \u00abheridas graves\u00bb, y causaron, al menos, 7 muertes. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que algunos de ellos \u00abno utilizaron su uniforme institucional\u00bb. Estos hechos se repitieron en Soacha, donde murieron 3 personas y hubo varios heridos. <\/p>\n
El 10 de septiembre siguiente se realizaron nuevas movilizaciones en Bogot\u00e1 y en otras ciudades del pa\u00eds, en que tambi\u00e9n se reprimi\u00f3 y agredi\u00f3 a los participantes con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, afirm\u00f3 que la Polic\u00eda Nacional utiliza \u00ablas v\u00edas de hecho y se aparta de su deber de cuidado y custodia de las vidas de los ciudadanos al no respetar los procedimientos policivos\u00bb, sin que el Presidente de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Defensa y el Director de dicha Instituci\u00f3n hubieran ordenado al personal uniformado abstenerse del uso desmedido de la fuerza; tampoco han dado directrices orientadas a evitar que se golpee \u00aba los ciudadanos\u00bb y a exigir que se utilice el \u00abuniforme institucional de manera correcta de forma que sea siempre visible su nombre y n\u00famero de identificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que, \u00abPese a que el Ministro de Defensa en vocer\u00eda del gobierno pidi\u00f3 perd\u00f3n por la muerte del ciudadano Javier Ord\u00f3\u00f1ez, ninguno de los accionados se ha pronunciado al respecto de los dem\u00e1s muertos en estas acciones\u00bb. <\/p>\n
1.3. Como soporte de sus afirmaciones hizo menci\u00f3n a una serie de publicaciones en medios de comunicaci\u00f3n y en redes sociales, tales como3: i) videos de \u00abpolic\u00edas lanzando piedras en disturbios, en Bogot\u00e1\u00bb, y \u00abrompiendo vidrios y destrozando casas\u00bb; ii) video \u00abincendian CAI durante protestas\u00bb; iii) video \u00abEn llamas y completamente destrozado: as\u00ed qued\u00f3 el CAI de Las Ferias en Bogot\u00e1 tras las fuertes protestas\u00bb4; iv) mensaje de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, Derechos Humanos en Colombia, sobre seguimiento a los casos de los defensores y defensoras de DDHH detenidos en Bogot\u00e1 y en Villavicencio5. Tambi\u00e9n referenci\u00f3 art\u00edculos del diario El Espectador sobre \u00ab\u2026Abusos policiales durante las manifestaciones en Bogot\u00e1\u00bb y de El Pa\u00eds, de Cali, referente a la muerte de Javier Ord\u00f3\u00f1ez bajo custodia policial, entre otras publicaciones relacionadas. De otro lado, registr\u00f3, en el ac\u00e1pite de pruebas, una serie de v\u00ednculos web, para consultar informaci\u00f3n sobre los hechos objeto de tutela6. <\/p>\n
1.4. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se amparen sus derechos y que se ordene a las accionadas i) dar instrucci\u00f3n a los miembros de la Polic\u00eda Nacional y de las Fuerzas Armadas que participen en manifestaciones p\u00fablicas, para que se abstengan de usar \u00abarmas de fuego y\/o armas no letales en contra de la poblaci\u00f3n civil\u00bb; ii) gestionar en forma inmediata y con celeridad las investigaciones y procesos asociados a las muertes de Javier Ord\u00f3\u00f1ez, Jaider Alexander Fonseca, Julieth Mart\u00ednez, Fredy Mahecha, Germ\u00e1n Smith Puentes, Andr\u00e9s Rodr\u00edguez, Angie Vaquero, Juli\u00e1n Mauricio Gonz\u00e1lez, Cristian Andr\u00e9s Hurtado, Lorwuan Estiben Mendoza y de las dem\u00e1s personas que a futuro se determinen, ocurridas los d\u00edas 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, a fin de sancionar a los responsables, incluyendo a los miembros de la Polic\u00eda Nacional que utilizaron armas de fuego contra la poblaci\u00f3n civil en los hechos descritos; y iii) adoptar las medidas necesarias, para garantizar las reuniones y manifestaciones p\u00fablicas pac\u00edficas en todo el territorio nacional. <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3 que se ordenara al Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia y al Ministro de la Defensa que se abstuvieran de emplear a las Fuerzas Militares en ese tipo de actividades. <\/p>\n
2. En los mismos t\u00e9rminos presentaron acci\u00f3n de tutela los se\u00f1ores Brandon Fernando Triana Pinilla, Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez. <\/p>\n
3. Tr\u00e1mite procesal de acumulaci\u00f3n <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, mediante auto del 21 de septiembre de 2020, acumul\u00f3 las acciones de tutela en las que exist\u00eda identidad de objeto, de sujetos pasivos y de causa, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1834 de 2015, por tanto fueron integradas al expediente 2020-01374-007 los siguientes tr\u00e1mites constitucionales: 2020-00536-018, 2020-01386-019, 2020-00240-0010 y 2020-00271-0011 promovidas, en su orden, por F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, Brandon Fernando Triana Pinilla, Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la competencia para conocer los asuntos objeto de acumulaci\u00f3n, el Tribunal precis\u00f3, en primer lugar, que \u00e9stos deb\u00edan adjuntarse al expediente 2020-01374-01, dado que fue admitido el 15 de septiembre de 2020, es decir, con anterioridad a los dem\u00e1s y, en segundo lugar, porque trat\u00e1ndose de acciones dirigidas contra el Presidente de la Rep\u00fablica, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (num. 3\u00ba del art. 189 CN), la facultad para decidir correspond\u00eda a dicha colegiatura y no a los Juzgados del Circuito, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1983 de 2017 y en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Presidencia de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 negar el amparo invocado, en consideraci\u00f3n i) a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los demandantes, por cuanto no probaron la vulneraci\u00f3n de sus derechos; ii) al principio de subsidiariedad, dado que lo ocurrido estaba siendo objeto de investigaci\u00f3n en la Justicia Ordinaria o en la Justicia Penal Militar y iii) al hecho de que la tutela estaba dirigida a atacar el contenido de normas de car\u00e1cter general y las disposiciones que contienen los protocolos que enmarcan el ejercicio de la funci\u00f3n de las autoridades de polic\u00eda, el empleo de la fuerza, armas de fuego, elementos, dispositivos, municiones y armas no letales, cuyo an\u00e1lisis no compete al juez constitucional. <\/p>\n
Tambi\u00e9n pidi\u00f3 desvincular al Presidente de la Rep\u00fablica, por no estar legitimado en la causa por pasiva, porque \u00abno ha dado ninguna orden frente a los hechos objeto de estudio, por el contrario, sigue invitando a que las manifestaciones sean garantizadas (\u2026) NO act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n legal ni judicial de entidad alguna, porque \u00e9l no es la autoridad de mayor jerarqu\u00eda de las entidades de la rama ejecutiva del Orden Nacional, pues lo son (\u2026) los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos en el orden nacional de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
2. La apoderada que adujo actuar en nombre del Presidente de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que la muerte de Javier Ord\u00f3\u00f1ez estaba siendo objeto de investigaci\u00f3n y que dicha circunstancia, as\u00ed como las expuestas en la tutela sobre el desarrollo de las marchas y las actuaciones de la Polic\u00eda Nacional \u00abson apreciaciones subjetivas (\u2026) que escapan a la finalidad (\u2026) de los hechos por los cuales la parte actora se considera vulnerada y\/o perjudicada\u00bb. De otro lado, reiter\u00f3 los argumentos de la Presidencia de la Rep\u00fablica, relativos a la ausencia de vulneraci\u00f3n de derechos, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva y subsidiariedad. <\/p>\n
3. El Ministerio de Defensa sostuvo que la tutela era improcedente, porque no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, la condici\u00f3n de vulnerabilidad del accionante ni la transgresi\u00f3n de los derechos invocados. A su vez, se\u00f1al\u00f3 que el derecho a la paz es una garant\u00eda colectiva que no puede ser amparada por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que el Presidente de la Rep\u00fablica es el Comandante de todas las Fuerzas Militares de Colombia, por tanto, \u00abes quien tiene la potestad de decidir en situaci\u00f3n de orden p\u00fablico en donde peligre la vida y los bienes de los ciudadanos, si salen a las calles las Fuerza Militares\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n puso de presente que, en ejercicio de sus facultades, hab\u00eda asumido poder preferente, para la investigaci\u00f3n de los hechos en los que se soportaba la acci\u00f3n de tutela. Por su parte, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles alleg\u00f3 un escrito, en que indic\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico no era la entidad llamada a responder por la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
5. Las Fiscal\u00edas 58, 326, 371 y 415 de la Unidad de Vida de Bogot\u00e1 informaron que, en dichas dependencias, se adelantaban las investigaciones asignadas para esclarecer las situaciones descritas en el tr\u00e1mite constitucional. A su vez, algunas de ellas hicieron menci\u00f3n a la reserva de las mismas y a la falta de legitimaci\u00f3n de los tutelantes, por no ser parte en los procesos penales respectivos, dado que no ten\u00edan v\u00ednculo alguno con las v\u00edctimas. <\/p>\n
6. La Polic\u00eda Nacional manifest\u00f3, con fundamento en las normas que regulan a la instituci\u00f3n, que el personal \u00abuniformado, tiene la obligaci\u00f3n constitucional de prestar el servicio en todo el territorio nacional, con el fin de efectuar un control social efectivo, en aras de repeler las conductas que alteran el orden p\u00fablico, y los comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana\u00bb; de manera que, en determinados momentos, deb\u00eda acudir al \u00abuso leg\u00edtimo de la fuerza para cumplir tal cometido\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el ejercicio de los derechos de unos ciudadanos no pod\u00eda afectar las garant\u00edas constitucionales de otros ni generar un desequilibrio irrazonable frente a los terceros, la seguridad y el orden p\u00fablico; tampoco pod\u00eda significar un bloqueo absoluto de la vida en sociedad. Con base en ello, se\u00f1al\u00f3 que las protestas, por la muerte del se\u00f1or Ord\u00f3\u00f1ez, desbordaron la concepci\u00f3n pac\u00edfica del derecho de reuni\u00f3n, causando afecciones graves a las dem\u00e1s personas. <\/p>\n
Como soporte de sus afirmaciones alleg\u00f3 unas im\u00e1genes que mostraban las incineraciones y los da\u00f1os causados a las sedes de los Centros de Atenci\u00f3n Inmediata, CAI, de Villa Luz, La Gaitana, La Libertad y Gal\u00e1n, entre otros, y report\u00f3 que un total de 62 CAI resultaron afectados con las protestas ocurridas en Bogot\u00e1 el 9 y el 10 de septiembre de 202012. Para el efecto, cit\u00f3 distintos v\u00ednculos web de informaci\u00f3n p\u00fablica13. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que i) las manifestaciones no fueron anunciadas, raz\u00f3n por la cual no se pudieron activar los protocolos de atenci\u00f3n para ese tipo de actividades; ii) ante los hechos de vandalismo en contra de las unidades de polic\u00eda fue necesario intervenir para proteger los bienes p\u00fablicos y fiscales, restablecer el orden y salvaguardar los derechos inherentes a la poblaci\u00f3n en general, as\u00ed como sus propias vidas; iii) la intervenci\u00f3n del cuerpo policial se enfoc\u00f3 en la dispersi\u00f3n de los ciudadanos violentos, que estaban generando caos, vandalismo, hurtos y lesiones personales, tanto a los uniformados como a la ciudadan\u00eda, as\u00ed como de quienes ocasionaron \u00abda\u00f1os y destrucci\u00f3n al sistema integrado de transporte p\u00fablico en toda la ciudad\u00bb14. <\/p>\n
Por otra parte, sostuvo que las marchas del 9 y el 10 de septiembre de la anterior anualidad no contaron con un informe previo de la alcald\u00eda de Bogot\u00e1 y tampoco tuvieron un l\u00edmite jurisdiccional, por factor territorial, que permitiera a las autoridades pol\u00edtico administrativas proporcionar el apoyo y el acompa\u00f1amiento que este tipo de eventos requiere; adem\u00e1s, fueron direccionadas a atacar y destruir la infraestructura de las instalaciones policiales, situaci\u00f3n que gener\u00f3 zozobra en la poblaci\u00f3n y graves afectaciones a los bienes del Estado, incluyendo heridas a 193 uniformados. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que los manifestantes incumplieron con las medidas de protecci\u00f3n dispuestas por el Gobierno Nacional con ocasi\u00f3n de la pandemia generada por el Covid19. <\/p>\n
Report\u00f3 que, por los hechos denunciados, se hab\u00eda dado apertura a 66 investigaciones disciplinarias, que vincular\u00edan a 99 polic\u00edas, y que exist\u00edan 2 procesos por la muerte del se\u00f1or Javier Ord\u00f3\u00f1ez, que involucraban a 7 funcionarios, quienes fueron suspendidos provisionalmente (en una de ellas se aplic\u00f3 poder preferente por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n). Adicionalmente, relat\u00f3 que hab\u00eda 11 investigaciones marco, con elementos probatorios, para vincular a 92 uniformados, que 35 polic\u00edas aceptaron haber disparado y 57 que presentaban faltante de munici\u00f3n. Otras 50 investigaciones se hab\u00edan iniciado, en raz\u00f3n a publicaciones de videos en medios de comunicaci\u00f3n y en redes sociales, en los que se observaban a 23 funcionarios disparando, procesos que se encontraban en etapa de individualizaci\u00f3n, pues los videos no garantizaban una \u00f3ptima calidad de imagen. A su vez, indic\u00f3 que hab\u00eda 3 investigaciones abiertas de oficio que a\u00fan no ten\u00edan vinculados. <\/p>\n
7. El Ministerio del Interior aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva e improcedencia de la acci\u00f3n, por existir otros medios de defensa. <\/p>\n
8. La Defensor\u00eda del Pueblo solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite y manifest\u00f3 que no ten\u00eda facultades para investigar los hechos referidos en la tutela. Se\u00f1al\u00f3 que el Defensor del Pueblo efectu\u00f3 un pronunciamiento previo, en que pidi\u00f3 revisar los procedimientos policiales y no reprobar el derecho a la protesta pac\u00edfica que tienen los colombianos. <\/p>\n
9. La Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que era respetuosa del derecho a participar en manifestaciones p\u00fablicas y pac\u00edficas y que lo pretendido en la acci\u00f3n constitucional era que se adoptaran medidas sobre el uso de las armas de fuego y de la fuerza p\u00fablica, lo cual escapaba a su competencia. <\/p>\n
Sostuvo que la acci\u00f3n era improcedente, pues no se demostr\u00f3 c\u00f3mo se hab\u00edan vulnerado los derechos particulares invocados. Adujo que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en consideraci\u00f3n a que no conculc\u00f3 garant\u00eda alguna. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1. El 24 de septiembre de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras profiri\u00f3 sentencia dentro de los expedientes acumulados con radicados 2020-01374-00, 2020-00536-01 y 2020-01386-01, promovidos por F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, Brandon Fernando Triana Pinilla y Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, respectivamente, accediendo parcialmente a sus pretensiones. <\/p>\n
En primer lugar, el a quo constitucional precis\u00f3 que los derechos de reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n p\u00fablica y protesta social estaban llamados a prevalecer frente a otras garant\u00edas individuales y que el Estado ten\u00eda el deber de proteger su desarrollo en condiciones pac\u00edficas y de intervenir, \u00fanicamente, cuando dicha condici\u00f3n se alterara de manera grave e injustificada, siendo su obligaci\u00f3n, en esos casos, individualizar a los responsables de los actos violentos. <\/p>\n
Respecto del derecho a la paz, se\u00f1al\u00f3 \u00abque es un deber\u00bb y que, si bien \u00abpuede entrar en tensi\u00f3n con el ejercicio de reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n y protesta, (\u2026) no debe confundirse con el derecho a la tranquilidad individual, y que se trata de un derecho de car\u00e1cter colectivo que por su generalidad (\u2026) y, por ende, su vigencia no es posible garantizarla mediante la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Frente a las alegaciones de algunos de los accionados relativas a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, el Tribunal indic\u00f3 que dicho presupuesto \u00abno se acredita teniendo en cuenta la constataci\u00f3n de una vulneraci\u00f3n y\/o una amenaza efectiva de los derechos fundamentales de la persona, sino por el hecho de advertir si \u00e9sta \u00faltima, en el asunto que propone, es titular o no de los derechos que solicita amparar y\/o tiene un inter\u00e9s directo y particular de cara al proceso o el fallo que en el mismo podr\u00eda adoptarse\u00bb. Con base en lo anterior, determin\u00f3 que \u00ablos promotores del amparo son ciudadanos que acudieron directamente ante el juez constitucional para solicitar que se les protejan derechos de los que, sin duda, son titulares como ciudadanos del Estado colombiano (\u2026) por tal raz\u00f3n les asiste un claro y leg\u00edtimo inter\u00e9s para iniciar una petici\u00f3n de amparo al estimar que estar\u00edan afectados y\/o amenazados por omisiones de determinadas autoridades p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del Presidente de la Rep\u00fablica, el a quo constitucional manifest\u00f3 que a \u00e9l le corresponde \u00ab\u2018conservar en todo el territorio el orden p\u00fablico y restablecerlo donde fuere turbado\u2019, orden p\u00fablico entendido \u2018como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos\u2019, que se mantiene mediante el poder de polic\u00eda, atribuido por mandato constitucional a diversas autoridades, pero de manera principal y primera al Presidente de la Rep\u00fablica. 39. Ahora bien (\u2026) no cabe duda que el control al poder de polic\u00eda, cuando de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se trata, (puede) ejercerse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, y que por lo tanto, el Presidente de la Rep\u00fablica principal custodio del orden p\u00fablico y depositario del poder de polic\u00eda, (puede) ser sujeto de manera directa de esta, cuando se considere que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulnere, o solamente sit\u00fae en condici\u00f3n de amenaza los derechos humanos de car\u00e1cter constitucional o inherentes a la condici\u00f3n humana\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que las irregularidades cometidas en el procedimiento policial de detenci\u00f3n de Javier Ord\u00f3\u00f1ez, su muerte, las manifestaciones ocurridas el 9 y el 10 de septiembre de 2020, los enfrentamientos entre la poblaci\u00f3n civil y miembros de la Polic\u00eda Nacional y el uso excesivo e ileg\u00edtimo de la fuerza p\u00fablica eran hechos notorios, para lo cual cit\u00f3 algunas noticias difundidas en medios de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n registrada en distintas redes sociales. <\/p>\n
Precis\u00f3 el juez a quo que \u00abEs cierto que los accionantes no probaron (\u2026) que como consecuencia de los hechos que ocurrieron los d\u00edas nueve y diez de septiembre de 2020, padecieron un menoscabo o una afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales que solicitan proteger (\u2026) Sin embargo, cabe recordar que la acci\u00f3n de tutela no solamente tiene por objeto determinar si con base en los hechos alegados y acreditados se presentaron afectaciones o quebrantos iusfundamentales, sino que, tambi\u00e9n tiene por prop\u00f3sito verificar si (\u2026) los derechos fundamentales de las personas se encuentran amenazados\u2026\u00bb; por tanto, consider\u00f3 que las situaciones notorias \u00aben que se fundaron los reclamos constitucionales, tienen la fuerza suficiente para amenazar, colocar en riesgo o en serio peligro, los derechos a la vida, a la libertad de expresi\u00f3n, y a la reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n p\u00fablica y pac\u00edfica de los ciudadanos accionantes. No as\u00ed en lo que respecta al derecho a la paz cuyo contenido y alcance (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo ocurrido en las jornadas de movilizaci\u00f3n y protesta de septiembre de 2020 y soportado en los mencionados hechos notorios, el Tribunal adujo que \u00abintegrantes de la Polic\u00eda Nacional desplegaron acciones que redundaron en uso excesivo e ilegitimo de la fuerza p\u00fablica que se les autoriza emplear para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, y restablecer el orden p\u00fablico cuando se producen alteraciones al mismo\u00bb. Por su parte, en relaci\u00f3n con las \u00abmuertes violentas atribuidas a armas de fuego, acaecidas durante las protestas en un lapso de 48 horas (entre siete y quince personas) sostuvo que, si bien \u00abno existen elementos de juicio para atribuirlas a la fuerza p\u00fablica, permiten como m\u00ednimo evidenciar un preocupante d\u00e9ficit de protecci\u00f3n del derecho a la vida que debe ser una de las funciones del poder de polic\u00eda\u00bb, pues el n\u00famero de fallecidos \u00abresulta incluso desproporcionado si se compara con las producidas en hechos de similar naturaleza ocurridos en otros pa\u00edses de manera reciente\u00bb. Afirm\u00f3 que, a pesar de la notoriedad de las situaciones descritas, \u00abla l\u00ednea de mando de la Polic\u00eda Nacional de Colombia (\u2026) no (actu\u00f3) con la urgencia y la inmediatez necesaria para ordenar a sus subalternos moderar el uso de la fuerza, no emplear armas de fuego y\/o portar adecuadamente sus uniformes para efecto de su identificaci\u00f3n en el marco de los procedimientos policiales\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el Tribunal aclar\u00f3 que \u00abNo se desconoce que, particularmente, el ejercicio del derecho reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n p\u00fablica a veces desborda el car\u00e1cter pac\u00edfico y potencia que con la misma acaezcan actos violentos. Tampoco se pasa por alto que el citado derecho inevitablemente colisiona o entra en tensi\u00f3n con otros derechos, tambi\u00e9n fundamentales, de terceros. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro justifican abusos en el ejercicio de la fuerza, pues (\u2026) No es consecuente que un \u00f3rgano constitucional, con el pretexto de restablecer el orden p\u00fablico, llegue a actuar como un factor de \u2018desestabilizaci\u00f3n institucional\u2019 al no sujetarse estrictamente al mandato constitucional de garantizar, por igual, a todos los ciudadanos, las \u2018condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades p\u00fablicas\u2019 (\u2026) La ocurrencia de actos violentos durante las protestas por parte de algunas personas es una circunstancia que, en s\u00ed misma, no lleva a calificar como violenta o no pac\u00edfica la manifestaci\u00f3n p\u00fablica (\u2026) Los terceros que no participan de las manifestaciones deben soportar limitaciones a algunos de sus derechos. Por supuesto, esto no significa que sus derechos sean menos importantes y por ello el Estado no deba desplegar esfuerzos para impedir que sufran menoscabo. Todo lo contrario, significa que el Estado, m\u00e1s bien, debe obrar con los criterios de ponderaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, resolvi\u00f3 amparar los derechos fundamentales de los accionantes y, en consecuencia, dispuso adoptar, como medidas de protecci\u00f3n, las siguientes: i) Extender, a favor de los tutelantes, los efectos del fallo emitido el 22 de septiembre de 2020 por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela con radicaci\u00f3n 2019-02527-02 (STC7641-2020) y ii) Ordenar a la Polic\u00eda Nacional, mediante sus l\u00edneas de mando encabezadas por el Presidente de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Defensa Nacional y el Director General de la Polic\u00eda, que en un t\u00e9rmino de 48 horas: <\/p>\n
\u00ab51.3.1. Requieran directamente a sus subalternos moderar el uso de la fuerza y portar adecuadamente sus uniformes para efecto de su identificaci\u00f3n en el marco de los procedimientos y\/o intervenciones policiales en las reuniones y manifestaciones p\u00fablicas y pac\u00edficas. <\/p>\n
51.3.2. Teniendo en cuenta lo previsto en el art. 222 CN, adopten una campa\u00f1a de ense\u00f1anza, promoci\u00f3n, salvaguarda y defensa de los derechos humanos a los integrantes de la Polic\u00eda Nacional de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, el Tribunal neg\u00f3 las peticiones relacionadas con el inicio de investigaciones, para esclarecer las muertes de los ciudadanos mencionados en las acciones constitucionales, por improcedentes, por considerar que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para ese fin y que las autoridades competentes dieron cuenta de estar surtiendo los tr\u00e1mites penales y disciplinarios correspondientes. <\/p>\n
2. El 30 de septiembre de 2020, el Tribunal dict\u00f3 sentencia dentro de los expedientes 2020-00240-00 y 2020-00271-00, promovidos por Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez, respectivamente, en los mismos t\u00e9rminos del fallo del 24 de septiembre anterior. <\/p>\n
El a quo precis\u00f3 que, mediante auto del 21 de septiembre de 2020, hab\u00eda ordenado la acumulaci\u00f3n de los expedientes al tr\u00e1mite con radicado 2020-01374-00; no obstante, no fueron incluidos en la sentencia del 24 de septiembre del a\u00f1o en curso, por cuanto aqu\u00e9llos no fueron remitidos oportunamente. En ese aspecto, indic\u00f3 que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1834 de 2015, \u00ablas acciones de tutela que guarden similares caracter\u00edsticas se le env\u00eden a la autoridad judicial que, \u2018seg\u00fan las reglas de competencia\u2019, conoci\u00f3 la primera de ellas \u2018incluso despu\u00e9s del fallo de instancia\u2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. Brandon Fernando Triana Pinilla, tutelante en el expediente 2020-00536-00, present\u00f3 impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 24 de septiembre de 202015, mediante la cual solicit\u00f3 que se revoque parcialmente la decisi\u00f3n atacada, toda vez que \u00abno PROHIBE EL USO DE ARMAS DE FUEGO para efectos de controlar \u00fanica y exclusivamente protestas y reuniones pac\u00edficas (derecho fundamental y pieza clave de la democracia y el control que ejerce la oposici\u00f3n ciudadana)\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de su petici\u00f3n, sostuvo que el uso de las armas de fuego y la acci\u00f3n desmedida de la fuerza en los hechos ocurridos el 9 y el 10 de septiembre del a\u00f1o pasado causaron la muerte de 14 personas en Bogot\u00e1 y Soacha, lo cual se pod\u00eda comprobar con lo publicado en los distintos medios de informaci\u00f3n; sin embargo, \u00aba la fecha la Procuradur\u00eda, Fiscal\u00eda General y Polic\u00eda NO han suspendido de sus cargos los presuntos polic\u00edas responsables de la muerte y heridas (\u2026) vulnerando el derecho a la verdad y al debido proceso a las v\u00edctimas personas que incluso caminaban por las zonas de protestas sin siquiera participar de la marcha, ADICIONAL A LA FECHA NO SE SABE RESULATADO ALGUNO DE INVESTIGACIONES\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que la sentencia acusada \u00abnos hace parte de la sentencia emanada en septiembre por la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb; no obstante, precis\u00f3 que la misma s\u00f3lo \u00abse refiere a los hechos y omisiones realizadas por el ESMAD en noviembre y diciembre de 2019; pero no los hechos diferentes y a\u00fan m\u00e1s graves realizados por la polic\u00eda de los cuadrantes los d\u00edas 09 y 10 de septiembre de la anualidad\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional indic\u00f3 que \u00absiguen estigmatizando la protesta pac\u00edfica, indicando en multiplicidad de ocasiones que los protestantes pertenecen a guerrillas\u00bb, lo que, en su caso, es \u00abuna mentira\u00bb, pues es un ciudadano que act\u00faa \u00aben correcta forma apegado y respetando el estado social de derecho y la institucionalidad\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que los polic\u00edas segu\u00edan \u00abutilizando sus chalecos frente a su uniforma (sic) haciendo imposible su identificaci\u00f3n\u00bb. Lo anterior, se pod\u00eda vislumbrar en \u00ablos recorridos diarios por la ciudad de Bogot\u00e1 y el pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reiter\u00f3 que se reafirmaba \u00aben los hechos, peticiones, pruebas y fundamentos expuestos en la tutela\u00bb inicial. <\/p>\n
2. Auto que concede la impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El Tribunal, mediante providencia del 9 de octubre de 2020, concedi\u00f3 el recurso que Brandon Fernando Triana Pinilla interpuso contra la sentencia del 24 de septiembre de esa anualidad, dentro de las acciones de tutela 2020-01374-01, 2020-00536-01 y 2020-01386-0016. Asimismo, el Tribunal concedi\u00f3 dicho recurso frente al fallo del 30 de septiembre de 2020, el cual decidi\u00f3, en los mismos t\u00e9rminos, los expedientes 2020-00240-00 y 2020-00271-00, por cuanto todos los asuntos hab\u00edan sido acumulados al 2020-01374-01. <\/p>\n
<\/p>\n
V. PRUEBAS ALLEGADAS AL TR\u00c1MITE <\/p>\n
EN SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n
Previo a decidir el asunto y teniendo en cuenta lo ordenado en esta instancia en auto del 10 de diciembre de 2020, se alleg\u00f3 la siguiente informaci\u00f3n relevante al proceso de la referencia: <\/p>\n
1. Informe de la Polic\u00eda Nacional seg\u00fan el cual, mediante Resoluci\u00f3n 1139 de 202017, el Ministerio del Interior expidi\u00f3 un protocolo con medidas urgentes, para garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pac\u00edficamente. Igualmente, hizo menci\u00f3n al comunicado del 28 de septiembre de 2020 y al Instructivo de la misma fecha, referidos a la obligatoriedad de acatar la correcta utilizaci\u00f3n del uniforme y el empleo adecuado de la fuerza, as\u00ed como a las actividades de difusi\u00f3n del comunicado y del instructivo, del c\u00f3digo de conducta y de la reglamentaci\u00f3n sobre el uso de la fuerza p\u00fablica. <\/p>\n
En cuanto a las gestiones realizadas frente a las manifestaciones del 11 de septiembre de 2020, adujo que se emitieron 21 \u00f3rdenes e instructivos, a trav\u00e9s del \u00abPMU Estrat\u00e9gico DIPON (Acta No. 038-DISEC-ASJUR 2.25)\u00bb, para comandantes de regi\u00f3n, departamentos y metropolitanos del pa\u00eds, y 14 que fueron expedidas por \u00abPoligrama (\u2026)\u00bb, para direcciones, oficinas asesoras y unidades de polic\u00eda. <\/p>\n
Del acta 038 adjunta, suscrita por el Mayor General Director de Seguridad Ciudadana de la Polic\u00eda Nacional, se resaltan, entre otras, las siguientes instrucciones dadas a los comandantes de las distintas unidades: i) garantizar la protecci\u00f3n y respeto de los derechos humanos; ii) deber de observar los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad; iii) \u00abEn ning\u00fan caso, se usar\u00e1n armas de fuego en el control de disturbios, los comandantes deber\u00e1n dar amplia instrucci\u00f3n y verificar el cumplimiento de esta orden\u00bb; iv) constante supervisi\u00f3n y asesor\u00eda en los procedimientos de polic\u00eda; v) en caso de registrarse procedimientos policiales donde sea necesario la utilizaci\u00f3n de la fuerza, los comandantes deben informar a las autoridades competentes y prestar el apoyo para las respectivas investigaciones; vi) registro escrito de dichas acciones; vii) brindar acompa\u00f1amiento a los polic\u00edas, \u00aben aras de encontrarse motivados para la adecuada prestaci\u00f3n del servicio hacia la ciudadan\u00eda\u00bb; viii) decreto de aislamiento de primer grado, para contar con personal disponible; ix) mantener las coordinaciones permanentes con las FFMM para, de ser necesario, realizar un trabajo articulado; x) coordinaci\u00f3n de los procedimientos que adelante la polic\u00eda judicial con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, los poligramas 1828 y 1829 requieren a los jefes de oficinas asesoras y comandantes de las unidades relacionadas que dispongan la cantidad de personal que se indica en los mismos, con los elementos para el servicio (chaqueta reflectiva, bast\u00f3n tonfa y pito), para atender la situaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, la Polic\u00eda Nacional puso de presente que, entre el 12 y el 13 de septiembre de 2020, se emitieron 30 \u00f3rdenes e instrucciones (PMU Estrat\u00e9gico DIPON, Actas 039 y 040 DISEC-ASJUR 2.25, poligramas (1840, 1845, 1847) y un comunicado oficial para la Direcci\u00f3n de Talento Humano de dicha Instituci\u00f3n (S-2020-025761-DISEC). <\/p>\n
Estas \u00f3rdenes e instrucciones fueron expedidas en cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n No. 00936 de 2013 y de la Directiva Operativa Transitoria No. 005 DIPOM-DISEC de 2020. <\/p>\n
2.1. Reporte del Ministerio de Defensa del 15 de octubre de 2020, en el cual informa al Defensor del Pueblo, entre otros asuntos, que el 24 de septiembre de esa anualidad el Ministro reiter\u00f3 a la opini\u00f3n p\u00fablica que, el 11 de septiembre anterior, \u00aben un acto espont\u00e1neo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, se\u00f1al\u00f3 que: \u2018(\u2026) la Polic\u00eda Nacional pide perd\u00f3n por cualquier violaci\u00f3n a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la instituci\u00f3n\u2019\u00bb, en relaci\u00f3n con los hechos ocurridos en las manifestaciones de noviembre de 2019. Esta declaraci\u00f3n p\u00fablica fue reiterada por el Ministro y difundida a trav\u00e9s de distintos medios el 7 de octubre de 2020. <\/p>\n
2.2. Informe de la Polic\u00eda Nacional del 21 de octubre de 2020, dirigido al Defensor del Pueblo, en el cual indica que el Director General de la Polic\u00eda Nacional, mediante \u00abcomunicaci\u00f3n oficial No. S-2020-018496-DIPON del veinticuatro (24) de septiembre de la presente anualidad remiti\u00f3 al se\u00f1or Mayor General (\u2026), la orden emanada por el despacho judicial, haciendo claridad que desde el mes de enero del presente a\u00f1o, por parte de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del uso de la escopeta calibre 12 y por tal raz\u00f3n la Polic\u00eda Nacional envi\u00f3 dichas armas a los armerillos para su respectivo mantenimiento, las cuales en la actualidad se encuentran almacenadas hasta nueva orden\u00bb, y relaciona los documentos a trav\u00e9s de los cuales se han impartido instrucciones, para la ejecuci\u00f3n de dicha medida al interior de la entidad. <\/p>\n
2.3. Informe de la Presidencia de la Rep\u00fablica del 30 de octubre de 2020, del cual se extraen algunas de las gestiones realizadas: <\/p>\n
<\/p>\n
* Convocatoria p\u00fablica, difundida en diarios nacionales el 10 y el 11 de octubre de 2020, para que los interesados participaran en la mesa de trabajo dispuesta para el 14 de octubre siguiente, con el prop\u00f3sito de definir un protocolo para el uso de la fuerza del Estado y la protecci\u00f3n del derecho a la protesta pac\u00edfica.<\/p>\n
* Elaboraci\u00f3n de un instructivo, para participar virtualmente en la misma.<\/p>\n
* Instalaci\u00f3n de la mesa en la fecha referida, a la cual asistieron, presencialmente, 27 empleados de entidades p\u00fablicas y 31 personas, por conexi\u00f3n en l\u00ednea.<\/p>\n
* En la sesi\u00f3n se conform\u00f3 la Comisi\u00f3n Log\u00edstica de la Mesa de Trabajo.<\/p>\n
* El 21 de octubre se public\u00f3 el cronograma de trabajo, con sesiones hasta el 18 de diciembre siguiente. De otro lado, se cre\u00f3 una p\u00e1gina web para la mesa. <\/p>\n
2.4. Informe de la Defensor\u00eda del Pueblo, emitido el 20 de noviembre de 2020, en el cual reporta las gestiones adelantadas por la entidad, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
* En conjunto con la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se elabor\u00f3 el documento denominado \u00abGu\u00eda de Acompa\u00f1amiento a las Movilizaciones Ciudadanas: Alcance de Intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico\u00bb18.<\/p>\n
* En relaci\u00f3n con la estrategia de promoci\u00f3n y divulgaci\u00f3n del derecho a la protesta, con ocasi\u00f3n de la movilizaci\u00f3n de la Minga hacia Bogot\u00e1 y las manifestaciones del 21 de octubre de 2020, la Defensor\u00eda dise\u00f1\u00f3 \u00abpiezas publicitarias digitales, las cuales fueron divulgadas en la p\u00e1gina web de la Entidad y en redes sociales. Asimismo, se divulgaron tres (3) piezas m\u00e1s para ser divulgadas antes, durante y despu\u00e9s de las manifestaciones que se llevar\u00e1n a cabo el 19, 21, 23 y 25 de noviembre de 2020\u00bb.<\/p>\n
* En tr\u00e1mite la apropiaci\u00f3n de los recursos que permitan, a partir del primer trimestre del presente a\u00f1o, la producci\u00f3n de elementos de divulgaci\u00f3n y promoci\u00f3n en el marco de la estrategia de divulgaci\u00f3n del derecho a la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica19.<\/p>\n
* Funcionarios de la Defensor\u00eda participaron, el 11 de noviembre de 2020, en la actividad ESMAD por un d\u00eda, para dar a conocer los procedimientos, protocolos y escenarios de actuaci\u00f3n de los Escuadrones M\u00f3viles Antidisturbios. En la jornada se realizaron simulaciones de situaciones reales. Este ejercicio se realizar\u00e1 en 5 regiones del pa\u00eds. <\/p>\n
2.4.1. En cuanto a las jornadas de protestas previstas para el 19 de noviembre de 2020, la Defensor\u00eda report\u00f3 que las regionales visitaron las Unidades del ESMAD en las ciudades capitales en las que se organizaron manifestaciones, con el prop\u00f3sito de verificar el cumplimiento de los protocolos, \u00abel n\u00famero de efectivos disponibles, la debida identificaci\u00f3n del personal y los implementos usados por el ESMAD, dado caso se generasen disturbios y garantizando que no se utilizara la \u2018escopeta calibre 12\u2019, as\u00ed como nada distinto a los siguientes dispositivos\u00bb: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Mec\u00e1nicas cin\u00e9ticas: fusiles lanza gases y lanzadores m\u00faltiples; lanzadores de red nylon o materiales; lanzador de munici\u00f3n esf\u00e9rica; munici\u00f3n de goma; cartuchos impulsores.<\/p>\n
b. Agentes qu\u00edmicos: granadas con carga qu\u00edmica CS, OC; granadas fum\u00edgenas; cartuchos con carga qu\u00edmica CS, OC; cartuchos fum\u00edgenos.<\/p>\n
c. Ac\u00fasticas y lum\u00ednicas: granadas de aturdimiento; granadas de luz y sonido; cartuchos de m\u00faltiple impacto; cartuchos de aturdimiento.<\/p>\n
d. Dispositivo de control el\u00e9ctrico y auxiliares: lanzadores m\u00faltiples el\u00e9ctricos; bast\u00f3n policial; veh\u00edculos antimotines y antidisturbios; dispositivo lanza agua. <\/p>\n
Igualmente, inform\u00f3 que la funcionaria enlace de la Defensor\u00eda del Pueblo estuvo en contacto permanente con el oficial asignado por la Polic\u00eda Nacional, acompa\u00f1\u00f3 y monitore\u00f3 el desarrollo de las protestas en las distintas regiones del pa\u00eds, enviando reportes cada dos horas; la entidad hizo presencia en la marcha que sali\u00f3 del Parque Nacional hacia la Plaza de Bol\u00edvar, en el C4 Distrital y en el PMU Nacional, as\u00ed como en las 4 Unidades de Reacci\u00f3n Inmediata de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en Bogot\u00e1 y en la sede de esa entidad en Paloquemao. <\/p>\n
Report\u00f3 que, \u00abseg\u00fan informaci\u00f3n recolectada en el PMU Nacional, el d\u00eda 19 de noviembre se presentaron 126 actividades (\u2026) en 74 municipios, con una participaci\u00f3n aproximada de 11.700 personas (\u2026) Se realizaron 5 intervenciones por parte del ESMAD en las ciudades de Cali (\u2026) Popay\u00e1n (\u2026) y Pasto (\u2026), sin que en ninguna de \u00e9stas resultara lesionada alguna persona. Adicionalmente, el comandante del ESMAD, hizo entrega de la informaci\u00f3n de cada procedimiento, con los nombres de los comandantes a cargo y la respectiva descripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, durante esta jornada, se realiz\u00f3 un piloto con una plataforma de inteligencia artificial, para recibir reportes de las defensor\u00edas a nivel nacional, para supervisar las actividades desarrolladas para la protecci\u00f3n de los derechos humanos de los participantes. Este sistema, seg\u00fan el reporte, permite recolectar informaci\u00f3n en tiempo real, identificar patrones de alerta y tomar acciones oportunas. <\/p>\n
De otro lado, inform\u00f3 que, para atender las jornadas programadas entre el 13 y el 25 de noviembre de 2020, la Direcci\u00f3n Nacional de Atenci\u00f3n y Tr\u00e1mite de Quejas, mediante memorando del 11 de noviembre dirigido a los defensores (as) regionales, emiti\u00f3 instrucciones para el monitoreo y acompa\u00f1amiento de las mismas, atendiendo el Protocolo para la Atenci\u00f3n de la Protesta Social, establecido por la Resoluci\u00f3n 073 de 2020. <\/p>\n
2.4.2. En cuanto a las protestas realizadas en septiembre de 2020, inform\u00f3 que realiz\u00f3 una jornada de atenci\u00f3n especializada a v\u00edctimas de presuntos abusos policiales, por lo cual recibi\u00f3 20 quejas que se remitieron a la Procuradur\u00eda y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.4.3. Otras actividades de gesti\u00f3n reportadas por la Defensor\u00eda del Pueblo y remitidas a este tr\u00e1mite por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1: <\/p>\n
<\/p>\n
* Memorando del 16 de octubre de 2020, de la Direcci\u00f3n de Nacional de Atenci\u00f3n y Tr\u00e1mite de Quejas de la entidad, que se\u00f1ala que, el 15 de octubre de ese a\u00f1o, se realiz\u00f3 la jornada de atenci\u00f3n a v\u00edctimas de presuntos abusos policiales, en el marco de las protestas sociales del 9 y el 10 de septiembre en Bogot\u00e1, donde se dio orientaci\u00f3n a las familias y afectados, \u00abpara garantizar el pleno conocimiento de las rutas de acceso a la justicia, as\u00ed como la gesti\u00f3n para la activaci\u00f3n de las rutas de protecci\u00f3n correspondientes\u00bb, y se brind\u00f3 una asesor\u00eda en la cual se solicit\u00f3 la asignaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico. En dicha actividad, el Defensor del Pueblo \u00abexpres\u00f3 su solidaridad, acompa\u00f1\u00f3 a las v\u00edctimas y les manifest\u00f3 que \u2018como Defensor\u00eda tenemos instrumentos servicios y toda una oferta institucional para buscar la protecci\u00f3n de sus derechos\u2019\u00bb.<\/p>\n
* El 11 de noviembre de 2020 se conform\u00f3 un equipo multidisciplinario de servidores, para hacer \u00abla revisi\u00f3n de los diferentes planes y programas de formaci\u00f3n en derechos humanos que imparte la Polic\u00eda Nacional a sus integrantes con base en la informaci\u00f3n suministrada por la DINAE\u00bb.<\/p>\n
* El 19 de noviembre de 2020 se llevaron a cabo conversaciones \u00abcon la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja en Colombia, con el prop\u00f3sito de suscribir un convenio de cooperaci\u00f3n acad\u00e9mica, para la revisi\u00f3n de los procesos de formaci\u00f3n en materia de Derecho Internacional Humanitario en la Polic\u00eda Nacional, as\u00ed como para adelantar capacitaciones con grupos espec\u00edficos\u00bb.<\/p>\n
* Tambi\u00e9n se han adelantado los tr\u00e1mites para contratar los servicios acad\u00e9micos de una universidad, a fin de realizar un piloto de capacitaci\u00f3n con 150 estudiantes de la Escuela Metropolitana de Bogot\u00e1, sobre la garant\u00eda del derecho a la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica, el manejo de emociones en situaciones de estr\u00e9s y la responsabilidad de la fuerza p\u00fablica. Igualmente se plane\u00f3 una estrategia de formaci\u00f3n con un instituto internacional para miembros de alto nivel de la Polic\u00eda Nacional y representantes de la sociedad civil.<\/p>\n
* La Polic\u00eda Nacional y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n elaboraron un protocolo, para verificar los \u00abcasos de capturas y traslados de personas durante el desarrollo de las protestas (\u2026) crea una instancia de coordinaci\u00f3n, control y verificaci\u00f3n de garant\u00edas de derechos fundamentes que sesionar\u00e1 paralelo a cada Puesto de Mando Unificado (PMU) en las capitales de departamento donde se llevan a cabo las manifestaciones y protestas (\u2026) Asimismo, establece el mecanismo de convocatoria de la instancia creada y determina la hoja de ruta para la intervenci\u00f3n de autoridades en casos de traslado por protecci\u00f3n de los Centros de Traslado por Protecci\u00f3n y cuando se requiera adelantar procedimientos de aprehensi\u00f3n o captura. Por \u00faltimo, instituye un canal de informaci\u00f3n (\u2026) que consolida los datos registrados por la Polic\u00eda Nacional cuando se realizan procedimientos de captura, aprehensi\u00f3n o traslado por protecci\u00f3n durante el desarrollo de manifestaciones o protestas social (\u2026) las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de Naciones Unidas, entre otros interesados, pueden acceder a dicha informaci\u00f3n, ya que ser\u00e1 la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la encargada de comunicar y responder por los requerimientos consolidados\u00bb.<\/p>\n
* Informe de las 23 mesas de trabajo desarrolladas por la Defensor\u00eda del Pueblo, entre 24 de septiembre y el 19 de octubre de 2020, con el fin de conocer los factores de incidencia en la limitaci\u00f3n y vulneraci\u00f3n del derecho a manifestare por parte de la fuerza p\u00fablica, de cumplir con las \u00f3rdenes a cargo de esa entidad, se\u00f1aladas en la sentencia STC-7641 de 2020, y de desarrollar una estrategia encaminada a prevenir o mitigar la violencia en el marco de la protesta social, que contaron con distintos intervinientes, como actores sociales, plataformas de DDHH, accionantes de la tutela en comento, constitucionalistas expertos, organizaciones de la sociedad civil y confesiones religiosas, la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, la Universidad del Rosario, Fenalco, la Fuerza P\u00fablica, los organismos de control y la Alcald\u00eda Distrital, entre otros. <\/p>\n
2.5. Informes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n del 6 de noviembre y del 3 de diciembre de 2020, que dieron cuenta de la disposici\u00f3n de escenarios de control o puestos de mando unificado \u2013PMU-, para que funcionaran antes y durante los eventos de marchas y protestas p\u00fablicas, con el fin de recibir y procesar las solicitudes provenientes de la ciudadan\u00eda y de organizaciones, garantizar la presencia de dicho organismo en terreno y su debida articulaci\u00f3n, hacer seguimiento en tiempo real a los acontecimientos enunciados y brindar asesor\u00eda al funcionario que act\u00fae como primer responsable en eventos de captura en flagrancia. <\/p>\n
Igualmente, los informes revelaron que, con ocasi\u00f3n de las protestas realizadas entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019, se instauraron 48 denuncias contra el ESMAD, de las cuales 37 estaban en indagaci\u00f3n y 11 inactivas (3 archivadas y 7 trasladadas a la Justicia Penal Militar); 41 denuncias fueron presentadas contra la Polic\u00eda, 27 estaban en indagaci\u00f3n y 14 inactivas (9 archivadas y 5 trasladadas a la Justicia Penal Militar). <\/p>\n
Por posibles delitos ocurridos en las manifestaciones realizadas en el 2020, se radicaron 7 quejas contra el ESMAD, 3 estaban activas, 3 fueron archivadas y 1 trasladada a la jurisdicci\u00f3n competente. Contra la Polic\u00eda se recibieron 109 noticias criminales (86 activas, 20 archivadas, 3 trasladadas). <\/p>\n
2.6. Otros documentos allegados, relacionados con las gestiones de la Personer\u00eda Distrital de Bogot\u00e1: <\/p>\n
* Registro de mesa de trabajo realizada el 6 de octubre de 2020, entre la Defensor\u00eda del Pueblo y la Personer\u00eda Distrital, para la articulaci\u00f3n institucional para la garant\u00eda de los derechos humanos y la protesta pac\u00edfica.<\/p>\n
* Oficio suscrito por la Personer\u00eda Distrital el 9 de octubre de 2020 y dirigido a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual report\u00f3, entre otros asuntos, que en las manifestaciones realizadas entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020 se judicializaron 88 personas, \u00abcon informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de los agentes del Ministerio P\u00fablico de la Personer\u00eda (\u2026) ante las Unidades de Reacci\u00f3n Inmediata URI\u00bb, y se recibieron y atendieron 202 requerimientos de ciudadanos, 47 denuncias sobre personas presuntamente desaparecidas, que fueron trasladadas a la Comisi\u00f3n de B\u00fasqueda de Personas Desaparecidas, a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. Precisa el documento que, \u00absi bien, p\u00fablicamente la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ha manifestado que todos y todas han sido ubicados con vida, algunos fueron retenidos y judicializados, otros volvieron por sus propios medios. Llamamos la atenci\u00f3n para que en garant\u00eda del acceso a la justicia y conocer la verdad, se aclare lo sucedido\u00bb.<\/p>\n
* Registro de mesa de trabajo convocada por la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, Personer\u00eda Delegada para la Protecci\u00f3n y la Defensa de los DDHH, realizada el 19 de octubre de 2020, con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el Juzgado 40 Administrativo del Circuito de la misma ciudad, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 11-001-3331040-2020-00266-00), cuyo fin fue analizar las condiciones en que se estaba desarrollando la reuni\u00f3n de la minga ind\u00edgena en Bogot\u00e1, la cual cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de los Ministerios del Interior y de Salud y Protecci\u00f3n Social, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Alcald\u00eda Distrital.<\/p>\n
* Registro de mesas de trabajo realizadas por la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 y la Personer\u00eda Distrital con distintas instituciones p\u00fablicas y organizaciones civiles, para definir acciones y protocolos para algunas protestas, entre ellas, la que hizo la minga ind\u00edgena en la capital de la Rep\u00fablica, en octubre de 2020.<\/p>\n
* Oficio de la Personer\u00eda Distrital de Bogot\u00e1 del 3 de noviembre de 2020, en que report\u00f3 que ha llevado a cabo actividades de promoci\u00f3n y divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre canales, para denunciar hechos de abuso de autoridad y empoderamiento de derechos; igualmente registr\u00f3 la realizaci\u00f3n de eventos de sensibilizaci\u00f3n con personal uniformado de la Polic\u00eda Nacional acerca del respeto de los derechos humanos y el uso de la fuerza, con la participaci\u00f3n de 1178 asistentes. As\u00ed como la asistencia a las mesas \u00abde Polic\u00eda, derechos humanos y convivencia, seguimiento a presuntos abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza, discriminaci\u00f3n, manifestaciones de xenofobia, transfobia entre otros\u00bb y para el \u00abseguimiento a casos de amenazas contra la vida e integridad personal en raz\u00f3n del desempe\u00f1o de acciones como defensores y defensoras de derechos humanos\u00bb. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social, inform\u00f3 que dicha unidad brind\u00f3 \u00abatenci\u00f3n a los ciudadanos que resultaron afectados producto de las manifestaciones p\u00fablicas llevadas a cabo los d\u00edas 9 a 11 de septiembre\u00bb, de conformidad con lo previsto en la Resoluci\u00f3n 0825 de 2018, que contempla el apoyo \u00aba personas hogares o familias en pobreza o vulnerabilidad que tiene dificultad para enfrentar situaciones sociales imprevistas y transitorias que desestabilizan o disminuyen su capacidad de respuesta, debido a diferentes factores de riesgo asociados que generan crisis o emergencia social\u00bb. <\/p>\n
Report\u00f3 que, para el caso en menci\u00f3n, la Subdirecci\u00f3n de Identificaci\u00f3n, Caracterizaci\u00f3n e Integraci\u00f3n activ\u00f3 a los profesionales del servicio, quienes, el 10 de septiembre de 2020, se desplazaron a la Fundaci\u00f3n Cardio Infantil, al Hospital Sim\u00f3n Bol\u00edvar y al Hospital de Suba, \u00abcon el fin de conocer la situaci\u00f3n de las personas que se encontraban en estas instituciones prestadoras de salud\u00bb. <\/p>\n
En la primera de ellas, se desarrollaron las siguientes gestiones: <\/p>\n
<\/p>\n
* Se estableci\u00f3 comunicaci\u00f3n con un familiar de la v\u00edctima de apellido Fonseca, \u00aba quien se le orient\u00f3 e inform\u00f3 sobre la prestaci\u00f3n del servicio de auxilio funerario, el cual fue prestado el d\u00eda 12 de septiembre del presente. Para este servicio funerario fueron autorizados los siguientes \u00edtems\u2026\u00bb.<\/p>\n
* En el caso de la v\u00edctima Gonz\u00e1lez Fory se brind\u00f3 orientaci\u00f3n e informaci\u00f3n sobre la prestaci\u00f3n de servicios funerarios; sin embargo, el pariente contactado manifest\u00f3 que har\u00edan el proceso por cuenta propia.<\/p>\n
* Se valid\u00f3 con la madre de uno de los heridos, de apellido Peralta, que fue dado de alta el 13 de septiembre. En raz\u00f3n a las indagaciones sobre las condiciones del n\u00facleo familiar correspondiente, se determin\u00f3 que cumpl\u00eda los \u00abcriterios para ingresar al servicio y se brinda apoyo con Bono Nutricional\u00bb.<\/p>\n
* Respecto del afectado Fern\u00e1ndez Acevedo se contact\u00f3 a su hermana, quien indic\u00f3 que \u00abel s\u00e1bado 12 de septiembre, le realizaron nuevamente cirug\u00eda y persisten problemas en el pulm\u00f3n resultado de impactos de bala\u00bb.<\/p>\n
* \u00abFinalmente, se identifican 4 heridos (3 por impacto de bala), y un 1 fallecido que se asiste desde el Servicio Enlace Social como ya se ha indicado\u00bb. <\/p>\n
En el Hospital Sim\u00f3n Bol\u00edvar \u00abse encontraban 23 heridos y 2 fallecidos de quienes a ese momento no se ten\u00eda identificaci\u00f3n\u00bb. Se efectu\u00f3 comunicaci\u00f3n con los familiares de uno de los heridos, quien fue \u00abtrasladado a la Cl\u00ednica Centenario ya que requer\u00eda de una cirug\u00eda en el brazo; le realizaron un tutor y contin\u00faa en recuperaci\u00f3n (\u2026) se contin\u00faa en comunicaci\u00f3n para conocer de su estado de salud\u00bb. <\/p>\n
En el Hospital de Suba ingresaron \u00ab46 heridos (30 heridos de bala) en la ma\u00f1ana del 10 de septiembre, de los cuales durante los siguientes d\u00edas continuaron13 hospitalizados y 3 fallecen. 1. En consecuencia, fueron contactados familiares de las tres personas fallecidas, a quienes se les brinda orientaci\u00f3n e informaci\u00f3n sobre los servicios ofrecidos por la Secretaria Distrital de Integraci\u00f3n Social, sin embargo, indicaron contar con seguros exequiales, raz\u00f3n por la cual no fueron gestionados servicios funerarios\u00bb. <\/p>\n
En el \u00abCAMI la Gaitana de Suba fallece una persona, pero no se logra establecer contacto por parte del equipo de la localidad\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, report\u00f3 que \u00abprofesionales del servicio identifican un grupo familiar de una de las personas que se encuentran heridas en el hospital, \u00e9l se encuentra en crisis o emergencia social, raz\u00f3n por la cual cumplen criterios para ingresar al servicio y se brinda apoyo con Bono Nutricional\u00bb. <\/p>\n
4. El municipio de Soacha, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Gobierno, inform\u00f3 que las movilizaciones en cuesti\u00f3n no hab\u00edan sido autorizadas ni puestas en conocimiento del municipio. <\/p>\n
Adujo que, con el fin de velar por la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de movilizaci\u00f3n, protesta pac\u00edfica, libre expresi\u00f3n, reuni\u00f3n y oposici\u00f3n, cuando se tiene conocimiento previo de \u00e9stas, se realizan una serie de actividades, como convocar e instalar el Puesto de Mando Unificado, dispositivos de seguridad a cargo de la Polic\u00eda Nacional, validaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, de oficio o a solicitud, de los elementos de dotaci\u00f3n de los uniformados, comisiones de verificaci\u00f3n de la sociedad civil, acompa\u00f1amiento de gestores de convivencia o funcionarios delegados, priorizaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n de los l\u00edderes de la movilizaci\u00f3n con los delegados de la Mesa de Seguimiento y el Ministerio P\u00fablico, uso de la fuerza cuando sea necesario, con base en los principios y est\u00e1ndares internacionales, de proporcionalidad, necesidad y racionalidad, entre otros. <\/p>\n
Frente a lo ocurrido el 9 y el 10 de septiembre de 2020 sostuvo que \u00abhicieron presencia el suscrito secretario de Gobierno el cual inform\u00f3 y comunic\u00f3 al Comando de Polic\u00eda de Soacha, respecto de los hechos que de all\u00ed se desprendieron, los mismos son objeto de investigaci\u00f3n de la autoridad competente de conformidad con el art\u00edculo 21 de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia con la Ley 1755 de 2015, lo anterior tambi\u00e9n fue con apoyo y conocimiento de la Personer\u00eda Municipal Soacha, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Comandante Distrito Especial de Polic\u00eda Soacha, Bomberos Soacha, Secretar\u00eda de Salud, por cuanto los hechos y dem\u00e1s son competencia de las respectivas autoridades para las investigaciones pertinentes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresi\u00f3n, la paz, la reuni\u00f3n y la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica y p\u00fablica, presuntamente vulnerados por las demandadas, en los hechos ocurridos entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020, por cuanto i) los miembros de la Polic\u00eda Nacional usaron \u00abde forma desproporcionada la fuerza para detener y reprimir\u00bb a los manifestantes, \u00abaccionando sus armas de fuego de dotaci\u00f3n\u00bb y agredieron a los participantes, lo cual evidenci\u00f3 que no ten\u00edan \u00abformaci\u00f3n y entrenamiento\u00bb adecuados para velar por el cuidado de los protestantes, ii) el Presidente, el Ministerio de Defensa y el Director de la Polic\u00eda han omitido ordenar al personal uniformado que se abstenga del uso desmedido de la fuerza y de utilizar el \u00abuniforme institucional de manera correcta\u00bb, para poder identificar a los respectivos funcionarios, y iii) la Polic\u00eda usa \u00ablas v\u00edas de hecho y se aparta de su deber de cuidado y custodia de las vidas de los ciudadanos al no respetar los procedimientos policivos\u00bb. <\/p>\n
2. Como se sabe, dado que el deber del juez constitucional es velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales, se ha aceptado su intervenci\u00f3n bajo la modalidad extra y ultra petita. En efecto, mem\u00f3rese que es deber del juez de tutela instar por la salvaguarda de los derechos fundamentales que encuentre conculcados al examinar determinada acci\u00f3n de tutela. Ello le permite realizar un estudio panor\u00e1mico del caso concreto puesto de presente para as\u00ed adoptar las decisiones que se requieran para conjurar la vulneraci\u00f3n o amenaza que encuentre probada. <\/p>\n
La misma l\u00f3gica gobierna la garant\u00eda de la non reformatio in pejus, cuya aplicaci\u00f3n se ha excepcionado en trat\u00e1ndose de sentencias de tutela dictadas en segunda instancia por los jueces constitucionales. Ello pues, se reitera, es obligaci\u00f3n del juez constitucional velar por la prevalencia de la Carta Pol\u00edtica y de los derechos fundamentales, con independencia de si la situaci\u00f3n del apelante se ve agravada por la nueva determinaci\u00f3n tomada por el ad quem. <\/p>\n
Al respecto, ha establecido esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el amparo est\u00e1 basado en principios y reglas fundamentales y especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas esenciales, el juez de segunda instancia cuenta siempre con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, cuando \u00e9sta contraviene lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica; de lo anterior, se colige que tal autoridad no se encuentra limitada por la no reformatio in pejus y tiene el deber de adoptar una determinaci\u00f3n que se acompase con los lineamientos superiores, aunque con su pronunciamiento agrave la situaci\u00f3n de quien apel\u00f3 (\u2026) Al respecto esta Sala ha sostenido que \u2018[l]a tutela por la finalidad para la cual fue instituida, y los derechos e intereses superiores que con ella busca la Carta Pol\u00edtica garantizar, no est\u00e1 limitada por el principio de la reformatio in pejus, lo cual comporta que el juzgador que conoce de la impugnaci\u00f3n de una acci\u00f3n de amparo est\u00e1 facultado para modificar el fallo opugnado aunque la decisi\u00f3n que adopte pueda perjudicar al \u00fanico recurrente, toda vez, que como ya se dijo, lo que se persigue es hacer prevalecer los preceptos superiores, la dignidad humana y los derechos b\u00e1sicos de las personas (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba feb. 2012, rad. 00164-01; ver en el mismo sentido STC12865-2015; reiterada en STC, 28 de agos. 2019, rad. 00047-01). <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, de vieja data, ha sentado que: <\/p>\n
\u00abLa impugnaci\u00f3n de la sentencia del juez que conoce inicialmente de una tutela, no se cumple mediante el recurso de apelaci\u00f3n, y como se sabe, las prohibiciones deben consagrarse de manera expresa, tal como lo hizo la ley para el caso del proceso civil. La figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, cuando el juzgador de segunda instancia revisa la decisi\u00f3n del a quo ni cuando la correspondiente Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional efect\u00faa la revisi\u00f3n. Sostener lo contrario conducir\u00eda a que so pretexto de no hacerse m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del peticionario de la tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la primera instancia, se pudiese violar la propia Constituci\u00f3n, al conceder una tutela que, como sucede en el presente caso, es a todas luces improcedente. En relaci\u00f3n con la Corte Constitucional, mucho menos puede predicarse la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus, no s\u00f3lo por las razones anotadas, sino adem\u00e1s, porque ni la Constituci\u00f3n ni la ley, a la cual defiri\u00f3 la Carta la reglamentaci\u00f3n de la figura de la revisi\u00f3n, establecen l\u00edmites al examen de las decisiones que se someten a su an\u00e1lisis en desarrollo de la funci\u00f3n que le atribuyeron los art\u00edculos 86 y 241-9 de la C.P.\u00bb (Sentencia T- 138-1993). <\/p>\n
3. Desde luego, el t\u00f3pico de las protestas -violentas y pac\u00edficas- ostenta total relevancia: ofrece distintos antecedentes a lo largo de la historia -remota y pr\u00f3xima-. <\/p>\n
Por un lado, sirvan de ejemplo los siguientes acontecimientos -violentos y pac\u00edficos-. La expulsi\u00f3n de \u00faltimo rey romano -Tarquinio \u201cel Soberbio\u201d-20; las denominadas Secesiones -Primera21, Segunda22 y Tercera23-; la Lex Canuleia24; las Leges Liciniae-Sextiae25; la famosa Lex Poetelia Papiria26; la Lex Hortensia27; la \u201cguerra servil\u201d28; la crisis de los Graco29; la \u201cguerra social\u201d30; las revueltas violentas de Espartaco\u201d31, la muerte de Ner\u00f3n32 y los disturbios de Nik\u00e1.33 <\/p>\n
Por otro lado, las \u00faltimas centurias tambi\u00e9n han sido objeto de expresiones violentas y pac\u00edficas. A guisa de ejemplo, se pueden citar la c\u00e9lebre toma de la Bastilla, la calificada \u201cFiesta de la Federaci\u00f3n\u201d34 o, incluso, el Boston Tea Party; las gestas c\u00edvicas de Gandhi y Martin Luther King; las marchas por la liberaci\u00f3n de Par\u00eds, las movilizaciones en la otrora Checoslovaquia -o en Polonia o Ucrania-; la matanza de Tian\u2019anmen; las marchas galas de mayo de 1968 o germanas de 1989; los \u00abpiquetes\u00bb argentinos; las marchas londinenses de 1990; el movimiento \u201csin tierra\u201d de Brasil o de los \u201cbrazos ca\u00eddos\u201d de El Salvador; la \u201cWomen\u2019s march\u201d, las marchas de los \u201csans papier\u201d en Francia; las movilizaciones de Par\u00eds, Seattle, G\u00e9nova, Cincinnati, Canc\u00fan, Caracas, Los \u00c1ngeles, Washington, Santiago, Oakland, Milwaukee, Baltimore, Ferguson, Nueva York, Charlotte, St. Petersburg y decenas y decenas de otras ciudades; el apelado Bogatozo; las marchas motivadas por la muerte de Floyd; las protestas \u00e1rabes de 2010-2012; el movimiento 15-M espa\u00f1ol, las marchas catalanas, etc. M\u00e1s recientemente, para terminar, la toma violenta del Capitolio de los Estados Unidos o las protestas moscovitas por Navalni. <\/p>\n
4. En Colombia, la Constituci\u00f3n de 1991, sin duda, avanz\u00f3 en el reconocimiento de los derechos de las personas, en el marco del Estado social del derecho, organizado en forma democr\u00e1tica, participativa y pluralista y fundado en el respecto de la dignidad humana, en cuanto contempl\u00f3 una serie de garant\u00edas fundamentales, como la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, la facultad del pueblo para reunirse y manifestarse p\u00fablica y pac\u00edficamente, la libre asociaci\u00f3n, as\u00ed como el deber de defender y difundir los derechos humanos como soporte de la convivencia (art\u00edculos 1, 20, 37, 38 y 95). <\/p>\n
En defensa de los citados derechos, la Carta Pol\u00edtica establece, como fin esencial del Estado, el deber de asegurar la referida convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo y, por ende, el deber de las autoridades de la Rep\u00fablica de proteger a todas las personas residentes en Colombia \u00aben su vida, honra, bienes, creencias, y dem\u00e1s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares\u00bb (art\u00edculo 2). <\/p>\n
Igualmente y por virtud de la integraci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico interno de las disposiciones internacionales que reconocen los derechos humanos y proh\u00edben su limitaci\u00f3n, en Colombia prevalecen diferentes normas de rango transnacional (art\u00edculo 93 ib\u00eddem), en especial, las garant\u00edas reconocidas en la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, que se\u00f1alan que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n, que pueden ser difundidos por cualquier medio, as\u00ed como la potestad para reunirse y asociarse pac\u00edficamente (art\u00edculos 18, 19 y 20), tambi\u00e9n contenida en la Convenci\u00f3n Internacional sobre Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n Racial (art\u00edculo 5, literal d, numeral ix) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles Pol\u00edticos, el cual, a su vez, indica que esa prerrogativa s\u00f3lo podr\u00e1 estar sujeta a las \u00abrestricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica, en inter\u00e9s de la seguridad nacional, de la seguridad p\u00fablica o del orden p\u00fablico, o para proteger la salud o la moral p\u00fablicas o los derechos y libertades de los dem\u00e1s\u00bb (art\u00edculo 21); asimismo, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos establece el ejercicio de esa garant\u00eda, sin el uso de \u00abarmas\u00bb (art\u00edculo 15). <\/p>\n
De manera que el derecho a realizar movilizaciones p\u00fablicas pac\u00edficas es una potestad otorgada al pueblo, que propende por el fortalecimiento de la democracia, en tanto para el cumplimiento de dicho objetivo es necesario permitir distintos medios de participaci\u00f3n a las personas y grupos sociales, para expresar su opini\u00f3n frente a diversos temas, en especial los relacionados con las pol\u00edticas gubernamentales y el accionar de las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y con base en el marco jur\u00eddico referido, la tutela es tambi\u00e9n un mecanismo para garantizar la protecci\u00f3n de tan importantes derechos, de manera que corresponde a los jueces, como administradores de la funci\u00f3n p\u00fablica de la justicia, adoptar medidas eficientes y eficaces para su salvaguarda, cuesti\u00f3n a la cual esta Sala no ha sido ajena, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
5. En el caso concreto, solicitan los tutelantes que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, la libertad, la libertad de expresi\u00f3n, la paz, la reuni\u00f3n, la manifestaci\u00f3n y la protesta p\u00fablica y pac\u00edfica y que se ordene a las accionadas adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, en todo el territorio colombiano, el derecho a participar en movilizaciones p\u00fablicas. <\/p>\n
5.1. En relaci\u00f3n con estos aspectos, debe tenerse en cuenta que, con sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020, esta Sala analiz\u00f3 un asunto de connotaciones similares al ac\u00e1 debatido por los hechos de conflicto ocurridos en las protestas iniciadas en el pa\u00eds el 21 de noviembre de 2019. En efecto, en dicha providencia, la Sala estableci\u00f3 i) que toda persona estaba legitimada para reclamar ante los jueces el auxilio de sus intereses, cuando estos resultaran amenazados, \u00abpues el ejercicio del ruego tuitivo no est\u00e1 supeditado a un requisito previo que impida concurrir a quien se sienta afectado en sus derechos\u00bb y ii) que en Colombia, por virtud de la normativa nacional e internacional aplicable y la jurisprudencia relacionada, toda persona ten\u00eda derecho a reunirse y manifestarse p\u00fablica y pac\u00edficamente, facultad que s\u00f3lo pod\u00eda limitarse en los casos previstos expresamente por la ley (art\u00edculo 37 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
Por tanto, respecto de la protecci\u00f3n incoada y pretensiones reclamadas por los accionantes, debe estarse a lo all\u00ed resuelto, sin que se requiera, en modo alguno, extender los efectos de dicha sentencia, como lo hizo el a quo constitucional. <\/p>\n
5.2. De otro lado, el pasado 5 de enero de 2021 se expidi\u00f3 el Decreto 003 -consecuencia directa del fallo STC7641 del 22 de septiembre de 2020-, que contiene un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado \u00abESTATUTO DE REACCI\u00d3N, USO Y VERIFICACI\u00d3N DE LA FUERZA LEG\u00cdTIMA DEL ESTADO Y PROTECCI\u00d3N DEL DERECHO A LA PROTESTA PAC\u00cdFICA CIUDADANA\u00bb, en el que se definieron directrices para la actuaci\u00f3n de las autoridades de polic\u00eda, a fin de garantizar los derechos fundamentales durante las movilizaciones p\u00fablicas, normativa que establece, entre otros aspectos, los principios que deben ser aplicados en ese tipo de situaciones, entre ellos, el de diferenciaci\u00f3n, por virtud del cual la Polic\u00eda Nacional debe identificar entre quienes ejercen pac\u00edficamente el derecho de reuni\u00f3n y quienes ejecuten actos de violencia, como gu\u00eda para determinar el uso excepcional de la fuerza, \u00abque deber\u00e1 focalizarse y ejercerse exclusivamente contra estos \u00faltimos\u00bb, siendo \u00e9sta un recurso excepcional y final que ha de evitarse al m\u00e1ximo, limitarse al m\u00ednimo necesario y ejercerse bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciaci\u00f3n (art\u00edculos 3, 30 y 32). <\/p>\n
La reglamentaci\u00f3n anterior, a su vez, determina el desarrollo de actividades de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional que deben incluir, entre otras tem\u00e1ticas, lo relativo al \u00abempleo de armas y dispositivos menos letales\u00bb (art\u00edculo 6); contempla la integraci\u00f3n de unas Comisiones de Verificaci\u00f3n de la Sociedad Civil, por parte de organizaciones de derechos humanos o dem\u00e1s organizaciones, que propendan por la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los mismos, con facultades para \u00absolicitar la participaci\u00f3n de los \u00f3rganos de control, con el fin de verificar los elementos de dotaci\u00f3n con los que cuentan los policiales asignados para el acompa\u00f1amiento e intervenci\u00f3n de las movilizaciones, en aras de evitar el porte de armas letales que pongan en riesgo la vida y la integridad de los manifestantes\u00bb; en ese mismo sentido, la norma establece que el Ministerio P\u00fablico estar\u00e1 facultado para realizar las verificaciones previas de los elementos de dotaci\u00f3n con los que cuenten los polic\u00edas asignados para el acompa\u00f1amiento de las movilizaciones (art\u00edculos 17, 18 y 19). <\/p>\n
En cuanto al desarrollo de este tipo de reuniones p\u00fablicas, el Decreto define, como primera etapa, la del di\u00e1logo, interlocuci\u00f3n y mediaci\u00f3n, a fin de promover la comunicaci\u00f3n y la articulaci\u00f3n entre las autoridades y quienes participan en el ejercicio del derecho a manifestarse, para evitar las situaciones de conflicto (art\u00edculo 29). <\/p>\n
Finalmente, y en forma concreta, la disposici\u00f3n en comento se\u00f1ala que el \u00abpersonal uniformado de la Polic\u00eda Nacional, que intervenga en manifestaciones p\u00fablicas y pac\u00edficas, no podr\u00e1 hacer uso de armas de fuego en la prestaci\u00f3n del citado servicio\u00bb (art\u00edculo 35). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la medida de protecci\u00f3n que invocan los tutelantes ha sido objeto de decisi\u00f3n previa en sede constitucional y, en virtud de ello, con posterioridad a los hechos que originaron esta tutela, se han adoptado una serie de medidas institucionales, la Sala considera que emitir una orden como la solicitada en esta oportunidad carece de objeto y, en consecuencia, lo pretendido se torna improcedente. <\/p>\n
En ese orden y en lo que ata\u00f1e a la figura mencionada, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026). <\/p>\n
\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01). <\/p>\n
Igualmente, sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abante la alteraci\u00f3n o desaparici\u00f3n de las circunstancias que dieron origen a la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, as\u00ed como su raz\u00f3n de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protecci\u00f3n judicial, pues, al desaparecer el objeto jur\u00eddico sobre el que recaer\u00eda la eventual decisi\u00f3n del juez constitucional, cualquier determinaci\u00f3n que se pueda tomar para salvaguardar las garant\u00edas que se encontraban en peligro, se tornar\u00eda inocua y contradir\u00eda el objetivo que fue especialmente previsto para esta acci\u00f3n\u00bb (C.C. T-168\/19), situaci\u00f3n a la que se ha denominado como \u2018carencia actual de objeto\u2019, y que puede materializarse a trav\u00e9s de las siguientes figuras: i) \u2018hecho superado\u2019 ii) \u2018da\u00f1o consumado\u2019 y iii) \u2018situaci\u00f3n sobreviniente\u2019\u00bb (STC8023-2019. Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2019-00307-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, emitir una orden como la pretendida, cuando \u00e9sta ya ha sido proferida en otra instancia, resulta improcedente, siendo necesario, como se ha indicado, estarse a lo resuelto en la sentencia STC7641 de 2020, que fue proferida con posterioridad a los hechos que dieron origen a esta tutela y cuyo fin ulterior fue la protecci\u00f3n de los derechos invocados frente a todos los ciudadanos que ejerzan pac\u00edficamente su garant\u00eda a reunirse y manifestarse p\u00fablicamente en el territorio nacional. <\/p>\n
5.3. De otro lado, los actores solicitaron que se ordenara al Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia y al Ministro de Defensa abstenerse de emplear a las FFMM cuando se desarrollaran movilizaciones p\u00fablicas. <\/p>\n
En ese orden, el Decreto 003 de 2021 indica, en su art\u00edculo 36, que \u00abLas Fuerzas Militares no intervendr\u00e1n en operativos de control y contenci\u00f3n en el marco de las manifestaciones p\u00fablicas, salvo cuando se disponga la asistencia militar, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 170 de la Ley 1801 de 2016\u00bb. <\/p>\n
De manera que, en principio, \u00e9stas no participar\u00edan cuando se realicen protestas pac\u00edficas, salvo cuando los hechos de alteraci\u00f3n de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante el riesgo o peligro inminente o para afrontar una emergencia o calamidad p\u00fablica. Esta facultad, de acuerdo con la precitada ley, corresponde al Presidente de la Rep\u00fablica, quien podr\u00e1 disponer, de forma temporal y excepcional, de la asistencia de la fuerza militar. Igualmente, los gobernadores y alcaldes municipales o distritales podr\u00e1n solicitar al primer mandatario tal apoyo, quien evaluar\u00e1 la solicitud y tomar\u00e1 la decisi\u00f3n respectiva35. <\/p>\n
5.4. Frente a lo pretendido por los accionantes, en el sentido de que se ordene adelantar \u00abde manera inmediata y con la mayor celeridad las investigaciones y procesos que se hagan necesarios para esclarecer\u00bb las muertes de Javier Ord\u00f3\u00f1ez, Jaider Alexander Fonseca, Julieth Mart\u00ednez, Fredy Mahecha, Germ\u00e1n Smith Puentes, Andr\u00e9s Rodr\u00edguez, Angie Vaquero, Juli\u00e1n Mauricio Gonz\u00e1lez, Cristian Andr\u00e9s Hurtado, Lorwuan Estiben Mendoza y dem\u00e1s personas afectadas con los hechos descritos en los respectivos escritos de tutela, \u00absancionando a los responsables de las mismas\u00bb, y lo referido por el impugnante, en cuanto a que \u00abA la fecha la Procuradur\u00eda, Fiscal\u00eda General y Polic\u00eda NO han suspendido de sus cargos los presuntos polic\u00edas responsables de la muerte y heridas con arma de fuego a los ciudadanos de las ciudades Bogot\u00e1 y Soacha (\u2026) ADICIONAL A LA FECHA NO SE SABE RESULATADO ALGUNO DE INVESTIGACIONES\u00bb, es pertinente se\u00f1alar que, de acuerdo con los informes allegados a este tr\u00e1mite, los asuntos referidos est\u00e1n en curso. <\/p>\n
En efecto, de las respuestas dadas por las Fiscal\u00edas 58, 326, 371 y 415 de la Unidad de Vida de Bogot\u00e1, se evidencia que, en los respectivos despachos, se adelantan investigaciones en 7 de los casos referidos. <\/p>\n
Por su parte, del informe rendido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 3 de diciembre de 2020, se advierte que, por las situaciones de conflicto ocurridas entre el 9 y el 13 de septiembre de 2020, se radicaron 7 quejas contra el ESMAD (3 activas, 3 archivadas y 1 trasladada a la jurisdicci\u00f3n competente), y 109 noticias criminales contra la Polic\u00eda (86 activas, 20 archivadas, 3 trasladadas), que corresponden a distintas tipolog\u00edas de delitos, tales como abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, amenazas, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores p\u00fablicos, da\u00f1o en bien ajeno, lesiones personales, empleo ilegal de la Fuerza P\u00fablica, hurto, homicidio, injuria y violaci\u00f3n de los derechos de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el informe de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indica que asumi\u00f3 poder preferente, a efectos de investigar la muerte de Javier Ord\u00f3\u00f1ez. Igualmente, la Polic\u00eda Nacional dio cuenta del tr\u00e1mite de las investigaciones que adelanta y de la suspensi\u00f3n de 7 funcionarios, por el fallecimiento del citado se\u00f1or. <\/p>\n
Concretamente, respecto del asunto que dio origen a las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020, se difundi\u00f3 recientemente, a trav\u00e9s de distintos medios, las sanciones disciplinarias que la Procuradur\u00eda impuso a dos uniformados36 y la acusaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n formul\u00f3 en el proceso penal correspondiente37. <\/p>\n
De lo anterior, se observa que los asuntos est\u00e1n siendo objeto de investigaci\u00f3n ante las autoridades competentes, que tienen el deber de adelantarlos sin dilaciones injustificadas, de conformidad con las garant\u00edas contempladas en el derecho constitucional al debido proceso, y que se han adoptado medidas en algunos de ellos, raz\u00f3n por la cual no se advierte, en esta instancia, circunstancias para adoptar en relaci\u00f3n con \u00e9stas determinaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
En este aspecto, se precisa que el principio de celeridad, por virtud del cual los juicios e investigaciones deben impulsarse y tramitarse acorde con las formas y t\u00e9rminos propios de cada asunto, constituye una garant\u00eda del debido proceso, siendo, en consecuencia, un pilar fundamental para la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como para las investigaciones de \u00edndole disciplinaria, pues el enjuiciado o cuestionado no tiene el deber de esperar indefinidamente las resultas de un tr\u00e1mite en su contra ni se puede imponer a la sociedad la espera prolongada y sin justificaci\u00f3n para el se\u00f1alamiento de los autores de los hechos debatidos, de manera que el cumplimiento del mismo no requiere pronunciamiento en sede de tutela, pues dicho deber, que a la vez es una garant\u00eda, opera por disposici\u00f3n de la carta superior y de la ley. Lo anterior, en consonancia con lo previsto en los art\u00edculos 29, 228 y 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no es posible, a trav\u00e9s de esta senda, so pena de desconocer la competencia asignada a las distintas autoridades judiciales y administrativas, los instrumentos y etapas de los respectivos procesos, as\u00ed como las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n de las personas cuestionadas, ordenar que se adopte una decisi\u00f3n en uno u otro sentido, lo cual torna improcedente la pretensi\u00f3n formulada en ese aspecto. <\/p>\n
Lo anterior, en atenci\u00f3n a que \u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular\u00bb (CSJ STC 10 ago. 2009 rad. 00189-01, reiterada, entre otras, el 28 ago. 2015, rad, 01576-01, CSJ STC1520-2018 Feb. 8 de 2018, rad. 2017-00260-01 y en CSJ STC5325-2019 May. 2 de 2019, rad. 2019-00034-01). <\/p>\n
Por lo tanto, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponden resolver al competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas y, en los t\u00e9rminos expuestos, el auxilio resulta improcedente. <\/p>\n
5.5. As\u00ed las cosas, la Sala resalta que esta jurisdicci\u00f3n no ha sido ajena a la problem\u00e1tica planteada y que, por el contrario, en uso de sus facultades, ha adoptado importantes decisiones y diversas \u00f3rdenes a las entidades que tienen el deber de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio nacional, a fin de promover la participaci\u00f3n y el pluralismo de pensamiento, consagrado en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las garant\u00edas del pueblo a reunirse y manifestarse p\u00fablica y pac\u00edficamente, previstas en el art\u00edculo 37 superior, y el deber de las personas de defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pac\u00edfica, referido en el art\u00edculo 95 de la carta magna. <\/p>\n
Igualmente, la Sala estableci\u00f3 medidas para el seguimiento de las directrices se\u00f1aladas, lo cual debe realizarse, de conformidad con lo all\u00ed contemplado y lo determinado en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea esta la sede para hacer el an\u00e1lisis concreto sobre el cumplimiento del fallo emitido y sin que, con la referencia que en esta providencia se hace de algunas de las acciones adelantadas por las autoridades en raz\u00f3n del fallo en comento, se est\u00e9 adoptando un criterio frente a la ejecuci\u00f3n de las acciones impuestas a las entonces accionadas, pues esta no es la instancia para el efecto. <\/p>\n
6. Con base en lo detallado, la Sala revocar\u00e1 las sentencias del 24 y del 30 de septiembre de 2020, que resolvieron las acciones de tutela acumuladas al proceso de la referencia, en cuanto concedieron el amparo constitucional promovido por F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, Brandon Fernando Triana Pinilla, Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez y adoptaron las medidas de protecci\u00f3n antes referidas, para, en su lugar, negar la salvaguarda invocada por los accionantes. <\/p>\n
7. Sin perjuicio de lo expuesto, considera esta Sala relevante se\u00f1alar que las protestas pac\u00edficas son, como se indic\u00f3, una herramienta fundamental de la democracia. Desde luego, como se desprende de su \u201capellido\u201d, \u00e9stas no pueden ser usadas para la concreci\u00f3n de il\u00edcitos o actividades violentas en contra de personas o bienes. <\/p>\n
As\u00ed, la Corte Constitucional, en sentencia C-742- 2012, sostuvo: <\/p>\n
\u00ab4.6. Y es importante resaltar lo siguiente. La Constituci\u00f3n rechaza expresamente el uso de la violencia dentro del marco del Estado de derecho. Cuando existen instrumentos id\u00f3neos para expresar la inconformidad, como el estatuto de la oposici\u00f3n, la revocatoria de mandato, el principio de la soberan\u00eda popular, el control de constitucionalidad, la acci\u00f3n de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, o las manifestaciones pac\u00edficas, pierden sustento los posibles motivos usados para legitimar la confrontaci\u00f3n armada o las actitudes violentas de resistencia a la autoridad. Para la Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u2018[\u2026] los correctivos a las fallas en el manejo del poder pol\u00edtico tienen que ser de derecho y no de hecho. La v\u00eda de hecho no puede, bajo ning\u00fan aspecto, conducir al restablecimiento del orden, no s\u00f3lo por falta de legitimidad in causa para ello, sino porque siempre es, dentro del Estado de Derecho, un medio inadecuado, desproporcionado y generador de desorden\u2019\u00bb. <\/p>\n
8. De otro lado, acorde con la situaci\u00f3n de salud p\u00fablica que se vive en el mundo y que dio lugar a que, el 11 de marzo del a\u00f1o anterior, la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud declarara la pandemia del coronavirus COVID-19 y a la declaratoria de emergencia sanitaria en el territorio nacional, el 12 de marzo siguiente38, el Gobierno Nacional ha adoptado diversas medidas, entre ellas, la contenida en el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, con vigencia hasta el 1\u00ba de marzo de este mismo a\u00f1o, que establece que, \u00aben ning\u00fan municipio del territorio nacional se podr\u00e1n habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 1. Eventos de car\u00e1cter p\u00fablico o privado que impliquen aglomeraci\u00f3n de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social\u2026\u00bb39; y, a su vez, se han establecido una serie de protocolos, acciones de aislamiento y de protecci\u00f3n tanto a nivel nacional como local que, si bien en modo alguno pueden restringir el derecho fundamental a manifestarse p\u00fablica y pac\u00edficamente, deben ser consideradas para evitar la propagaci\u00f3n de la pandemia en el desarrollo de cualquier actividad que implique aglomeraci\u00f3n de personas. <\/p>\n
De manera que es pertinente hacer un llamado a la ciudadan\u00eda y a las autoridades, para que la prevenci\u00f3n del Covid-19 sea una prioridad y, por tanto, so pena de que se impongan todas las sanciones del caso, se respeten y cumplan los protocolos y medidas de bioseguridad en estas jornadas, siendo imperioso que este aspecto sea considerado en forma concreta desde la planeaci\u00f3n de las relatadas manifestaciones pac\u00edficas. <\/p>\n
<\/p>\n
VII. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA las sentencias de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede y, en su lugar, se NIEGA la salvaguarda invocada en las tutelas promovidas por F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, Brandon Fernando Triana Pinilla, Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez contra las autoridades accionadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con salvamento parcial de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01374-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la parte resolutiva de la sentencia de la referencia, cuyo proyecto se aprob\u00f3 en la sala del d\u00eda 10 de febrero de 2021, mediante la cual fueron revocadas las decisiones tomadas por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que resolvieron las acciones de tutela acumuladas de F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, Brandon Fernando Triana Pinilla, Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez en sentencias del 24 y 30 de septiembre de 2020, con las cuales se hab\u00eda concedido el amparo invocado, me veo en la obligaci\u00f3n de ACLARAR MI VOTO porque no comparto los fundamentos se\u00f1alados por la providencia aprobada, para tomar la referida decisi\u00f3n. <\/p>\n
La motivaci\u00f3n de la Sala Civil de esta Corte parte de que en decisi\u00f3n de esta misma corporaci\u00f3n ya se hab\u00edan definido los puntos que fueron objeto de estudio en las providencias revocadas, y citan al respecto lo expuesto y ordenado en la sentencia STC7641-2020 de septiembre 22 de 2020 en relaci\u00f3n con los derechos de los ciudadanos en materia de protesta pac\u00edfica y los comportamientos del ESMAD como fuerza p\u00fablica dentro de estas protestas, que son los mismos hechos propuestos ahora a estudio de la justicia. En consecuencia, se revocaron esas decisiones para que en cuanto al tema se procediera a aplicar lo ya definido en la mencionada tutela y las ordenes all\u00ed impartidas a los distintos organismos del estado. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, aunque comparto la decisi\u00f3n de negar el amparo, disiento de las razones y motivaciones expuestas y en su lugar invoco los mismas fundamentos constitucionales, legales y filos\u00f3ficos expuestos en el salvamento de voto que en aquella ocasi\u00f3n aduje para apartarme de la decisi\u00f3n, y principalmente porque con ella se quer\u00eda incidir en las decisiones de otras ramas del poder p\u00fablico sin tener competencia para ello, pero de manera especial, se quer\u00eda incidir en las pol\u00edticas p\u00fablicas sin tener facultades constitucionales ni legales. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01374-01 <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida en el asunto de la referencia, me permito expresar los motivos de mi disenso parcial. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, la Sala revoc\u00f3 las sentencias del 24 y 30 de septiembre de 2020, proferidas por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que resolvieron las acciones de tutela acumuladas de F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, Brandon Fernando Triana Pinilla, Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, Dumar David Guevara Turriago y Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez, en tanto concedieron el amparo promovido y adoptaron medidas de protecci\u00f3n, para, en su lugar, negar la salvaguarda invocada. <\/p>\n
Lo anterior, tras considerar, entre otros aspectos, que <\/p>\n
1. La sentencia STC7641-2020, 22 sep. analiz\u00f3 cuestiones similares a las que son objeto de debate en este asunto, relacionadas con la protecci\u00f3n del derecho a la protesta pac\u00edfica y las medidas que, en criterio de los actores, deb\u00edan tomar varias instituciones del Estado para salvaguardar esa prerrogativa, por lo que, para la mayor\u00eda de la Sala, deb\u00edan estarse a lo all\u00ed resuelto, sin que se requiera extender los efectos de la mencionada providencia, como lo hizo el a quo constitucional; 2. Actualmente se encuentra en vigor un protocolo de acciones \u00abpreventivas, concomitantes y posteriores\u00bb, en el que se definieron directrices para la actuaci\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas; y, 3. En cuanto al esclarecimiento de las muertes acaecidas durante las jornadas de protestas, se reconoci\u00f3 \u00abla competencia asignada a las autoridades judiciales y administrativas\u00bb para adelantar las investigaciones respectivas. <\/p>\n
Conforme con ello, estimo necesario apartarme parcialmente de la resoluci\u00f3n en lo que respecta a los planteamientos 1 y 2 antes descritos, teniendo en cuenta que tienen sus cimientos en la precitada sentencia STC7641-2020, 22 sep., pues, a juicio de la Sala, sus efectos \u2013aunque no deb\u00edan hacerse expresamente extensivos, como lo hizo el tribunal en esta causa\u2013, se entienden prohijados y ratificados; de modo que, como sobre esa decisi\u00f3n, previamente, salv\u00e9 mi voto, se torna imprescindible mi separaci\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n dictada en esta oportunidad. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre la eventual responsabilidad por los nuevos actos de violencia referidos por los promotores, acompa\u00f1o la decisi\u00f3n de la Sala, en la medida que declar\u00f3 improcedente la tutela por no atender su car\u00e1cter subsidiario al existir mecanismos eficaces para dicho fin, lo que se muestra congruente con mi salvamento de voto inicial. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentado mi salvamento parcial de voto, con la comedida reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 Decididas mediante sentencia del 24 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2\u0002 Decididas mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020, que reiter\u00f3 los argumentos referidos en el fallo del 24 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3\u0002 Ver, entre otros, publicaciones de Twitter del 09-09-2020 anexas a la tutela \/ \u00daltima hora. <\/p>\n
4\u0002 Twitter de @BluRadioCo 10-09-2020. <\/p>\n
5\u0002 Twitter de @ONUHumanRights 10-09-2020. <\/p>\n
6<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1. https:\/\/www.pulzo.com\/nacion\/disturbios-bogota-video-policias-lanzandopiedras-PP966721 <\/A> <\/p>\n 2. https:\/\/www.elespectador.com\/noticias\/bogota\/estos-fueron-los-abusospoliciales-durante-las-manifestaciones-en-bogota\/ <\/A> <\/p>\n 3. https:\/\/elpais.com\/internacional\/2020-09-09\/por-favor-no-mas-me-ahogo-unhombre-muere-bajo-custodia-policial-en-colombia.html <\/A> <\/p>\n 4. https:\/\/www.dw.com\/es\/colombia-segunda-noche-de-protestas-contra-lapolic%C3%ADa\/a-54890158 <\/A> <\/p>\n 5. https:\/\/www.dw.com\/es\/colombia-siete-muertos-y-ola-de-destrucci%C3%B3nen-protestas-contra-la-polic%C3%ADa\/a-54883291 <\/A> <\/p>\n 6. https:\/\/www.publimetro.co\/co\/noticias\/2020\/09\/09\/agente-del-esmad-seenfrento-policia-le-estaba-pegando-detenido.htm <\/A> <\/p>\n 7. http:\/\/www.gobiernobogota.gov.co\/noticias\/nivel-central\/distrito-brindaacompanamiento-psicologico-y-juridico-victimas-presuntos <\/A> <\/p>\n 8. https:\/\/www.publimetro.co\/co\/noticias\/2020\/09\/11\/las-pruebas-que-lopez-leentrego-a-duque-para-exigir-mano-dura-con-policias-que-dispararonindiscriminadamente.html <\/A><\/p>\n 7\u0002 Exp. 2020-01374-00 de F\u00e9lix Mauricio Montenegro Gil, radicado en la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (admisi\u00f3n del 15 de septiembre de 2020). <\/p>\n 8\u0002 Exp. 2020-00536-00 de Brandon Fernando Triana Pinilla, radicado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (admisi\u00f3n del 16 de septiembre de 2020). <\/p>\n 9<\/p>\n <\/p>\n Exp. 2020-01386-00 de Nelson Giovanny Rinc\u00f3n Silva, radicado en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (admisi\u00f3n del 17 de septiembre de 2020). <\/p>\n En la providencia de 21 de septiembre en comento se hizo menci\u00f3n a la acumulaci\u00f3n de los asuntos que reunieran las condiciones all\u00ed referidas. As\u00ed, el 22 de septiembre de 2020, la Sala Civil del Tribunal, que conoc\u00eda del expediente 01386-00, orden\u00f3 su acumulaci\u00f3n a la tutela 2020-01374-00 y, en consecuencia, lo remiti\u00f3 a Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n 10<\/p>\n <\/p>\n Exp. 2020-00240-00 de Dumar David Guevara Turriago, radicado en el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (admisi\u00f3n del 21 de septiembre de 2020). <\/p>\n 11\u0002 Exp. 2020-00271-00 de Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez Berm\u00fadez, radicado en el Juzgado 41 Civil del Circuido de Bogot\u00e1 (admisi\u00f3n del 15 de septiembre de 2020). <\/p>\n 12\u0002 Fuente: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=U0EUHprStU <\/A><\/p>\n 13\u0002 Fuentes: https:\/\/www.pulzo.com\/nacion\/cai-villa-luz-prendieron-fuego-disturbios-bogota-PP967416 <\/A> <\/p>\n https:\/\/citytv.com.co\/home?e=Citynoticias <\/A> <\/p>\n https:\/\/www.eltiempo.com\/justicia\/investigacion\/protestas-y-movilizaciones-en-bogotaatacan-cai-villa-luz-por-muerte-de-javier-ordonez-536922 <\/A> <\/p>\n https:\/\/www.somosfan.com\/de-hoy\/cai-de-la-gaitana-quemado\/21774\/ <\/A> <\/p>\n https:\/\/www.lafm.com.co\/bogota\/video-varios-cai-de-bogota-afectados-por-las-protestastras-muerte-de-javier-ordonez <\/A> <\/p>\n https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UC6lqesKoprob3SKZcjKrXnw <\/A> <\/p>\n https:\/\/www.laprensagrafica.com\/internacional\/Siete-muertos-en-noche-violenta-enColombia-en-protestas-contra-brutalidad-policial-20200910-0030.html <\/A><\/p>\n 14\u0002 Fuente: <\/p>\n https:\/\/citytv.com.co\/home?e=Citynoticias <\/A><\/p>\n 15\u0002 Que resolvi\u00f3 las acciones acumuladas 2020-01374-00, 2020-00536-01 y 2020-01386-00 y que fue notificada al recurrente el 2 de octubre de 2020, de conformidad con lo indicado por el Tribunal a quo en el auto del 9 de octubre siguiente, mediante el cual concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n contra las sentencias que resolvieron los asuntos integrados al expediente de la referencia. <\/p>\n 17\u0002 Emitida el 19 de octubre de 2020, por la cual se estableci\u00f3 el protocolo que, a corto plazo, incluye las medidas m\u00e1s urgentes que garantizan el derecho de los ciudadanos a manifestarse p\u00fablicamente, en cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida el 5 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci\u00f3n Cuarta, expediente 2020-02700 \u2013 2020-02694 (Acumulados). <\/p>\n 18\u0002 Visible en el siguiente v\u00ednculo: https:\/\/www.procuraduria.gov.co\/portal\/media\/file\/201022-GUIA-MOVILIZACIONES-PROCURADURIA-DEFENSORIA-COLOMBIA.pdf <\/A> <\/p>\n Y anexa al tr\u00e1mite constitucional respectivo por parte de la PGN. <\/p>\n 19\u0002 Gu\u00eda de bolsillo: Derechos, deberes, servicios y rutas de atenci\u00f3n en el marco de la protesta social pac\u00edfica. Publicidad con SMS Masivo: Env\u00edo a ciudades m\u00e1s afectadas por violencia en manifestaciones (Bogot\u00e1, Medell\u00edn, Cali y Barranquilla). Difusi\u00f3n en transporte p\u00fablico masivo: Paquete de bastidores en portales y estaciones de Transmilenio en Bogot\u00e1. Video clips de formaci\u00f3n: Videos de dise\u00f1ador \u201cPlastilina creativa -Se lo explico con plastilina\u201d. Activaci\u00f3n outdoor: La tropa del Defensor, grupos de 20 personas con avisos sobre los servicios de la defensor\u00eda en las manifestaciones, en Bogot\u00e1, Cali, Barranquilla y Medell\u00edn. Videos did\u00e1cticos: La Defensor\u00eda te acompa\u00f1a y con la orquesta sinf\u00f3nica de Colombia. <\/p>\n 20\u0002 Quien viol\u00f3 a Lucrecia, una de las mujeres m\u00e1s honorables de Roma (Dion. Hal. 4.66-67). Tan terrible y digno de compasi\u00f3n les pareci\u00f3 el suceso a los romanos presentes, que una voz un\u00e1nime surgi\u00f3 de todos ellos: preferir\u00edan mil veces morir por la libertad a permitir semejantes abusos de los tiranos (Dion. Hal. 4.67.2). Entre ellos estaba un tal Publio Valerio, quien fue enviado al campamento para contar lo sucedido al marido de Lucrecia y para que junto con \u00e9l incitara al ejercito al levantamiento contra los tiranos (Dion. Hal. 4.67.3). Finalmente, debido a la presi\u00f3n del pueblo y el ejercito Tarquinio huye a Gabios (Dion. Hal. 4.85), termina la monarqu\u00eda en Roma y comenzar\u00e1 la Rep\u00fablica. De Halicarnaso, Dionisio. Historia antigua de Roma. Libros IV-VI. Editorial Gredos. Madrid, 1984. Pp.94-117. <\/p>\n 21\u0002 Que signific\u00f3 que, los plebeyos, debido a las condiciones sociales desfavorables que ten\u00edan, se retiraron al monte Sacro -dejando desprotegida Roma-. Como resultado de esta protesta se acord\u00f3 que la plebe reunida en concilio nombrase dos representantes plebeyos denominados tribunos (Dion. Hal. 6.89; Liv 2.33.2). <\/p>\n 22\u0002 A prop\u00f3sito de la forma de elegir los tribunos de la plebe, que llev\u00f3 a la aprobaci\u00f3n de la ley Publilia Voleronis, la cual estableci\u00f3 \u201cpor primera vez\u201d que los tribunos fueran elegidos por los comicios por tribus (Dion. Hal. 9.41.2; Dion. Hal. 9.49; Liv. 2.58.I). <\/p>\n 23\u0002 En d\u00f3nde se decidi\u00f3 \u201cnombrar diez personas que fueran a pedir leyes a las ciudades griegas\u201d (Pomponio. D. I.2.2.4), con la finalidad de redactar las XII Tablas, la cual ser\u00eda promulgada el siguiente a\u00f1o. A continuaci\u00f3n ser\u00edan aprobadas las leyes Valeria Horatiae, que se divid\u00edan en tres: (i) de plebiscitis, la cual reconoci\u00f3 la validez general de los plebiscitos\u0002; (ii) de tribunicia potestate, que estableci\u00f3 la inviolabilidad de los tribunos de la plebe, los ediles plebeyos y los iudices devembiri, y (iii) de provocatione, que habr\u00eda prohibido la creaci\u00f3n de magistraturas que no estuvieran sujetas a la provocatio ad populum. Ibidem, Pp. 82-83. <\/p>\n 24\u0002 El tribuno de la plebe Canuleyo hizo aprobar por la plebe, y reconocer por el senado, el derecho de contraer justas nupcias (ius Conubii) entre patricios y plebeyos. Del Giudice, Federico. Compendio di Storia del Diritto Romano. Nozioni di Diritto pubblico romano. Tercera Edici\u00f3n. Editorial Esselibri-Simone. 2010. Pp. 40. <\/p>\n 25\u0002 Con la aprobaci\u00f3n de estas leyes propuestas por los tribunos Licinio Stolo y Lucio Sextio, se logra la igualdad pol\u00edtica entre las clases ya que al menos uno de los c\u00f3nsules deb\u00eda ser plebeyo. Ibidem, Pp. 41. <\/p>\n 26\u0002 Como se sabe, por medio de la expedici\u00f3n de esta ley se prohibi\u00f3 que, a trav\u00e9s de la manus iniectionem, se esclavizaran o se diera muerte a los deudores insolventes que hab\u00edan garantizado con su propio cuerpo el pago o incumplimiento contractual (nexum). <\/p>\n 27\u0002 Con esta ley las decisiones de la asamblea plebeya tambi\u00e9n vinculaban a los patricios: se le da fuerza de ley a los plebiscitos. <\/p>\n 28\u0002 Seg\u00fan la cual, un esclavo sirio llamado Euno pretendi\u00f3 ser de la familia real sel\u00e9ucida y se hizo llamar Ant\u00edoco. Este personaje fue el l\u00edder de la rebeli\u00f3n de los esclavos en Sicilia denominada la Primera Guerra Servil, quienes cansados de las precarias condiciones en las que viv\u00edan convirtieron Sicilia en un sangriento y horrible escenario. Los romanos tardaron tres a\u00f1os en sofocar la rebeli\u00f3n y al principio sufrieron una serie de humillantes derrotas, solo hasta 3 a\u00f1os despu\u00e9s lograron pacificar la isla Hasta el 132 a.C., Sicilia no fue pacificada. Asimov, Isaac. La rep\u00fablica romana. Alianza Editorial. Madrid, 1966. Pp. 147. <\/p>\n 29\u0002 A prop\u00f3sito de la elecci\u00f3n de Tiberio Graco como tribuno de la plebe, promotor de una reforma agraria -la lex Sempronia Agraria a la Asamblea-. Montanelli, Indro. Historia de Roma. S\u00e9ptima Edici\u00f3n. 2014. Pp. 181. Cayo Graco, por su parte, contin\u00fao con la obra de su hermano Tiberio por ejemplo, con la lex Sempronia Frumentaria -con la cual se les vend\u00eda a todos los hombres adultos de bajos recursos de Roma una cantidad de grano por un precio menor al del mercado-. Op. Cit. Del Giudice, Federico. Pp. 83-84 <\/p>\n 30\u0002 Con Mario en su sexto consulado. En resumen, se necesitaba aplicar el plan propuesto por Cayo Graco. Ibidem, Pp. 160-161 <\/p>\n 31\u0002 Revuelta causada por Espartaco. Finalmente, Craso -quien posteriormente ser\u00eda integrante del primer triunvirato- acab\u00f3 con esta sublevaci\u00f3n. Ibidem, Pp. 180. <\/p>\n 32\u0002 V\u00edndex logr\u00f3 reunir un ej\u00e9rcito de 100.000 hombres. Despu\u00e9s de diferentes vicisitudes, el Senado declar\u00f3 enemigo p\u00fablico al emperador. Rold\u00e1n, Jos\u00e9 Manuel. Historia de Roma. El imperio romano. Tomo II. Cuarta Edici\u00f3n. Editorial C\u00e1tedra. Espa\u00f1a, 2004. Pp. 173-174 <\/p>\n 33\u0002 En el hip\u00f3dromo de Constantinopla se desat\u00f3 un disturbio en contra del emperador Justiniano I debido, entre otras causas, por el aumento de impuesto. Estas protestas duraron cinco d\u00edas, en los cuales la multitud destruy\u00f3 gran parte de la ciudad. Mayor Ferr\u00e1ndiz, Teresa. Revista de Clases de Historia. Art\u00edculo No. 180. ISSN- 1989-4988. 2010. Consultado en: http:\/\/claseshistoria.com\/revista\/2010\/articulos\/mayor-teodora-bizancio.pdf <\/A><\/p>\n 34\u0002 Recreada por Thevenin en su famoso cuadro. <\/p>\n 35\u0002 \u00abART\u00cdCULO 170. ASISTENCIA MILITAR. Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteraci\u00f3n de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad p\u00fablica, a trav\u00e9s del cual el Presidente de la Rep\u00fablica, podr\u00e1 disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podr\u00e1n solicitar al Presidente de la Rep\u00fablica tal asistencia, quien evaluar\u00e1 la solicitud y tomar\u00e1 la decisi\u00f3n. La asistencia militar se regir\u00e1 por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinaci\u00f3n con el comandante de Polic\u00eda de la jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n 36\u0002 https:\/\/www.procuraduria.gov.co\/portal\/-Procuraduria-sanciono-con-destitucion-e-inhabilidad-de-20-anos-a-patrulleros-de-la-Policia-por-la-muerte-del-ciudadano-Javier-Humberto-Ordonez-Bermudez.news#:~:text=La%20Procuradur%C3%ADa%20General%20de%20la,acto%20arbitrario%20e%20injusto%20y <\/A><\/p>\n 37\u0002 https:\/\/www.eltiempo.com\/justicia\/delitos\/la-fiscalia-tiene-93-testigos-contra-policias-detenidos-por-homicidio-de-javier-ordonez-560317 <\/A> <\/p>\n