STC1219-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1219-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 27 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la salvaguarda que Jes\u00fas Antonio Tique Yara le instaur\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n y a los intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-036-2012-00420-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos en el proceso que le promovi\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- para que le reconociera la pensi\u00f3n de vejez m\u00e1s los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993, porque, aunque la Colegiatura querellada en cumplimiento del fallo STC390-2019 le otorg\u00f3 la prestaci\u00f3n, le neg\u00f3 los r\u00e9ditos. <\/p>\n
A la protesta sirven de sustento los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
(i) El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a Colpensiones a \u00abreconocer y pagar\u00bb al actor la pensi\u00f3n de vejez a partir del 1\u00b0 de marzo de 2009, en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo mensual legal, m\u00e1s el retroactivo pensional y los \u201cintereses moratorios respecto de todas y cada una de las mesadas pensionales ordinaria y adicionales, causadas a partir del diecis\u00e9is (16) de enero de 2010, hasta que se efect\u00fae el pago total de la obligaci\u00f3n\u201d (6 feb. 2013). <\/p>\n
(ii) El Tribunal, v\u00eda de consulta, revoc\u00f3 lo dictaminado y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones del quejoso (17 may. 2013), quien formul\u00f3 \u00abcasaci\u00f3n\u00bb infructuosamente, ya que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo la determinaci\u00f3n (17 oct. 2018). <\/p>\n
(iii) Dichas directrices fueron invalidadas por esta Sala en la sentencia de tutela STC390-2019, en la que dispuso que el ad quem denunciado \u201cdecidiera nuevamente el asunto teniendo en cuenta el precedente ordinario y constitucional vigente sobre el reconocimiento de pensi\u00f3n de vejez con la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados, especialmente, el contenido de la sentencia SU-769 de 2014\u201d. <\/p>\n
(iv) En acatamiento de lo as\u00ed decidido, la Magistratura de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el veredicto de primer grado en cuanto al \u00abreconocimiento de la pensi\u00f3n\u00bb, pero lo infirm\u00f3 en lo concerniente a los \u00abintereses moratorios\u00bb, al estimar que la \u201cpensi\u00f3n (\u2026) reconocida se sustenta en un precedente (\u2026) de la Corte Constitucional que desarrolla el principio de favorabilidad cuya aplicaci\u00f3n deviene de una orden de tutela, de suerte que no puede considerarse que la conculcada haya incurrido en mora en el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n, pues la negativa se sustent\u00f3 en su momento en una estricta aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026)\u201d, 13 feb. 2019. <\/p>\n
En opini\u00f3n del gestor, dicha negativa es arbitraria, toda vez que desconoce el \u201cprecedente constitucional\u201d seg\u00fan el cual, los \u00abintereses de mora\u00bb contemplados en el art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993 deben \u00abreconocerse\u00bb a todos los pensionados, con independencia de si la \u00abprestaci\u00f3n\u00bb se otorga o no con fundamento en dicha normatividad (Sentencia C-601 de 2000 y SU-230 de 2015). <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordenara al juez plural accionado \u201creconocer el pago de los intereses moratorios de que trata el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u201d. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, ya que lo controvertido es lo prove\u00eddo por el Tribunal. <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dijo atenerse a lo resuelto en el \u00abfallo\u00bb de primera instancia. <\/p>\n
La Administradora Colombiana de Pensiones y la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales instaron la desestimaci\u00f3n del amparo, argumentando que el impulsor no se encuentra en una situaci\u00f3n que deba ser protegida por esta justicia, ya que recibe en la actualidad $1.051.769 por concepto de mesada pensional, resaltando el segundo de tales organismos, la falta del requisito de inmediatez ya que la resoluci\u00f3n objetada data del 13 de febrero de 2019, y que la providencia reprochada se ajusta a la jurisprudencia vigente del \u00f3rgano de cierre laboral (SL9856-2014 y SL4650-2017), seg\u00fan la cual, dicho concepto no procede cuando el \u00abreconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez deviene de un cambio jurisprudencial\u00bb, lo que en todo caso no ri\u00f1e con la regla judicial trazada en las \u00absentencias C-601 de 2000 y SU-230 de 2015\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el ruego, fundado en que la \u00abdeterminaci\u00f3n\u00bb criticada \u201ces razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u201d, como quiera que se edific\u00f3 en la \u201cl\u00ednea jurisprudencial del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral\u201d. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor insistiendo en las observaciones del escrito inicial, precisando que la Sala Laboral \u00abvari\u00f3 recientemente la jurisprudencia sobre el reconocimiento de los intereses moratorios\u00bb, ajust\u00e1ndola a la de la Corte Constitucional (SL1681-2020, SL3130-2020 y SL3584-2020). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala supera el presupuesto temporal y el de la subsidiariedad que evidencia no satisfechos, en virtud a \u201cencontrarse en discusi\u00f3n un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual\u201d, tal como se ha sostenido en asuntos similares (STC1646-2020). <\/p>\n
Por consiguiente, se dirimir\u00e1 el fondo del problema planteado. <\/p>\n
2.- Delanteramente se advierte que, es cierto, como lo afirma el censor, que la Corte Constitucional ha establecido que los \u00abintereses de mora consagrados en el canon 141 de la Ley 100 de 1993 deben reconocerse a todos los pensionados\u00bb, con \u00abindependencia\u00bb del r\u00e9gimen legal que les permita acceder al \u00abderecho\u00bb. Tambi\u00e9n, que la Sala Permanente Laboral cambi\u00f3 recientemente su criterio sobre el punto, a fin de se\u00f1alar que dicho concepto \u201caplica a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones\u201d (SL1681-2020, 3 jun.). <\/p>\n
Sin embargo, no por eso puede afirmarse que el Tribunal de Bogot\u00e1 err\u00f3 al \u201cnegar\u201d los r\u00e9ditos suplicados por el promotor, toda vez que lo hizo no porque olvidara dicha \u201cregla jurisprudencial\u201d, sino porque aplic\u00f3 otra que se lo imped\u00eda, concretamente, aquella que se\u00f1ala que \u00e9stos no proceden cuando \u201cel reconocimiento de la prestaci\u00f3n obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que obviamente [la entidad demandada] no podr\u00eda prever\u201d. <\/p>\n
En ese sentido la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha puntualizado, que <\/p>\n
No sobra recordar que si bien es cierto que en \u00e9poca reciente esta Sala de Casaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, excepcionalmente, las administradoras de pensiones p\u00fablicas o privadas se encuentran exoneradas del pago de los mentados intereses moratorios, tambi\u00e9n lo es que precis\u00f3 que ello solo es posible en casos espec\u00edficos y, se itera, excepcionales, bien sea: i) cuando la administradora de pensiones niega el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto; ii) cuando el reconocimiento de la prestaci\u00f3n obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que obviamente dicha entidad no podr\u00eda prever, como cuando, por ejemplo, la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n se consider\u00f3 viable por la inaplicaci\u00f3n del requisito de fidelidad de cotizaciones por su contradicci\u00f3n seg\u00fan asent\u00f3 la jurisprudencia con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social; o iii) cuando la administradora niega la prestaci\u00f3n pensional por existir disputa entre sus posibles beneficiarios (ver sentencias CSJ SL787-2013, rad. 43602; SL10504-2014, rad. 46826, SL10637-2015, rad. 43396 y SL1399-2018, rad. 45779) (\u2026), se desataca, SL2414-2020. <\/p>\n
En armon\u00eda con ello, tambi\u00e9n ha esbozado que <\/p>\n
(\u2026) los intereses moratorios no son procedentes cuando el actuar de las administradoras, a efectos de negar las prestaciones que tienen a su cargo, encuentra justificaci\u00f3n en la norma con la que se deb\u00eda resolver el derecho, pues su proceder no se puede calificar de arbitrario o caprichoso. Es as\u00ed como en sentencia CSJ SL1364-2018, rad. 58032, se adoctrin\u00f3: <\/p>\n
En casos como el presente, en el que se debate el derecho a la pensi\u00f3n fundado en la ausencia del requisito de fidelidad al sistema de pensiones, esta Corporaci\u00f3n ha estimado que los intereses moratorios resultan improcedentes, dado que el reconocimiento pensional se ordena por la inaplicaci\u00f3n de la aludida exigencia, m\u00e1xime cuando la actuaci\u00f3n de la entidad demandada estaba amparada en una preceptiva de orden legal vigente para el momento en que se cumpli\u00f3 la reclamaci\u00f3n por el interesado [\u2026]. <\/p>\n
Con base en estos argumentos, no proced\u00eda la condena por tal concepto, teniendo en cuenta para ello que la reclamaci\u00f3n fue presentada el 5 de abril de 2005 (f.\u00ba 218 cdno. Ppal.) y resuelta negativamente el 26 de mayo de la misma anualidad, esto es, con anterioridad al cambio de criterio jurisprudencial de esta Sala relativo al requisito de fidelidad <\/p>\n
Postura que, adem\u00e1s, ha reiterado en diversos pronunciamientos, entre otros, en SL5181-2020, SL4480-2020, SL5172-2020, SL3947-2020, SL3808-2020, SL3584-2020, SL2691-2020, SL2912-2020, SL2557-2020, SL1947-2020, SL2414-2020, y que no modific\u00f3 con ocasi\u00f3n de lo expuesto en torno a la \u201caplicaci\u00f3n del art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993 para todo tipo de pensiones\u201d, primero porque no lo dijo en SL2414-2020 ni en las \u201csentencias\u201d que la han citado despu\u00e9s, y segundo, porque esas pautas no se excluyen, por el contrario se complementan. <\/p>\n
N\u00f3tese que el aspecto inicial ata\u00f1e al deber que tienen las aseguradoras de pagar a todos los afiliados los \u00abintereses moratorios del art\u00edculo 41 de la Ley 100\u00bb, mientras el segundo consagra una excepci\u00f3n a ese mandato, seg\u00fan la cual, no puede obligarse a sufragar r\u00e9ditos respecto de una \u201cprestaci\u00f3n\u201d que se neg\u00f3 en su momento con base en la ley aplicable al caso, pero que con posterioridad, en virtud de un \u201ccambio jurisprudencial\u201d se apreci\u00f3 que deb\u00eda concederse. <\/p>\n
Ciertamente, como lo advirti\u00f3 la Magistratura querellada, la \u00faltima hip\u00f3tesis corresponde al caso del impulsor, dado que el Instituto de Seguros Sociales le neg\u00f3 la pensi\u00f3n en 2009 con estribo en una interpretaci\u00f3n literal del Acuerdo 049 de 1990 (Resoluci\u00f3n No. 036475 de 5 de agosto de 2019), y su reconocimiento v\u00eda judicial obedeci\u00f3 a que la Corte Constitucional, despu\u00e9s, en la sentencia SU769 de 2014, estableci\u00f3 que dicha preceptiva admit\u00eda dos hermen\u00e9uticas y, en atenci\u00f3n al \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb deb\u00eda escogerse la m\u00e1s beneficiosa para los afiliados. As\u00ed se desprende del \u00abfallo\u00bb en el que esta Sala tutel\u00f3 las garant\u00edas del peticionario, donde se acot\u00f3: <\/p>\n
3.4.- Lo anterior, para resaltar que de la sumatoria de tiempos cotizados en su oportunidad al Instituto de Seguros Sociales y los laborados pero no aportados a la mentada entidad, se desprende que el afiliado logr\u00f3 un total de 1021, semanas ciertamente superiores a las 500 en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad que exig\u00eda el r\u00e9gimen pasado \u2013art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, disposici\u00f3n que debe aplic\u00e1rsele en virtud del principio de favorabilidad que decant\u00f3 la Corte Constitucional al revisar la existencia de dos interpretaciones dis\u00edmiles. <\/p>\n
3.5. Frente a la aplicaci\u00f3n del memorado principio, la Corte Constitucional en sentencia SU -769 de 2014 indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]urgi\u00f3 el debate de si era posible o no acumular semanas de cotizaci\u00f3n en entidades p\u00fablicas y privadas, el cual ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional bajo el an\u00e1lisis dos interpretaciones que nacen de la aplicaci\u00f3n de la norma: <\/p>\n
7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, seg\u00fan la cual los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n deben haber cotizado todo el tiempo de servicios exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsi\u00f3n social, p\u00fablicas o privadas (\u2026). <\/p>\n
7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretaci\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n del mencionado art\u00edculo 12 sugiere lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS; <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) El r\u00e9gimen de transici\u00f3n se circunscribe a tres \u00edtems -edad, tiempo de servicios o n\u00famero de semanas cotizadas, y monto de la pensi\u00f3n-, dentro de los cuales no se encuentran las reglas para el c\u00f3mputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones. <\/p>\n
Bajo esta interpretaci\u00f3n, para obtener la pensi\u00f3n de vejez en virtud del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector p\u00fablico cotizados a cajas o fondos de previsi\u00f3n social, como del sector privado cotizados al Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposici\u00f3n no exige que las cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n solamente se limita a los tres \u00edtems previamente se\u00f1alados, donde no se encuentra aquel referente al c\u00f3mputo de las semanas, requisito que debe ser determinado seg\u00fan lo dispuesto en la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
3.6. Al encontrar las interpretaciones anotadas, la Corte Constitucional resolvi\u00f3 acoger la segunda tesis en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en materia laboral, que sintetiz\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEspec\u00edficamente sobre el r\u00e9gimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, la aplicaci\u00f3n de este principio implica que, la entidad o autoridad responsable deber\u00e1 acumular los tiempos cotizados a entidades p\u00fablicas para contabilizar las semanas requeridas, atendiendo dos razones: (i) la falta de aplicaci\u00f3n de las normas previstas en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 har\u00edan nugatorios los beneficios que se derivan del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y, en consecuencia, del r\u00e9gimen anterior al cual se encuentra afiliado el peticionario; y (ii) el art\u00edculo 12 del mencionado acuerdo no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales\u00bb (CSJ STC390-2019el destacado es original del texto). <\/p>\n
Entonces, la \u201cnegativa a reconocer intereses moratorios sobre la pensi\u00f3n conferida a Tique Yira\u201d no puede tildarse de arbitraria o caprichosa, incluso, si esta Corporaci\u00f3n no comparte dicho \u00abcriterio\u00bb, porque como ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC146-2021). <\/p>\n
3.- En consecuencia, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, fecha y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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