STC1228-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1228-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-00775-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de febrero dos mil veintiuno (2020). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de junio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Alcib\u00edades Ram\u00edrez Quimbay le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior y al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante, ambos del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a los intervinientes en la causa objetada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, vida y salud\u00bb y, en consecuencia, que dentro del juicio penal adelantado en su contra por los punibles de tortura agravada, acceso carnal violento y soborno a testigos, se deje sin valor ni efecto las decisiones dictadas el 28 de febrero y 3 de abril de 2020 por el juzgado y el Tribunal, respectivamente, para que, en su lugar, se decrete la nulidad de lo actuado, se programe fecha para la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y se resuelva a su favor la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento intramural por la detenci\u00f3n domiciliaria transitoria. <\/p>\n
En sustento, asever\u00f3 que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante, en la \u00abaudiencia de juicio oral\u00bb, despach\u00f3 negativamente el incidente de nulidad que propuso con el fin de invalidar el litigio desde la imputaci\u00f3n porque, en su criterio, la Fiscal\u00eda enunci\u00f3 los cargos endilgados de forma imprecisa y expres\u00f3 los elementos materiales probatorios que ten\u00eda sin indicar los hechos jur\u00eddicamente relevantes y la manera como \u00e9stos se adecuaban t\u00edpicamente a los delitos reprochados (28 feb. 2020), determinaci\u00f3n que apelada fue ratificada por el superior, con el argumento que la irregularidad alegada era extempor\u00e1nea, toda vez debi\u00f3 incoarse en la \u00abformulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb y no en la \u00abetapa del juicio\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que tales resoluciones son irregulares, ya que, contrario a lo afirmado por los falladores, es viable nulitar el tr\u00e1mite, en virtud a que, por la dimensi\u00f3n del vicio, la anomal\u00eda puede radicarse en cualquier fase del litigio, de acuerdo con el arti\u0301culo 134 del Co\u0301digo de Co\u0301digo General del Proceso, aplicable por integraci\u00f3n normativa. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reproch\u00f3 la mora del a quo en resolver su petici\u00f3n de sustituci\u00f3n de prisi\u00f3n domiciliaria transitoria. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante y el Procurador 149 Judicial Penal II, ambos de Pereira, defendieron la legalidad de lo actuado y destacaron respeto de la \u201clibertad transitoria\u201d, que \u00e9sta fue rechazada por un juez de control de garant\u00edas por expresa prohibici\u00f3n legal, porque de conformidad con el Decreto Legislativo 546 de 2020, el delito por el que se halla procesado el promotor, se encuentra excluido de ese beneficio, prove\u00eddo convalidado en segunda instancia. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Delegada afirm\u00f3 que la exposici\u00f3n de hechos y su adecuaci\u00f3n jur\u00eddica ha sido suficientemente precisa para con el enjuiciado, a quien se le explic\u00f3 claramente por qu\u00e9 se le acusaba por \u00ablos delitos de tortura, acceso carnal violento y soborno\u00bb. <\/p>\n
La Magistratura encartada acot\u00f3 que el actor est\u00e1 utilizando este mecanismo como una tercera instancia, para lograr que se decrete la \u00abnulidad\u00bb anhelada y que \u00abla negativa del juzgador de primer grado en declarar la irregularidad, se resolvi\u00f3 de acuerdo a las normas legales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la guarda tras colegir que la inconformidad del peticionario frente a la \u00abnulidad\u00bb, es improcedente por falta del requisito de la subsidiariedad, y lo alusivo a la \u00abdetenci\u00f3n domiciliaria transitoria\u00bb ya fue dilucidado por los funcionarios competentes por lo que no existe tardanza en dirimir el asunto. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 el tutelante, reiterando lo argumentado en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, la acci\u00f3n constitucional se revela inviable, tal y como lo concluy\u00f3 la primera instancia, por cuanto se evidencia que Alcib\u00edades Ram\u00edrez Quimbay tiene a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para el pleno ejercicio del \u00abderecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
En efecto, es claro que al encontrarse en curso la investigaci\u00f3n penal que se sigue en su contra, concretamente en fase de juzgamiento, en los alegatos de conclusi\u00f3n tiene la facultad de aducir la \u00abnulidad\u00bb que por este sendero invoca. <\/p>\n
Tambi\u00e9n cuenta con la posibilidad de apelar la sentencia en caso de ser desfavorable a sus intereses y de recurrir en casaci\u00f3n la providencia que se dicte por el ad quem, evento \u00faltimo en el que puede discutir la \u00abnulidad de lo actuado\u00bb, tal como lo permiten los art\u00edculos 176 y 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que es el juez natural el llamado a solventar la controversia aqu\u00ed planteada, dado que la jurisdicci\u00f3n supralegal no est\u00e1 habilitada para ello. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, atendido el car\u00e1cter residual de la salvaguarda, en ning\u00fan momento se puede entender como un remedio instituido para reemplazar los establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en una Litis, ya que tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, no debe perderse de vista que \u00abla tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, [a quien] le est\u00e1 vedado (\u2026) arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado el 3 sep. 2015, STC11800), ya que hacerlo ser\u00eda tanto como invadir arbitrariamente su \u00f3rbita, independencia y autonom\u00eda (CJS STC1985-2018). <\/p>\n
2.- La rogativa tendiente a la \u00absustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento intramural por la detenci\u00f3n domiciliaria transitoria\u00bb, fue decidida, inclusive, con anterioridad a la proposici\u00f3n del auxilio (4 jun. 2020), al punto que el Juzgado Tercero Penal Municipal con funcio\u0301n de control de garant\u00edas de Pereira la neg\u00f3 el 6 de mayo de 2020, en auto ratificado por el Segundo Penal del Circuito de la misma sede (1\u00ba jun.), con fundamento en el Decreto Legislativo 546 de 2020, seg\u00fan el cual, el delito por el que se halla procesado el promotor se encuentra excluido de ese beneficio. <\/p>\n
Como la \u00absituaci\u00f3n de hecho\u00bb que supuestamente compromet\u00eda las garant\u00edas fundamentales del auspiciante es inexistente, no tiene ninguna raz\u00f3n la s\u00faplica superlativa, aspecto frente al que la Sala ha esbozado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3.- En s\u00edntesis, se convalidar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1228-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1228-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-00775-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de febrero dos mil veintiuno (2020). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de junio de 2020 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53486","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53486","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53486"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53486\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53486"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}