STC1331-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1331-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2020-00133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Iv\u00e1n Valencia Torres contra el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Mar\u00eda Elsy Sossa Pineda y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y defensa t\u00e9cnica, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado tener \u00abpor contestada la demanda\u2026 y acoger la prueba testimonial\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Elsy Sossa Pineda promovi\u00f3 proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho contra Jorge Iv\u00e1n Valencia Torres, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, despacho que notific\u00f3 al demandado personalmente el 23 de julio de 2019, quien solicit\u00f3 se le reconociera el amparo de pobreza -le fue denegado- y alleg\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda sin representaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el demandado insisti\u00f3 en su solicitud de amparo de pobreza, si\u00e9ndole concedido el mismo el 13 de agosto de 2020; se fij\u00f3 fecha para la audiencia inicial y el 24 de septiembre siguiente se llev\u00f3 a cabo dicha diligencia, en la que se indic\u00f3 que no se tendr\u00eda en cuenta la contestaci\u00f3n de la demanda por carecer de derecho de postulaci\u00f3n y de oficio decretaron unos medios de convicci\u00f3n, sin recursos. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que ha tenido distintos problemas con la juez criticada, al punto que tuvo que instaurar una primera tutela porque le hab\u00eda denegado el amparo de pobreza que deprec\u00f3, tr\u00e1mite en el que se indic\u00f3 que \u00e9l hab\u00eda contestado la demanda. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que ante una nueva solicitud le fue reconocido el amparo por pobre; que pese a que ya hab\u00eda contestado la demanda, se reuni\u00f3 con el abogado designado, al que le mostr\u00f3 dicha contestaci\u00f3n y le pidi\u00f3 que presentara la de \u00e9l en los mismos t\u00e9rminos, empero, dicho profesional le indic\u00f3 \u00abque si ya hab\u00eda contestado ya no hab\u00eda que responderla\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adujo que con dicho documento alleg\u00f3 suficientes pruebas para esclarecer las dudas que se presentaron, incluso demostr\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho que ostenta con Manuela Granada Zapata desde hace 5 a\u00f1os, por lo que solicit\u00f3 el interrogatorio de esta; que el 24 de septiembre de 2020 el despacho acusado declar\u00f3 que su contestaci\u00f3n \u00abno ten\u00eda ning\u00fan peso y que se daba por no contestada la demanda\u00bb; y que al decretarse las pruebas no se llam\u00f3 a testimonio a su compa\u00f1era. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no ha violado derecho fundamental alguno; que ha respetado las garant\u00edas de las partes; y que en ejercicio de su sano criterio ha valorado las pruebas recaudadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad; que luego de la asistencia judicial del accionante no se dijo nada acerca de la oportunidad con la que contaba para contestar la demanda, esto es, no recurri\u00f3 el auto a trav\u00e9s del cual se fij\u00f3 la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial, ni se pronunci\u00f3 frente a la negativa de tener por contestada la demanda; que tampoco critic\u00f3 que no se hubieren tenido en cuenta las pruebas que solicit\u00f3; que s\u00f3lo con posterioridad a dicha diligencia deprec\u00f3 que se estudiara la contestaci\u00f3n presentada, por lo que se le explicaron las razones para denegar su solicitud; que la tutela no era una instancia adicional; y no se avizoraba la presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el gestor guard\u00f3 silencio respecto a la oportunidad con la que contaba para contestar la demanda, la decisi\u00f3n que tuvo por no contestada la misma y a la negativa del decreto de las pruebas pretendidas, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
3. De otro lado, en lo atinente a las alegadas anomal\u00edas en las que incurri\u00f3 el abogado del gestor, se advierte que la supuesta negligencia del mismo: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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