STC1334-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1334-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2020-00315-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de octubre de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Betsy Serrano Araujo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el juicio objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Juzgado accionado \u00abemitir sentencia que ponga fin al proceso en primera instancia con radicado 2011-191 donde [ella] es demandante y demandado Automotores El Litoral – Autoritoral\u00bb. <\/p>\n
2.1. Betsy Serrano Araujo present\u00f3 demanda de responsabilidad en contra de Automotores El Litoral \u2013 Autolitoral S.A., con el fin de que se le reconociera da\u00f1os y perjuicios con ocasi\u00f3n del error cometido al momento de la imposici\u00f3n de las placas del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico que adquiri\u00f3; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Civil del Circuito de Barraquilla, quien admiti\u00f3 la demanda y adelant\u00f3 el tr\u00e1mite hasta el a\u00f1o 2014. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 la gestora que desde esa data el estrado de descongesti\u00f3n \u00absigui\u00f3 el curso del proceso remitiendo a despacho para sentencia el 8 de marzo de 2016\u00bb, sin embargo, \u00abdichos juzgados de descongesti\u00f3n fueron acabados, pasando as\u00ed en marzo de 2017 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb, sin que a la fecha de la presentaci\u00f3n de esta solicitud de amparo exista pronunciamiento final. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que desde que inici\u00f3 el proceso han transcurrido \u00abnueve (9) a\u00f1os y cinco (5) meses\u00bb sin que se emita sentencia de primera instancia, excediendo los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actual titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que el proceso no ha sufrido ning\u00fan trato discriminatorio, que desde que la juez Dra. Corzo Coba ingres\u00f3 al estrado judicial \u00abestableci\u00f3 un orden cronol\u00f3gico para emitir sentencias de acuerdo a la fecha en que se presentaron alegatos, encontr\u00e1ndose la demanda de la referencia en el turno 39\u2026 de lo cual los procesos ingresan en grupos de 4 cada mes para sentencia, siendo interrumpido este tr\u00e1mite, no solo por la pandemia y la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, sino tambi\u00e9n por la licencia de maternidad de la titular del despacho\u00bb; en curso de la impugnaci\u00f3n el estrado judicial inform\u00f3 que el proceso est\u00e1 en turno 2 para proferir fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Automotores del Litoral S.A. \u2013 Autolitoral S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, se refiri\u00f3 a los hechos de la demanda; indic\u00f3 que lo pertinente es ordenar \u00abla remisi\u00f3n del proceso al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, toda vez que las voces del art\u00edculo 121 del CGP, establece que se pierde \u201cautom\u00e1ticamente\u201d la competencia y debe enviarse al Juez\u2026 que le sigue en turno\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que la mora judicial est\u00e1 justificada, pues el estrado acusado conoce de asuntos sometidos al tr\u00e1mite escritural y al sistema oral; que en el a\u00f1o 2019 la sede judicial se vio afectada por un incendio en el edificio, adem\u00e1s, desde el 13 de marzo de 2020 hubo suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos hasta el mes de junio siguiente, a partir del cual inici\u00f3 la implementaci\u00f3n del Decreto 806 de 2020; situaciones que no pueden ser imputables el Juzgado accionado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la actora formul\u00f3 la nulidad establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, que fue negada con prove\u00eddo de 4 de febrero de 2020, decisi\u00f3n que no fue recurrida por la interesada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abel proceso inici\u00f3 en el a\u00f1o 2011 y no ha avanzado, solo ha pasado de Juzgado en Juzgado y no se le ha dado tr\u00e1mite\u2026 que lleva 9 a\u00f1os en la primera instancia\u00bb; que el Tribunal no examin\u00f3 correctamente los reparos de la tutela, los cuales no eran m\u00e1s que la \u00abincapacidad de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, habida cuenta que tiene 70 a\u00f1os de edad y padece varias patolog\u00edas como osteoporosis, cataratas, presi\u00f3n sangu\u00ednea. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa y examinados los fundamentos de la queja constitucional, esto es, que han trascurrido m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os sin que la autoridad judicial accionada haya proferido la sentencia de primera instancia en el juicio declarativo que inco\u00f3 la accionante contra Automotores Del Litoral S.A., pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n supralegal, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el fallo impugnado deber\u00e1 de revocarse y, en su lugar, concederse el amparo deprecado, ya que el estrado censurado ha incumplido, abiertamente, el t\u00e9rmino fijado por el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, vigente en el caso concreto para cuando el asunto se fij\u00f3 en lista para la emisi\u00f3n de la sentencia de primer grado (8 de marzo de 2016), incluso, desde el momento en que el despacho ac\u00e1 criticado avoc\u00f3 el conocimiento para pronunciarse respecto del fallo (6 de septiembre de 2017), m\u00e1xime cuando las razones que expuso para justificar tal tardanza no compensan la notoria dilaci\u00f3n ni demostr\u00f3 situaci\u00f3n alguna que lleve a considerar que se est\u00e1 frente a un caso de alta complejidad. <\/p>\n
3.1. En un asunto de contornos similares al de ahora, plenamente aplicable al presente, en raz\u00f3n a que la demora all\u00ed criticada ascend\u00eda a algo m\u00e1s de 8 a\u00f1os, el resguardo se otorg\u00f3 al considerar que: <\/p>\n
Descritas suficientemente las falencias no solo sobre el incumplimiento de los t\u00e9rminos para proferir cada una de las providencias, las que en vigencia del anterior ordenamiento procesal deb\u00edan darse al tenor del art\u00edculo 124, sino tambi\u00e9n en el desborde temporal en que ha incurrido el funcionario judicial para resolver de fondo los divisorios abiertos a tr\u00e1mite desde hace m\u00e1s de ocho a\u00f1os, corresponde precisar si esa conducta y falta de decisi\u00f3n encuentra motivos razonables que la justifique. <\/p>\n
Para el efecto, la jurisprudencia constitucional ense\u00f1a: <\/p>\n
\u00abLa justificaci\u00f3n, que es del alcance restrictivo, consiste \u00fanicamente en la situaci\u00f3n probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, considera la Corte que las causas de justificaci\u00f3n en la materia deben ser fijadas en la ley, raz\u00f3n por la cual no pueden obedecer a la caprichosa interpretaci\u00f3n del funcionario de turno. <\/p>\n
Desde luego, vencido el t\u00e9rmino que no pudo cumplirse por el inconveniente justificado, resulta perentorio el tr\u00e1mite preferente para el asunto que no alcanz\u00f3 a decidir en tiempo. De all\u00ed que no pueda admitirse de ninguna manera el aplazamiento indefinido de la resoluci\u00f3n, estando obligado el juez o fiscal, en ese excepcional evento, a otorgar prioridad al proceso que result\u00f3 afectado por la causa justificada\u00bb. CC T-030\/05. <\/p>\n
6. Los motivos expuestos por el Juez Promiscuo del Circuito…, en s\u00edntesis, refieren a la congesti\u00f3n por exceso de carga laboral en las distintas especialidades y procedimientos de los asuntos a su cargo, la carencia de personal suficiente y capacitado para realizar con eficiencia las labores judiciales, la deficiencia de recursos f\u00edsicos, y, por \u00faltimo, dej\u00f3 entrever que el proceder desleal de las partes impide mayor celeridad de las actuaciones. <\/p>\n
De entrada debe se\u00f1alarse que tales argumentaciones resultan insuficientes para justificar la dilaci\u00f3n, partiendo de que para el juez es una obligaci\u00f3n cumplir diligentemente los plazos para adelantar las actuaciones y diligencias, porque de lo contrario a \u00abquien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo\u2026 se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. CC T-1154\/04. <\/p>\n
6.1. En cuanto a la congesti\u00f3n o exceso de trabajo de los jueces, usualmente empleada como excusa para pretender justificar la dilaci\u00f3n de los procesos, no en pocas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha precisado que no constituye argumento v\u00e1lido para ese fin, a menos que medie una evaluaci\u00f3n objetiva al respecto, \u00abpues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicci\u00f3n la ineficiencia o ineficacia del Estado\u00bb. C-301\/93. Ver tambi\u00e9n, entre otras sentencias T-190\/95, T-604\/95, T-502\/97, T-292\/99, T-710\/03, T-201\/04. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo el entendido que el juez ha desplegado una actividad diligente, respetando y haciendo respetar los deberes y obligaciones que la ley impone, la posibilidad para que pueda justificar la inobservancia de los t\u00e9rminos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para resolver un asunto, debe enmarcarse en razones probadas y objetivamente insuperables, esto es, en el surgimiento de situaciones imprevisibles e ineludibles (CSJ, STC7494-2016, 9 jun., rad. 2016-00059-01). <\/p>\n
Asimismo, en un asunto con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, en punto a derruir las alegaciones de la acusada tendientes a justificar la mora judicial que se le enrostr\u00f3, dej\u00f3 dicho esta Corporaci\u00f3n, que: <\/p>\n
Revisado el registro de actuaciones del decurso cuestionado, se encuentra que la magistrada accionada super\u00f3 ampliamente el t\u00e9rmino de cuarenta (40) d\u00edas concedido en el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026 para definir la alzada incoada frente a la citada determinaci\u00f3n de 30 de agosto de 2012. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se resalta, como lo ha dicho esta Corte en juicios an\u00e1logos2, que ante la falta de evidencia o alegaci\u00f3n de la cual se derive la complejidad del asunto materia de debate, no puede tenerse por justificada la mora por ese aspecto. En esta ocasi\u00f3n, resulta claro que el tribunal debe determinar si ratifica o no el fallo del a quo en el asunto materia de queja, a la luz de los presupuestos legales para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, cuesti\u00f3n que as\u00ed expuesta, no revela mayor complicaci\u00f3n. <\/p>\n
En otros decursos donde la misma Magistrada\u2026 dej\u00f3 vencer ampliamente el t\u00e9rmino para resolver, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El Tribunal super\u00f3, con holgura, el t\u00e9rmino de cuarenta d\u00edas que le concede el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para dictar la sentencia de segunda instancia, si se tiene en cuenta que las diligencias ingresaron al despacho desde el 29 de noviembre de 2011 (\u2026). La explicaci\u00f3n que rindi\u00f3 la funcionaria fustigada no logra justificar su tardanza, pues, sus argumentos no distan de aquellos que se ofrecieron en oportunidades anteriores, y los mismos la Corte ha tenido la oportunidad de desestimarlos por no hallarlos justificativos ni con idoneidad suficiente para exonerar la conducta procesal omisiva de la funcionaria judicial denunciada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY, en ese mismo pronunciamiento, se dijo: <\/p>\n
\u201cEs preciso se\u00f1alar, en este punto, que la orden constitucional que se imparta debe ser id\u00f3nea y efectiva para restablecer el derecho fundamental vulnerado. As\u00ed, si se trata de una omisi\u00f3n, como aqu\u00ed acontece, la directriz del juez de tutela, siguiendo lo reglado en el inciso segundo del art\u00edculo 23 del Decreto 2591 de 1991, ser\u00e1 la de realizar la actuaci\u00f3n omitida por parte del funcionario que desatendi\u00f3 el cumplimiento del mandato legal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn los t\u00e9rminos descritos, la instrucci\u00f3n pertinente para superar la mora judicial injustificada, es conceder el amparo para ordenarle a la Magistrada accionada que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas proceda a registrar el proyecto de decisi\u00f3n, y dentro de los cinco (5) siguientes convoque a Sala de decisi\u00f3n para que desate el litigio (Sentencia de cinco de diciembre de 2012, exp. 2012-02638-00) (\u2026)\u201d3 (CSJ STC4768-2018, 12 abr., rad. 2018-00754-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que el Juzgado acusado ha trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, el t\u00e9rmino previsto por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil -vigente para cuando el caso fustigado ingres\u00f3 al despacho para fallo y, por tanto, actualmente aplicable a esa actuaci\u00f3n- para emitir la sentencia de primera instancia dentro del juicio fustigado, toda vez que desde el 6 de febrero de 2017 avoc\u00f3 el conocimiento del asunto, el cual ya contaba alegatos finales desde el 17 de diciembre de 2015, esto es, hace m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os, est\u00e1 pendiente de proferir fallo en primera instancia. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, para proteger el debido proceso de Betsy Serrano Araujo, conceder\u00e1 el amparo demandado y se ordenar\u00e1 al Juzgado accionado que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, emita decisi\u00f3n que desate el litigio y que en derecho corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Betsy Serrano Araujo. En consecuencia, ordena al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, que en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, emita decisi\u00f3n que desate el litigio y que en derecho corresponda, en el proceso declarativo promovido por la accionante contra Automotores El Litoral S.A. (radicado 08001-31-03-011-2011-00191). <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u00abArt\u00edculo 124. Los jueces deber\u00e1n dictar los autos de sustanciaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, los interlocutorios en el de diez (10) y las sentencias en el de cuarenta (40), contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin. <\/p>\n
<\/p>\n
En los mismos t\u00e9rminos los magistrados deber\u00e1n dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de la sala; esta dispondr\u00e1 de la mitad del respectivo t\u00e9rmino para proferir la decisi\u00f3n a que hubiere lugar, que se contar\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijar\u00e1 en lugar visible de la secretar\u00eda…\u00bb. <\/p>\n
2 CSJ STC, 11 abr. 2014, rad. 2014-00674-00; ratificada el 24 abr. 2014, rad. 2014-00731-00; el 3 jul. 2014, rad. 2014-01337-00; el 25 sep. 2014, rad. 2014-02061-00; y el 18 sep. 2014, rad. 2014-02009-00, entre otras. <\/p>\n
3 Ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
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