STC1335-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1335-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00224-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Audomelio Fragozo Epiay\u00fa -quien dice actuar en calidad de Autoridad Tradicional de la Comunidad \u00c9tnica Ind\u00edgena Wayuu \u201cEl Espinal\u201d- contra la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, quien aduce actuar en calidad de \u00abautoridad tradicional de la comunidad \u00e9tnica ind\u00edgena Wayuu \u2013 El Espinal \u2013 Municipio de Hatonuevo \u2013 La Guajira\u00bb, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vida, salud, igualdad, autonom\u00eda, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, \u00abautodeterminaci\u00f3n\u00bb y \u00abautoreconocimiento\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdecretar la nulidad del auto de fecha 11 del mes de agosto del a\u00f1o 2020\u00bb y, en consecuencia, se ordene al Tribunal accionado \u00abdarle tr\u00e1mite al Incidente\u2026 [por \u00e9l] presentado\u2026 tal como lo ordena la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil mediante sentencia de acci\u00f3n de tutela de fecha 15 del mes de julio de\u2026 2020\u2026 para que se le d\u00e9 cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-528 del a\u00f1o 1992 de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3: <\/p>\n
\u00abordenar al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Jurisdiccional Disciplinaria, investigar a los Magistrados del Tribunal Superior de Riohacha\u2026 por violar los derechos humanos de la Comunidad Ind\u00edgena Wayuu El Espinal y violar los incisos 1 y 15 del art\u00edculo 153 Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Armando P\u00e9rez Ara\u00fajo, en calidad de agente oficioso de los habitantes de las veredas de Caracol\u00ed y El Espinal, present\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela a favor de aqu\u00e9llos, a fin de que se ampare la conservaci\u00f3n de la calidad de vida y medio ambiente, relacionado con la contaminaci\u00f3n ambiental producto de la actividad de la explotaci\u00f3n minera del carb\u00f3n; petici\u00f3n de amparo que concedi\u00f3, por v\u00eda de revisi\u00f3n, la Corte Constitucional (T-528\/92), resguardando \u00abla vida y la integridad de Milton Ortiz Carrillo, su esposa y sus hijos menores, de Diomedes Cardona y su familia, y de las espec\u00edficas personas y familias residentes en las veredas de Caracol\u00ed y el Espinal del Municipio de Barrancas de La Guajira, que aparecen relacionadas en los folios 131, 132, 133 y 134 del expediente contentivos del estudio poblacional elaborado por la Organizaci\u00f3n Ind\u00edgena Yanama\u00bb, por lo que dispuso: <\/p>\n
\u00abordenar a todas las entidades y dependencias competentes de los Ministerios de Salud P\u00fablica y de Minas y Energ\u00eda que a m\u00e1s tardar dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes\u2026, tomen todas las medidas, ordenes, resoluciones y provisiones que sean necesarias y adecuadas para garantizar la efectiva protecci\u00f3n de los Derechos Constitucionales\u2026 de las personas y familias afectadas directamente por la contaminaci\u00f3n en las veredas de Caracol\u00ed y el Espinal\u2026 Dichas autoridades y entidades, deber\u00e1n precaver la conservaci\u00f3n de la calidad de vida y del medio ambiente sano en las mismas veredas en todo lo que se relacione con la contaminaci\u00f3n ambiental producto de la actividad de la explotaci\u00f3n minera del carb\u00f3n, teniendo en cuenta el car\u00e1cter de Inhabitable y de Alto Riesgo para la Vida Humana, Vegetal y Animal se\u00f1alado por la resoluci\u00f3n n\u00famero 02122 de 1991 (febrero 22) del Ministerio de Salud\u00bb. <\/p>\n
2.2. Al considerar que hab\u00eda incumplimiento de dicho mandato, Audomelio Fragozo Epiay\u00fa, en el a\u00f1o 2020 promovi\u00f3 incidente de desacato, por cuanto las entidades accionadas no atendieron lo ordenado; sin embargo, el Tribunal accionado, con prove\u00eddo de 19 de junio de esas calendas, neg\u00f3 dar tr\u00e1mite a dicho incidente, al considerar que el promotor carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2.3. Ante lo anterior, Fragozo Epiay\u00fa promovi\u00f3 una primigenia acci\u00f3n de tutela, al considerar que contrario a lo afirmado, ten\u00eda legitimaci\u00f3n para formular dicho desacato; el 15 de julio de 2020 esta Sala de Casaci\u00f3n accedi\u00f3 el resguardo (STC4447-2020), tras advertir que \u00abla autoridad querellada omiti\u00f3 realizar un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo sobre la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues para llegar a la aserci\u00f3n ahora criticada, era menester que el juzgador de primera instancia, con apoyo en la jurisprudencia constitucional sobre la legitimaci\u00f3n de las asociaciones o autoridades tradicionales ind\u00edgenas, se remitiera a los fundamentos f\u00e1cticos esbozados por el accionante, en aras a establecer si se trataba de la misma comunidad objeto de la inicial protecci\u00f3n constitucional o de sus descendientes, habida cuenta que el fallo se produjo hace m\u00e1s de 27 a\u00f1os\u00bb; agreg\u00f3 que tampoco analiz\u00f3 si en ese lapso se produjo cambio de representaci\u00f3n de las comunidades asentadas en la zona de actividad de explotaci\u00f3n de carb\u00f3n, por lo que al ser un grupo poblacional de especial protecci\u00f3n \u00abmerec\u00eda un pronunciamiento de fondo y no una de car\u00e1cter preliminar carente de la motivaci\u00f3n que debe contener toda providencia judicial\u00bb; determinaci\u00f3n confirmada en impugnaci\u00f3n el 23 de septiembre siguiente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En obediencia de lo anterior, el 11 de agosto de 2020 el Tribunal encausado efectu\u00f3 el an\u00e1lisis pertinente y concluy\u00f3 que, en efecto, el actor carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para promover el desacato y, por dem\u00e1s, declar\u00f3 cumplida la orden impartida por la Corte Constitucional mediante fallo de tutela de fecha 18 de septiembre de 1992, por lo que se abstuvo de sancionar por desacato. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de esta nueva tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, ya que \u00e9l \u00abdemostr\u00f3 que la comunidad \u00e9tnica El Espinal a\u00fan existe\u2026 y que pertenece a la comunidad ind\u00edgena Wayuu El Espinal, que es su autoridad tradicional, que pertenece al Clan Epiay\u00fa\u00bb. <\/p>\n
2.6. Destac\u00f3 que el colegiado concluy\u00f3 que no estaba legitimado para incoar el desacato, tras estudiar \u00ablas informaciones presentadas por el Ministerio del Interior, oficinas de Asuntos Ind\u00edgenas del Departamento de La Guajira y Asuntos Ind\u00edgenas del Municipio de Albania y Barrancas\u00bb, sin embargo, no atendi\u00f3 que para determinar dicha calidad de representaci\u00f3n \u00abprevalece la[s] informaciones presentadas por la comunidad \u00e9tnica El Espinal, que es la \u00fanica que determina su existencia y cu\u00e1les son sus miembros, donde el censo que prevalece es el censo interno elaborado por la comunidad \u00e9tnica El Espinal, que tienen mayor validez jur\u00eddica que las informaciones, certificaciones, resoluciones y censo elaborados por entidades estatales\u00bb. <\/p>\n
2.7. Anot\u00f3 que \u00abla jurisprudencia ha admitido que la legitimaci\u00f3n en la causa, para la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 radicada en: las autoridades ancestrales o tradicionales de la respectiva comunidad; los miembros de la comunidad; las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y la defensor\u00eda de pueblo. Sentencia T-172 del 2019\u00bb. <\/p>\n
2.8. Por \u00faltimo, pidi\u00f3 se le ordene \u00abal Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria investigar a los Magistrados\u00bb, pues, manifiesta, \u00abni las instituciones del Estado del Orden Nacional ni la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited\u2026 han cumplido con lo ordenado en la sentencia T-528 del a\u00f1o 1992, con relaci\u00f3n a la comunidad \u00e9tnica El Espinal\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no es la llamada a responder. <\/p>\n
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2. El Ministerio de Trabajo manifest\u00f3 que el actor cuenta con los medios de control judiciales a fin de hacer valer sus derechos; anot\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Carbones de Cerrej\u00f3n Limited, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 negar la solicitud de amparo, al considerar que decisi\u00f3n censurada no luce arbitraria, pues el actor carece de legitimaci\u00f3n en la causa para promover el incidente de desacato del que ahora se duele. <\/p>\n
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4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; inform\u00f3 que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena con sentencia de 23 de junio de 2016, proferida en el juicio 200013121001201400033-00 ampar\u00f3 el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras que le asiste a la comunidad ind\u00edgena Way\u00fau Nuevo Espinal (anteriormente \u201cEl Espinal\u201d), sobre los predios: El Cerrito, Las Palmitas, Nuevo Sincelejo y Nuevo Hato; anot\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indic\u00f3 que para cuando se profiri\u00f3 el fallo de tutela T-528\/91 dicha entidad no exist\u00eda, por lo que no puede responder por las \u00f3rdenes all\u00ed dadas; que desde la Direcci\u00f3n de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana adelanta las acciones tendientes al cumplimiento de la sentencia proferida en el juicio de restituci\u00f3n de tierras por el Tribunal de Cartagena (2014-00033); que no ha vulnerado las prerrogativas alegadas. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12). (Citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, de entrada, advierte la Sala que la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 11 de agosto de 2020, indic\u00f3 las razones por la cuales el accionante no contaba con legitimaci\u00f3n para incoar el incidente de desacato, consignando que: <\/p>\n
\u2026para proceder a dar apertura al incidente propuesto, lo cierto es que dicha solicitud debe ser promovida por quien se encuentre facultado (legitimado) para promoverlo; es decir, quien resulte ser el titular de los derechos fundamentales en cuesti\u00f3n, ya sea quien interpuso la acci\u00f3n de tutela primigenia o el sujeto procesal del amparo. <\/p>\n
Lo anterior toma relevancia jur\u00eddica en las anotaciones de esta consideraci\u00f3n dado que la orden emitida en 1992, y la cual ocupa el inter\u00e9s de esta Sala de Decisi\u00f3n, tuvo efectos \u201cinter partes\u201d al determinar que la protecci\u00f3n otorgada solo correspond\u00edan a \u201c(\u2026) las espec\u00edficas personas y familias residentes en las veredas de Caracol\u00ed y el Espinal del Municipio de Barrancas en el Departamento de la Guajira, que aparecen relacionadas en los folios 131, 132, 133 y 134 del expediente contentivos del estudio poblacional elaborado por la Organizaci\u00f3n Ind\u00edgena Yanama, (\u2026)\u201d, sujetos dentro de los cuales efectivamente fue objeto de protecci\u00f3n la comunidad ind\u00edgena wayuu denominada \u201cel Espinal\u201d, dado que as\u00ed lo advirtieron las autoridades compelidas, por lo que prima facie podr\u00eda decirse que la comunidad actora se encuentra asistida de inter\u00e9s para propender por esta causa, no obstante, revisado exhaustivamente el plenario, la conclusi\u00f3n que allega resulta contraria, tal como pasa a exponer. <\/p>\n
De los informes rendidos por la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n y el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, se pudo colegir que la comunidad ind\u00edgena wayuu \u201cEl Espinal\u201d a la fecha se encuentra bifurcada. As\u00ed, mediante la Resoluci\u00f3n N\u00b0 22 del 16 de mayo de 1995 se dio car\u00e1cter legal de resguardo ind\u00edgena en favor de la comunidad ind\u00edgena cuatro de noviembre teniendo en cuenta que \u201cse trasladaron 32 de las 53 familias que conformaban la comunidad ind\u00edgena Wayuu Caracol\u00ed \u2013 Espinal en abril de 1991\u201d \u201ccomo consecuencia de la explotaci\u00f3n del carb\u00f3n en el cerrej\u00f3n, Zona Norte, Tajo Sur, en el Municipio de Barrancas (\u2026) la comunidad ind\u00edgena wayuu de Caracol\u00ed \u2013 Espinal se vio afectada por la poluci\u00f3n del medio ambiente causada por el polvillo de carb\u00f3n (\u2026) circunstancia que hicieron recomendable el traslado de dicha comunidad, la cual acept\u00f3 seg\u00fan consta en Acta de marzo 20 de 1991\u201d. <\/p>\n
De la comunidad ind\u00edgena cuatro de noviembre, la Secretaria de Asuntos Ind\u00edgenas y \u00c9tnico Municipal de Albania, a trav\u00e9s de la certificaci\u00f3n n\u00b0 2692 del 30 de agosto de 2019, vis\u00f3 como Autoridades Tradicionales reconocidas ante el Ministerio del Interior a los se\u00f1ores Alberto Rodr\u00edguez Montiel, V\u00edctor Jos\u00e9 Pushaina y Jairo V\u00e1squez Epieyu. N\u00f3tese que ninguno de los mencionados corresponde a quien ejerce la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, tenemos que mediante Acuerdo No. 36 del 11 de diciembre de 2017 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural \u2013 Agencia Nacional de Tierras, acord\u00f3 constituir el resguardo ind\u00edgena Nuevo Espinal, de la etnia Wayuu, ubicado en la jurisdicci\u00f3n del municipio de Barrancas, sobre cuatro predios a saber: el cerrito, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 210-20251, ii). las palmiras, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 210-20493, iii) Nuevo Sincelejo, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 210-21361 y iv) Nuevo Hato, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 210-6289, ubicados en el municipio de Barrancas, y cuales corresponden a un reasentamiento en nuevo territorio, producto de la fragmentaci\u00f3n de la comunidad que se dio por hechos asociados al conflicto armado y a la miner\u00eda y que hoy constituyen el Resguardo Nuevo Espinal, afirmaci\u00f3n \u00e9sta que se desprende de lo informado por la Magistrada Ada Patricia Lallemand Abramuck, quien fungi\u00f3 como Magistrado Sustanciadora al interior de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras radicado bajo el No. 200013121001-2014-00033-00, proceso adelantado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
Respecto la comunidad ind\u00edgena Nuevo Espinal, la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n aport\u00f3 copia del Acta de Posesi\u00f3n como Representante Legal de la comunidad en comento, del se\u00f1or \u00c1lvaro Ipuana, quien fue nombrado por Acta No. 009 del 21 de marzo de 2018, surgiendo nuevamente la falta de identidad entre la Autoridad debidamente acreditada y quien hoy ejerce la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, teniendo en cuenta la implementaci\u00f3n del marco legal y normativo a efectos del registro y certificaci\u00f3n de Autoridad o cabildo de la comunidad y\/o resguardo ind\u00edgena elegido o reconocido de acuerdo con sus usos y costumbres, documento publicado por el Ministerio del Interior, no puede tenerse como documento v\u00e1lido para acreditar la identificaci\u00f3n representativa del se\u00f1or Audomelio Fragozo con el acta simple que fue aportado en el escrito incidental, pues ello no genera certeza de la calidad con la que acude este sujeto ante la Administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime cuando se advierte de las contestaciones que la comunidad \u201cel espinal\u201d existi\u00f3 de esta forma hasta el a\u00f1o 1993. Debe agregarse, que tampoco se aport\u00f3 prueba si quiera sumaria que permitiera a la colegiatura determinar que por lo menos pertenece a cualquieras de las referidas comunidades; es decir, el incidentalista no demostr\u00f3 ser autoridad tradicional de las comunidades que se desprendieron a posterioridad, todo lo cual ratifica la falta de legitimaci\u00f3n en causa para incoar el incidente de marras. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la citada decisi\u00f3n no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado accionado analiz\u00f3 la documental aportada al plenario y concluy\u00f3 que el actor no estaba facultado para incoar el incidente de desacato, pues la comunidad ind\u00edgena wayuu \u00abEl Espinal\u00bb se encuentra bifurcada, conform\u00e1ndose dos nuevos territorios denominados \u00abNuevo Espinal\u00bb y la comunidad del \u00ab04 de noviembre\u00bb, los cuales no son parte en esta oportunidad ni el actor las representa, menos demostr\u00f3 ser autoridad tradicional. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050) <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a las supuestas irregularidades de los togados accionados que, en sentir del quejoso, requieren ser investigados disciplinariamente, es menester precisar que si aquel considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustiga, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01). <\/p>\n
5. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC1335-2021 Magistrado ponente STC1335-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00224-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Audomelio Fragozo Epiay\u00fa -quien dice actuar en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53491"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53491\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}