STC1337-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1337-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00281-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Mart\u00edn Barros Lago contra la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abdoble instancia\u00bb y \u00abefectividad de la tutela\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al \u00abTribunal\u2026 se sirva dar el tr\u00e1mite correspondiente a la solicitud de p\u00e9rdida de competencia de\u2026 febrero veintis\u00e9is (26) de 2020, en raz\u00f3n a que a la fecha de la presente acci\u00f3n de tutela\u2026 no ha dado cumplimiento a la solicitud antes citada a pesar de haber transcurrido un t\u00e9rmino aproximado de un a\u00f1o\u00bb y, en consecuencia, se disponga \u00abdar el tr\u00e1mite correspondiente en el asunto\u2026 2014-00200-01\u2026 que lleva un tiempo\u2026 de dos (2) a\u00f1os y once (11) meses\u2026 sin proferir decisi\u00f3n\u00bb1 <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Jorge Mart\u00edn Barros Lago promovi\u00f3 demanda de pertenencia en contra de Luz Elena Lavalle, Nancy Esther y Nery Antonia Barros Lago para que se reconociera que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, el inmueble ubicado en la carrera 13 n\u00b0 13c \u2013 22 de Valledupar; cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad; que el 30 de junio de 2016 neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n que, previa orden constitucional2, se concedi\u00f3 ante el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 el actor que el 2 de octubre de 2017 el colegiado admiti\u00f3 la alzada, sin que a la fecha exista pronunciamiento de la misma, raz\u00f3n por la que el 26 de febrero de 2020 solicit\u00f3 la nulidad por p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, petici\u00f3n de la que, se duele, a\u00fan no ha sido resuelta. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que el Tribunal, desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, no ha dado emitido pronunciamiento respecto de la petici\u00f3n de nulidad, por lo que los t\u00e9rminos dispuestos en la codificaci\u00f3n procesal civil est\u00e1n fenecidos, de ah\u00ed que la salvaguarda sea procedente a fin de que el litigio contin\u00fae su tr\u00e1mite normal y se profiera sentencia definitiva. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Valledupar inform\u00f3 que el 2 de octubre de 2017 admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n; que \u00absin que el proceso est\u00e9 en turno para resolver, pues le anteceden otros, por medio de auto del 11 de febrero de esta anualidad, conforme al art\u00edculo 14 del Decreto Ley 806 de 2020, se corri\u00f3 traslado a la parte apelante dentro del proceso, para que sustente el recurso de apelaci\u00f3n que propuso\u00bb; que no ha emitido decisi\u00f3n final en el asunto fustigado, por \u00abla imperiosidad que existen no solo de evacuar los que le anteceden, sino las muchas acciones constitucionales que han sido sometidos a su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
En escrito aparte, manifest\u00f3 que respecto del memorial de 26 de febrero de 2020 por medio del cual el actor, aduce, pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, del mismo \u00absolo tuv[o] conocimiento con el traslado de la presente acci\u00f3n\u2026 que descono[ce] el memorial\u2026 as\u00ed como las razones por las cuales no ha sido incorporado al proceso\u00bb, que \u00abmuy a pesar de que la solicitud del actor haya sido radicada ante la secretaria de este tribunal, no es menos cierto, que dicho memorial no fue agregado al expediente respectivo, raz\u00f3n por la cual\u2026 se le hace imposible emitir pronunciamiento alguno dentro del asunto\u00bb; que al margen de lo ocurrido con el mentado escrito, lo cierto es que en otros casos donde ha declarado la p\u00e9rdida de competencia con base en la citada norma, \u00abla misma no ha surtido efectos jur\u00eddicos atendiendo que el magistrado que sigue en turno y la Sala Mixta no han admitido, devolviendo los procesos al magistrado a quien inicialmente le fue asignado\u2026 bajo el argumento de que el Tribunal\u2026 se encuentra congestionad[o] por los m\u00faltiples procesos sometidos a su consideraci\u00f3n y acceder a dicha solicitud har\u00eda m\u00e1s gravosa la congesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja del promotor se circunscribe a la demora que se ha suscitado en torno a la decisi\u00f3n de la petici\u00f3n que formul\u00f3 el 26 de febrero 2020 de cara a la p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, al interior del juicio de pertenencia por \u00e9l inco\u00f3 en contra de Luz Elena Lavalle, Nancy Esther y Nery Antonia Barros Lagos. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, de entrada observa la Sala que la queja del promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que se encuentra pendiente la resoluci\u00f3n de una petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia desde el 26 de febrero de 2020, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la petici\u00f3n referida por el inconforme no haya sido resuelta aun. <\/p>\n
En cuanto a la viabilidad de la utilizaci\u00f3n de este instrumento judicial como remedio frente a situaciones como la aqu\u00ed presentada, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) \u201clas situaciones de \u2018mora judicial\u2019 que abren paso a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico de la autoridad convocada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas, como se avizora en el caso planteado. (\u2026) En tal sentido se ha expuesto que \u2018la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u2019 (sentencia de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01)\u201d (CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00168-02; y CSJ STC, 27 nov. 2013, rad. 2013-00056-01). <\/p>\n
Coherente con lo anterior, la tardanza en la resoluci\u00f3n de la p\u00e9rdida de competencia en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso planteada al interior del proceso 2014-00200 no resulta excusada por el error en que, seg\u00fan lo inform\u00f3 el colegiado accionado, se incurri\u00f3 al no incorporar el memorial al expediente, pues, en verdad, esa falta de diligencia no puede endilgarse al usuario de la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime cuando constituye una contravenci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 109 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a que el secretario debe pasar al despacho de manera inmediata, junto con el expediente, las solicitudes que requieren decisi\u00f3n. <\/p>\n
La Sala, en un asunto con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed auscultado, en punto a la falta de diligencia de los memoriales presentados por las partes, expuso que: <\/p>\n
\u2026[e]l otro cuestionamiento planteado tiene qu\u00e9 ver con la ausencia de respuesta al memorial presentado por el querellante el pasado 13 de julio, con el que buscaba que el juez convocado aplicara el art\u00edculo 85 pen\u00faltimo inciso del estatuto de los ritos. <\/p>\n
En este punto, se tiene que a hoy no existe certeza de alg\u00fan pronunciamiento que resuelva esa misiva ni del impulso por Secretar\u00eda para que as\u00ed suceda, pues, ninguna actuaci\u00f3n en ese sentido obra en las diligencias, ni el Juzgado inform\u00f3 en el curso de la queja sobre tal circunstancia. Tampoco se adujo ni demostr\u00f3 alguna excusa v\u00e1lida para tal reproche. <\/p>\n
No se olvide que el art\u00edculo 107 del estatuto procesal civil [hoy art\u00edculo 109 del C\u00f3digo General del Proceso] prev\u00e9 que \u201c[e]l secretario har\u00e1 constar la fecha de presentaci\u00f3n de los memoriales que reciba, pero solo pasar\u00e1 al despacho de modo inmediato y con el respectivo expediente, aquellos que requieran decisi\u00f3n o los agregar\u00e1 a este si se encuentra all\u00ed para que resuelva simult\u00e1neamente todas las peticiones pendientes. Los dem\u00e1s escritos y comunicaciones que no contengan una solicitud o no requieran de un pronunciamiento se agregar\u00e1n al expediente por el secretario sin necesidad de auto que lo ordene\u201d (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Dado que el se\u00f1alado escrito ameritaba una contestaci\u00f3n, era necesario su ingreso al Despacho con ese prop\u00f3sito. Sin embargo, al no proceder as\u00ed, se dio un actuar poco diligente que conlleva al resguardo como la v\u00eda adecuada para proteger los derechos conculcados (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 27 nov. 2013, rad. 2013-00056-01; reiterada en STC1860-2015, 25 feb., rad. 2014-00882-01; STC13715-2019, 9 oct., rad. 2019-03161-00). <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, se destaca que el fallador cuestionado no puede evadir su responsabilidad en la mora en desatar la petici\u00f3n en comento bajo el supuesto de que el memorial no fue incorporado al expediente, pues lo cierto es que el funcionario director del despacho es \u00e9l, por lo que debe adoptar las medidas pertinentes para que situaciones como esa no se presenten. Por otro lado, aunque pueda tener una carga laboral excesiva, ello, sin duda, no justifica que una solicitud como lo presentada el 26 de febrero de 2020 tarde un tiempo tan prolongado en ser resuelto. <\/p>\n
Frente al particular la jurisprudencia constitucional ha precisado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u2018la jurisdicci\u00f3n no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisi\u00f3n sobre las situaciones que generan el litigio, atentando as\u00ed, gravemente contra la seguridad jur\u00eddica que tienen los ciudadanos.\u2019 Uno de los motivos m\u00e1s recurrentes en la jurisprudencia en los cuales se han analizado casos en los que se acusa a un funcionario judicial de haber incurrido en mora es el de la congesti\u00f3n o exceso de trabajo de los magistrados, jueces y fiscales, respecto del cual la Corte ha precisado que \u00e9ste no constituye por s\u00ed mismo, sin m\u00e1s evaluaci\u00f3n, argumento suficiente para justificar la dilaci\u00f3n en que se haya incurrido.\u201d <\/p>\n
\u201cA los funcionarios no les basta con aducir exceso de trabajo o una significativa acumulaci\u00f3n de procesos para que el incumplimiento de los t\u00e9rminos judiciales sea justificado, pues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicci\u00f3n la ineficiencia o ineficacia del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales. Como se afirm\u00f3 en la Sentencia T-1068 de 2004 \u2018no puede aducirse por parte de un juez de la Rep\u00fablica que se cumplen las funciones a \u00e9l encargadas para un negocio y se desatienden en otro\u2019 (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 21 may. 2010, rad. 2010-00705-00) <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo demandado y se ordenar\u00e1 al Magistrado accionado que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, resuelva la petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia pretendida a trav\u00e9s del memorial de 26 de febrero de 2020. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Jorge Mart\u00edn Barros Lago. En consecuencia, ordena a la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a resolver la solicitud de p\u00e9rdida de competencia formulada el 26 de febrero de 2020; petici\u00f3n pretendida al interior del juicio de pertenencia promovido por el gestor contra Luz Elena Lavalle, Nancy Esther y Nery Antonia Barros Lago, con radicado 2014-00200-01. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del \u00faltimo t\u00e9rmino. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si el presente fallo no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Petici\u00f3n que el actor concret\u00f3 con memorial subsanatorio del libelo tutelar. <\/p>\n
2 CSJ, STC15304-2016. <\/p>\n
<\/p>\n
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