STC1339-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1339-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00285-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cl\u00ednica de Urgencias Bucaramanga SAS contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, salud, trabajo, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y \u00abempresa\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia se ordene al Tribunal convocado \u00abdeje sin efecto la providencia de 15 de diciembre de 2020\u2026\u00bb; se disponga \u00abrevocar el auto del 15 de octubre de 2020\u00bb; y se ordene al Juzgado accionado que \u00abd\u00e9 cumplimiento a la medida de embargo insisti\u00e9ndole ante la ADRES con su inscripci\u00f3n tomando nota sobre los recursos de Nueva EPS\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Cl\u00ednica de Urgencias Bucaramanga SAS promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Nueva EPS S.A., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, el que en prove\u00eddo de 13 de julio de 2020 libr\u00f3 mandamiento de pago y en auto de la misma fecha, entre otras cosas, decret\u00f3 embargo y retenci\u00f3n de dineros que tuviera la ejecutada en sus cuentas, adem\u00e1s de los de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, por concepto de compensacion interna del regimen contributivo, de solidaridad del regimen subsidiado en salud y de promocion en salud. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 28 de agosto de 2020 se deneg\u00f3 la petici\u00f3n del extremo actor de que se instara al Adres para el cumplimiento de la medida ordenada, pues conforme al art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso y a lo manifestado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- los dineros objeto de la medida cautelar estaban protegidos por el principio de inembargabilidad, decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, por lo que en auto de 15 de octubre siguiente se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.3. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de esa ciudad en providencia de 15 de diciembre de 2020 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que las autoridades acusadas desconocieron recientes pronunciamientos de tutela sobre el punto en cuesti\u00f3n, en los que se permite la cautela de bienes, en principio inembargables, aplicando las excepciones correspondientes; que con las determinaciones criticadas se deja sin piso la posibilidad de recaudar coercitivamente las sumas que la Nueva EPS S.A. ha dejado de pagarle con el presupuesto asignado para servicios de salud, configur\u00e1ndose as\u00ed un incumplimiento de sus obligaciones. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que las determinaciones emitidas omiten los fundamentos f\u00e1cticos expuestos en el proceso, conforme con los que los servicios de salud prestados a los usuarios de la Nueva EPS SA se encuentran bajo la cobertura del POS, raz\u00f3n por la que el pago de los mismos se debe realizar con cargo a los recursos que gira el ADRES dentro del sistema de seguridad social. <\/p>\n
2.6. Adujo que ha buscado que las autoridades acusadas se pronuncien sobre la situaci\u00f3n econ\u00f3mica que los aqueja, siendo el \u00fanico mecanismo real y efectivo la medida cautelar de embargo de los dineros; y que desconocer para los prestadores directos de salud dicha posibilidad atenta contra sus prerrogativas y los deja desprotegidos. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que tambi\u00e9n se conculcan los derechos de los usuarios, en tanto las IPS no cuentan con recursos para comprar medicamentos, insumos, pagar salario del personal de la salud ni servicios p\u00fablicos; que se desconocen precedentes de la Corte Constitucional (C-543\/13) y de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que se encuentran frente a una de las excepciones a la inembargabilidad de estos recursos; que la libertad interpretativa de los falladores acusados no es absoluta; y que incurrieron en defectos f\u00e1ctico, sustantivo, procedimental. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3 que no advert\u00eda la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales; que el proceso se fund\u00f3 en las normas procesales y sustanciales que rigen el asunto; y que ha sido determinado por v\u00eda jurisprudencial el car\u00e1cter de inembargabilidad de los recursos de la salud como componente del presupuesto general de la Naci\u00f3n, estableci\u00e9ndose reglas que constituyen la excepci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de dicho principio, las que fueron advertidas en la decisi\u00f3n ahora atacada. <\/p>\n
2. Nueva EPS S.A. se\u00f1al\u00f3 que en ning\u00fan momento se ha sustra\u00eddo del cumplimiento de sus obligaciones legales y ha garantizado la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dico asistenciales, a fin de evitar que los recursos de la salud se vean afectados y limitados con los embargos ordenados; que no se transgrede el ordenamiento jur\u00eddico ni derecho fundamental alguno; que las decisiones emitidas se han ajustado a la legalidad; que la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se han pronunciado frente a la inembargabilidad de este tipo de recursos; que no existe actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de los accionados a la que se le pueda endilgar la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales; y que no exist\u00eda un perjuicio irremediable que justificara un amparo temporal. <\/p>\n
3. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de esa ciudad refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada se fund\u00f3 en los documentos que obran en el expediente, las disposiciones legales que consagran la inembargabilidad de los recursos de la salud y las razones del legislador sobre el punto; que si bien existen algunos pronunciamientos frente al tema por parte de la Corte Suprema de Justicia -Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral-, lo cierto era que \u00ablejos de desconocerlos y en uso de la facultad que la ley le otorga, se aparta de ellos de manera respetuosa, no sin antes explicar las razones jur\u00eddicas de su disentimiento\u00bb; que en la providencia criticada enlista y explica con la mayor precisi\u00f3n los motivos de nuestro apartamiento; y que esperaban que se juzgara como razonable su postura, pues se hallaba cimentada en la ley, estando prestos \u00aba o\u00edr los argumentos que indiquen en qu\u00e9 punto est\u00e1 [su] error, pues, como siempre nos asalta el temor de estar equivocados\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto, tal y como lo esgrimi\u00f3 la tutelante, desconoci\u00f3 abundantes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, relacionados con las excepciones a la inembargabilidad de los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones <\/p>\n
En efecto, el Tribunal criticado, en la providencia del 15 de diciembre de 2020, tras advertir la procedencia de la alzada por tratarse de un auto que resolv\u00eda sobre una petici\u00f3n de las medidas cautelares, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u2026es preciso reconocer que este Tribunal, sobre el tema, a pesar de que obra en salas unitarias, pues as\u00ed lo ordena la ley, no desconoce tales pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, ni asume una postura tozuda frente a los mismos, sino que expresa, con el mayor respeto, su desacuerdo. Hasta el momento, las tutelas han prosperado con el argumento seg\u00fan el cual el Tribunal desconoce el precedente; pero no conocemos ni una sola sentencia en la cual se expliquen las razones que demuestran que el Tribunal est\u00e1 en un error. As\u00ed, por ejemplo, en la sentencia de tutela STC8545, si bien la Corte Suprema de Justicia transcribe en extenso parte del auto cuestionado (del 14-09-2020, MP. Mery Esmeralda Ag\u00f3n Amado), lo hace solo para verificar que la postura del Tribunal es diferente a la de las sentencias de tutela anteriores de esa Corte (lo cual era obvio e innecesario, pues la misma providencia del Tribunal lo expresaba abiertamente y se\u00f1alaba que se trataba de un desacuerdo con el precedente) pero, lamentablemente, por parte alguna aparecen en la sentencia de tutela las razones por las cuales hay un error en el planteamiento del Tribunal. Simplemente, se dice, no es acorde con el precedente; tal cosa era cierta y los es ahora tambi\u00e9n, pero esa circunstancia, per se, no vulnera derechos fundamentales, pues el sistema jur\u00eddico ha previsto el fen\u00f3meno jur\u00eddico del apartamiento del precedente, que de ninguna manera es caprichoso o carente de explicaciones. <\/p>\n
A nuestro parecer, la posibilidad de apartarse del precedente no es letra muerta; la autoridad judicial de jerarqu\u00eda inferior que manifieste este apartamiento tiene el deber de explicar las razones jur\u00eddicas de su disentimiento, por supuesto; y el Tribunal lo ha hecho; pero contra lo que es dable esperar, hasta ahora solo se han producido pronunciamientos tautol\u00f3gicos en los que se dice que el Tribunal desconoce el precedente, simplemente, porque s\u00ed, sin parar mientes en que el Tribunal expresa un desacuerdo y sus razones para apartarse. Con todo respeto, salvo que el inferior se base simplemente en su capricho o en su ignorancia de la existencia del precedente, una postura de tal talante merece, al menos, un examen del superior. Y, aunque solo uno de los despachos del Tribunal ha sido objeto de tales pronunciamientos de tutela, bien se sabe que es postura general de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Puntualizando que: <\/p>\n
\u2026la postura del Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil, a\u00fan debe mantenerse, pues no hallamos razones jur\u00eddicas para variarla (salvo la invocaci\u00f3n magister dixit, que, por ahora, descartamos con una respetuosa venia a nuestro superior jer\u00e1rquico). Veamos: <\/p>\n
La ley consagra la inembargabilidad de los recursos de la salud, de acuerdo con las siguientes normas\u2026 <\/p>\n
\u00bfCu\u00e1les pueden ser las razones del legislador para ser insistente en la inembargabilidad de los recursos de la salud? <\/p>\n
La parte actora, en este caso, platea un argumento bien interesante: si la raz\u00f3n de ser de estos recursos (de los cuales no niega su inembargabilidad) es la de cubrir las necesidades de la poblaci\u00f3n en materia de salud, precisamente, y si el origen de las facturas objeto de cobro en el proceso es la prestaci\u00f3n de servicios de salud a los pacientes afiliados a NUEVA EPS, la demandada, entonces no se cambiar\u00eda la destinaci\u00f3n de los recursos, salud, y, adem\u00e1s, la IPS demandante puede, financieramente, seguir funcionando. <\/p>\n
El argumento es razonable, ciertamente, pero contempla solo el inter\u00e9s de la entidad cobradora, sin detenerse en la pregunta formulada y resaltada por el Tribunal: \u00bfcu\u00e1l ser\u00e1 el fundamento jur\u00eddico pol\u00edtico por el cual nuestro sistema jur\u00eddico es tan insistente en la inembargabilidad de estos recursos? A nuestro juicio, tales razones se hallan en las exposiciones de motivos, pues se busca que el sistema se mantenga, que no se derrumbe con una avalancha de embargos. Entonces, en materia de salud, el Estado, por medio del ADRES, ha de tener el control de los recursos, lo cual incluye la destinaci\u00f3n de pagos y dem\u00e1s, pues, aunque es deber del Estado proveer lo propio para la soluci\u00f3n de las acreencias de la salud, tambi\u00e9n debe administrar los recursos de tal suerte que no sea posible que un advenimiento de multitud de cautelas impida atender con solvencia situaciones inesperadas y graves de salud, como la que actualmente aqueja a la humanidad, por el virus SRAS-CoV-2 causante de la COVID 19. Pero, a\u00fan en \u00e9pocas de ausencia de pandemias, la necesidad de que el control de los recursos de salud se halle centralizado garantiza la \u201ccontinuidad, cobertura y calidad de los servicios\u201d como reza el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 (decreto con fuerza de ley, o decreto constitucional, pues est\u00e1 emitido con invocaci\u00f3n del art\u00edculo 356 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) o, como reza el literal i, del art\u00edculo 6, de la Ley Estatutaria de la Salud: \u201cEl Estado dispondr\u00e1, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal\u201d\u2026 <\/p>\n
La Corte Constitucional, con el correr de los a\u00f1os, frente a las numerosas normas legales que consagran el principio de la inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos, ha venido construyendo excepciones. Precisamente la Corte Suprema de Justicia funda sus decisiones en la jurisprudencia constitucional que, en efecto, plante\u00f3 estas tres excepciones al principio general de la inembargabilidad\u2026 <\/p>\n
(i) Satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. <\/p>\n
(ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos. <\/p>\n
(iii) T\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
Las tres excepciones est\u00e1n sujetas a este condicionamiento: \u201cLas anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u201d. <\/p>\n
Este \u00faltimo aparte, textualmente tomado de la sentencia C 543 de 2013, fue entendido por la Corte Suprema de Justicia como una cuarta excepci\u00f3n, pues aparece en la providencia con esa nomenclatura; pero, con el texto que se acaba de resaltar, claramente est\u00e1 referido a los tres \u00edtems anteriores. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, indic\u00f3 que: <\/p>\n
Para el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia ha dejado de lado unos planteamientos que juzgamos razonables y bien fundados, frente a los cuales esperamos, muy obsecuentes, que por lo menos sean analizados. Son los siguientes: <\/p>\n
Toda solicitud de embargo que se haga, respecto de recursos de la salud se enfrenta a la ruda disposici\u00f3n legal, consagrada, para el caso de la salud, en el art\u00edculo 25 de la Ley Estatutaria de la Salud y que reza\u2026 <\/p>\n
El numeral iv, que aparece en la sentencia C 543 de 2013 no puede aplicarse como una cuarta excepci\u00f3n que cobije estos casos, pues el texto del aparte jurisprudencial es preciso al referirse a las \u201canteriores\u201d excepciones. <\/p>\n
A\u00fan en el supuesto de que el sentido de ese aparte iv fuese el de constituir una nueva excepci\u00f3n, es preciso observar que esa sentencia no fue una de fondo sino una sentencia inhibitoria, que, como tal, no constituye precedente para ning\u00fan efecto en el derecho colombiano. <\/p>\n
Y a\u00fan en el supuesto de que la sentencia no tuviese el car\u00e1cter aludido, es anterior a la expedici\u00f3n de la Ley Estatutaria de la Justicia, Ley 1751 de 2015. Y la Corte Constitucional, al hacer el control previo de constitucionalidad de la mentada ley (sentencia C 313 de 2014), si bien reiter\u00f3 la posibilidad de las excepciones, frente al art\u00edculo 25, transcrito ya, de ninguna manera incluy\u00f3 los procesos ejecutivos por facturas insolutas de servicios a la salud, en particular, del embargo como medida cautelar o previa en estos casos. <\/p>\n
El principio consecuencial o de implicancia en las decisiones judiciales que crean normas. <\/p>\n
Como es claro, no hace el Tribunal la cr\u00edtica muy usual, pero tambi\u00e9n simplista, seg\u00fan la cual las Cortes est\u00e1n legislando. De ninguna manera, pues tenemos la certeza de que una de las funciones de las Cortes es, precisamente, la de crear normas. Y, adem\u00e1s, el Tribunal est\u00e1 presto a seguirlas. <\/p>\n
Pero, al hacerlo, es preciso verificar su actualidad. Si la Corte Constitucional no predic\u00f3 excepci\u00f3n para el cobro de facturas propias de las actividades de salud y, sin embargo, orden\u00e1semos el embargo de los recursos (en este caso nada menos que \u201clos dineros que LA NUEVA EPS, tuviera en la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD \u2013ADRES- por concepto de compensaci\u00f3n interna del r\u00e9gimen contributivo, de solidaridad del r\u00e9gimen subsidiado en salud y de promoci\u00f3n en salud\u201d), probablemente estar\u00edamos abriendo la puerta a un descalabro sin precedentes. No puede el Tribunal, so pretexto del temor a una tutela, ordenar, contra la ley, el embargo previo de tales emolumentos y dejar en el abandono a los afiliados de la Nueva EPS (o de cualquier otra EPS) tanto del r\u00e9gimen contributivo como del subsidiado, como aqu\u00ed se pretende, cuando es claro que la administraci\u00f3n de los recursos de salud no corresponde a los jueces. <\/p>\n
Se dir\u00e1, entonces, que, en este caso, la ejecuci\u00f3n es por un bajo monto y que tal cosa no suceder\u00e1. Pero no podemos olvidar que las reglas son universales; y que, tanto en una ejecuci\u00f3n de bajo monto, como en una de altas cifras, la soluci\u00f3n debe ser la misma. Y la que se nos pide no es acorde con las reglas del sistema jur\u00eddico colombiano. El desbarajuste ser\u00eda monumental, con grave riesgo para el sistema de salud, si se obrase as\u00ed en todos los casos. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el auto debe ser confirmado. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que el Tribunal desconoci\u00f3 lo expuesto por esta Colegiatura en casos an\u00e1logos, en los que ha expresado que: <\/p>\n
\u2026Ciertamente, para adoptar la determinaci\u00f3n criticada, la autoridad atacada, si bien reconoci\u00f3 la posici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n en torno a la tem\u00e1tica planteada, se apoy\u00f3 en la interpretaci\u00f3n realizada en otras ocasiones por el mismo tribunal, en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia\u2026 <\/p>\n
3. Las anteriores elucubraciones, conforme al criterio recientemente adoptado por la Sala mayoritaria- STC2705 de 5 de marzo de 2015-, no se ajustan a la jurisprudencia constitucional imperante en torno a las excepciones al \u201cprincipio de inembargabilidad\u201d de los recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
4. La Corte Constitucional, en distintos pronunciamientos, ha estimado que el principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos es una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n1. <\/p>\n
Lo anotado porque si se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos \u201c(\u2026) (i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1 y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La jurisprudencia de ese Alto Tribunal tambi\u00e9n ha sostenido que el anotado beneficio \u201c(\u2026) no desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni de seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u201d, pues no es absoluto y es susceptible de excepciones. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, el legislador ha permitido la persecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para el pago de sentencias proferidas contra la Naci\u00f3n, entre \u00e9stas, las derivadas de obligaciones laborales4. <\/p>\n
No obstante, es la Corte Constitucional quien ha definido y desarrollado un r\u00e9gimen de excepciones al renombrado principio de inembargabilidad. <\/p>\n
Ciertamente, esa Corporaci\u00f3n, para armonizar el postulado estudiado con \u201c(\u2026) la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo (\u2026)\u201d, en sentencia C-543 de 2013, prohij\u00f3 la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el prop\u00f3sito de lograr <\/p>\n
\u201c(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas5 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos6 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible7 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En esa providencia, se aludi\u00f3, adem\u00e1s, a una cuarta categor\u00eda as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)8 (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Si bien las excepciones rese\u00f1adas contin\u00faan establecidas s\u00f3lo en la jurisprudencia, se observa que la Codificaci\u00f3n Procesal Civil atendi\u00f3 a la existencia de \u00e9stas y las incluy\u00f3 en el citado par\u00e1grafo del canon 5949, precepto sobre el cual la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cNo se desprende que exista una autorizaci\u00f3n para incumplir \u00f3rdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos, s\u00f3lo que ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entender\u00e1 que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretar\u00e1 el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, \u00e9stos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso as\u00ed lo ordena (\u2026)\u201d10 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Ahora, para lo que aqu\u00ed concierne, resulta necesario memorar que el art\u00edculo 25 de la Ley Estatutaria en Salud -Ley 1751 de 2015-, dispuso expresamente la inembargabilidad de todos \u201c(\u2026) los recursos p\u00fablicos que financian la salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior significa que en la actualidad no hay duda de la protecci\u00f3n otorgada a los activos Estatales orientados a la se\u00f1alada actividad, entre estos, los recursos de la Unidad de Pago por Capitaci\u00f3n -UPC- administrados por las Empresas Prestadoras de Salud (art. 42.2, Ley 1438 de 2011) y los destinados al r\u00e9gimen subsidiado, ambos consignados a las EPS, de manera directa, por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, en nombre de las entidades territoriales y en las cuentas maestras abiertas por aqu\u00e9llas para el efecto (arts. 5, 7 y 8, Dto. 971 de 2011). <\/p>\n
Sin embargo, tal como arriba se esgrimi\u00f3 la inembargabilidad, se insiste, no es absoluta y permite excepciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2014, al efectuar el control previo sobre el proyecto de la anotada Ley Estatutaria, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El art\u00edculo 25 del Proyecto hace referencia al tratamiento de los recursos que financian la salud, a los cuales dota de las siguientes caracter\u00edsticas: i) son p\u00fablicos, ii) son inembargables, iii) tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica y, por ende, iv) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes de los previstos constitucional y legalmente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn lo que respecta al car\u00e1cter p\u00fablico que se le atribuye a los recursos de salud, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, en reiteradas ocasiones (\u2026) que dicho peculio es de \u00edndole parafiscal, aspecto que refuerza su naturaleza p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, en lo concerniente a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los mismos, es de advertir que, tal como lo ha sostenido la Corte en varias de sus providencias, \u2018la inembargabilidad busca ante todo proteger los dineros del Estado -en este caso los de las entidades descentralizadas del orden departamental- para asegurar en esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del inter\u00e9s com\u00fan plasmado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Carta\u2019. Para la Sala, la prescripci\u00f3n que blinda frente al embargo a los recursos de la salud, no tiene reparos, pues, entiende la Corte que ella se aviene con el destino social de dichos caudales y contribuye a realizar las metas de protecci\u00f3n del derecho fundamental. Con todo, encuentra la Corporaci\u00f3n que la regla que estipula la inembargabilidad, eventualmente puede chocar con otros mandatos, por ello, tienen lugar las excepciones al momento de definirse en concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este \u00faltimo sentido, advierte el Tribunal Constitucional que la aplicaci\u00f3n del enunciado deber\u00e1 estar en consonancia con lo que ha sentado y vaya definiendo la jurisprudencia, pues, la Corte se ha pronunciado respecto de la inembargabilidad de los dineros p\u00fablicos, entre ellos algunos destinados a la salud, muestra de esto es la sentencia C-1154 de 2008, en la cual, se estudi\u00f3 si el mandato contenido en el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 el cual precept\u00faa que los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, concluyendo la Sala que: \u2018(\u2026) la prohibici\u00f3n de embargo de recursos del SGP (i) est\u00e1 amparada por el art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, que autoriza al Legislador para determinar qu\u00e9 bienes y recursos p\u00fablicos son inembargables. As\u00ed mismo, (ii) est\u00e1 dirigida a garantizar la destinaci\u00f3n social y la inversi\u00f3n efectiva en los servicios de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Adem\u00e1s, (iii) es coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura definidas en la ley. Desde esta perspectiva, es claro que la cl\u00e1usula de inembargabilidad de los recursos del SGP persigue fines constitucionalmente leg\u00edtimos, compatibles con la naturaleza y destino social de esos recursos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, en la misma decisi\u00f3n se reconoce que la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y por ende no debe tener car\u00e1cter absoluto. Observ\u00f3 la Sala: \u2018(\u2026) no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jur\u00eddica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que (la norma cuestionada) acepta la imposici\u00f3n de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se har\u00e1n efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de las entidades territoriales (\u2026). [P]odr\u00e1n imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deber\u00e1 acudirse a los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo que hace relaci\u00f3n a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica, dijo la Corte en la Sentencia C-155 de 2004, lo siguiente: \u2018De manera imperativa el cuarto inciso del art\u00edculo 48 superior establece que \u2018No se podr\u00e1n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella\u2019. En relaci\u00f3n con dicho precepto superior la Corte constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidaci\u00f3n para asegurar precisamente el mandato de destinaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto la Corte ha hecho \u00e9nfasis en i) la naturaleza parafiscal de los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en pensiones ii) en el tratamiento particular que debe d\u00e1rsele a dichos recursos en los procesos de liquidaci\u00f3n de las entidades financieras y iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los dep\u00f3sitos de recursos parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto costo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta Corporaci\u00f3n de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, ll\u00e1mense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberan\u00eda fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestaci\u00f3n equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan tambi\u00e9n a la financiaci\u00f3n global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto cabe recordar particularmente lo dicho por la Corte en la Sentencia SU-480 de 1997 en la que se se\u00f1al\u00f3 igualmente que los aportes del presupuesto nacional destinados a la seguridad social tienen id\u00e9ntica naturaleza y destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u201d. <\/p>\n
\u201cDe esta manera, el precepto reitera lo dispuesto en el art\u00edculo 48 Superior y la comprensi\u00f3n que a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica ha fijado la jurisprudencia constitucional, con lo cual se controla el uso que los diferentes actores del sistema den a los recursos de la salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, respecto a la interpretaci\u00f3n que pueda atribu\u00edrsele a la parte final de la disposici\u00f3n, esto es: \u2018(\u2026) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente\u2019, claro se advierte que de ninguna manera resulta de recibo una lectura seg\u00fan la cual, el legislador estar\u00eda habilitado para establecer una destinaci\u00f3n diferente a los recursos de la seguridad social en salud, por cuanto ello contravendr\u00eda el inciso cuarto del art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica. Esta comprensi\u00f3n del art\u00edculo 25 no se armonizar\u00eda con la Constituci\u00f3n, como quiera que bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podr\u00e1n destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con la garant\u00eda el derecho a la salud de las personas (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se concluye que los recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera espec\u00edfica para la salud no pueden ser, en principio, objeto de medidas cautelares; empero, se insiste, de presentarse las excepciones jurisprudenciales rese\u00f1adas, es preciso efectuar su an\u00e1lisis para establecer la viabilidad de cautelar tales rubros. <\/p>\n
Por tanto, corresponde estudiar cada caso en particular para determinar la embargabilidad de los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica, los cuales son objeto del Sistema General de Participaciones. <\/p>\n
Revisada la primera excepci\u00f3n, concerniente a cancelar las obligaciones laborales del Estado, determinadas en sentencia, se encuentra que la misma se contempl\u00f3 en el art\u00edculo 21 del Decreto 028 de 2008, empero limit\u00e1ndose el reconocimiento de dichas deudas con ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la entidad territorial; no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, declar\u00f3 exequible ese canon de manera condicionada, en el entendido de que si el pago de esas acreencias no pod\u00eda hacerse con aqu\u00e9l rubro por resultar insuficiente, era dable acudir a los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
En lo atinente a la segunda excepci\u00f3n, relativa a sufragar las condenas impuestas frente al Estado en fallos judiciales, se observa que desde la expedici\u00f3n del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto-, se estableci\u00f3 la necesidad de adoptar \u201c(\u2026) medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los \u00f3rganos (\u2026)\u201d estatales; norma declarada exequible condicionadamente por la sentencia C-354 de 1997, donde, entre otras cuestiones, se dio paso a una tercera excepci\u00f3n, luego reconocida en la sentencia C-402 de 1997, permiti\u00e9ndose el recaudo no s\u00f3lo de las mencionadas providencias, sino de los \u201ct\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos\u201d a cargo del Estado. <\/p>\n
Para el cobro de esas dos \u00faltimas obligaciones, esa Corte, en ambos fallos de constitucionalidad, estableci\u00f3 la posibilidad de ejecutar a la Naci\u00f3n \u201c(\u2026) con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Ahora, no hay duda de la viabilidad de cubrir las acreencias rese\u00f1adas con dineros provenientes del Sistema General de Participaciones, esto es, con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
Ciertamente, para las deudas laborales ello fue determinado expresamente por la Corte Constitucional en la anotada sentencia C-1154 de 2008, posibilidad igualmente avalada para atender las obligaciones derivadas de fallos judiciales y t\u00edtulos; empero, \u00fanicamente, cuando aqu\u00e9llos tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d12, lo cual significa que esas acreencias deben estar relacionadas con la prestaci\u00f3n de alguno de esos servicios, porque de lo contrario, no podr\u00edan usarse los dineros dirigidos a tales actividades para sufragarlas. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo ya lo ha resaltado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, particularmente en los alcances del principio de inembargabilidad dados a partir de la sentencia C-354 de 1997, los cuales fueron reiterados en la sentencia C-402 del mismo a\u00f1o, la embargabilidad de las rentas y recursos presupuestales provenientes de las participaciones es procedente cuando se trata de sentencias que han condenado a entidades territoriales y cuando hayan transcurrido m\u00e1s de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (art\u00edculo 177 del C.C.A.). Lo propio puede decirse de actos administrativos que reconozcan una obligaci\u00f3n de la respectiva entidad y que presten m\u00e9rito ejecutivo, siempre que haya transcurrido el lapso indicado. En la excepci\u00f3n quedan incluidas las obligaciones contra\u00eddas por la entidad territorial en materia laboral, tal como se ha se\u00f1alado, de manera uniforme, desde la sentencia C-546 de 1992 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, considera la Corte que las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos a que alude el art\u00edculo 18 de la Ley 715 s\u00f3lo proceden frente a obligaciones que tengan como fuente las actividades se\u00f1aladas en el art\u00edculo 15 de la Ley 715. El legislador ha dispuesto, en ejercicio de su libertad de configuraci\u00f3n en materia econ\u00f3mica, que los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector educaci\u00f3n se apliquen s\u00f3lo a tales actividades. Por lo tanto, el pago de obligaciones provenientes de otros servicios, sectores o actividades a cargo de las entidades territoriales no podr\u00e1 efectuarse con cargo a los recursos del sector educaci\u00f3n. De lo contrario se afectar\u00eda indebidamente la configuraci\u00f3n constitucional del derecho a las participaciones establecido en el art\u00edculo 287 numeral 4 y regulado por los art\u00edculos 356 y 357 de la Carta, que privilegian al servicio de salud y los servicios de educaci\u00f3n preescolar, primaria, secundaria y media, sobre otros servicios y funciones a cargo del Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De acuerdo con las precedentes consideraciones, se declarar\u00e1 la exequibilidad del aparte demandado del art\u00edculo 18 de la Ley 71513, bajo el entendido que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector educaci\u00f3n (L. 715, art. 15), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto \u2013en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, sobre los recursos de la participaci\u00f3n para educaci\u00f3n del Sistema General de Participaciones- (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Las consideraciones transcritas hacen referencia a los dineros destinados a educaci\u00f3n; no obstante, la Corte Constitucional extendi\u00f3 el criterio comentado a los dem\u00e1s sectores, tal como se extrae de la sentencia C-566 de 2003, donde expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cabe hacer \u00e9nfasis en que dicho criterio -fijado en la sentencia C-793 de 2002 solamente respecto de los recursos para educaci\u00f3n del sistema general de participaciones- debe extenderse en el presente caso a los dem\u00e1s recursos de dicho sistema, con la \u00fanica salvedad (\u2026) de los recursos que pueden destinar libremente los municipios de las categor\u00edas 4, 5 y 6 cuando estos no se destinen a financiar la infraestructura en agua potable y saneamiento b\u00e1sico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, de la misma manera que en el caso de la participaci\u00f3n en educaci\u00f3n, ha de entenderse que las excepciones al principio de inembargabilidad que pueden predicarse, en aplicaci\u00f3n de los criterios jurisprudenciales atr\u00e1s citados, respecto de los recursos de las participaciones en salud y prop\u00f3sito general, solo proceden frente a obligaciones que tengan como fuente las actividades que la Ley 715 de 2001 fija como destino de dichas participaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cT\u00e9ngase en cuenta en efecto que el art\u00edculo 91 acusado hace parte de las disposiciones comunes aplicables al sistema general de participaciones (t\u00edtulo V de la Ley 715 de 2001), es decir a las participaciones en educaci\u00f3n, salud y prop\u00f3sito general y que es en relaci\u00f3n con todas ellas que los mandatos constitucionales arriba enunciados deben aplicarse\u201d. <\/p>\n
\u201cT\u00e9ngase en cuenta as\u00ed mismo, que contrariar\u00eda el mandato constitucional de destinaci\u00f3n de las participaciones aludidas (arts. 356 y 357 C.P.) el que pudiera entenderse que se puedan afectar en esas circunstancias los recursos de las participaciones para educaci\u00f3n y salud, as\u00ed como de prop\u00f3sito general que tienen fijadas por la Constituci\u00f3n y la ley precisas destinaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la Corte declarar\u00e1 la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u2018estos recursos no pueden ser sujetos de embargo\u2019 contenida en el primer inciso del art\u00edculo 91 de Ley 715 de 2001, en el entendido que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educativo, salud y prop\u00f3sito general), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos que contengan una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo t\u00edtulo, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo, en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participaci\u00f3n respectiva, sin que puedan verse comprometidos los recursos de las dem\u00e1s participaciones (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
5. A la luz de las anteriores elucubraciones, es clara la v\u00eda de hecho contenida en la providencia cuestionada, por cuanto el tribunal estim\u00f3 la inexistencia de excepciones al principio de inembargabilidad de los dineros con destinaci\u00f3n espec\u00edfica o derivados del SGP. <\/p>\n
As\u00ed, omiti\u00f3, particularmente, la exclusi\u00f3n referente a la posibilidad de sufragar obligaciones con dinero del Estado, consignadas en sentencias y t\u00edtulos ejecutivos, cuando \u00e9stos tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La alzada incoada contra las medidas dispuestas por el a quo, esto es, la retenci\u00f3n sobre los dineros que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRESS- tenga \u201c(\u2026) pendientes por pagar a favor de la sociedad demandada Saludvida E.P.S. (\u2026)\u201d, impon\u00eda surtir un estudio del r\u00e9gimen de excepciones atr\u00e1s analizado, para establecer si los t\u00edtulos base del recaudo que, incluso, ya fueron definidos como una obligaci\u00f3n a cargo de la deudora, mediante sentencia, tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d, lo cual permitir\u00eda mantener las cautelas rese\u00f1adas. <\/p>\n
6. Se extrae, entonces la vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda inserta en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica porque el tribunal omiti\u00f3 pronunciarse en torno a los t\u00f3picos antes planteados. <\/p>\n
Por tanto, para conjurar dicho quebranto, se le impondr\u00e1 al accionado definir, nuevamente, la apelaci\u00f3n a su cargo, pronunci\u00e1ndose con suficiencia en torno a las cautelas reclamadas, de cara a las excepciones constitucionales descritas y analizadas en este pronunciamiento. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso (CSJ STC14198-2019, 17 oc. 2019, rad. 2019-03208-00). <\/p>\n
5. En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n accionada que deje sin valor y efecto el prove\u00eddo del 15 de diciembre de 2020, mediante la cual confirm\u00f3 el proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, el 28 de agosto de 2020, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste, para que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea entregado el expediente objeto de esta queja (rad. 68001-31-03-007-2020-00064), deje sin efecto el prove\u00eddo del 15 de diciembre de 2020, con el que confirm\u00f3 el proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, el 28 de agosto anterior, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas, emita nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta en contra del referido prove\u00eddo de 28 de agosto de 2020, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga remitir al Tribunal acusado, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional, para que dicha Colegiatura d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 La l\u00ednea jurisprudencial sobre el tema se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010. C-543 de 2013 y C-313 de 2014, entre otras. <\/p>\n
2 \u00cddem. <\/p>\n
3 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013 <\/p>\n
4 Art. 21 del Decreto 028 de 2008 <\/p>\n
5 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992 <\/p>\n
6 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997. \u201cPrecis\u00f3 que trat\u00e1ndose de los cr\u00e9ditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada [art\u00edculo 19 del Decreto 111 de 1996] y que transcurridos 18 meses despu\u00e9s de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 Corte Constitucional. Sentencia C-103 de 1994 \u201c(\u2026) [S]e estableci\u00f3 una segunda excepci\u00f3n a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, as\u00ed: para hacer efectiva una obligaci\u00f3n que conste en un acto administrativo que preste m\u00e9rito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, proceder\u00e1 la ejecuci\u00f3n despu\u00e9s de los diez y ocho (18) meses (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002 <\/p>\n
9 \u201cPar\u00e1grafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su car\u00e1cter de inembargable, deber\u00e1n invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (\u2026) Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepci\u00f3n, el destinatario de la orden de embargo, se podr\u00e1 abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deber\u00e1 informar al d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la autoridad que decret\u00f3 la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decret\u00f3 la medida deber\u00e1 pronunciarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, acerca de si procede alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar. (\u2026) En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplir\u00e1 la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el d\u00e9bito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas s\u00f3lamente se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que as\u00ed lo ordene\u201d. <\/p>\n
10 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
12 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002; criterio reiterado en sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
13 \u201cArt\u00edculo 18. Administraci\u00f3n de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrar\u00e1n los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los dem\u00e1s ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no har\u00e1n unidad de caja con las dem\u00e1s rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podr\u00e1n ser objeto de embargo, pignoraci\u00f3n, titularizaci\u00f3n o cualquier otra clase de disposici\u00f3n financiera (\u2026)\u201d se subraya aparte demandado. <\/p>\n
14 CC C-793\/02. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1339-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1339-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00285-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cl\u00ednica de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53495","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53495"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53495\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}