STC1341-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1341-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2020-00209-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n de Luz Deicy Orozco Valenciano frente a la sentencia emitida el 13 de enero pasado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, en la acci\u00f3n de tutela que aquella promovi\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los part\u00edcipes del asunto en que se origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00abal trabajo[ y] m\u00ednimo vital[,] en conexidad con (\u2026) la vida digna\u00bb, presuntamente trasgredidos por la autoridad jurisdiccional acusada dentro del consecutivo n.\u00b0 \u00ab415513103002-2017-00143-00\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que aqu\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el despacho requerido se surte, bajo la radicaci\u00f3n descrita l\u00edneas arriba, juicio ejecutivo \u00aba continuaci\u00f3n de verbal\u00bb, instaurado por Jos\u00e9 Hugo Fernando y Luceny Artunduaga Valenciano frente a la titular del resguardo, para el cobro de \u00abcostas\u00bb por $7.500.000, m\u00e1s \u00abintereses legales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De dicha contienda provino mandamiento de pago el 29 de enero de 2019; a su turno, el 19 de febrero siguiente se dispuso continuar el cobro; en auto de 26 de febrero de 2020 fue decretado el \u00abembargo y secuestro de los honorarios\u00bb devengados por la ejecutada (ahora tutelante) \u00aben el\u2026 100%(\u2026) como contratista del municipio de Timan\u00e1\u00bb, mientras que a trav\u00e9s de providencia de 13 de julio postrero se le advirti\u00f3 a esta que el \u00ablevantamiento\u00bb de la \u00abmedida cautelar\u00bb debe elevarlo con la vocer\u00eda de \u00abapoderado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La promotora critic\u00f3 que tras la cautelativa en menci\u00f3n se le retuviera la \u00abtotalidad\u00bb de sus ingresos, \u00fanica fuente para el \u00absustento y educaci\u00f3n de [sus] tres hijos menores\u00bb e, igualmente, sufragar el \u00ab6.5% por concepto de estampillas (Pro-deporte, Procultura y adulto mayor)\u00bb y, adem\u00e1s, \u00ablo correspondiente a salud, pensi\u00f3n y ARL\u00bb.<\/p>\n
4. Se doli\u00f3 tambi\u00e9n de que se le ha impedido intervenir al interior de la ejecuci\u00f3n, pues por la carencia de recursos econ\u00f3micos le es dif\u00edcil \u00abasumir el pago de un abogado\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El estrado judicial confutado se opuso a la clama por cuanto frente a los autos de 26 de febrero y 13 de julio de 2020 no se interpuso recursos y, asimismo, cual se dijo en la \u00faltima determinaci\u00f3n, \u00abpara acudir a los juzgados del Circuito, se debe hacer a trav\u00e9s de apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Hugo Fernando y Luceny Artunduaga Valenciano pidieron desechar lo pedido, al no haberse conculcado garant\u00eda esencial alguna, tanto as\u00ed que la gestora no tiene obligaciones alimentarias con sus descendientes y s\u00ed posee ingresos propios junto a su c\u00f3nyuge, derivados de un inmueble rural. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Municipio de Timan\u00e1 rog\u00f3 ser desvinculado. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda comoquiera que i) \u00abla accionante no agot\u00f3 en debida forma los mecanismos ordinarios de defensa judicial\u00bb a su alcance, en espec\u00edfico, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n respecto a la \u00abmedida cautelar\u00bb reprobada; ii) \u00abno alleg\u00f3 prueba alguna que demuestre la existencia de un perjuicio irremediable\u00bb y iii) \u00abla solicitud de levantamiento (\u2026) se debe realizar por quien de conformidad con el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso cuente con derecho de postulaci\u00f3n, (\u2026) demostr\u00e1ndose (\u2026) aunque sea sumariamente la afectaci\u00f3n del (\u2026) m\u00ednimo vital\u00bb, lo que \u00abni siquiera\u00bb sucedi\u00f3 \u00aben la presente causa\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo \u00faltimo, sostuvo que la propia activante indic\u00f3 que \u00abadem\u00e1s de los honorarios objeto de cautela percibe otros ingresos adicionales por la ejecuci\u00f3n de actividades varias, supuesto f\u00e1ctico que se acompasa con las aseveraciones hechas por los se\u00f1ores Artunduaga Valenciano al momento de contestar\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por la reclamante, quien discrep\u00f3 de lo dirimido por el a-quo constitucional e insisti\u00f3 en sus censuras. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de un irrefutable abuso, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por antonomasia, se cumpla el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De una parte, en lo ata\u00f1edero al auto de 26 de febrero de 2020 (que dictamin\u00f3 el \u00abembargo y secuestro\u00bb de los \u00abhonorarios\u00bb de la quejosa al interior de la ejecuci\u00f3n n.\u00ba 2017-00143), se revalida la improsperidad del auxilio protestado, pero toda vez que entre la fecha aludida y la del presente acudimiento \u20134 de diciembre ib\u00eddem\u2013 transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la jurisprudencia como razonable y proporcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo real que justifique tan visible tardanza; todo lo cual impide abordar el estudio de fondo a\u00f1orado. <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01; reiterada en STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De otro lado, en los precisos casos en que el funcionario de conocimiento incurra en una actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si la persona afectada no dispone de otro medio de respaldo judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, en este nivel se ha manifestado que, <\/p>\n
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\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo y\/o procesal en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De cara al sub examine, si bien la pretensora omiti\u00f3 rebatir en reposici\u00f3n el auto de 13 de julio de 2020 (a trav\u00e9s del cual se le expres\u00f3 que su solicitud de \u00ablevantamiento\u00bb1 de \u00abmedida cautelar\u00bb debe elevarla \u00abrepresentada por apoderado\u00bb), reluce ostensible la vulneraci\u00f3n del debido proceso de ella, si de relieve se coloca que como le fue vedado intervenir directamente al pleito auscultado, era esperable que lo mismo se sostuviera si hubiera recurrido tal providencia. <\/p>\n
En lo atinente, se tiene dicho que, <\/p>\n
(\u2026)en algunos casos en los que la decisi\u00f3n judicial vulner\u00f3 de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, [se] ha admitido que no resultaba conveniente anteponer\u2026 exigencias [gen\u00e9ricas de procedencia], pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impidiera otorgar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u2018proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u2019\u2026 (CSJ STC 12 oct. 2012, rad. 1545-01; reiterado en CSJ STC2413-2016 y STC8324-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed, la Corte estima, a diferencia del tribunal a-quo, que con el prove\u00eddo en comento la c\u00e9lula judicial accionada infligi\u00f3 un defecto de rango procedimental, susceptible de enmendar en esta especial senda. <\/p>\n
Ello, dado que el despacho no repar\u00f3 en analizar que aun cuando la ejecuci\u00f3n se surte a continuaci\u00f3n de pleito verbal (para el cobro de \u00abcostas\u00bb), lo cierto es que al margen de esa situaci\u00f3n, suscitada por la previsi\u00f3n del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso2, el primer litigio aludido se torna como de los de m\u00ednima cuant\u00eda, que conforme al canon 25 (inciso 1\u00b0) \u00eddem, son los que versan \u00absobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
Disposici\u00f3n esta que es aplicable al ejecutivo materia de reproche, pues \u00abtodas las pretensiones al tiempo de la demanda\u00bb3 (a voces del precepto 26, numeral 1\u00b0 ib\u00eddem) ascienden a \u00ab$7.500.000\u00bb seg\u00fan se extrae de la providencia base de cobro, mandamiento de pago y orden de seguir adelante; cifra evidentemente menor a los cuarenta (40) S.M.L.M.V. 4 preconizados en el mencionado art\u00edculo 25. <\/p>\n
Por ende, no deb\u00eda exig\u00edrsele a la titular del resguardo, all\u00ed enjuiciada, el comparecimiento por conducto de \u00ababogado\u00bb, m\u00e1xime si a voces del canon 28 del decreto 196 de 1971 \u2013estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda\u2013 \u00ab[p]or excepci\u00f3n se podr\u00e1 litigar en causa propia\u00bb en los \u00abprocesos de m\u00ednima cuant\u00eda\u00bb5 (numeral 2\u00b0, ejusdem). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Total que, esta Sala en un caso con cierta simetr\u00eda al de marras, doctrin\u00f3: <\/p>\n
\u2026Estudiada la inconformidad planteada, surge que la querellante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, por considerar que incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00ab\u2026procedimental\u00bb, enfila su inconformismo contra el auto de 18 de mayo de 2018 mediante el cual no se dio tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n que propuso contra el mandamiento de pago…. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Sala que la solicitud de amparo constitucional debe prosperar, tal como lo estim\u00f3 el juzgador constitucional a quo, toda vez que, efectivamente, la autoridad judicial cuestionada incurri\u00f3 en un proceder que vulnera los derechos fundamentales reclamados por la gestora, motivo por el que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n tutelar discrepada seg\u00fan pasa a precisarse. <\/p>\n
\u2026Se evidencia que la c\u00e9lula judicial recriminada cometi\u00f3 un desafuero que afligi\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de la gestora comoquiera que, si bien, de conformidad con el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso se prev\u00e9 que \u00ab[l]as personas que hayan de comparecer al proceso deber\u00e1n hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado (\u2026)\u00bb, lo cierto, es que, el Decreto 196 de 1971\u00ab[p]or el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda\u00bb contempla una serie de excepciones al disponer, de un lado, que \u00ab[n]adie podr\u00e1 litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto\u00bb (art. 25); y, de otra parte, en el canon 28 al establecer que \u00ab[p]or excepci\u00f3n se podr\u00e1 litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:. <\/p>\n
2\u00b0. En los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
3\u00b0. En las diligencias administrativas de conciliaci\u00f3n y en los procesos de \u00fanica instancia en materia laboral. <\/p>\n
4\u00b0. En los actos de oposici\u00f3n en diligencias judiciales o administrativas, tales como secuestros, entrega o seguridad de bienes, posesi\u00f3n de minas u otros an\u00e1logos. Pero la actuaci\u00f3n judicial posterior a que d\u00e9 lugar la oposici\u00f3n formulada en el momento de la diligencia deber\u00e1 ser patrocinada por abogado inscrito, si as\u00ed lo exige la ley. <\/p>\n
\u2026El asunto de marras se encuentra contemplado dentro de las excepciones acabadas de exponer comoquiera que, si bien, el origen de la condena en costas fue el proceso ordinario de mayor cuant\u00eda lo cierto es que se trata de una ejecuci\u00f3n de \u00abm\u00ednima cuant\u00eda\u00bb que en aplicaci\u00f3n del factor de asignaci\u00f3n de competencia por conexi\u00f3n debe ser asumido por el juez que conoci\u00f3 el tr\u00e1mite inicial de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9 la ejecuci\u00f3n de la sentencia cuando se impone una condena y que resulta aplicable para exigir el pago por \u00abcostas\u00bb, tr\u00e1mite que se inicia sin la necesidad de la presentaci\u00f3n de una demanda formalmente hablando pero que se caracteriza por ser un proceso independiente que se rige por las normas espec\u00edficas aplicables al mismo, buscando el legislador econom\u00eda y celeridad procesal. <\/p>\n
Frente al tema, la Sala, al desatar un conflicto de competencia previ\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe manera que tal como lo regula la norma en cita, el funcionario que impuso la condena, incluyendo la de costas, es el llamado a asumir la competencia de la correspondiente ejecuci\u00f3n. \u201c(\u2026) en relaci\u00f3n con la vigencia del art\u00edculo 395, (\u2026) es de observar que la misma no contempla r\u00e9gimen alguno respecto de competencia, s\u00f3lo alude a los documentos necesarios y los requisitos de los mismos para la respectiva ejecuci\u00f3n; luego, frente a tal normativa no puede aseverarse que hay contradicci\u00f3n legal. Menos puede abrigarse tal hip\u00f3tesis, cuando en la parte final del primer inciso del mismo art\u00edculo 335, (hoy art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso) se prev\u00e9 con total claridad \u201c\u2026y de ser el caso, por las costas aprobadas\u2026\u2019, lo que lleva a inferir que la ejecuci\u00f3n de providencias no solo refiere a las sentencias de condena sino, igual, a las decisiones que impongan otras obligaciones, desde luego, la de costas\u201d\u2026 (CSJ auto de 30 de julio de 2007 reiterado el 14 de noviembre de 2008 y 14 de marzo de 2011 citado en CSJ AC May. 31 de 2013 rad. 2013-00590-00). <\/p>\n
… As\u00ed las cosas, comoquiera que el juicio en el cual pretende intervenir directamente la actora \u2013ejecutivo singular de m\u00ednima cuant\u00eda- corresponde a uno de los anteriores eventos, no resultaba exigible actuar por intermedio de abogado pues si bien la causa se adelanta ante un juez con categor\u00eda del circuito dicha circunstancia acaece por cuanto la actuaci\u00f3n prosigui\u00f3 al tr\u00e1mite ordinario, empero el juicio ejecutivo se rige por las reglas propias del proceso de m\u00ednima cuant\u00eda, comoquiera que el monto ejecutado $26.943.643 no supera los 40 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, que para la presente anualidad est\u00e1 estipulada en $31.249.680, raz\u00f3n por la que se afect\u00f3 el derecho al debido proceso de la gestora al imped\u00edrsele ejercer su defensa, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 contra el mandamiento de pago librado el 8 de mayo de 2018. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Por tanto, esta Sala considera que la determinaci\u00f3n adoptada en el auto materia de la dolencia constitucional, configura el quebranto del derecho fundamental previsto por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por \u00abdefecto procedimental\u2026\u00bb y, por consiguiente, como ya se hab\u00eda anunciado, se torna menester confirmar el fallo impugnado que accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n solicitada\u2026 \u2013Resaltado con intenci\u00f3n\u2013 (CSJ STC14816-2018, 14 nov., rad. 00153-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Y en trat\u00e1ndose del yerro por desconocimiento de las normas procesales, se ha decantado: <\/p>\n
\u2026este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Lo consignado, entonces, obliga ajustar el veredicto de primer rango a efectos de abrir paso parcial a la ayuda tutelar suplicada, habida cuenta que el juzgador repelido, incurso en desafuero de connotaci\u00f3n adjetiva, rehus\u00f3 la participaci\u00f3n directa de la accionante dentro de la ejecuci\u00f3n indagada en lo que concierne al petitorio de \u00ablevantamiento\u00bb de \u00abembargo y secuestro\u00bb, pese a que por mandato de los art\u00edculos 25 y 26 del C\u00f3digo General del Proceso tal contienda es de m\u00ednima cuant\u00eda y, por ende, exceptuada de comparecimiento mediante \u00ababogado inscrito\u00bb (canon 28, numeral 2\u00b0 del decreto 196 de 1971). <\/p>\n
Tocante a la imposici\u00f3n de la enunciada medida cautelar, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del ruego, aunque por lo puntualizado al preludio de la considerativa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo impugnado para, en su lugar, conceder parcialmente el amparo invocado por Luz Deicy Orozco Valenciano. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Segundo. Confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo, en lo restante. <\/p>\n
Tercero. Comunicar por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 En realidad, de \u00ab[r]evocatoria\u00bb, pero que, en \u00faltimas, se encamina a abolir la medida cautelar. <\/p>\n
2\u0002 Ejecuci\u00f3n. (\u2026)Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librar\u00e1 mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo se\u00f1alado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecuci\u00f3n, esperar a que se surta el tr\u00e1mite anterior\u2026 (Se destac\u00f3). <\/p>\n
3\u0002 (\u2026)sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n\u2026 (\u00eddem). <\/p>\n
4\u0002 Monto que al 13 de diciembre de 2018, fecha de instauraci\u00f3n de la demanda ejecutiva, ascend\u00eda a $31.249.680, fruto de multiplicar el salario m\u00ednimo mensual de ese a\u00f1o (781.282) x 40. <\/p>\n
5\u0002 Se remarc\u00f3. <\/p>\n
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STC1341-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1341-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2020-00209-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n de Luz Deicy Orozco Valenciano frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53497","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}