STC1342-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1342-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00311-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por John Jairo Vel\u00e1squez Rold\u00e1n contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene al Tribunal convocado que \u00abdicte un nuevo fallo en el que corrija [l]as afectaciones a las garant\u00edas constitucionalmente protegidas por el art\u00edculo 29 de la CP y los tratados internacionales integrados en bloque de constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. John Jairo Vel\u00e1squez Rold\u00e1n promovi\u00f3 juicio reivindicatorio contra Jaime, Gustavo y Orlando Ospino Paternina y otros, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, el que dict\u00f3 sentencia el 29 de agosto de 2019 declarando no probadas las excepciones de m\u00e9rito presentadas y que le pertenec\u00eda el dominio pleno y absoluto del predio al demandante, adem\u00e1s le orden\u00f3 la restituci\u00f3n del mismo a los demandados. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de esa ciudad en fallo de 15 de octubre de 2020 revoc\u00f3 la providencia de primer grado y deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho; que se configur\u00f3 un defecto sustantivo \u00abal apartarse del precedente jurisprudencial en materia del recurso de apelaci\u00f3n, por ausencia de argumentaci\u00f3n e incongruencia de la sentencia de segunda instancia al ir m\u00e1s alla de lo pedido en el recurso desatado\u00bb; adem\u00e1s en defecto f\u00e1ctico por la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea, fragmentada y antit\u00e9cnica de las pruebas obrantes en el expediente, dejando de lado el principio de la congruencia previsto en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia de segunda instancia criticada fue m\u00e1s \u00e1lla de lo pedido, pues se pronunci\u00f3 respecto de todo el proceso y no exclusivamente frente a los reparos expuestos, convirti\u00e9ndolo en un grado de consulta; y que se debe resolver el asunto de conformidad con el precedente vigente, el principio de congruencia y con el derecho a revindicar que le asiste como propietario inscrito. <\/p>\n
2.5. Adujo que se dej\u00f3 de lado el precedente jurisprudencial sobre el aludido presupuesto de conguencia y la forma en que se debe probar la calidad de propietario en el juicio reivindicatorio; que el fallo de primer grado encontr\u00f3 acreditadas las condiciones sustanciales para acceder a las pretensiones de la demanda, hallando probado el dominio en cabeza del demandante con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria e identificado el inmueble, lo que no fue desvirtuado por el extremo pasivo, adem\u00e1s de no advertir con grado de certeza la posesi\u00f3n, sin que fuera posible que el fallador de la alzada se pronunciara frente a dichos aspectos. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la providencia criticada \u00aben su af\u00e1n por revocar de oficio y sin tener en cuenta los reparos contenidos\u2026 deja el derecho pretendido en un limbo jur\u00eddico\u00bb; que se cercen\u00f3 el contenido del certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble, en donde aparece probada su titularidad sobre todo el bien; que no fue objeto de reparo dicho documento, no se desvirtu\u00f3 su contenido ni se efectu\u00f3 una constataci\u00f3n de t\u00edtulos, por lo que mal pod\u00eda el Tribunal convocado actuar \u00abcomo si fuese apoderado de los demandados al ir mas alla de los reparos propuestos\u00bb. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el fallador criticado omiti\u00f3 sustentar las razones por las que el certificado aportado no era prueba de su derecho de dominio; que para apartarse del precedente se deb\u00edan explicar las razones de dicha variaci\u00f3n; que no se tuvo en cuenta la carga probatoria que asumi\u00f3; que se present\u00f3 una insuficiente sustentaci\u00f3n, apart\u00e1dose \u00abde la prueba t\u00e9cnica para asistirse del \u2018sentido com\u00fan\u2019, sin identificar cuales reglas de la experiencia fueron aplicables en tal caso\u00bb; y que se conculc\u00f3 el derecho a la igualdad. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena indic\u00f3 que el 15 de octubre de 2020 profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia; que el gestor dej\u00f3 de lado que en varios apartes de dicha decisi\u00f3n se consider\u00f3 y justific\u00f3 jurisprudencialmente los motivos por los cuales fue procedente proceder al an\u00e1lisis efectuado; que frente al defecto f\u00e1ctico alegado \u00abm\u00e1s all\u00e1 de se\u00f1alar un exabrupto de an\u00e1lisis probatorio, lo que se hizo fue plantear la interpretaci\u00f3n que\u2026 cre[\u00eda] correcta a partir de la misma\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 15 de octubre de 2020, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Dentro de los argumentos del recurrente se encuentran dos que, en concreto, se dirigen a demostrar la ausencia de los requisitos axiol\u00f3gicos para acceder a las pretensiones reivindicatorias del demandante: la titularidad del derecho de dominio del actor, y la identidad del bien pretendido. <\/p>\n
Aun cuando no fueran materia de reparo, resulta ser un aspecto que incluso de oficio debe revisar la segunda instancia pues, como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia\u2026 <\/p>\n
Se trata de elementos concurrentes, y la ausencia de cualquiera de ellos es suficiente para hacer perecer las pretensiones reivindicatorias. <\/p>\n
3. El ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria supone la confrontaci\u00f3n del t\u00edtulo de propiedad del demandante con la posesi\u00f3n del demandado, o con los t\u00edtulos de \u00e9ste cuando los aporta. Hecha la confrontaci\u00f3n se debe definir cu\u00e1l es el mejor derecho que debe ser protegido. De acuerdo con la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u2026 <\/p>\n
En consecuencia, el derecho de dominio sobre el bien inmueble objeto de debate se demuestra con la copia, debidamente registrada, de la correspondiente escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n. <\/p>\n
4. En lo relacionado con el presupuesto de la identidad, tiene dicho la jurisprudencia que\u2026 <\/p>\n
5. Al descender al caso concreto se evidencia que desde el inicio del proceso el extremo demandante afirm\u00f3 que adquiri\u00f3 el dominio del inmueble materia de reivindicaci\u00f3n (Lote No. 2, ubicado en el barrio Olaya Herrera, diagonal 32 No. 71 – 51, sector 13 de Junio, con F.M.I 060-197983 y \u00e1rea de 2.643 m2) por compra que le hiciera a la entidad financiera BANCOLOMBIA S.A., en el a\u00f1o 2008, negocio contenido en la Escritura P\u00fablica 2685 de 24 de noviembre de 2008 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena y registrada en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos el 6 de marzo de 2009. Para probar lo anterior aport\u00f3 con la demanda las siguientes pruebas\u2026 <\/p>\n
En ese orden, se puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
Se infiere de las anteriores pruebas aportadas para acreditar la titularidad del derecho de dominio del actor, que la escritura p\u00fablica de compraventa NO aparece registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria que, seg\u00fan se indic\u00f3, correspond\u00eda al predio a reivindicar. <\/p>\n
La anotaci\u00f3n de fecha 6 de marzo de 2009, a que se refiere el hecho 2 de la demanda, da cuenta de un gravamen hipotecario constituido en la misma escritura p\u00fablica 2685 de 24 de noviembre de 2008 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena, pero lo cierto es que no aparece registrado el otro negoci\u00f3 jur\u00eddico que all\u00ed se document\u00f3: la compraventa de donde se deriva el derecho reclamado por el demandante. En la complementaci\u00f3n del citado certificado tampoco aparece registrada la escritura de compraventa que se examina. <\/p>\n
Tampoco se aprecia registrada en el citado folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-197983, la escritura p\u00fablica 500 de marzo 4 de 2009, tambi\u00e9n citada en la demanda y aportada como prueba. En esta escritura p\u00fablica se aclar\u00f3 la escritura de compraventa 2685, explicando, respecto al Lote No. 2, que es un lote de mayor extensi\u00f3n identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-197983, el cual contiene otros bienes con sus respectivas matr\u00edculas inmobiliarias, y se menciona en la escritura que se aclara como referente, puesto que del mismo se sacaron otras matr\u00edculas inmobiliarias que tambi\u00e9n se citan. <\/p>\n
En efecto, de la lectura del certificado de tradici\u00f3n de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-197783 se desprende que con base en la anotaci\u00f3n 2 (constituci\u00f3n de propiedad horizontal), se abrieron 32 nuevos folios de matr\u00edcula, que son los citados en el cuadro incluido en el numeral 5.1 que precede. <\/p>\n
Se reitera, entonces, la compraventa que se invoca en la demanda como la fuente del derecho de dominio del actor, no aparece inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-197983 que, se se\u00f1al\u00f3, corresponde al bien a reivindicar. <\/p>\n
Lo anterior significa que NO se acredit\u00f3 en debida forma el t\u00edtulo de dominio del actor, pues no obra en el expediente la constancia del registro de la escritura p\u00fablica invocada, ni en el texto de ella misma (nota de registro), ni en el certificado presentado con el libelo. <\/p>\n
Lo anterior, per se, es suficiente para enervar las pretensiones de la demanda lo que obliga revocar la sentencia apelada. <\/p>\n
6. Ahora bien, resulta que si la escritura p\u00fablica 2685 de 24 de noviembre de 2008 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena a favor del actor, realmente lo que hizo fue enajenar respecto del conocido como lote No. 2, 32 lotes de terreno individualmente considerados que del lote mayor se obtuvieron, jur\u00eddicamente independientes porque cada uno cuenta con su folio de matr\u00edcula inmobiliaria desde que el 26 de febrero de 2003 se registr\u00f3 la divisi\u00f3n material con loteo y constituci\u00f3n de la propiedad horizontal (escritura 2286 del 21 de noviembre de 2002 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cartagena), es de esperarse que las compraventas aparezcan registradas en cada uno de esos folios individuales. <\/p>\n
Sin embargo, los mismos ni fueron invocados en la demanda como los bienes de propiedad del actor, ni se aportaron a ella. <\/p>\n
Lo anterior pudo ser porque, seg\u00fan se lee en la anotaci\u00f3n n\u00famero 4 del certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio con matr\u00edcula inmobiliaria 060-197983, por medio de la escritura p\u00fablica 2686 del 24 de noviembre de 2008 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cartagena, entre otras cosas, \u201cse engloban los lotes contenidos dentro del lote 2 excluyendo dicho lote de la copropiedad\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, sobre el particular NADA se explica en la demanda, y revisado en forma cuidadosa el expediente, la referida escritura 2686 tampoco fue aportada por el demandante como prueba para conocer su contenido, alcance y efectos frente a lo que ac\u00e1 se deb\u00eda resolver. Tan solo en el escrito radicado por el demandante el 28 de agosto de 2015, pronunci\u00e1ndose sin previo traslado sobre las excepciones de la contraparte, aquel afirm\u00f3 que en \u201cel certificado del lote dos antes de su anulaci\u00f3n est\u00e1n las (sic) 32 predios\u201d, sin que haya explicado en qu\u00e9 consisti\u00f3 esa aludida \u201canulaci\u00f3n\u201d ni las pruebas oportunamente aportadas y decretadas que den cuenta de ella. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se entiende c\u00f3mo si una escritura del a\u00f1o 2008 realiz\u00f3 el englobe de los predios del Lote No. 2, la escritura 500 de marzo 4 de 2009 insiste respecto del Lote No. 2, que es un lote de mayor extensi\u00f3n identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-197983, el cual contiene otros bienes con sus respectivas matr\u00edculas inmobiliarias. <\/p>\n
Entonces, mientras en la demanda se solicit\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del lote 2 con M.I. 060-197983 de 2.643 m2, lo cierto es que (i) all\u00ed no aparece registrada la escritura de compraventa; (ii) lo que demuestran las pruebas es la existencia de 32 folios de matr\u00edcula inmobiliaria distintos que individualizan en forma jur\u00eddica similar n\u00famero de predios en que se lote\u00f3 aquel, folios de matr\u00edcula que en todo caso ni se aportaron ni se se\u00f1alaron en la demanda; y (iii) si con posterioridad a ese loteo, se procedi\u00f3 nuevamente al englobe de los bienes en un solo predio (060-197983), no se aport\u00f3 la escritura p\u00fablica que contiene tal determinaci\u00f3n, y de la sola referencia de ella en el certificado de tradici\u00f3n y libertad aportado (anotaci\u00f3n 4) no pueden determinarse los efectos de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Que en el campo f\u00edsico tal loteo no se haya materializado como se deduce de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial y la descripci\u00f3n de lo que all\u00e1 la jueza observ\u00f3, no quiere decir que jur\u00eddicamente no se tratara de bienes independientes, y se exigiera su determinaci\u00f3n en la demanda. <\/p>\n
Es claro, adem\u00e1s, que se trata de aspectos que pasaron totalmente en silencio en la demanda, momento en donde debi\u00f3 ofrecerse toda la informaci\u00f3n para alcanzar la claridad que ahora se extra\u00f1a, y aportar las pruebas necesarias para demostrar en grado de certeza, no solo la titularidad del derecho de dominio en cabeza del actor, sino la identidad del bien pretendido con el bien que los t\u00edtulos de dominio describen, identidad que por esta arista, y en el estado de cosas expuesto, no se alcanza\u2026 <\/p>\n
7. Las anteriores razones lucen suficientes para revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda, porque no se re\u00fanen dos de los elementos axiol\u00f3gicos necesarios para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, sin que sea del caso acudir al recaudo de pruebas de oficio porque lo perseguido ser\u00eda adelantar una investigaci\u00f3n a fin de determinar una realidad que nunca fue expuesta por la parte demandante en su escrito inaugural, lo que distorsiona el car\u00e1cter dispositivo que aun campea en el proceso civil, y la carga que el art\u00edculo 167 impone a cada una de las partes del proceso. Como lo ha se\u00f1alado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u2026 <\/p>\n
Ante la negativa de las pretensiones de la demanda por no reunirse los requisitos de ley para su \u00e9xito, luce superfluo cualquier alusi\u00f3n frente a los dem\u00e1s reparos planteados por la parte recurrente. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de el peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la sentencia definitoria del litigio; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n a lo anterior, respecto de la queja atinente a que el Tribunal convocado se pronunci\u00f3 sobre asuntos que no fueron objeto de los reparos presentados, es de advertirse que conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso el fallador contaba con la facultad oficiosa para estudiar los elementos de la acci\u00f3n reclamada, de ah\u00ed que tal afrenta no constituye un menoscabo de las garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no encuentra la Corte que el Tribunal enjuiciado hubiese excedido los l\u00edmites de su competencia al resolver la apelaci\u00f3n, pues al desechar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que declar\u00f3 probada el juez de primer grado y las dem\u00e1s que aleg\u00f3 la demandada, se impon\u00eda el examen de los restantes hechos que pudieran enervar las pretensiones, conforme se extracta de lo establecido en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, establece la citada disposici\u00f3n, en su inciso primero, que \u00ab\u2026 cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb (negrillas ajenas al texto), sin que se restrinja dicho deber al fallador de primera instancia. <\/p>\n
Seguidamente, ese mismo canon dispone que \u00ab[s]i el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepci\u00f3n resolver\u00e1 sobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb (negrillas por la Corte), mandato que, interpretado sistem\u00e1ticamente con el consagrado en el primer inciso de la norma en comento, antes citado, impon\u00eda al juez ad quem el an\u00e1lisis que reprocha el tutelante, el cual, incluso, autoriza el art\u00edculo 328 (inciso 1\u00ba) del prenotado estatuto, conforme al cual \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb (resaltado ajeno al original). <\/p>\n
En suma, la vulneraci\u00f3n fundamental alegada por v\u00eda de tutela no ocurri\u00f3, porque lo realizado por el juzgador de accionado fue cumplir su funci\u00f3n principal de administrar justicia (CSJ, STC18042-2017, 1\u00ba nov., rad, 2017-02843-00). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC1342-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1342-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00311-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por John Jairo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53498","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53498","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53498"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53498\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}