STC1345-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1345-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00339-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alberto Valero Pi\u00f1eros y Luz Marina Bernal L\u00f3pez contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dicen vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidieron \u00abse enmiende la decisi\u00f3n [de 29 de enero de 2021]\u2026 en el sentido de que se confirme la providencia\u2026 del 16 de julio del 2019\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. La alzada fue admitida con auto del 7 de febrero de 2017 y, posteriormente, a trav\u00e9s de providencia de 16 de julio de 2019, se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el juicio criticado, incluido el mandamiento de pago librado en el asunto, al considerar que se vulneraron los derechos \u00aba la defensa y contradicci\u00f3n\u00bb de los all\u00ed enjuiciados, toda vez que en el fallo que defini\u00f3 la primera instancia, se incluyeron cr\u00e9ditos que no fueron contemplados en la prenotada orden de apremio. <\/p>\n
2.3. Frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la entidad ejecutante formul\u00f3 s\u00faplica, siendo revocada con prove\u00eddo del 29 de enero de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del amparo que no debi\u00f3 revocarse el prove\u00eddo de 16 de julio de 2019, comoquiera que se configuraba la invalidez declarada en dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el prove\u00eddo de 29 de enero de 2021, que revoc\u00f3 el dictado el 16 de julio de 2019, no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado, tras invocar las normas que regulan las nulidades procesales en el C\u00f3digo General del Proceso, explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable declarar la invalidez de la ejecuci\u00f3n criticada, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
El art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso previene: \u201c(\u2026) Agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidad y otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisi\u00f3n y casaci\u00f3n (\u2026)\u201d, mientras que el art\u00edculo 133 \u00eddem, establece que: \u201c(\u2026) PAR.- Las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por saneadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece (\u2026)\u201d. Finalmente, el art\u00edculo 136 \u00eddem dispone que: \u201c(\u2026) La nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: (\u2026) 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u2026\u201d. <\/p>\n
\u2026 una de las reglas o par\u00e1metros que rigen nuestro sistema de nulidades es la oportunidad para su alegaci\u00f3n, debido que el ordenamiento no ha dejado este aspecto al querer o capricho de la parte afectada con el vicio, por el contrario, existen etapas precisas para su proposici\u00f3n y que de no ser respetadas conllevan\u2026 su saneamiento, procur\u00e1ndose as\u00ed que quien se haya visto afectado en su derecho fundamental al debido proceso como consecuencia de una irregularidad de esa entidad, solicite su protecci\u00f3n en el primer momento\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Pues bien, debe resaltarse el car\u00e1cter reparador que caracteriza a las nulidades procesales, reafirmando que con esa instituci\u00f3n se busca la protecci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso y el ejercicio efectivo del derecho de defensa, luego la sola existencia de una irregularidad procedimental no puede conllevar a la nulidad de la actuaci\u00f3n sin antes constatar la demostraci\u00f3n de un menoscabo real y cierto del derecho involucrado\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En efecto, una vez proferida la sentencia de primera instancia con la que previsiblemente se incurri\u00f3 en una irregularidad procesal\u2026, la parte demandada tuvo conocimiento de la anomal\u00eda que presuntamente afectaba a sus intereses, sin embargo, guard\u00f3 silencio, puesto que sus reparos a la decisi\u00f3n que defini\u00f3 la instancia se centraron en los argumentos expuestos en las alegaciones finales que respaldaban las excepciones de m\u00e9rito propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda, luego el extremo pasivo, pese a conocer la irregularidad que se cometi\u00f3, tuvo en sus manos la posibilidad de alegarla con la finalidad de reponer la actuaci\u00f3n, no obstante, opt\u00f3 por no reclamar, conducta que apareja el saneamiento y\/o convalidaci\u00f3n t\u00e1cito de la actuaci\u00f3n surtida… <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan las nulidades procesales y concluy\u00f3 que la supuesta anomal\u00eda, con fundamento en la cual se invalid\u00f3 la actuaci\u00f3n, de haber ocurrido, result\u00f3 saneada al no haber sido alegada oportunamente por la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 136 (numeral 1\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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