STC1349-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1349-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00116-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Ra\u00fal Ernesto Ter\u00e1n Chaparro contra las Fiscal\u00edas Trescientos Once Seccional de la Unidad de Reacci\u00f3n Inmediata de Ciudad Bol\u00edvar y Doscientos Catorce Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, los Juzgados Veintis\u00e9is Penal del Circuito y Diecis\u00e9is Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, todos de Bogot\u00e1, Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada en contra el quejoso por los delitos de Concusi\u00f3n y Supresi\u00f3n, Destrucci\u00f3n u Ocultamiento de Documento P\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El petente requiere la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Veintis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, dentro de la causa criminal N\u00b0 110016211002201100001, mediante sentencia de 29 de julio de 2011, impuso pena privativa de la libertad de 96 meses de prisi\u00f3n a Ra\u00fal Ernesto Ter\u00e1n Chaparro por el punible de \u201cconcusi\u00f3n\u201d, y absolvi\u00e9ndolo por el delito de \u201cSupresi\u00f3n, Destrucci\u00f3n u Ocultamiento de Documento P\u00fablico\u201d, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad el 23 de febrero de 2012. <\/p>\n
Acota el actor que impetr\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, inadmitida por la Sala especializada de esta Corte el 23 de mayo siguiente. <\/p>\n
Afirma el gestor que, dentro del comentado decurso, <\/p>\n
\u201c(\u2026) al parecer por un presunto fraude procesal y\/o falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico (\u2026), fue cambiado el n\u00famero \u00fanico de la noticia criminal para desplazar al Fiscal 284 Seccional URI como director del proceso, por ello, dentro del radicado con numero \u00fanico de noticia criminal 110016211002201100001, no fue legalizada [su] captura, imputado o impuesto medida de aseguramiento [en su contra] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sostiene que los convocados pasaron por alto la anterior falencia, por tanto, sus prerrogativas fundamentales se encuentran conculcadas, al estar condenado dentro de un proceso en el cual \u201cno ten\u00eda la condici\u00f3n de imputado\u201d. <\/p>\n
Asegura que la fiscal\u00eda instructora le \u201cocult\u00f3 dicha irregularidad procesal\u201d, impidi\u00e9ndole con ello \u201calegar la nulidad de la actuaci\u00f3n, porque el cambio de n\u00famero [de radicaci\u00f3n] en el campo de la unidad receptora no se percibe a simple vista\u201d. <\/p>\n
Aduce que tuvo conocimiento de ese \u201cenga\u00f1o\u201d solo hasta \u201cprincipios de octubre de 2020\u201d, cuando una persona le advirti\u00f3 sobre algunas anomal\u00edas acaecidas en el asunto bajo estudio. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, decretar la \u201cinvalidaci\u00f3n\u201d de la condena impuesta en su contra. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Veintis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas en la causa subex\u00e1mine, explicando que el cambio en el n\u00famero de radicaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una correcci\u00f3n realizada por el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao el 9 de marzo de 2011. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Doscientos Catorce Seccional de esta ciudad, manifest\u00f3 que los errores alegados por el quejoso \u201cdebieron ser ventilados en el curso del proceso penal [sublite] y no a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si se han quebrantado las prerrogativas superlativas de Ra\u00fal Ernesto Ter\u00e1n Chaparro, con la condena de 96 meses de prisi\u00f3n emitida en su contra por el delito de \u201cconcusi\u00f3n\u201d. Para dirimir el presente ruego esta Sala tendr\u00e1 en cuenta el prove\u00eddo de 23 de mayo de 2012, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto en el caso bajo estudio, puesto que con esa decisi\u00f3n el asunto aqu\u00ed censurado cobr\u00f3 fuerza de ejecutoria. <\/p>\n
2. Es palmario el fracaso del amparo, por cuanto fue incoado tard\u00edamente el 19 de enero de 2021, esto es, luego de m\u00e1s de ocho (8) a\u00f1os de proferida la referida providencia, superando ampliamente el t\u00e9rmino estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En no pocas ocasiones, esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta indebida atribuible a los funcionarios querellados y con repercusi\u00f3n directa en las prerrogativas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Ra\u00fal Ernesto Ter\u00e1n Chaparro contra las Fiscal\u00edas Trescientos Once Seccional de la Unidad de Reacci\u00f3n Inmediata de Ciudad Bol\u00edvar y Doscientos Catorce Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, los Juzgados Veintis\u00e9is Penal del Circuito y Diecis\u00e9is Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, todos de Bogot\u00e1, Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada en contra el quejoso por los delitos de Concusi\u00f3n y Supresi\u00f3n, Destrucci\u00f3n u Ocultamiento de Documento P\u00fablico. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
10 <\/p>\n
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