STC1350-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1350-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00279-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Carlos Julio Dur\u00e1n Porras, Ana Hilda Quintero de Quintero, Eugenia, Nancy Yaneth y Ana Zully Quintero Quintero al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Orlando Tello Hern\u00e1ndez, Pablo Ignacio Villate Monroy y Juan Manuel D\u00famez Arias, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo con radicado n\u00b02018-00217-01, incoado por los gestores contra Socotrans S.A.S. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 7 de junio de 2003, Esther Morales Gama le vendi\u00f3 al impulsor Carlos Julio Dur\u00e1n Porras y a Rosendo Quintero Garavito un autob\u00fas. <\/p>\n
El 16 de julio de 2004, el Ministerio de Transporte expidi\u00f3 la tarjeta de operaciones respectiva con vigencia hasta el 2 de febrero de 2005. <\/p>\n
Debido a una deuda pendiente de la antigua due\u00f1a, por orden judicial, el veh\u00edculo fue inmovilizado el 12 de agosto de 2004. <\/p>\n
El rodante, encontr\u00e1ndose afiliado a Socotrans Ltda., el 26 de agosto postrero, fue incluido por el Ministerio de Transporte dentro del listado para operar entre Bogot\u00e1 y Soacha y de ello se enter\u00f3 al \u00faltimo ente territorial. <\/p>\n
Una vez solucionado el tema de la retenci\u00f3n del automotor, Carlos Julio Dur\u00e1n Porras y Rosendo Quintero Garavito solicitaron al municipio de Soacha les expidiera la \u201ctarjeta de operaciones\u201d para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte de personas. <\/p>\n
Como dicha petici\u00f3n fue desestimada, el 6 de abril de 2009, aqu\u00e9llos celebraron un acuerdo con Socotrans Ltda., mediante el cual la empresa tramitar\u00eda ante la Alcald\u00eda de Soacha la expedici\u00f3n de la enunciada \u201ctarjeta de operaciones\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el 7 de abril ulterior, Carlos Julio Dur\u00e1n Porras y Rosendo Quintero Garavito suscribieron un contrato de vinculaci\u00f3n con Socotrans Ltda., en donde el veh\u00edculo en cuesti\u00f3n se incorpor\u00f3 a la capacidad transportadora de esa compa\u00f1\u00eda \u201c(\u2026) para cubrir las rutas autorizadas a \u00e9sta, por autoridad competente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Los tutelantes Dur\u00e1n Porras y Quintero Garavito entregaron a la mencionada empresa los documentos para la obtenci\u00f3n de la \u201ctarjeta de operaciones\u201d y, esa firma, a su vez, el 15 de abril de 2009, los present\u00f3 en la Alcald\u00eda de Soacha para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
El 11 de mayo siguiente, se deneg\u00f3 ese pedimento, por cuanto el autobus \u201c(\u2026) no se encontraba registrado en el convenio interadministrativo del corredor Bogot\u00e1-Soacha (\u2026)\u201d de 24 de mayo de 2000, proferido por el Ministerio de Transporte, el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de Soacha y Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por lo anterior, Carlos Julio Dur\u00e1n Porras y Rosendo Quintero Garavito elevaron varios \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d a Socotrans Ltda. y la Alcald\u00eda de Soacha con el fin de obtener informaci\u00f3n acerca de la negativa al otorgamiento de la \u201ctarjeta de operaciones\u201d, recibiendo como respuesta la imposibilidad de expedirla, por el mismo motivo antes referido. <\/p>\n
Posteriormente, Dur\u00e1n Porras y los herederos de Quintero Garavito, aqu\u00ed suplicantes, demandaron a Socotrans, ahora constituida en S.A.S., en el estrado del circuito confutado, para exigirle el pago de los perjuicios generados por el incumplimiento contractual que les impidi\u00f3 la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del automotor materia de controversia. <\/p>\n
Aun cuando esa sociedad no contest\u00f3 el libelo, mediante sentencia de 29 de enero de 2020, se denegaron las pretensiones de los petentes. <\/p>\n
Inconformes con lo as\u00ed decidido, los precursores impetraron apelaci\u00f3n, recurso definido por el tribunal fustigado, quien, el 17 de noviembre postrero, ratific\u00f3 la providencia protestada. <\/p>\n
Ello, porque si bien se acredit\u00f3 la existencia de un v\u00ednculo negocial entre las partes, la falta de expedici\u00f3n de la \u201ctarjeta de operaci\u00f3n\u201d del rodante, no obedeci\u00f3 a una conducta atribuible la empresa demandada. <\/p>\n
Para los precursores las determinaciones cuestionadas lesionan sus garant\u00edas pues, am\u00e9n de omitirse la conducta procesal de la compa\u00f1\u00eda enjuiciada, se pretermitieron las pruebas acerca del deber de esa firma, respecto a la obtenci\u00f3n de la \u201ctarjeta de operaciones\u201d para el veh\u00edculo materia de disenso, falencias que, seg\u00fan afirman, les frustraron acceder a un resarcimiento por $1.000.000.000. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto los fallos de ambas instancias y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
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1. Los despachos refutados defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
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2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La controversia estriba en determinar si el colegiado atacado, al ratificar la negativa del a quo a conceder las pretensiones de los accionantes, vulner\u00f3 sus prerrogativas, pues, presuntamente, no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, el incumplimiento contractual de Socotrans S.A.S., en la obtenci\u00f3n de la \u201ctarjeta de operaciones\u201d del autob\u00fas objeto de controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En la sentencia de 17 de noviembre de 2020, la corporaci\u00f3n, para ratificar la decisi\u00f3n del a quo, advirti\u00f3 que si bien Socotrans S.A.S. no contest\u00f3 la demanda, tal cuesti\u00f3n no defin\u00eda la contienda, pues, aunque estaba demostrada la obligaci\u00f3n contractual de dicha compa\u00f1\u00eda en obtener la \u201ctarjeta de operaci\u00f3n\u201d del rodante ante la Alcald\u00eda de Soacha, su falta de expedici\u00f3n no obedeci\u00f3 a la culpa de esa empresa, por cuanto <\/p>\n
\u201cTodo lo anterior tiene [fundamento] en el Convenio Interadministrativo de Cooperaci\u00f3n para la Regulaci\u00f3n de Transporte P\u00fablico de Bogot\u00e1-Soacha, suscrito el 24 de mayo de 2000, entre el Ministerio de Transporte, [el] Gobernador de Cundinamarca, [los] Alcalde[s] (\u2026) de Bogot\u00e1 (\u2026) y (\u2026) Soacha; lo [cual] demuestra que [ese] acto administrativo] solo puede ser modificado por [el] cuerpo colegiado (\u2026) y no por el libre albedrio del [municipio de Soacha]\u201d. <\/p>\n
\u201cDe igual forma, queda [evidenciado] que solamente los automotores registrados en el aludido convenio est\u00e1n facultados el servicio p\u00fablico de [transporte] de pasajeros en el corredor Bogot\u00e1- Soacha [y,] (\u2026) el rodante [materia de debate] no se encuentra relacionado (\u2026) en el convenio [y, por ello, el veh\u00edculo] qued\u00f3 excluido\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEs as\u00ed que en el caso [aun cuando el autob\u00fas si est\u00e1 incluido en] la resoluci\u00f3n 1822 de 2004 [expedida por el municipio de Soacha, \u00e9sta] no puede estar por encima del convenio interadministrativo [de 24 de mayo de 2000, proferido por el Ministerio de Transporte, el Gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de Soacha y Bogot\u00e1]\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe cara a lo anterior, se colige que la empresa Socotrans Ltda., ahora S.A.S., en lo que incumb\u00eda a sus obligaciones (\u2026), las cumpli\u00f3, al solicitarle a la [a]lcald\u00eda de Soacha como entidad competente la expedici\u00f3n y\/o renovaci\u00f3n de la tarjeta de operaci\u00f3n (\u2026). Cosa distinta es que la entidad p\u00fablica no encontr\u00f3 procedente acceder a ello, bajo la premisa [seg\u00fan la cual] ese microb\u00fas no hac\u00eda parte del convenio interadministrativo, al haberse excluido, por manera que, mal puede predicarse que la empresa aqu\u00ed demandada haya incumplido [su deber en] la obtenci\u00f3n del pluricitado documento\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[Adicionalmente,] si bien la falta de contestaci\u00f3n de la demanda [por parte de la firma convocada,] al volver la mirada a la totalidad de las pruebas [revelan que] (\u2026) la negativa de la expedici\u00f3n de la licencia de tr\u00e1nsito, no se le pueden endilgar a Socotrans S.A. (\u2026)\u201d <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, pues si bien se prob\u00f3 la obligaci\u00f3n de Socotrans S.A. de tramitar ante la Alcald\u00eda de Soacha la expedici\u00f3n de la \u201ctarjeta de operaci\u00f3n\u201d para el automotor en cuesti\u00f3n, el resultado negativo de esa gesti\u00f3n no fue producto de su incuria o negligencia contractual. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, el 16 de julio de 2004, el Ministerio de Transporte expidi\u00f3 la \u201ctarjeta de operaciones\u201d con vigencia hasta el 2 de febrero de 2005, para el transporte de personas y, en esa medida, aun cuando ese documento no fue renovado, daba confianza a los contratantes acerca de la posibilidad de obtener otra y, por ello, se celebr\u00f3 el acuerdo de vinculaci\u00f3n entre Carlos Julio Dur\u00e1n Porras, Rosendo Quintero Garavito y Socotrans Ltda. el 7 de abril de 2009. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, no se observa mala fe de esa sociedad en la obligaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, al punto que elev\u00f3 la solicitud de expedici\u00f3n al municipio de Soacha, siendo la misma denegada por cuestiones ajenas a la voluntad de esa compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed, ese ente territorial adujo no poder incluir al veh\u00edculo materia de controversia, en el convenio interadministrativo del corredor Bogot\u00e1-Soacha de 24 de mayo de 2000, proferido por el Ministerio de Transporte, el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de Soacha y Bogot\u00e1. <\/p>\n
Ahora, por su lado, Carlos Julio Dur\u00e1n Porras, Rosendo Quintero Garavito elevaron \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d al municipio de Soacha, encaminados a obtener una respuesta satisfactoria en relaci\u00f3n con la expedici\u00f3n de la \u201ctarjeta de operaciones\u201d y, esa entidad, nunca adujo que la denegaci\u00f3n de ese documento se debiera a la pigricia de Socotrans Ltda. <\/p>\n
Con esa comprensi\u00f3n, estando ausente la culpa en la relaci\u00f3n contractual y la ausencia de conexidad con el resultado perjudicial, las pretensiones de los tutelantes no pod\u00edan prosperar, pese a la falta de contestaci\u00f3n de la demanda por la compa\u00f1\u00eda encausada, por cuanto si bien ello hace presumir ciertos los hechos del libelo, esa circunstancia no resuelve la contienda autom\u00e1ticamente, pues admite prueba en contrario, tal como lo advirti\u00f3 el colegiado confutado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el debate se defini\u00f3 al tenor de los medios de acreditaci\u00f3n y, bajo ese panorama, el ruego tuitivo carece de la aptitud para prosperar frente a quien lo plantea, cuando la decisi\u00f3n se profiere sin estar mediada por errores en la valoraci\u00f3n de las probanzas. <\/p>\n
Sobre la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)1. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos dis\u00edmiles (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Se destaca, el an\u00e1lisis probatorio, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el criterio examinado no se observa arbitrario al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues, la corporaci\u00f3n cuestionada defini\u00f3 la controversia teniendo en cuenta el contexto del caso, las pruebas y, la normatividad aplicable en la materia y, por tal motivo, no pod\u00eda resolverla de la manera rogada por los accionantes. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Refuerza el fracaso de la salvaguarda, el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad porque si los actores alegan que el fallo del tribunal acusado les impidi\u00f3 obtener un resarcimiento de $1.000.000.000, esa cuant\u00eda5 les permit\u00eda impetrar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; sin embargo, no lo hicieron, dilapidando as\u00ed un medio id\u00f3neo para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
En esa medida, si los precursores no emplearon la debida diligencia en el cuidado de sus negocios, pudiendo hacerlo, resulta evidente que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n a su alcance6, no fue empleado por su misma falta de prudencia. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]ecu\u00e9rdese que, seg\u00fan el precedente jurisprudencial, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)9\u201d. <\/p>\n
Igualmente, los gestores cuentan con la posibilidad de acudir ante la justicia contencioso administrativa para enarbolar la situaci\u00f3n aqu\u00ed expuesta, porque, en \u00faltimas, la negativa a expedir la \u201ctarjeta de operaciones\u201d del autob\u00fas materia de controversia, guarda relaci\u00f3n con actos de entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos11 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Carlos Julio Dur\u00e1n Porras, Ana Hilda Quintero de Quintero, Eugenia, Nancy Yaneth y Ana Zully Quintero Quintero al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Orlando Tello Hern\u00e1ndez, Pablo Ignacio Villate Monroy y Juan Manuel Dumez Arias, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo con radicado n\u00b02018-00217-01, incoado por los gestores contra Socotrans S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
2 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 338. Cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026). Cuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se conceder\u00e1 la casaci\u00f3n interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del inter\u00e9s de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerar\u00e1n aut\u00f3nomos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 334. Procedencia del recurso de casaci\u00f3n. El recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: (\u2026). 1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos (\u2026). 2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria (\u2026). 3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto (\u2026). Par\u00e1grafo. Trat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 CSJ. STC17119-2019 de 16 de diciembre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-04106-00 <\/p>\n
8 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
9 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
10 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
12 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
13 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
17 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1350-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1350-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00279-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Carlos Julio Dur\u00e1n Porras, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}