STC1351-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1351-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00454-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de diciembre de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Juan Morales, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles, Helm Bank hoy Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A., la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda del mismo lugar y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abque en un t\u00e9rmino de tiempo no mayor a 48 horas\u2026 profiera sentencia, amparado art 37 ley 472 de 1998\u00bb; que cumpla los \u00abt\u00e9rminos perentorios de tiempo q[ue] manda ley 472 de 1998, ya q[ue] no existe laguna para aplicar art del CGP y desconocer la celeridad de la acci\u00f3n constitucional hoy tutelada pa[ra] garantizar art 29 CN\u00bb; que \u00abrespet[e] y apli[que] siempre art 37 ley 472 de 1998 en los t\u00e9rminos ordenados en ley 472 de 1998\u00bb; y que el Procurador Delegado y el Defensor del Pueblo de Pereira \u00abprueben como [l]e han garantizado art 29 CN en la ac[c]i\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Juan David Morales promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Helm Bank, hoy Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A., bajo el radicado 2018-00474, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el que se dict\u00f3 sentencia el 28 de febrero de 2020 denegando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que en dicha actuaci\u00f3n no se cumplen los t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998 ni mucho menos el art\u00edculo 37 de la misma \u00aba fin de fallar con celeridad\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Personer\u00eda de Pereira solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, en tanto que la situaci\u00f3n planteada le era ajena y su actuaci\u00f3n como ente de control estaba encaminada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta tutela, pues las pretensiones enunciadas no la vinculaban y su resoluci\u00f3n tampoco se encontraba en el marco de sus competencias; adem\u00e1s que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que dict\u00f3 sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda, la que no fue recurrida por las partes. Remiti\u00f3 el link de consulta del expediente criticado 2018-00474. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda adujo que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional, Provincial y Personer\u00edas Municipales, en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que los hechos en los que se fund\u00f3 la tutela no eran ciertos, pues el tr\u00e1mite no se encontraba pendiente de fallo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que ped\u00eda la nulidad por no haberse notificado a Juan David Morales; que como en la acci\u00f3n popular \u00abse hab\u00eda vencido plazo pa[ra] fallar, art 121, la juez nunca pudo fallar la acci\u00f3n sin desconocer art. 29 CN\u00bb; y que la falta de competencia \u00abpor factor tiempo para fallar es una nulidad de oficio, y es nulo todo lo actuado posterior a esto\u00bb, raz\u00f3n por la que ped\u00eda un fallo ultra y extrapetita. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Verificada la demanda de tutela y las probanzas allegadas a esta sumaria tramitaci\u00f3n, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que el 28 de febrero de 2020 fue emitida sentencia en la que se denegaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que el fallador criticado dicte fallo dentro de la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, sobre las manifestaciones expuestas en el escrito de impugnaci\u00f3n atinentes a que en la acci\u00f3n popular se hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino para fallar, \u00abart 121, la juez nunca pudo fallar la acci\u00f3n sin desconocer art. 29 CN\u00bb y que el \u00abfactor tiempo para fallar es una nulidad de oficio, y es nulo todo lo actuado posterior a esto\u00bb; se advierte que las mismas constituyen hechos nuevos, no incluidos en el libelo inicial, frente a los que no puede entrar a pronunciarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
4. De otro lado, en lo atinente a la petici\u00f3n de la nulidad por falta de notificaci\u00f3n de Juan David Morales, se advierte que el libelista carece de legitimaci\u00f3n, porque el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procedimientos de tutela por la remisi\u00f3n normativa trazada a partir del art\u00edculo 4 del Decreto Reglamentario 306 de 1992, dispone que la \u00abindebida representaci\u00f3n o por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento solo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada…\u00bb, o sea, los \u00abtercer[os] interesados\u00bb, por lo que tal ruego ha de desestimarse. <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a las pretensiones relacionadas con la Procuradur\u00eda Delegada y la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira, es necesario recordarle al quejoso, como insistentemente se le ha dicho en m\u00faltiples ocasiones, que si considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de parte de esas entidades, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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