STC1356-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1356-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2020-00195-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 16 de diciembre de 2020, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela promovida por Pablo contra el Juzgado Trece de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a Mar\u00eda, representante legal del ni\u00f1o Mart\u00edn1; con ocasi\u00f3n del proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de este \u00faltimo, con radicado n\u00famero 2020-00289. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el actor suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa, familia e inter\u00e9s superior del menor, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n narrada por el accionante y de las pruebas aqu\u00ed allegadas, se coligen los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El 7 de noviembre de 2018, Mar\u00eda pone en conocimiento de la Comisaria de Familia de la Comuna 14 del Poblado de Medell\u00edn, la presunta vulneraci\u00f3n y amenaza de los derechos del ni\u00f1o, Mart\u00edn, quien, supuestamente, hab\u00eda sido v\u00edctima de actos de violencia sexual perpetrados por su progenitor, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En la misma data, se emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00b0 177 por la cual se dio apertura al procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos y se adoptaron medidas de protecci\u00f3n en la modalidad de emergencia. <\/p>\n
En Resoluci\u00f3n n\u00b0 143 de 22 de julio de 2019, la entidad administrativa declar\u00f3 vulnerados los derechos de Mart\u00edn, disponiendo que su cuidado personal estar\u00eda, de manera exclusiva, a cargo de su progenitora, sin la posibilidad de recibir visitas del aqu\u00ed tutelante; frente a dicha determinaci\u00f3n, este \u00faltimo solicit\u00f3 su remisi\u00f3n a los jueces de familia para adelantar el proceso de homologaci\u00f3n. <\/p>\n
El 27 de agosto de 2019, el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn, quien, el 29 de agosto siguiente, lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo S\u00e9ptimo, autoridad que, mediante auto de 10 de septiembre posterior, propuso conflicto negativo de competencia, dirimido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, el 24 de septiembre ulterior, ordenando la remisi\u00f3n inmediata de la actuaci\u00f3n al Juzgado Doce de Familia. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 31 de octubre de 2019, el Juzgado Doce de Familia declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento administrativo, con posterioridad al 7 de mayo de 2019, al considerar que, a partir de dicha data, el Comisario de la Comuna Catorce \u2013 El Poblado perdi\u00f3 la competencia para gestionar el asunto, atendiendo a lo preceptuado en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia2. <\/p>\n
El 1 de julio de 2020, el mencionado estrado judicial declar\u00f3 la p\u00e9rdida de su competencia para continuar tramitando el decurso, por haberse superado los dos meses estipulados en la norma citada, para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, disponiendo el env\u00edo del expediente a su hom\u00f3logo Trece de Familia, aqu\u00ed accionado. <\/p>\n
Dando cumplimiento a lo resuelto por el superior, en prove\u00eddo de 25 de septiembre de 2020, el juzgado confutado avoc\u00f3 el conocimiento del sublite y, simult\u00e1neamente, dict\u00f3 \u201csentencia anticipada\u201d, declarando vulnerados los derechos del menor involucrado y adoptando medidas para su restablecimiento. <\/p>\n
Para el tutelante, dicha decisi\u00f3n es arbitraria, por cuanto se fundament\u00f3 en un dictamen pericial expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del cual nunca se le dio traslado, cercen\u00e1ndole su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En su criterio, dada la relevancia del caso, no pod\u00eda emitirse \u201csentencia anticipada\u201d, obviando la realizaci\u00f3n de la audiencia prevista para el caso de los \u201cprocesos verbales\u201d. <\/p>\n
A\u00f1ade que la juez incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues no le era dable concluir que el ni\u00f1o: <\/p>\n
\u201c(…) sufri\u00f3 unos tocamientos sexuales abusivos que desencadenaron en una ocasi\u00f3n en una afectaci\u00f3n de su \u201c\u2026Ano de forma irregular normot\u00f3nico, con eritema generalizado perianal conc\u00e9ntrico, con edema generalizado perianal conc\u00e9ntrico, borramiento de pliegues anales por edema al momento de la valoraci\u00f3n medicolegal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto, seg\u00fan afirma, ello requiere una debida explicaci\u00f3n de peritos al respecto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiere que la juez no apreci\u00f3 adecuadamente el minucioso an\u00e1lisis realizado por el ICBF, en el cual se descart\u00f3 cualquier tipo de abuso de su parte, ni lo afirmado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en el sentido de que las pruebas tendientes a verificar la identidad del perpetrador del abuso no han sido practicadas por la autoridad competente. <\/p>\n
Agrega que se analiz\u00f3 de manera errada la entrevista a Mart\u00edn, pues se quebrant\u00f3 la unidad del testimonio <\/p>\n
\u201c(…) porque al mismo tiempo y contradictoriamente se dieron por probados dos hechos en esencia y en s\u00ed contradictorios: la verbalizaci\u00f3n del ni\u00f1o con la que el Juzgado establece el abuso sexual y con la misma verbalizaci\u00f3n tambi\u00e9n da por establecida la posible alienaci\u00f3n parental que padece el ni\u00f1o al parecer por parte de la madre, quien le dice al ni\u00f1o lo que \u00e9ste acaba de responder a la psic\u00f3loga. En esa circunstancia el Juzgado no pod\u00eda acreditar el supuesto abuso sexual (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, declarar la nulidad de la sentencia anticipada y ordenar \u201c(\u2026) la pr\u00e1ctica de la audiencia pertinente al proceso verbal sumario permitiendo la pr\u00e1ctica de la prueba y el ejercicio de contradicci\u00f3n a las mismas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn se opuso a la prosperidad del amparo, defendiendo la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. Mar\u00eda, madre de Mart\u00edn, manifest\u00f3 que la juez cuestionada dio primac\u00eda a los derechos de su hijo, a partir de la estimaci\u00f3n de la totalidad del material probatorio y sin vulnerar las garant\u00edas fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. El Procurador 145 Judicial II para la Defensa de la Familia, Infancia y Adolescencia solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, aduciendo que el proceso hab\u00eda nacido en la Comisar\u00eda de Familia, donde se decretaron y practicaron numerosas probanzas, nunca debatidas por las partes y, si bien es cierto, el Juzgado Doce de Familia, antes de perder competencia, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, las pruebas recaudadas conservaron su validez, por lo cual la juez confutada pod\u00eda fallar con base en \u00e9stas. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que lo debatido en torno al presunto abuso sexual es de competencia exclusiva de la fiscal\u00eda y de los jueces penales. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda al descartar la vulneraci\u00f3n al debido proceso del tutelante, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien es cierto el tr\u00e1mite surtido ante la Comisar\u00eda de Familia fue declarado nulo por el Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, tambi\u00e9n lo es que todas las pruebas conservaron su validez frente a quienes tuvieron la posibilidad de controvertirlas, circunstancia de la que no fue privado el se\u00f1or Toro Reyes pues, como ya qued\u00f3 dicho, cont\u00f3 con todas las oportunidades para alegar la ausencia del traslado y la consecuencial nulidad a la que ya se ha hecho menci\u00f3n. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a su inconformidad por la emisi\u00f3n de la \u201csentencia anticipada\u201d refiri\u00f3 que \u00e9sta \u201c(\u2026) fue adoptada en consonancia con la normatividad que rige la materia, sin que se evidencie en tal actuar una conducta arbitraria o caprichosa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a sus reparos por la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, indic\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el promotor, insistiendo en que los procesos administrativos de restablecimiento de derechos deben ser fallados oralmente en audiencia, pues all\u00ed ha de efectuarse el debate probatorio <\/p>\n
\u201c(\u2026) y no por medio de autos, y como efectivamente ni en la comisar\u00eda, ni en el juzgado se practic\u00f3 audiencia alguna efectivamente no se pudo hacer dicho debate, lo que efectivamente conlleva a entender que no es asertivo el argumento de subsidiariedad del despacho y contrario a esto debi\u00f3 valorar la carga argumentativa de la acci\u00f3n y fallarla en derecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n, se anule la \u201csentencia anticipada\u201d de 25 de septiembre de 2020, por la cual la juez accionada declar\u00f3 vulnerados los derechos de su hijo, Mart\u00edn, adoptando medidas para su restablecimiento; y, en su lugar, se ordene agotar el procedimiento de un \u201ctr\u00e1mite verbal sumario\u201d en aras de garantizar el pleno ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto, seg\u00fan afirma, (i) nunca se le dio traslado al dictamen pericial emitido por medicina legal, (ii) dada la relevancia del asunto, era necesario llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 ibidem, y (iii) las conclusiones a las cuales arrib\u00f3 la juzgadora tutelada, son producto de una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Con relaci\u00f3n al primer motivo de censura, de entrada, se observa la inviabilidad del amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que, aun cuando el Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn declar\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite adelantado por la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna 14 del Poblado, de conformidad con el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, las pruebas practicadas dentro de dicha actuaci\u00f3n conservaron su validez y, por lo mismo, resultaban eficaces respecto de quienes tuvieron la posibilidad de controvertirlas. <\/p>\n
Precisado lo anterior, se observa que el 8 de noviembre de 2018, en el curso del per\u00edodo probatorio surtido ante la mencionada entidad administrativa, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practic\u00f3 dictamen pericial al menor involucrado, en el cual se advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Ni\u00f1o evaluado de sexo masculino. 2. Edad documental de 35 (treinta y cinco) meses. 3. No presenta lesiones en su superficie corporal que ameriten discriminar incapacidad medicolegal. 4. No presenta lesiones en los genitales externos al momento de la valoraci\u00f3n medicolegal, la ausencia de lesiones a nivel genital no descarta manipulaci\u00f3n er\u00f3tico sexual reciente o antigua a este nivel, ya que esta puede no dejar huella en los genitales del ni\u00f1o evaluado. 5. Ano de forma irregular normot\u00f3nico, con eritema generalizado perianal conc\u00e9ntrico, con edema generalizado perianal conc\u00e9ntrico, borramiento de pliegues anales por edema al momento de la valoraci\u00f3n medicolegal. 6. No presenta signos de contaminaci\u00f3n ven\u00e9rea al momento de la valoraci\u00f3n medicolegal. 7. Sugiero protecci\u00f3n y acompa\u00f1amiento psicol\u00f3gico al ni\u00f1o evaluado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El tutelante alega que no tuvo la oportunidad de controvertir dicha probanza, sin embargo, ni en el desarrollo del proceso administrativo ni al solicitar la homologaci\u00f3n ante el estrado accionado, aleg\u00f3 la falta de traslado del dictamen rese\u00f1ado. <\/p>\n
Dicho proceder convalid\u00f3 la supuesta irregularidad alegada, al haber actuado sin proponerla, se itera, en distintas etapas del tr\u00e1mite administrativo e, incluso, cuando el proceso pas\u00f3 a conocimiento del juzgado accionado, tampoco dijo nada sobre las posibles irregularidades en torno a la contradicci\u00f3n de las pruebas que mantuvieron su validez. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el interesado anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Frente a la inconformidad del actor por haberse emitido \u201csentencia anticipada\u201d, pues, en su criterio, dada la relevancia del asunto era necesario llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del estatuto adjetivo, se pone de presente a aqu\u00e9l que, en virtud del precepto 278 \u00eddem <\/p>\n
\u201c(\u2026) En cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: <\/p>\n
1. Cuando las partes o sus apoderados de com\u00fan acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. <\/p>\n
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar. <\/p>\n
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
Sobre el deber de emitir sentencia anticipada cuando se configura alguno de los presupuestos antes descritos, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sin embargo, en virtud de los postulados de flexibilidad y dinamismo que de alguna manera \u2013 aunque impl\u00edcita y paulatina \u2013 han venido floreciendo en el proceso civil incluso desde la Ley 1395 de 2010, el legislador previ\u00f3 tres hip\u00f3tesis en que es igualmente posible definir la contienda sin necesidad de consumar todos los ciclos del proceso; pues, en esos casos la soluci\u00f3n deber\u00e1 impartirse en cualquier momento, se insiste, con independencia de que haya o no concluido todo el trayecto procedimental\u201d. <\/p>\n
\u201cDe la norma en cita (art. 278) se aprecia sin duda que ante la verificaci\u00f3n de alguna de las circunstancias all\u00ed previstas al Juez no le queda alternativa distinta que \u00abdictar sentencia anticipada\u00bb, porque tal proceder no est\u00e1 supeditado a su voluntad, esto es, no es optativo, sino que constituye un deber y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Lo anterior, guarda consonancia con el inciso final del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podr\u00e1 dictar sentencia escrita vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el art\u00edculo 392, si las pruebas aportadas con la demanda y su contestaci\u00f3n fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese m\u00e1s pruebas por decretar y practicar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Conforme a lo antelado, se descarta la arbitrariedad endilgada, pues si, en ejercicio de su autonom\u00eda, la juez estim\u00f3 que el acervo probatorio recaudado era suficiente para emitir sentencia, as\u00ed deb\u00eda proceder, sin necesidad de agotar las dem\u00e1s etapas procesales. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan cuando, en virtud del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, antes citado, la juzgadora accionada estaba compelida a definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del infante en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses, contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del proceso, so pena de que se promoviera investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra. <\/p>\n
N\u00f3tese, la sentencia censurada data del 25 de septiembre de 2020, es decir que transcurrieron casi dos a\u00f1os a partir del 7 de noviembre de 2018, fecha en la cual la autoridad administrativa tuvo conocimiento de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos de Mart\u00edn, sin que se hubiese definido su situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Ello era raz\u00f3n suficiente para que la funcionaria definiera con celeridad el asunto, en aras de tomar las medidas definitivas para el restablecimiento de los derechos del menor afectado. <\/p>\n
4. En casos como el presente, es importante rememorar que la responsabilidad parental en el cuidado, atenci\u00f3n y crianza de nuestros ni\u00f1as, ni\u00f1as y adolescentes es una condici\u00f3n necesaria para garantizar su adecuado desarrollo integral y, con ello, alcanzar el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Desde luego, el ejercicio de esa responsabilidad parental, en ning\u00fan caso puede vulnerar o poner en riesgo la integridad personal del ni\u00f1o o la ni\u00f1a. Por esta raz\u00f3n, les est\u00e1 vedado a los progenitores incurrir en conductas que constituyan maltrato infantil en cualquiera de sus tipolog\u00edas. <\/p>\n
De manera reiterada, esta Corte ha censurado toda forma de violencia ejercida contra los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, al ser sujetos de especial protecci\u00f3n, llamando la atenci\u00f3n a los padres de familia, al sistema educativo, judicial, legislativo, ejecutivo y dem\u00e1s organismos de control, a fin de multiplicar esfuerzos parar prevenir y contrarrestar, oportunamente, toda expresi\u00f3n de crueldad y de agresi\u00f3n f\u00edsica, psicol\u00f3gica o sexual en contra de aqu\u00e9llos, adelantando acciones conducentes para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. <\/p>\n
La prevalencia de sus prerrogativas inserta en la Constituci\u00f3n de 1991 y en normas posteriores, proviene de su reconocimiento como sujetos vulnerables que reclaman de la familia, la sociedad y el Estado un trato diferenciado, pues, de anta\u00f1o, se les consider\u00f3 personas de menor categor\u00eda y, por esa v\u00eda, se justific\u00f3 su maltrato5. <\/p>\n
Esta colegiatura, en cuanto a la prevalencia del inter\u00e9s superior del menor, ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar que aqu\u00e9llos reconocidos por el art\u00edculo 44 del texto constitucional est\u00e1n llamados a su protecci\u00f3n por la familia, la sociedad y el Estado, \u00abpara garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u00bb, de ah\u00ed que cualquier persona pueda reclamar de la autoridad competente \u00absu cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cHa previsto el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u00bb. Adem\u00e1s, en raz\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor, todas las personas se encuentran obligadas a garantizar su \u00absatisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea\u00bb (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
La Corte Constitucional, al realizar el respectivo control de convencionalidad en un asunto donde se discut\u00edan las garant\u00edas sustanciales de los infantes, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l principio del inter\u00e9s superior del menor opera como el criterio orientador de la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas de protecci\u00f3n de la infancia que hacen parte del bloque de constitucionalidad y del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. Tambi\u00e9n lo ha reconocido as\u00ed la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar: \u201c[e]ste principio regulador de la normativa de los derechos del ni\u00f1o se funda en la dignidad misma del ser humano, en las caracter\u00edsticas propias de los ni\u00f1os, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de \u00e9stos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, as\u00ed como en la naturaleza y alcances de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o7 (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Asimismo, el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad, \u201c(\u2026) garantizar a los ni\u00f1os, a las ni\u00f1as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi\u00f3n. Prevalecer\u00e1 el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminaci\u00f3n alguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, en lo referente a los derechos especiales de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, v\u00edctimas de delitos, la misma norma, en su art\u00edculo 192, establece: <\/p>\n
En un caso de similares perfiles al actual, donde la menor involucrada tambi\u00e9n hab\u00eda sido v\u00edctima de abuso sexual y acceso carnal por parte de su progenitor, esta Sala, recientemente, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora, el principio de corresponsabilidad, cobra especial importancia en escenarios de familias disfuncionales caracterizados por una violencia intrafamiliar sistem\u00e1tica, en donde nuestros ni\u00f1os, ni\u00f1as, y adolescentes, al encontrarse en condiciones de debilidad manifiesta, son sometidos a diferentes tipos de maltrato que causan graves afectaciones en su desarrollo psicoafectivo, todo lo cual, sin la intervenci\u00f3n oportuna de la sociedad y el Estado en el restablecimiento de sus derechos, abona el terreno para la descomposici\u00f3n familiar y social\u201d. <\/p>\n
\u201cSeg\u00fan la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud – OMS, el maltrato infantil incluye la violencia f\u00edsica y emocional, el abuso sexual, la desatenci\u00f3n y el tratamiento negligente de los ni\u00f1os, as\u00ed como su explotaci\u00f3n con fines comerciales o de otro tipo9. (\u2026) El abuso sexual, es quiz\u00e1 la tipolog\u00eda de maltrato infantil que lesiona en mayor medida la integridad y dignidad de nuestros ni\u00f1os\u201d. <\/p>\n
\u201cPara la OMS, \u201c(\u2026) El abuso sexual puede definirse como la participaci\u00f3n de un ni\u00f1o en actividades sexuales que no comprende plenamente, en las que no puede consentir con conocimiento de causa o para las que no est\u00e1 suficientemente desarrollado, o que transgreden leyes o tab\u00faes sociales. Los ni\u00f1os pueden ser objeto de abusos sexuales por parte de adultos o de otros ni\u00f1os que, o en raz\u00f3n de su edad o de su estado de desarrollo, est\u00e9n en una situaci\u00f3n de responsabilidad, confianza o poder en relaci\u00f3n con su v\u00edctima (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn estos eventos, tanto las autoridades p\u00fablicas como los particulares, est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de identificar factores de riesgo a los cuales puedan verse expuestos nuestros peque\u00f1os, en aras de brindar una intervenci\u00f3n oportuna, en la protecci\u00f3n de sus derechos, antes de que los traumas en su desarrollo sean irreversibles (\u2026)\u201d10 (negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Ese resguardo irrestricto a la prevalencia del inter\u00e9s superior del menor, y ese llamamiento a la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en el amparo de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de abuso sexual, necesariamente compele a los jueces, como actores principales en la tutela judicial efectiva de los derechos de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
En esa tarea, la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes frente a \u201criesgos prohibidos\u201d, constituye uno de los criterios jur\u00eddicos generales que deben observar los funcionarios administrativos y los jueces para materializar el car\u00e1cter prevalente de los derechos de nuestros ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, ampar\u00e1ndolos de todo tipo de situaciones que, eventualmente, puedan constituir amenazas para su bienestar. En especial, trat\u00e1ndose de menores de temprana edad, pues cualquier decisi\u00f3n que no atienda a sus intereses y derechos, puede afectar de manera definitiva e irremediable su proceso de desarrollo, lo cual obliga a los funcionarios a tener mayor diligencia y rigor en el an\u00e1lisis integral del caso en concreto. <\/p>\n
En sentencia T-397 de 2004, el Alto Tribunal Constitucional redefini\u00f3 los criterios jur\u00eddicos generales a los cuales debe acudirse, para adoptar cualquier decisi\u00f3n en casos como el presente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (1) la garant\u00eda del desarrollo integral del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente; (2) la preservaci\u00f3n de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente; (3) la protecci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente frente a riesgos prohibidos; (4) el equilibrio con los derechos de los parientes, biol\u00f3gicos o no, sobre la base de la prevalencia de los derechos del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente; y (5) la necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente involucrado (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, las autoridades administrativas y judiciales, deben brindar el acompa\u00f1amiento institucional adecuado en el recepcionamiento de entrevistas y declaraciones de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
En la legislaci\u00f3n nacional, el art\u00edculo 150 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, establece: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 150. Pr\u00e1ctica de testimonios. Los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes podr\u00e1n ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podr\u00e1 tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor s\u00f3lo formular\u00e1 las preguntas que no sean contrarias a su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
Excepcionalmente, el juez podr\u00e1 intervenir en el interrogatorio del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevar\u00e1 a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. <\/p>\n
El mismo procedimiento se adoptar\u00e1 para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Polic\u00eda Judicial y la Fiscal\u00eda durante las etapas de indagaci\u00f3n o investigaci\u00f3n. <\/p>\n
A discreci\u00f3n del juez, los testimonios podr\u00e1n practicarse a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n de audio video, caso en el cual no ser\u00e1 necesaria la presencia f\u00edsica del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el canon 193 ib\u00eddem, fija los criterios para el desarrollo de procesos penales en los cuales son v\u00edctimas los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, entre los cuales se\u00f1ala que la autoridad judicial: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 7. Pondr\u00e1 especial atenci\u00f3n para que en todas las diligencias en que intervengan ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de delitos se les tenga en cuenta su opini\u00f3n, su calidad de ni\u00f1os, se les respete su dignidad, intimidad y dem\u00e1s derechos consagrados en esta ley. Igualmente velar\u00e1 porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos da\u00f1os con el desarrollo de proceso judicial de los responsables\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c12. En los casos en que un ni\u00f1o ni\u00f1a o adolescente deba rendir testimonio deber\u00e1 estar acompa\u00f1ado de autoridad especializada o por un psic\u00f3logo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley. <\/p>\n
\u201c13. En las diligencias en que deba intervenir un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, la autoridad judicial se asegurar\u00e1 de que est\u00e9 libre de presiones o intimidaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, la Ley 1652 de 2013, \u201cpor medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales\u201d, adiciona el art\u00edculo 206 A al C\u00f3digo Penal, definiendo reglas espec\u00edficas para dicho procedimiento, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando la v\u00edctima dentro de un proceso por los delitos tipificados en el T\u00edtulo IV del C\u00f3digo Penal, al igual que en los art\u00edculos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo c\u00f3digo sea una persona menor de edad, se llevar\u00e1 a cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o t\u00e9cnico en los t\u00e9rminos del numeral 1 del art\u00edculo 146 de la Ley 906 de 2004, para cuyos casos se seguir\u00e1 el siguiente procedimiento: <\/p>\n
\u201cd) La entrevista forense de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes v\u00edctimas de violencia sexual ser\u00e1 realizada por personal del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, entrenado en entrevista forense en ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, previa revisi\u00f3n del cuestionario por parte del Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia <\/p>\n
\u201cEn caso de no contar con los profesionales aqu\u00ed referenciados, a la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervenci\u00f3n de un entrevistador especializado. <\/p>\n
\u201cLas entidades competentes tendr\u00e1n el plazo de un a\u00f1o, para entrenar al personal en entrevista forense. <\/p>\n
\u201cEn la pr\u00e1ctica de la diligencia el menor podr\u00e1 estar acompa\u00f1ado, por su representante legal o por un pariente mayor de edad. <\/p>\n
\u201ce) La entrevista forense se llevar\u00e1 a cabo en una C\u00e1mara de Gesell o en un espacio f\u00edsico acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la v\u00edctima y ser\u00e1 grabado o fijado en medio audiovisual o en su defecto en medio t\u00e9cnico o escrito. <\/p>\n
\u201cf) El personal entrenado en entrevista forense, presentar\u00e1 un informe detallado de la entrevista realizada. <\/p>\n
\u201cEste primer informe deber\u00e1 cumplir con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 209 de este c\u00f3digo y concordantes, en lo que le sea aplicable. El profesional podr\u00e1 ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado. <\/p>\n
\u201cPAR\u00c1GRAFO 1o. En atenci\u00f3n a la protecci\u00f3n de la dignidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de delitos sexuales, la entrevista forense ser\u00e1 un elemento material probatorio al cual se acceda siempre y cuando sea estrictamente necesario y no afecte los derechos de la v\u00edctima menor de edad, lo anterior en aplicaci\u00f3n de los criterios del art\u00edculo 27 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
\u201cPAR\u00c1GRAFO 2o. Durante la etapa de indagaci\u00f3n e investigaci\u00f3n, el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente v\u00edctima de los delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual, tipificados en el T\u00edtulo IV del C\u00f3digo Penal, al igual que en los art\u00edculos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo C\u00f3digo, ser\u00e1 entrevistado preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional podr\u00e1 realizarse una segunda entrevista, teniendo en cuenta en todo caso el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Las anteriores normas se acompasan con lo establecido en el art\u00edculo 8\u00ba del Protocolo Facultativo de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, relativo a la venta de ni\u00f1os, la prostituci\u00f3n infantil y la utilizaci\u00f3n de ni\u00f1os en la pornograf\u00eda, en donde se impone a los Estados partes adoptar medidas tendientes a \u201creconocer la vulnerabilidad de los ni\u00f1os v\u00edctimas y adaptar los procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como testigos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sobre el papel de las autoridades judiciales en la recepci\u00f3n de testimonios de menores v\u00edctimas de delitos, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que aqu\u00e9llos deben acatar en forma estricta los criterios que regulan estos procedimientos, en especial, en aras de evitar una doble victimizaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a participaci\u00f3n de menores en el proceso penal est\u00e1 subordinada al cumplimiento de reglas estrictas y medidas espec\u00edficas de protecci\u00f3n. En especial, cuando la ni\u00f1a, ni\u00f1o o adolescente es la presunta v\u00edctima del hecho delictual, estas medidas se refuerzan para evitar su doble victimizaci\u00f3n. Entre ellas, el ordenamiento rodea al menor, en la diligencia que lo involucra, de especiales garant\u00edas, como el acompa\u00f1amiento de familiares y profesionales especializados, o la adecuaci\u00f3n del lugar donde se realice, de tal modo que la prueba testimonial pueda ser llevada al juez de conocimiento en la audiencia de juicio oral, minimizando sus efectos negativos. Pero de manera particular, debe destacarse que, de conformidad con las medidas de protecci\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 193 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, \u201cen todas las diligencias en que intervengan ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de delitos se les tenga en cuenta su opini\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cPor lo tanto, la autoridad judicial est\u00e1 vinculada por las reglas procesales que protegen a los menores y le corresponde realizar un an\u00e1lisis en los anteriores t\u00e9rminos sobre la posible afectaci\u00f3n que le pueda generar la pr\u00e1ctica probatoria, lo cual obedece a un examen caso a caso de las garant\u00edas que el proceso ofrece a los ni\u00f1os y ni\u00f1as a la hora de rendir testimonios, y de las circunstancias individuales del menor en raz\u00f3n a la valoraci\u00f3n profesional de su estado psicol\u00f3gico y su opini\u00f3n respecto la realizaci\u00f3n de diligencia procesal. Lo que en \u00faltimas puede concluir en la decisi\u00f3n de practicar el testimonio, adoptar medidas espec\u00edficas o prescindir del mismo (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la importancia de la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el curso de los procesos judiciales, se\u00f1alando que, en todo caso, debe primar su inter\u00e9s superior y relievando la necesidad de que los interrogatorios o entrevistas a \u00e9stos practicados sean m\u00ednimos, con el objeto de evitar un impacto psicol\u00f3gico traum\u00e1tico en ellos. <\/p>\n
En el punto, precisa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las intervenciones de las ni\u00f1as y ni\u00f1os dentro de los procesos judiciales como testigos o v\u00edctimas deben ser m\u00ednimas y con todos los cuidados y precauciones acordes a su condici\u00f3n. Ello implica que deben estar acompa\u00f1ados por profesionales y no pueden ser expuestos a interrogatorios hostiles que provoquen una nueva victimizaci\u00f3n (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
5. Conforme las consideraciones expuestas y revisada la sentencia anticipada cuestionada, tampoco se observan los defectos f\u00e1cticos enrostrados. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, en la providencia censurada la juez refiri\u00f3 que, atendiendo al dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no exist\u00eda duda de que Mart\u00edn fue sometido a actos sexuales abusivos que le generaron lesiones f\u00edsicas serias: <\/p>\n
\u201c(…) no cabe duda de que el menor tiene garantizados la mayor\u00eda de sus derechos en el hogar con su madre, sin embargo, es claro que sufri\u00f3 unos tocamientos sexuales abusivos que desencadenaron en una ocasi\u00f3n en una afectaci\u00f3n de su \u201c\u2026Ano de forma irregular normot\u00f3nico, con eritema generalizado perianal conc\u00e9ntrico, con edema generalizado perianal conc\u00e9ntrico, borramiento de pliegues anales por edema al momento de la valoraci\u00f3n medicolegal…\u201d seg\u00fan se desprende del informe del INML y CF del 8 de noviembre de 2018 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, frente a la presunta responsabilidad del aqu\u00ed accionante en la perpetraci\u00f3n de dicha conducta, dio cr\u00e9dito al relato de Mart\u00edn en la entrevista que le fue practicada por profesionales especializados en el \u00e1rea de atenci\u00f3n a infantes v\u00edctimas de violencia sexual. Sobre el particular, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) asimismo seg\u00fan las pruebas especializadas que en la materia se han practicado al menor hasta el momento en FAN (RELATO DEL MISMO MENOR), se ha llevado a la convicci\u00f3n al Despacho de que la persona con la cual se ha generado estos tocamientos sexuales abusivos con el menor, ha sido su padre al expresarse por el menor que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La terapeuta le pregunta si conoce a una persona mala, Mart\u00edn refiere \u201csi, a mi pap\u00e1, la terapeuta le pregunta porque es malo el pap\u00e1 y Mart\u00edn le responde \u201cporque me pega con la mano y no quiero estar con mi pap\u00e1 \u00e9l es grosero\u201d. La psic\u00f3loga le pregunta a Mart\u00edn c\u00f3mo se comporta el padre para pensar que es grosero. Mart\u00edn se queda callado, propone cambiar de actividad y evita contacto visual con la terapeuta. El ni\u00f1o se muestra inc\u00f3modo cuando se realiza la pregunta relacionada al padre (\u2026) \u201cQuiero contarle algo, mi pap\u00e1 es malo, me chuza con el dedito.\u201d La terapeuta le pregunta a Mart\u00edn en que parte del cuerpo lo chuza con el dedo. Mart\u00edn con el dedo \u00edndice se\u00f1ala la nalga. La terapeuta le presta un Kent de la Barbie y le dice que le muestre con ese mu\u00f1eco como lo chuza, Mart\u00edn chuza la nalga de Kent refiriendo \u201cas\u00ed me chuza mi pap\u00e1\u201d. La terapeuta le pregunta al ni\u00f1o que siente cuando lo chuza el pap\u00e1, el ni\u00f1o refiere \u201cpopo\u201d (\u2026) \u201cyo so\u00f1\u00e9 que mi pap\u00e1 me llevaba a la casa de \u00e9l y yo llore mucho, yo no quiero estar con mi pap\u00e1, es malo\u201d. En la sesi\u00f3n la terapeuta le pregunta al ni\u00f1o que persona de la familia lo cuida y lo protege y no le hace da\u00f1o, el ni\u00f1o refiere \u201cmi mam\u00e1\u201d. (\u2026) \u201cmi pap\u00e1 es malo\u201d (\u2026) es grosero, me pega y me hace con el dedito en el anito as\u00ed\u201d, el ni\u00f1o en ese momento se iba a quitar el pantal\u00f3n para mostrar como el pap\u00e1 le hac\u00eda con el dedo en el ano. (\u2026) \u201cduro, duro\u201d \u201cas\u00ed me hace mi pap\u00e1 con el dedito en el anito\u2026\u201d, seg\u00fan informe que obra a folio 387 presentado por la psic\u00f3loga Erika Garc\u00eda. (…) Cabe resaltar, que las entrevistas del menor han sido repetitivas y consistentes, y fueron rendidas ante profesionales en temas de la integridad sexual de menores (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ha de recordarse, adem\u00e1s, que la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
Por las razones expuestas, se negar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo, pues no se encuentra m\u00e9rito para cuestionar el proceder de la juez confutada. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos14 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196915, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d16, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio17. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-18, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales19; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas20. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 100. (\u2026) En todo caso, la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica deber\u00e1 resolverse declarando en vulneraci\u00f3n de derechos o adoptabilidad al ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos del menor de edad, t\u00e9rmino que ser\u00e1 improrrogable y no podr\u00e1 extenderse ni por actuaci\u00f3n de autoridad administrativa o judicial. <\/p>\n
Vencido el t\u00e9rmino para fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse emitido la decisi\u00f3n correspondiente, la autoridad administrativa perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses. Cuando el juez reciba el expediente deber\u00e1 informarlo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. <\/p>\n
El juez resolver\u00e1 en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses, contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del proceso, so pena que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. El juez resolver\u00e1 en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses, contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del proceso, so pena que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4 CSJ, STC, Rad. n\u00b0 4700122130002020-00006-01. <\/p>\n
5 Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994, Salvamento de Voto: \u201c(\u2026) [E]l Constituyente del 91, tom\u00f3 en consideraci\u00f3n un problema que estaba clamando por respuestas urgentes que se hab\u00edan diferido injustificadamente durante mucho tiempo; los ni\u00f1os como sujetos pasivos (particularmente indefensos) no s\u00f3lo de la violencia generalizada que viene agobiando a Colombia, sino de una particularizada y especialmente peligrosa: la originada en la propia familia. Es justo reconocer que normas anteriores de rango legislativo entre las cuales es preciso destacar el Decreto 2737 de 1989 (C\u00f3digo del Menor), se hab\u00edan ocupado en detalle de regular la protecci\u00f3n del ni\u00f1o. Pero era necesario que la preocupaci\u00f3n pasara a primer plano, y el propio constituyente sentara pautas inequ\u00edvocas acerca de la manera particularmente considerada como debe tratarse a la poblaci\u00f3n infantil, no s\u00f3lo por su d\u00e9bil condici\u00f3n sino por el hecho incontrovertible de que de su suerte pende la suerte del pa\u00eds (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 CSJ. STC7597 de 9 de junio de 2016, exp. 08001-22-13-000-2016-00020-01. <\/p>\n
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opini\u00f3n consultiva OC-17\/2002, p\u00e1rr. 56. <\/p>\n
8 Corte Constitucional. Sentencia T-557 de 2011. <\/p>\n