STC1357-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1357-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00282-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por David Adolfo Garc\u00eda Zapata, en calidad de representante legal de la sociedad Transportes Metropolitanos del Caribe Transmecar SAS, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al \u00abprecedente judicial\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra instaur\u00f3 la compa\u00f1\u00eda Buses y Autos de Colombia S.A., con Rad. 2013-00007-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, \u00abdejar sin valor y efecto la decisi\u00f3n proferida el 23 (sic) de enero de 2020 y profiera una decisi\u00f3n de reemplazo (\u2026) en la que estudie y efect\u00fae el pronunciamiento que en derecho corresponda analizando todas las pruebas\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en s\u00edntesis, que la sociedad Buses y Autos de Colombia SA instaur\u00f3 en su contra el tr\u00e1mite referido con el fin de obtener el recaudo de la suma de \u00ab$210\u2019000.000.oo\u00bb, representada en el \u00abpagar\u00e9 No. 801\u00bb, para lo cual la ejecutante aport\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 0498 del 8 de marzo de 2006, en cuyo instrumento se constituy\u00f3 hipoteca respecto de los inmuebles identificados con las matr\u00edculas No. 04-094915 y 040-219658. <\/p>\n
Manifiesta que mediante auto del 14 de febrero de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad libr\u00f3 mandamiento de pago, determinaci\u00f3n frente a la que formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito de \u00abpago, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, en sentencia del 2 de octubre de 2018 se desestimaron esas defensas, se dispuso seguir adelante con el cobro coercitivo, y se orden\u00f3 la subasta de los predios objeto de garant\u00eda real, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil Familia, en fallo del 24 de enero de 2020. <\/p>\n
De esta manera, asevera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, pues no apreciaron que la hipoteca constituida sobre los fundos se\u00f1alados amparaba un cr\u00e9dito distinto al recaudado en el proceso cuestionado, por lo que no debi\u00f3 adelantarse una ejecuci\u00f3n real sino singular, adem\u00e1s, afirma, no tuvieron en cuenta que la obligaci\u00f3n de la cual se derivaba aquel gravamen se hab\u00eda extinguido por pago. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 4 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, aleg\u00f3 que la demanda de amparo carece del presupuesto de inmediatez, toda vez que el fallo de segunda instancia cuestionado fue dictado el 24 de enero de 2020, esto es, hace m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n
b.) La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, se limit\u00f3 a enviar copia del audio de la sentencia de segundo grado cuestionada. <\/p>\n
c.) Por su parte, Buses y Autos de Colombia S.A. se opuso a la prosperidad del amparo, para lo cual aleg\u00f3 que el actor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa ya que no es parte dentro del juicio ejecutivo hipotecario cuestionado; en todo caso, aqu\u00e9l no acudi\u00f3 prontamente a la acci\u00f3n de tutela, si en cuenta se tiene que la decisi\u00f3n cuestionada data del 24 de enero de 2020. <\/p>\n
d.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En innumerables fallos la Corte ha decantado que la tutela tan s\u00f3lo procede contra providencias o actuaciones judiciales en los casos en que \u00e9stas entra\u00f1en alguna causal de procedencia del amparo, valga decir, que sean el fruto de una arbitrariedad del administrador de justicia, en cuya virtud, se ocasione quebranto a los derechos fundamentales, siempre que el afectado no tenga a su disposici\u00f3n otra forma de resguardo judicial o que haya acudido tard\u00edamente al escenario constitucional. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el accionante cuestiona la sentencias del 2 de octubre de 2018 y 24 de enero de 2020, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas ordenaron seguir adelante con el cobro coercitivo y dispusieron la venta en p\u00fablica subasta de los predios objeto del proceso coercitivo con garant\u00eda real que en contra de la sociedad Transmecar SAS adelant\u00f3 la compa\u00f1\u00eda Buses y Autos de Colombia SA. <\/p>\n
3. Sin embargo, para la Sala la demanda de amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se observa la improcedencia del amparo reclamado por incumplir con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la \u00faltima de las determinaciones cuestionada data del 24 de enero de 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 3 de febrero pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, sin que pueda aceptarse el argumento relacionado con la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales en raz\u00f3n del Estado de Emergencia Social, Econ\u00f3mico y Ecol\u00f3gico declarado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, pues de conformidad con numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo siguiente del Consejo Superior de la Judicatura, las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus siempre estuvieron excepcionadas de la aludida par\u00e1lisis en los tr\u00e1mites judiciales1; luego entonces, nada obstaba para que el inconforme acudiera al amparo en un t\u00e9rmino razonable, a fin de exponer sus quejas frente a la ejecuci\u00f3n hipotecaria cuestionada. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde que se profiri\u00f3 la \u00faltima de las decisiones censuradas, sin que aqu\u00e9l solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ, STC3043-2020). <\/p>\n
3.2. Pero a\u00fan con prescindencia de lo anterior, la protecci\u00f3n constitucional no se abre paso, pues el debate propuesto por el accionante ya fue suficientemente dilucidado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, mediante decisiones debidamente motivadas, que no se advierten desmesuradas o irrazonables y son el resultado de la labor aut\u00f3noma e independiente que la constituci\u00f3n y la ley les confiere. <\/p>\n
En efecto, con relaci\u00f3n al reproche por el que ahora se duele el interesado, los Despachos acusados al valorar la escritura p\u00fablica No. 0498 del 8 de marzo de 2006, consideraron que en ese instrumento la sociedad Transportes Metropolitanos del Caribe Transmecar SAS constituy\u00f3 a favor de Buses y Autos de Colombia SA, \u00abhipoteca abierta de primer grado\u00bb sobre los inmuebles identificados con las matr\u00edculas No. 04-094915 y 040-219658, con el prop\u00f3sito de garantizar \u00abcualquier obligaci\u00f3n por cualquier motivo o t\u00edtulo que tuviere o llegare a tener el deudor\u00bb en beneficio del acreedor; de esta manera, finiquitaron los estrados acusados, que el cr\u00e9dito objeto de recaudo tambi\u00e9n se encontraba amparado con dicha garant\u00eda, por lo tanto, era procedente continuar la ejecuci\u00f3n y disponer el remate de los predios aludidos. <\/p>\n
De ah\u00ed que las reflexiones de las autoridades jurisdiccionales accionadas no son caprichosas, sino que tienen sustento objetivo en una ponderaci\u00f3n de los elementos de prueba obrantes en el expediente y los hechos del caso concreto, circunstancia que impide su desconocimiento por v\u00eda constitucional, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1705-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, se impone desestimar la salvaguarda instada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo. <\/p>\n
<\/p>\n
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