STC1358-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1358-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00266-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1ngela Mar\u00eda Cifuentes Ordo\u00f1ez y Oscar Javier Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera y el Fondo Nacional del Ahorro, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abpersonalidad jur\u00eddica\u00bb, a los \u00abprincipios de legalidad y retroactividad\u00bb, a \u00abser indemnizado\u00bb, a \u00abla protecci\u00f3n a la familia\u00bb, a la propiedad privada y a la \u00abprotecci\u00f3n judicial\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades y el particular accionados, en el marco del proceso verbal de protecci\u00f3n al consumidor que promovieron contra el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, identificado ante el Tribunal de Bogot\u00e1 con el consecutivo No. 2018-02126-01. <\/p>\n
Solicitan entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abconceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y revocar la orden de env\u00edo del expediente a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, dado que la sentencia calendada del d\u00eda siete (7) de diciembre de 2020, fue notificada el pasado diez (10) de diciembre y el recurso extraordinario fue interpuesto el d\u00eda once (11) de diciembre del a\u00f1o dos mil veinte (2020), recurso que, recibido, no fue incluido en el sistema porque la meta era archivar\u00bb; adem\u00e1s, compulsar copia del plenario a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abpara las investigaciones y sanciones pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Aseveran que dentro de ese proceso no se reconoci\u00f3 que el Fondo Nacional de Ahorro hizo publicidad enga\u00f1osa, porque no efectiviz\u00f3 la p\u00f3liza de desempleo que Oscar Javier Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez adquiri\u00f3 con la Aseguradora Solidaria en respaldo de un cr\u00e9dito hipotecario, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ocurrencia del hecho asegurado, lo que llev\u00f3 a la ejecuci\u00f3n judicial de la obligaci\u00f3n crediticia el 1 de diciembre de 2017, constituyendo ese hecho, adem\u00e1s, el delito de \u00abocultamiento, alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material probatorio\u00bb, ya que el FNA supo desde el 16 de abril de 2016 que aquel hab\u00eda perdido su trabajo; empero, \u00abocult\u00f3\u00bb la existencia de la p\u00f3liza que cubr\u00eda esa contingencia, situaci\u00f3n que, al haber generado unos perjuicios que no se orden\u00f3 indemnizar, y haber afectado a su familia, justifica en su criterio la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 4 de febrero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio de la Magistrada ponente del fallo cuestionado a esa autoridad, se opuso a la concesi\u00f3n del amparo, porque la decisi\u00f3n all\u00ed tomada esta soportada \u00aben la situaci\u00f3n f\u00e1ctica el caso y en la normatividad vigente\u00bb; as\u00ed mismo precis\u00f3, que contra el auto del 1\u00ba de febrero de 2021, con que se neg\u00f3 conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no se interpuso ninguna r\u00e9plica. <\/p>\n
b.) La Superintendencia Financiera de Colombia manifest\u00f3, que en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor criticado no se present\u00f3 la vulneraci\u00f3n superior alegada por los actores, porque su fallo carece de arbitrariedad o capricho, sin que aqu\u00e9llos indiquen o acrediten \u00abcual defecto se presenta en la providencia proferida\u00bb. <\/p>\n
c.) Al momento del registro del fallo no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente caso, los ciudadanos \u00c1ngela Mar\u00eda Cifuentes Ordo\u00f1ez y Oscar Javier Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez cuestionan, puntualmente, i) la sentencia del 7 de diciembre de 2020 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 22 de abril del mismo a\u00f1o de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, de negar las pretensiones en el marco del proceso verbal de protecci\u00f3n al consumidor que aqu\u00e9llos promovieron contra el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo; y ii) el auto del 1\u00ba de febrero de 2021, con que dicha Colegiatura neg\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado contra aquella decisi\u00f3n, por extempor\u00e1neo, pues en sentir de los actores, no solo aquel fallo emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, sino que s\u00ed lo atacaron oportunamente. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala que la protecci\u00f3n solicitada habr\u00e1 de negarse, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Respecto a la segunda inconformidad, los gestores del amparo, en un acto constitutivo de incuria, desaprovecharon la oportunidad con que contaron para hacer valer sus derechos dentro del proceso cuestionado, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada les qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no pueden pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque, contra el auto del 1\u00ba de febrero de 2021, con que se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los aqu\u00ed interesados contra el aludido fallo de segundo grado, \u00e9stos omitieron recurrir en reposici\u00f3n y en subsidio queja, conforme posibilitan los art\u00edculos 318 y 352 del C\u00f3digo General del Proceso, desaprovechando as\u00ed la oportunidad procesal con que contaron para contrarrestar el argumento en que la Colegiatura accionada fund\u00f3 aquella decisi\u00f3n, por lo que mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto al respecto, ya que, como lo ha precisado esta Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado interferir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, de la revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n observa la Sala, que la negativa a conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n obedeci\u00f3 a que el fallo de segundo grado \u00abfue notificado por estado electr\u00f3nico el 10 de diciembre de ese a\u00f1o \u2013 E 144 -, atendiendo a que el d\u00eda 9 de ese mes hubo (\u2026) y el escrito contentivo de la censura fue radicado hasta el 25 de enero de 2021 a las 17:14, seg\u00fan informe secretarial que antecede, junto con los anexos adjuntos, es decir, super\u00e1ndose ampliamente el plazo otorgado por el legislador para interponerla, cuyo vencimiento acaeci\u00f3 el 18 de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, y contrario a lo afirmado por los gestores en su escrito de tutela en cuanto a la tempestividad de su opugnaci\u00f3n por supuestamente haberla presentado el 11 de diciembre de 2020, en la citada determinaci\u00f3n se anot\u00f3 que, \u00abseg\u00fan inform\u00f3 la secretar\u00eda y se extrae de los documentos anexos, si bien la apoderada del extremo actor envi\u00f3 el 11 de diciembre de 2020 a las 11:50 a.m. un correo electr\u00f3nico, aquel no conten\u00eda ning\u00fan memorial adjunto, ni en el cuerpo del mismo fue anunciada la formulaci\u00f3n del recurso en comento, situaci\u00f3n que se repiti\u00f3 a las 12:25 a.m. de ese d\u00eda y a las 8:45 p.m. de 20 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
De este modo, dichos razonamientos, adem\u00e1s de no ser contrarrestados en modo alguno en este escenario, para la Sala no lucen arbitrarios o antojadizos, situaci\u00f3n adicional a la antes expuesta, que reafirma la imposibilidad de intervenci\u00f3n en lo resuelto por parte del juez constitucional, pues es claro que la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n tutelar sobre la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la Colegiatura accionada, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (STC039-2021); sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (ib\u00edd). <\/p>\n
3.3. En igual sentido, de cara a la primera inconformidad expuesta por los promotores de la queja constitucional, no se advierte que la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal convocado en la sentencia del 7 de diciembre de 2020, haya sido el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de aquellos, en tanto se fund\u00f3 en que, \u00ab(\u2026) no tiene sentido ahora tratar de establecer a d\u00f3nde puede conducir la demostraci\u00f3n de que el Fondo no fue completamente diligente al informar al consumidor del producto financiero que ofertaba, de las condiciones de \u00e9ste, pues el hecho es que ya, por una decisi\u00f3n judicial que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada se defini\u00f3 que no pod\u00eda acelerar el plazo, sino hasta que la reclamaci\u00f3n a la aseguradora estuviera resuelta, y que al haberse aplicado a la obligaci\u00f3n el pago hecho por aquella en virtud del seguro de desempleo, el cr\u00e9dito qued\u00f3 al d\u00eda y, por ende, no hab\u00eda lugar a proseguir la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Y considerar, como al parecer lo estima la apelaci\u00f3n, que por haber salido avantes en el ejecutivo deben ser indemnizados en los conceptos que concreta en la apelaci\u00f3n, aferr\u00e1ndose a un texto del C\u00f3digo Penal que no guarda relaci\u00f3n con la naturaleza del litigio, es tambi\u00e9n aspiraci\u00f3n vana, no solamente porque las costas que les reconocieron all\u00e1 cumplen ese objetivo, en la medida en que \u00e9stas tienen como prop\u00f3sito resarcir a la parte que ha tenido que litigar, por los gastos en que ha incurrido haci\u00e9ndolo, vale decir, al ser beneficiarios de \u201caquella erogaci\u00f3n econ\u00f3mica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial\u201d (Sent. C 089-02 de 13 de febrero de 2002), sino porque, en fin de cuentas, cuando se habla de perjuicio resarcible es indispensable estar frente a un da\u00f1o que reclame reparaci\u00f3n, algo que el Tribunal no advierte en ninguna parte en el caso de autos, donde, resumidamente, seg\u00fan lo relata en su demanda \u2013 a que la cobertura del seguro que ten\u00eda, se hiciera efectiva, termin\u00f3 finalmente satisfecho en ese trazado y, fuera de eso, resarcido por la contraparte vencida, la cual fue fulminada tambi\u00e9n con una condena al pago de perjuicios por raz\u00f3n de las cautelas consumadas en la ejecuci\u00f3n, desde luego que, en esas circunstancias, pretender otra indemnizaci\u00f3n no viene consecuente, por supuesto que ello desconoce la naturaleza de una pretensi\u00f3n de ese jaez. <\/p>\n
Lo anterior impone concluir, ya para terminar, que adentrarse en esas otras protestas que trae la apelaci\u00f3n contra lo decidido en primera instancia, es labor est\u00e9ril, pues siempre, por donde se mire el litigio, se tendr\u00e1 que no hay perjuicio resarcible (\u2026). A lo cual solo restar\u00eda a\u00f1adir que, como lo se\u00f1al\u00f3 desde un principio el fallo apelado, restringido el debate que tiene lugar en este tipo de procesos a las diferencias que se suscitan entre el consumidor y la entidad que proporciona el bien o el servicio, es imposible pretender que transversalmente se adopten provisiones en el proceso ejecutivo, algo que a la final aceptan los recurrentes, quienes en su impugnaci\u00f3n no discuten ese aspecto decisorio de la sentencia apelada, desde luego que, siendo as\u00ed, no se hacen menester m\u00e1s indagaciones para concluir que, en lo que a esto respecta, el fallo apelado no amerita enmiendas\u00bb. <\/p>\n
De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por los accionantes, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, en dicho fallo se corrobor\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 de si el pago del seguro de desempleo adquirido por el accionante Oscar Javier Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez tuvo una demora superior al tiempo publicitado al momento de adquisici\u00f3n del producto, y, esa tardanza llev\u00f3 a que el FNA iniciara contra los aqu\u00ed interesados un juicio ejecutivo, o, al margen de si el FNA sab\u00eda de la existencia de ese seguro y omiti\u00f3 sopesarlo al promover dicho cobro, es lo cierto que, la mentada ejecuci\u00f3n finaliz\u00f3 en segunda instancia, tras haberse considerado improcedente que la entidad acreedora acelerara el plazo del cr\u00e9dito otorgado, sin antes haber procurado el pago de las cuotas en mora con el dinero fruto de la realizaci\u00f3n del hecho asegurado, pago que al verificarse, dej\u00f3 dicho cr\u00e9dito al d\u00eda, sin que pudiera predicarse que hubo un abuso de posici\u00f3n dominante del FNA por el hecho de haberse promovido la ejecuci\u00f3n, situaci\u00f3n que, en suma, no evidenciaba la causaci\u00f3n de un perjuicio a los aqu\u00ed interesados, diferente del que pudieran cubrir con las costas de la ejecuci\u00f3n que result\u00f3 a su favor, o de la condena en perjuicios que en ese mismo proceso los benefici\u00f3, en raz\u00f3n de las medidas cautelares que tuvieron que soportar. <\/p>\n
En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por los actores no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (STC-430-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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