STC1359-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1359-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00289-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Gerardo Caro Montenegro contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito inaugural. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al no haber emitido respuesta a lo solicitado ante sus dependencias en escrito presentado el 23 de noviembre del a\u00f1o pasado. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la citada prerrogativa, que se ordene a la Colegiatura convocada, \u00abdar respuesta de fondo de manera clara y efectiva al derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce que el 9 de agosto de 2017 se profiri\u00f3 fallo de primera instancia dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que instaur\u00f3 contra Yuma Concesionaria SA, determinaci\u00f3n contra la cual interpuso recurso de alzada; que el 24 de noviembre de 2020, solicit\u00f3 \u00abinformaci\u00f3n por medio escrito al Tribunal Superior de Valledupar- Sala Civil Familia Laboral\u00bb, con el fin de conocer el motivo por el cual todav\u00eda no ha sido resuelta la censura, sin recibir respuesta alguna a la fecha, raz\u00f3n por la que considera que le ha sido quebrantado su garant\u00eda primaria de petici\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 4 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
a. La Sala Civil Familia Labora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar manifest\u00f3, que en vista del \u00abinconformismo del accionante, [que] radica en la presunta omisi\u00f3n del despacho en darle resoluci\u00f3n a su derecho de petici\u00f3n, (\u2026) [informa], que la misma fue resuelta de forma clara y precisa conforme a lo solicitado por el actor\u00bb, indic\u00e1ndosele que \u00abhasta la fecha no ha sido posible proferir sentencia debido a la congesti\u00f3n judicial que afronta en la actualidad la sala mixta de este tribunal por la cantidad de asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n\u00bb, circunstancia por la que pidi\u00f3 denegar el ruego excepcional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC11943-2020). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado que, \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. Puestas de ese modo las cosas, sin lugar a dudas, la solicitud elevada por \u00d3scar Gerardo Caro Montenegro el pasado 24 de noviembre a la Sala Civil Familia Laboral de Valledupar, alusivas a la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso con ocasi\u00f3n de la mora en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primer grado pronunciada en el marco del pleito verbal de responsabilidad civil extracontratual que promovi\u00f3 conta Yuma Concesionaria S.A, con radicado No. 20178 31 03 001 2014 00098 01, se refieren a temas propios del tr\u00e1mite judicial, raz\u00f3n por la cual, m\u00e1s all\u00e1 de que \u00e9ste solicite lo anterior por v\u00eda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, es totalmente il\u00f3gico, como se indic\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores, pretender que a ese requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de esta. <\/p>\n
4. Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que, tal y como lo manifest\u00f3 dicho Cuerpo Colegiado, frente a la inconformidad expuesta por el actor en su solicitud, el pasado 9 de febrero del a\u00f1o que avanza, se emiti\u00f3 la respuesta echada de menos, la cual fue remitida a los correos electr\u00f3nicos oscargerardocaro73@gmail.com oscargerardocaro@hotmail.com, misma en la que se le comunic\u00f3 al inconforme, que: <\/p>\n
\u00abhasta la fecha no ha sido posible proferir sentencia debido a la congesti\u00f3n judicial que afronta en la actualidad la sala mixta de este tribunal por la cantidad de asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, respecto a si este despacho ha dado aplicabilidad a lo preceptuado en el art\u00edculo 121 del CGP, se le informa al peticionario que la Corte Constitucional expres\u00f3 en sentencia T-341 de 24 de agosto de 2018, contrario a la tesis de la Corte Suprema, que dicha nulidad \u2018(\u2026) no opera de manera autom\u00e1tica\u2019. Lo anterior quiere decir que para que se declare la p\u00e9rdida de competencia se deben reunir ciertos requisitos tal como lo ha expresado la Corte Constitucional: i) debe ser alegada por cualquiera de las partes antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda instancia; (ii) que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado por causa legal de interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso; (iii) que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del tr\u00e1mite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del art\u00edculo 121 del CGP; (iv) que la conducta de las partes no evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial durante el tr\u00e1mite de la instancia correspondiente, que hayan incidido en el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso; (v) que la sentencia de primera o de segunda instancia, seg\u00fan corresponda, no se haya proferido en un plazo razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que hasta la fecha no se ha solicitado por ninguno de los extremos procesales la aplicabilidad del art\u00edculo 121 del CGP, de ah\u00ed que no se haya declarado por parte del despacho. De otro lado se le informa que dentro del citado proceso se orden\u00f3 correr traslado de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020. Con lo anterior, esperamos haber satisfecho su solicitud cualquier inquietud adicional con gusto ser\u00e1 atendida\u00bb. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la salvaguarda instada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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