STC1362-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1362-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00087-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 Orlando Manrique Ortigoza frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al trabajo, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en ambas instancias en el marco del proceso disciplinario que Carlos del Cairo Castilla Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Solicita entonces, \u00abordenar la suspensi\u00f3n inmediata de las sanciones (\u2026), y, la nulidad de las Resoluciones dictadas\u00bb en el referido asunto. <\/p>\n
Se\u00f1ala que dicha determinaci\u00f3n no le fue notificada en forma alguna, raz\u00f3n por la cual no interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y solo tuvo conocimiento de esta, cuando le fue notificada la sentencia que profiri\u00f3, en el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que resolvi\u00f3 confirmar la sanci\u00f3n que le fue impuesta, raz\u00f3n por la cual, asegura, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 8 de febrero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que lo pretendido concretamente por el se\u00f1or Manrique Ortigoza, es que se ordene a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, invalidar la sentencia pronunciada el 20 de noviembre de 2019 junto con la adiada 15 de noviembre de 2018 proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, en el marco del proceso disciplinario seguido en su contra a petici\u00f3n del quejoso Carlos del Cairo Castilla Hern\u00e1ndez, pues en su criterio, no fue notificado del fallo de primera instancia, lo que le impidi\u00f3 formular recurso de apelaci\u00f3n contra esta y advertir la errada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las inconformidades aducidas frente a la Corporaci\u00f3n convocada, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, en raz\u00f3n a que dentro del prenotado asunto disciplinario el gestor no ha hecho uso de las herramientas de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de la revisi\u00f3n del Sistema de Informaci\u00f3n Judicial Siglo XXI, no se advierte que el tutelante haya expuesto en el escenario correspondiente, es decir, ante el propio Consejo Superior de la Judicatura, las inconformidades que ahora trae a este mecanismo excepcional\u00edsimo en su contra, para que sea el juez competente, es decir, en el escenario del proceso criticado, que se resuelva lo relativo a la nulidad de las sentencias de instancias all\u00ed proferidas, por la supuesta falta de notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n primigenia, incumpli\u00e9ndose as\u00ed con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (ver recientemente en CSJ STC363-2021). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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