STC1363-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1363-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03223-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide nuevamente la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Luis Pertuz D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3 y la Alcald\u00eda Municipal de Chigorod\u00f3, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte activa del juicio liquidatorio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales y administrativa convocadas, en el marco del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que en su contra promovi\u00f3 Bercy Mart\u00ednez S\u00e1nchez, con radicado No. 2013-00826-00, as\u00ed como con el proceso de cobro coactivo iniciado en su contra por la Secretar\u00eda de Hacienda del municipio de Chigorod\u00f3, Antioquia. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico del reclamo y en cuanto resulta relevante para la definici\u00f3n de este asunto, aduce en lo esencial el actor, que en atenci\u00f3n a que su excompa\u00f1era, demandante en el litigio referido en l\u00edneas precedentes, tom\u00f3 la posesi\u00f3n de los dos bienes sociales a liquidar sin dar cuenta de los frutos que estos producen por su arriendo, solicit\u00f3 al estrado judicial accionado el embargo y secuestro de los mismos, a lo cual accedi\u00f3 \u00e9ste, sin que hasta el momento se haya rendido cuenta por parte de los auxiliares de la justicia a quienes se le entreg\u00f3 su custodia y administraci\u00f3n, pese a las reiteradas peticiones que ha radicado para tal efecto, quienes, seg\u00fan le han informado, abandonaron su cargo, por lo que nuevamente su expareja los est\u00e1 usufructuando, omisi\u00f3n que, afirma, afecta la masa social a liquidar, y por ende, sus intereses. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1ala que, por si fuera poco, en virtud del descuido rese\u00f1ado, el municipio de Chigorod\u00f3 le inici\u00f3 un proceso coactivo por mora en el pago del impuesto predial y complementarios de uno de los demarcados bienes, dentro del cual orden\u00f3 el embargo de su salario, cuando debi\u00f3 dirigir la medida contra los bienes a liquidar en el memorado juicio, medida que materializ\u00f3 el banco donde tiene inscrita su cuenta de n\u00f3mina, pese a que el art\u00edculo 2.1.15.1.1 del Decreto 2555 de 2010 prescribe que no podr\u00e1n ser embargables las cuentas de ahorro hasta el monto de $36.050.085,oo, raz\u00f3n por la que considera que le est\u00e1n siendo quebrantadas las garant\u00edas superiores invocadas, lo que torna viable la concesi\u00f3n de la salvaguarda que depreca a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
3. Producto de la nulidad declarada por la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte en providencia del 27 de enero pasado, ante la ausencia de notificaci\u00f3n de la vinculada Bercy Mart\u00ednez S\u00e1nchez (ATL070-2021), se admiti\u00f3 nuevamente la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado a quien le fue asignada la apelaci\u00f3n de la sentencia adoptada en primera instancia dentro del juicio liquidatorio objeto de controversia constitucional, inform\u00f3 que dicho asunto \u00abactualmente se encuentra en etapa de revisi\u00f3n y estudio del asunto, para proseguir con las etapas subsiguientes respectivas y emitir la sentencia de fondo que resuelva el tr\u00e1mite en segunda instancia a la mayor brevedad posible\u00bb3. <\/p>\n
b. El se\u00f1or alcalde del municipio de Chigorod\u00f3, Antioquia, luego de referirse a cada uno de los hechos narrados en el escrito de tutela, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que esa administraci\u00f3n ha actuado conforme con la Constituci\u00f3n y la ley, sumado a que el accionante, seg\u00fan la informaci\u00f3n que arroja el expediente del proceso coactivo criticado por \u00e9ste, se notific\u00f3 personalmente del mandamiento de pago librado el 19 de marzo de los corrientes, sin que haya hecho uso de su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n dentro del mismo4. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas5. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Jorge Luis Pertuz D\u00edaz se duele, en concreto, i) de la medida cautelar de embargo decretada al interior del proceso de cobro coactivo iniciado en su contra por la Secretar\u00eda de Hacienda del municipio de Chigorod\u00f3, Antioquia; ii) de la mora en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n presentado dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de compa\u00f1eros permanentes que en su contra promovi\u00f3 Bercy Mart\u00ednez S\u00e1nchez, con radicado No. 2013-00826-00, por parte de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia; y, iii) de la omisi\u00f3n del Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3 en atender las solicitudes que elev\u00f3 en 2017 y 2018, a fin de requerir a los secuestres para que rindan cuentas en la mentada actuaci\u00f3n, pues en su sentir, las aludidas autoridades no han actuado conforme a derecho, situaci\u00f3n que le est\u00e1 generando graves perjuicios, ya que a m\u00e1s que sus ingresos se encuentran reducidos, el patrimonio social objeto de liquidaci\u00f3n est\u00e1 siendo disminuido. <\/p>\n
3. Sin embargo, en lo que toca con la primera inconformidad, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional suplicada por el actor resulta improcedente, por incumplir el presupuesto general de la subsidiariedad que la caracteriza, si en cuenta se tiene que \u00e9ste no ha solicitado ante la Secretar\u00eda de Hacienda del citado ente territorial lo que depreca por esta v\u00eda excepcional, esto es, el levantamiento de la susodicha cautela o su consecuente redireccionamiento. <\/p>\n
Ahora, si bien el accionante se\u00f1ala que dicha petici\u00f3n la realiz\u00f3 de manera verbal, pero que en la referida dependencia le indicaron que deb\u00eda efectuarla por escrito, tal situaci\u00f3n fue negada por \u00e9sta al rendir el respectivo informe, al se\u00f1alar que el gestor solo solicit\u00f3 que le permitieran tomarle una fotograf\u00eda a la resoluci\u00f3n No. HA134-03-00316 del 19 de marzo hoga\u00f1o, por medio de la cual se libr\u00f3 orden de cobro en su contra, indicaci\u00f3n que, en gracia de discusi\u00f3n, no se aprecia arbitraria o caprichosa, en tanto que la solicitud no se hizo en audiencia; de ah\u00ed que, resulta razonable que deba dirigirla en la forma mencionada. <\/p>\n
En consecuencia, queda al descubierto la no viabilidad de lo pretendido, habida cuenta que la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb, ya que \u00abde otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u00bb (CSJ STC2706-2020), seg\u00fan la cual dicho mecanismo excepcional \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite (\u2026) no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, (\u2026) pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver las controversias (\u2026), supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC3109-2020). <\/p>\n
4. Por otro lado, basta decir, en relaci\u00f3n con la queja enrostrada contra la Corporaci\u00f3n accionada, que la misma tampoco puede tener acogida, en la medida que si el tutelante censura el incumplimiento del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para desatar la segunda instancia, bien pudo solicitar al Magistrado sustanciador que declarase la p\u00e9rdida de competencia, para que el expediente pasara al funcionario que le sigue en turno, o en su defecto, su pronta resoluci\u00f3n, lo que no hizo, lo cual evidencia que tal inconformidad surgi\u00f3 o solo vino a ser expuesta con el presente reclamo constitucional, sumado a que el asunto, como aqu\u00e9l lo manifest\u00f3 al rendir el respectivo informe, \u00abactualmente se encuentra en etapa de revisi\u00f3n y estudio\u00bb, para efectos de poder emitir la sentencia de fondo que defina la segunda instancia, circunstancias que descartan la vulneraci\u00f3n alegada por este puntual aspecto. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, la Sala tampoco acceder\u00e1 a la salvaguarda instada frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3, pues, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por esa dependencia judicial, mediante providencias del 10 de agosto y 21 de septiembre de 2017, as\u00ed como del pasado 1\u00b0 de diciembre, atendi\u00f3 las peticiones que elev\u00f3 el accionante en 2017 y 2018, para que se requiriera a los secuestres a rendir cuentas de su gesti\u00f3n, \u00faltima que aparece visible en el link de consulta de procesos de la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial, por lo que deber\u00e1 el interesado estar atento a las actuaciones que se desprendan de tal llamado, en aras de tener claridad sobre la tem\u00e1tica que le inquieta, o en su defecto, de llegar a ser ciertos sus temores, solicitar se determine la responsabilidad de los auxiliares de la justicia y su consecuente remoci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
6. Por tanto, tal y como se dijo en el fallo que se anul\u00f3, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Demanda de tutela remitida v\u00eda correo institucional a la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
<\/p>\n
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