STC1382-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STCSTC1382-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00170-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Vanguardia Inversiones S.A.S., Comunicaciones y Negocios S.A., Inversiones Urbanas y Rurales S.A. e IC Inversiones S.A.S., Enrique Carrizosa Gelzis, Andr\u00e9s Obreg\u00f3n Santo Domingo y Andr\u00e9s Rosas D\u00edaz frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por la magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca, y la Superintendencia de Sociedades -Delegatura de Procedimientos Mercantiles-. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los censores exigen la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas por las autoridades querelladas. <\/p>\n
Germ\u00e1n Alfredo Ortiz C\u00e1rdenas impetr\u00f3 en contra de los aqu\u00ed tutelantes y ante la Superintendencia de Sociedades, demanda de \u201cabuso del derecho de voto con fundamento en el desarrollo de un contrato de fiducia en garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Dentro de ese asunto, el extremo pasivo propuso las excepciones previas denominadas \u201cfalta de competencia\u201d y \u201ccl\u00e1usula compromisoria\u201d, alegando que \u201clas diferencias relacionadas entre las partes deb\u00edan ser resultas mediante un tribunal de arbitramento\u201d. <\/p>\n
Los referidos medios exceptivos fueron desestimados parcialmente en prove\u00eddo de 7 de octubre de 2019, pues \u00fanicamente se declararon probados frente a la pretensi\u00f3n relacionada con la \u201c(\u2026) condena por presuntos perjuicios causados al demandante (\u2026)\u201d, decisi\u00f3n confirmada por el despacho instructor el 20 de enero de 2020, tras zanjar la reposici\u00f3n impetrada por los accionados. <\/p>\n
Aducen lo promotores que la Superintendencia de Sociedades dej\u00f3 de lado la \u201cfalta de competencia\u201d alegada, \u201c(\u2026) para enmarcar la discusi\u00f3n de manera inapropiada en una supuesta legitimaci\u00f3n en la causa (\u2026)\u201d, sin abordar debidamente el tema de la \u201ccl\u00e1usula compromisoria\u201d. <\/p>\n
Afirman haber presentado \u201cincidente de nulidad\u201d, alegando que \u201c(\u2026) los vicios de jurisdicci\u00f3n y competencia no son subsanables cuando el factor de estos es el subjetivo o el funcional (\u2026)\u201d, invalidez denegada en prove\u00eddo de 9 de octubre de 2020, determinaci\u00f3n ratificada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de diciembre pasado. <\/p>\n
Acotan que el colegiado querellado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho <\/p>\n
\u201c(\u2026) al dejar de lado la aplicaci\u00f3n integral y total del art. 16 del C.G.P., pues desconoci\u00f3 la ratio decidendi de la sentencia C-537-16, la cual determina que, aun habi\u00e9ndose fallado en contra las excepciones previas, la nulidad no se vuelve saneable por cuanto la falta de competencia por los factores subjetivos o funcionales son improrrogables (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aseguran que la Superintendencia fustigada no tiene la facultad legal para conocer del caso bajo estudio, \u201c(\u2026) por cuanto Germ\u00e1n Alfredo Ortiz C\u00e1rdenas no es socio de las accionadas, y los derechos de voto no fueron ejercidos por los actores en su propio nombre sino en representaci\u00f3n de Fiduciaria Bogot\u00e1 (\u2026)\u201d, la cual ha sido excluida del proceso. <\/p>\n
3. Reclaman, en concreto, se ordene declarar \u201cla nulidad del proceso por falta de competencia de car\u00e1cter subjetivo y funcional\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El tribunal convocado se opuso al ruego resaltando la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Superintendencia fustigada remiti\u00f3 el link digital de consulta del expediente contentivo del litigio sublite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los promotores del auxilio censuran, puntualmente, la decisi\u00f3n de 20 de enero de 2020, mediante la cual la Superintendencia de Sociedades ratific\u00f3 su determinaci\u00f3n de declarar probada parcialmente las excepciones previas incoadas en el caso bajo estudio, y el prove\u00eddo de 10 de diciembre pasado, donde el tribunal convocado confirm\u00f3 la negativa de la nulidad alegada por los petentes. <\/p>\n
2. Frente al primer tema de reproche, el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues el mismo fue incoado tard\u00edamente el 20 de enero de 2021, esto es, luego de transcurrido un (1) a\u00f1o de proferida la providencia censurada; por tanto, los tutelantes superaron el t\u00e9rmino estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En no pocas ocasiones, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n
3. Ahora, respecto de la providencia proferida por el tribunal confutado, no se advierte irregularidad, pues all\u00ed fundadamente se sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el presente caso adujo el apoderado de las demandadas como fundamento de la petici\u00f3n de nulidad la improrrogabilidad de la competencia (art. 16 del CGP) como complemento del canon 133 del mismo estatuto. Sostuvo que no se trata de un conflicto societario ni un abuso del derecho, sino de la ejecuci\u00f3n o incumplimiento de un contrato fiduciario para lo cual la Superintendencia de Sociedades no tiene competencia\u201d. <\/p>\n
\u201cEl motivo de nulidad planteado por el apoderado por pasiva debi\u00f3 ser el rechazo de plano y no negado como lo hizo el a quo, porque lo alegado tiene el mismo fundamento en que se bas\u00f3 la excepci\u00f3n previa, lo que daba lugar a la aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 135 del estatuto procesal adjetivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed, el tema de la competencia qued\u00f3 decidido al resolverse la excepci\u00f3n previa, pues se dijo que \u201cen primer lugar, los demandados han invocado la excepci\u00f3n previa de falta de competencia, en los t\u00e9rminos del numeral 1 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). A la luz de las anteriores consideraciones, y en consonancia con lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, el despacho declarar\u00e1 probadas las excepciones previas alegadas \u00fanicamente respecto de la pretensi\u00f3n novena de la demanda. Ciertamente, las dem\u00e1s pretensiones de la demanda se enmarcan dentro de las especial\u00edsimas facultades jurisdiccionales asignadas a esta Delegatura seg\u00fan lo expuesto en el p\u00e1rrafo anterior y cumplen con las normas relevantes sobre acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d. <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, el C.G.P. estatuy\u00f3 como causal de excepci\u00f3n previa la falta de competencia, pero trat\u00e1ndose de nulidad advirti\u00f3 que solo se configurar\u00eda cuando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o competencia, actuaci\u00f3n que no se ha presentado en este caso, lo que conlleva al rechazo de la solicitud de nulidad pues esta se funda en causal distinta de las se\u00f1aladas en el art. 133 del C.G.P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Aunque los actores no compartan los argumentos del tribunal tutelado, ello no convierte su determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue examinado razonablemente con fundamento en los mandatos jur\u00eddicos respectivos. <\/p>\n
N\u00f3tese, esa colegiatura, invocando normas del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1al\u00f3 que el tema referente a la facultad de la Superintendencia de Sociedad para conocer el caso subex\u00e1mine, ya hab\u00eda sido objeto de pronunciamiento en la decisi\u00f3n mediante la cual se resolvieron las excepciones previas incoadas en ese asunto y, si bien, ese tema tambi\u00e9n pod\u00eda ser invocado como causal de nulidad, lo cierto es, la misma prosperar\u00eda siempre y cuando el juez hubiese actuado despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n y competencia, situaci\u00f3n, esta \u00faltima, no acaecida en el litigio. <\/p>\n
Por otro lado, advierte la Sala que la falta endilgada a la Superintendencia convocada, nada tiene que ver con la improrrogabilidad de la competencia por el componente funcional y subjetivo tratado en la Sentencia C-537 de 2016. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, seg\u00fan dicho fallo, el factor subjetivo \u201c(\u2026) se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias (\u2026)\u201d2 y, el funcional debe entenderse como el \u201c(\u2026) repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideraci\u00f3n a estadios procesales (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el factor funcional en estricto sentido (\u2026), el legislador toma en cuenta la diversa \u00edndole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habr\u00e1 jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe adem\u00e1s que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional seg\u00fan la clase de funci\u00f3n que el juez desempe\u00f1a en un proceso, distinta del grado, y as\u00ed por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casaci\u00f3n o de revisi\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Sobre el factor subjetivo de competencia, precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cEntendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aqu\u00e9l que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda\u201d. <\/p>\n
\u201cPara comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cCon el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que, si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que, a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente5, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u201cla intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u201cfuero especial\u201d. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u201d. <\/p>\n
\u201cConforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia6, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.7), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes\u201d8. <\/p>\n
\u201cPor tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente\u201d9 (CSJ AC140 de 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
6, Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Vanguardia Inversiones S.A.S., Comunicaciones y Negocios S.A., Inversiones Urbanas y Rurales S.A. e IC Inversiones S.A.S., Enrique Carrizosa Gelzis, Andr\u00e9s Obreg\u00f3n Santo Domingo y Andr\u00e9s Rosas D\u00edaz frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por la magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca, y la Superintendencia de Sociedades -Delegatura de Procedimientos Mercantiles-. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01. <\/p>\n
2 \u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
3 C.S.J. S.T.C. de 12 de octubre de 2018. Exp. 2018-00349-01. <\/p>\n
4 CSJ SC de 26 jun. 2003, rad. 7258. <\/p>\n
5 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
6 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
7 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
8 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
9 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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STC1382-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STCSTC1382-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00170-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Vanguardia Inversiones S.A.S., […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53516","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53516"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53516\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}