STC1384-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1384-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00229-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Myriam Londo\u00f1o Viuda de Toro a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por el magistrado Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s; extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la primera localidad, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio con radicado 2011-00120, incoado por la aqu\u00ed gestora, Jhon Andr\u00e9s y \u00c1ngela Milena Londo\u00f1o Z\u00fa\u00f1iga contra Idaly Osorio Ram\u00edrez. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En el decurso referenciado, el 16 de agosto de 2013, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira acogi\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n de dominio incoada por la ahora querellante, Jhon Andr\u00e9s y \u00c1ngela Milena Londo\u00f1o Z\u00fa\u00f1iga, tras hallar desvirtuados los alegatos expuestos en la demanda de reconvenci\u00f3n formulada por la demandada primigenia Idaly Osorio Ram\u00edrez <\/p>\n
Inconforme, la vencida en juicio apel\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n
El 15 de noviembre de 2013, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se abstuvo de decidir la mencionada censura y, en su lugar, decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada por el fallador a quo, \u201c(\u2026) a partir del auto admisorio de la demanda de reconvenci\u00f3n de pertenencia (16 de mayo de 2011), inclusive (\u2026)\u201d. La providencia fue recurrida a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y s\u00faplica, despachados adversamente por la autoridad criticada. <\/p>\n
Renovada la actuaci\u00f3n correspondiente, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, a quien fueron reasignadas las diligencias, convoc\u00f3 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
El 3 de marzo de 2020, los pretensos reivindicantes radicaron escrito en la Secretar\u00eda del colegiado encartado, donde, sin puntualizar su objetivo, indicaron: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Revisado el expediente para la audiencia de pruebas y juzgamiento citada por el Juzgado Primero del Circuito de Pereira (\u2026) para el d\u00eda 4 de marzo de 2020 (\u2026) encontr\u00e9 la decisi\u00f3n del 15 de noviembre de 2013 donde esa Corporaci\u00f3n \u201cdej[\u00f3] sin efectos lo actuado en dicho proceso a partir del auto admisorio de la demanda de reconvenci\u00f3n en pertenencia, inclusive, nulidad que abarca las pruebas, por no haber participado en ellas el se\u00f1or Benjam\u00edn Londo\u00f1o P\u00e9rez, quien puede contradecirlas (art. 146 del C. de P.C.). Se ordenar\u00e1 rehacer la actuaci\u00f3n afectada con los vicios, con el fin de integrar en debida forma el contradictorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Igualmente, destacaron, \u201c(\u2026) 2. (\u2026) la decisi\u00f3n fue tomada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en Sala Civil Unitaria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Basados en la anterior premisa, aseveraron: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Estamos presentes ante una irregularidad que vicia el proceso desde el d\u00eda 15 de noviembre de 2013, pues el Tribunal Superior de Pereira, no ha decidido nada, porque el que figura en la decisi\u00f3n es el Tribunal Judicial de Bogot\u00e1, en Sala Civil Unitaria de Decisi\u00f3n. Ruego[,] en consecuencia[,] dilucidar esta anomal\u00eda jur\u00eddica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Llegada la fecha y hora de la convocatoria realizada por la juez civil del circuito, se dio inicio al acto procesal, en cuyo desarrollo, la funcionaria se pronunci\u00f3 respecto del memorial radicado en el tribunal acusado y allegado a ese estrado en fotocopia, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o obstante, no haberse dirigido a este despacho, ni existir una petici\u00f3n en concreto, nos referiremos a \u00e9l. <\/p>\n
\u201cEfectivamente[,] como lo se\u00f1alan[,] al momento de decidir sobre la admisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n de la sentencia, en prove\u00eddo del 15 de noviembre de 2013, se dej\u00f3 escrito: \u201c[e]n m\u00e9rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil Unitaria de Decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. Sin embargo, si observamos el encabezado, (\u2026) dice[:] \u201cTRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA\u201d. Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia. Magistrado Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s\u201d. \u201cPereira, Risaralda, quince (15) de noviembre de dos mil trece (2013)\u201d y firmado[,] en original por \u201cEl Magistrado, Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s\u201d, decisi\u00f3n notificada por estado[,] el 19 de noviembre de 2013, con sello de la secretar\u00eda del Tribunal de este Distrito. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]alvo mejor criterio, no se trata m\u00e1s que de un yerro, al momento de proferir la decisi\u00f3n, que no da lugar a ninguna nulidad o irregularidad en el contenido, ni cambia el sentido de la misma, o su parte resolutiva, no hay lugar a confusi\u00f3n, cuando la apelaci\u00f3n de la sentencia la conoci\u00f3 el superior del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en su momento y no otro Tribunal. Adem\u00e1s, los apoderados de las partes en el momento oportuno, nada dijeron al respecto, como para (\u2026) pasados m\u00e1s de 5 a\u00f1os, intenten, si es lo pretend[ido], (\u2026) dej[ar] sin efecto dicho auto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 13 de noviembre de 2020, la hoy precursora solicit\u00f3 a la magistratura acusada, informar \u201c(\u2026) si el memorial de la referencia -el radicado el 3 de marzo anterior-, fue contestado por esa Sala (\u2026)\u201d. En la misma calenda, la corporaci\u00f3n reprochada requiri\u00f3 a la petente copia del respectivo escrito. <\/p>\n
El 17 siguiente, la interesada aport\u00f3 el ejemplar solicitado y el 2 de febrero de 2021, la autoridad enjuiciada orden\u00f3 a su inferior funcional, poner a su disposici\u00f3n \u201c(\u2026) el cuaderno de segunda instancia, donde obra la decisi\u00f3n a que se hace referencia en el escrito petitorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A la fecha de la presentaci\u00f3n de este amparo, asevera la promotora, no ha recibido respuesta a su pedimento. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados. <\/p>\n
1. El colegiado censurado, tras aducir la ausencia de legitimaci\u00f3n de la precursora, dio cuenta de la actuaci\u00f3n adelantada en esa sede, poniendo de relieve el amplio margen de tiempo transcurrido entre la providencia rebatida -15 de noviembre de 2013- y la solicitud de la quejosa, presentada d\u00edas antes del inicio de la emergencia sanitaria por la covid-19 y, en todo caso, resuelta en auto de 9 de febrero de 2021. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira adjunt\u00f3 copia digital del expediente materia del resguardo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte no encuentra reparo en torno al inter\u00e9s jur\u00eddico de la libelista, pues su actuaci\u00f3n, por medio de apoderado judicial en esta salvaguarda, encuentra respaldo en el poder especial, debidamente conferido al profesional del derecho que ejerce su representaci\u00f3n y fue ella quien elev\u00f3 las solicitudes cuya contestaci\u00f3n demanda. <\/p>\n
2. La accionante cuestiona que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, el estrado confutado no le haya dado respuesta al pedimento presentado el 3 de marzo de 2020 y reiterado el 13 de noviembre del mismo a\u00f1o, omisi\u00f3n, en su criterio, lesiva de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas de este, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las llamadas a regular las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Revisado el memorial radicado el 3 de marzo de 2020, en la secretar\u00eda de la colegiatura convocada, por la ahora querellante, se observa que lo pretendido por la interesada era denunciar \u201cuna irregularidad que vicia el proceso desde el d\u00eda 15 de noviembre de 2013\u201d. <\/p>\n
Ello, por cuanto \u201c(\u2026) el Tribunal Superior de Pereira, no ha decidido nada (\u2026)\u201d, en tanto la citada providencia, a trav\u00e9s de la cual se invalid\u00f3 la actuaci\u00f3n ya fallada en primera instancia, fue proferida por \u201c(\u2026) el Tribunal Judicial de Bogot\u00e1, en Sala Civil Unitaria de Decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. Por lo antelado, la aqu\u00ed gestora pidi\u00f3 al sentenciador accionado \u201c(\u2026) dilucidar esta anomal\u00eda jur\u00eddica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En ese escenario, no hay lugar a revisar la vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n sino al debido proceso, por tratarse de una cuesti\u00f3n eminentemente judicial. <\/p>\n
5. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
La protecci\u00f3n al debido proceso (art. 29 C.N.) y acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 \u00edb.), en estos casos, ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n4 y de la Corte Constitucional5, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia de un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana6 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos7, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n dentro de un plazo razonable8 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional. Compromisos internacionales adquiridos por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
En esta l\u00ednea, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos de 1969, aprobada mediante la Ley 16 de 1972, establece: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El canon 25 del mismo instrumento, en lo pertinente, dispone: <\/p>\n
6. La salvaguarda invocada, no prospera por carencia actual de objeto, pues, auscultadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se advierte que, con posterioridad a la presentaci\u00f3n de este ruego, en mensaje de datos allegado a esta Corporaci\u00f3n el 9 de febrero de 2021, la magistratura fustigada acredit\u00f3 haber proferido el auto mediante el cual resolvi\u00f3 sobre lo pedido por la impulsora. <\/p>\n
En efecto en prove\u00eddo de la citada calenda, aportado con la contestaci\u00f3n del amparo, dispuso corregir <\/p>\n
\u201c(\u2026) el siguiente aparte, \u201cEn m\u00e9rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en Sala Unitaria de Decisi\u00f3n\u201d de la [providencia] proferida el 15 de noviembre de 2013, que quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u2018V Decisi\u00f3n <\/p>\n
\u201cEn m\u00e9rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria de Decisi\u00f3n\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego, como lo pretend\u00eda la tutelante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, emiti\u00f3 pronunciamiento acerca de su pedimento de 3 de marzo de 2020, reiterado el 13 de noviembre del mismo a\u00f1o, extingui\u00e9ndose, de esa manera, el hecho motivador de su queja. <\/p>\n
En cuanto a lo discurrido, la Corte Constitucional ha esbozado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [La] jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendr\u00eda alg\u00fan efecto o simplemente \u201ccaer\u00eda en el vac\u00edo\u201d. Espec\u00edficamente, esta figura se materializa a trav\u00e9s en las siguientes circunstancias: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Da\u00f1o consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el da\u00f1o o la afectaci\u00f3n que se pretend\u00eda evitar con la acci\u00f3n de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneraci\u00f3n o impedir que se materialice el peligro. As\u00ed, al existir la imposibilidad de evitar la vulneraci\u00f3n o peligro, lo \u00fanico procedente es el resarcimiento del da\u00f1o causado por la violaci\u00f3n de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acci\u00f3n constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneraci\u00f3n pues, esta acci\u00f3n fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que[,] como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n, resultando inocua cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Acaecimiento de una situaci\u00f3n sobreviniente. Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situaci\u00f3n sobreviviente, que a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuaci\u00f3n de la accionada, y que hace que ya la protecci\u00f3n solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumi\u00f3 la carga que no le correspond\u00eda, o porque la nueva situaci\u00f3n hizo innecesario conceder el derecho (\u2026)\u201d9 (se destaca). <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Myriam Londo\u00f1o Viuda de Toro a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por el magistrado Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s; extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la primera localidad, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio con radicado 2011-00120, incoado por la aqu\u00ed gestora, Jhon Andr\u00e9s y \u00c1ngela Milena Londo\u00f1o Z\u00fa\u00f1iga contra Idaly Osorio Ram\u00edrez. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
3CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterado el 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01 y el 21 de octubre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02374-00, entre otros. <\/p>\n
4 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
6 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
7 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
8 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
9 Corte Constitucional, T-038 de 2019, de 1\u00b0 de febrero de 2019, exp. T-7.000.184. <\/p>\n
10 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1384-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1384-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00229-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Myriam Londo\u00f1o Viuda de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}