STC1385-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1385-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00275-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga respecto de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, concretamente, frente a la magistrada Adriana Patricia D\u00edaz Ram\u00edrez con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed precursor a la C\u00e1mara de Comercio de Pereira, radicada bajo el n\u00famero 2019-00180-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En el decurso referenciado, el 13 de julio de 2020, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira acogi\u00f3 las pretensiones del promotor, ordenando a la all\u00ed demandada, incorporar \u201c(\u2026) dentro de su programa de atenci\u00f3n al cliente, el servicio de profesional int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para personas ciegas y sordociegas; (\u2026) fij[ar] en un lugar visible de esa dependencia la informaci\u00f3n correspondiente, con plena identificaci\u00f3n del lugar o lugares visibles en los que esa poblaci\u00f3n podr\u00e1 ser atendida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El promotor impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n basado, en lo medular, en la \u201cirregular\u201d resoluci\u00f3n de ese asunto, con desconocimiento de otros m\u00e1s antiguos y a\u00fan sin decisi\u00f3n de m\u00e9rito y en la inobservancia de las previsiones de la Ley 982 de 2005. Por lo antelado, pidi\u00f3 verificar la vinculaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico a esa tramitaci\u00f3n e invalidar el fallo \u201c(\u2026) al desconocer art. 29 CN, al proferir sentencia antes que otras acciones populares presentadas con anterioridad en este despacho judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Concedida la alzada, el expediente fue repartido al despacho de la Magistrada Claudia Mar\u00eda Arcila R\u00edos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien, en auto de 7 de diciembre de 2020, orden\u00f3 devolverlo al juez a quo, a fin de desatar las solicitudes de adici\u00f3n y nulidad pendientes. <\/p>\n
El d\u00eda 9 del mismo mes y a\u00f1o, el querellante solicit\u00f3 decidir su recurso y manifest\u00f3 desistir de los ruegos atr\u00e1s mencionados, pedimento reiterado el 12 de enero de 2021. <\/p>\n
En la misma calenda, el colegiado criticado dej\u00f3 constancia de la posesi\u00f3n de la nueva titular de la sede judicial recriminada. <\/p>\n
El gestor asevera que la corporaci\u00f3n criticada, dentro del litigio subex\u00e1mine, \u201c(\u2026) inaplica [el] art. 37 de la Ley 472 de 1998 y la sentencia 11001020300020200326800 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide ordenar a la funcionaria, cumplir dicho precepto y el criterio jurisprudencial expuesto por esta Corporaci\u00f3n, en la salvaguarda n\u00ba 2020-03268-001. <\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
El colegiado censurado adjunt\u00f3 copia digital del expediente materia del resguardo y, tras rese\u00f1ar brevemente las determinaciones all\u00ed proferidas, adujo haber aceptado el desistimiento manifestado por el recurrente, corriendo traslado para sustentar la alzada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 20202, en prove\u00eddo de 10 de febrero de 2021. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si el tribunal criticado vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga al no cumplir con el plazo establecido en el canon 37 de la Ley 472 de 19983, para fallar, en segunda instancia, la acci\u00f3n popular subex\u00e1mine. <\/p>\n
2. No se observa una actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa de la autoridad cuestionada, pues de las pruebas aportadas se colige que antes de dar curso a su apelaci\u00f3n, fue necesario ordenar la devoluci\u00f3n del plenario al fallador de primer grado con miras a dar soluci\u00f3n a las s\u00faplicas encaminadas a adicionar la sentencia, e incluso, invalidarla por los motivos aducidos por el actor popular. <\/p>\n
Y, si bien, con posterioridad a tal disposici\u00f3n, aqu\u00e9l manifest\u00f3 desistir de los mencionados ruegos, desde la fecha de posesi\u00f3n de la nueva titular el despacho al cual se encuentran asignadas las diligencias -12 de enero de 2021-, solo transcurrieron 15 d\u00edas h\u00e1biles hasta la radicaci\u00f3n del amparo, de donde puede colegirse la inexistencia de una tardanza o dilaci\u00f3n injustificada en la resoluci\u00f3n del decurso, m\u00e1xime, cuando previo a dirimir el remedio vertical, deb\u00eda proveerse sobre el mensaje de datos del 9 de diciembre de 2020, donde el gestor \u201crenunci\u00f3\u201d a las peticiones de adici\u00f3n y nulidad referidas. <\/p>\n
En ese orden, el t\u00e9rmino consagrado en la norma invocada por el precursor no pod\u00eda contabilizarse desde \u201cla radicaci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del tribunal competente\u201d, pues, en el particular, exist\u00edan aspectos suscitados por el propio impugnante, que demandaban atenci\u00f3n anticipada del tribunal, quien acredit\u00f3 haber aceptado el desistimiento del memorialista, dando continuidad al litigio al correr traslado para la sustentaci\u00f3n respectiva con auto del 10 de febrero de 2021. <\/p>\n
Tampoco resulta aplicable a la acci\u00f3n cuestionada, la tesis expuesta por esta corporaci\u00f3n en sentencia STC11309-2020, como lo reclama el libelista, en tanto la situaci\u00f3n f\u00e1ctica all\u00ed analizada es diametralmente distinta a la aqu\u00ed auscultada. N\u00f3tese, en el memorado tr\u00e1mite se constat\u00f3 la mora de un despacho judicial en decidir una acci\u00f3n popular en primera instancia, pese a encontrarse para fallo hac\u00eda m\u00e1s de tres meses, mientras en el caso ahora examinado, se exige dirimir una apelaci\u00f3n a\u00fan no sustentada. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. La salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga respecto de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, concretamente, frente a la magistrada Adriana Patricia D\u00edaz Ram\u00edrez con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed precursor a la C\u00e1mara de Comercio de Pereira, radicada bajo el n\u00famero 2019-00180-00. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ STC11309-2020. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) El recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) El recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente. <\/p>\n
La pr\u00e1ctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetar\u00e1, tambi\u00e9n, a la forma prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijar\u00e1 un plazo para la pr\u00e1ctica de las pruebas que, en ning\u00fan caso, exceder\u00e1 de diez (10) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de dicho auto; el plazo para resolver el recurso se entender\u00e1 ampliado en el t\u00e9rmino se\u00f1alado para la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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