STC1386-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1386-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-02897-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Euclides Jos\u00e9 Puello Sarmiento, como agente oficioso de Julio Mario Pinedo Vergara, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de otro amparo incoado por el gestor frente al Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la informaci\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El agente oficioso de Julio Mario Pinedo Vergara, quien, seg\u00fan aduce, tambi\u00e9n lo defendi\u00f3 en un decurso penal, formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela con el prop\u00f3sito de que la Sala de Cesaci\u00f3n Penal la definiera. <\/p>\n
El promotor asegura haber presentado dicho libelo el 27 de abril de 2020 y asevera que el mismo fue remitido al Consejo Superior de la Judicatura \u201c(\u2026) como si se tratar[a] de una querella disciplinaria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sostiene que solicit\u00f3 a la precitada entidad informaci\u00f3n acerca del estado actual de los tr\u00e1mites y \u00e9sta le contest\u00f3 que deb\u00eda enviar su \u201cderecho petici\u00f3n\u201d a una direcci\u00f3n electr\u00f3nica del Ministerio de Justicia y del Derecho. <\/p>\n
El 19 de agosto postrero, el ente ministerial indic\u00f3 que el \u201casunto\u201d estaba siendo rituado como un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d con el radicado MJD-EXT20-0036869 y, para tal efecto, le pidi\u00f3 al actor aclarar el objeto de su reclamaci\u00f3n, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) no resulta comprensible (\u2026), como tampoco se adjuntaron (\u2026) documentos [que] permitan (\u2026) brindar una respuesta de fondo de acuerdo con las funciones establecidas (\u2026) para el Ministerio de Justicia y del Derecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El censor afirma, ambiguamente, que el 31 de agosto ulterior, atendi\u00f3 la rese\u00f1ada recomendaci\u00f3n y procedi\u00f3 a \u201csubsanar\u201d su pedimento, allegando un escrito a la aludida cartera con un encabezado en donde hac\u00eda referencia a la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Para el querellante, la enunciada sede judicial lesiona las garant\u00edas de su agenciado, pues desde el 27 de abril pasado, el ruego tuitivo impetrado no ha tenido impulso a pesar de los requerimientos enarbolados para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Conforme aduce, es apoderado de Julio Mario Pinedo Vergara en el procedimiento penal que dio lugar al auxilio aqu\u00ed controvertido; anota, adem\u00e1s, aqu\u00e9l se encuentra imposibilitado para ejercer, por s\u00ed mismo, su representaci\u00f3n en este ruego porque est\u00e1 privado de la libertad en la c\u00e1rcel de \u201cEl Bosque\u201d de Barranquilla y, debido a las medidas de aislamiento adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria generada por la \u201cCOVID19\u201d, no pudo consumarse el otorgamiento del poder correspondiente. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal decidir el auxilio formulado en la data referida y emitir un pronunciamiento en torno a las peticiones elevadas. <\/p>\n
5. En prove\u00eddo ATL053-2021 de 20 de enero de 2021, la hom\u00f3loga Laboral invalid\u00f3 las actuaciones, al no haberse convocado al debate como consortes necesarios, al Ministerio de Justicia y del Derecho, as\u00ed como al Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La colegiatura acusada manifest\u00f3 que en su \u201cSistema de Gesti\u00f3n\u201d \u201c(\u2026) no se encontr\u00f3 proceso alguno que curse o haya cursado [a nombre del agenciado] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que, si bien el amparo est\u00e1 dirigido a dicha corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) lo cierto es que fue enviado [por el promotor a] los correos electr\u00f3nicos del Ministerio de Justicia [y del Derecho] entidad con la [cual el tutelante] continu\u00f3 intercambiando correspondencia como \u00e9l mismo lo afirm[\u00f3] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Igualmente, enfatiz\u00f3 que la rese\u00f1ada entidad no le ha remitido ning\u00fan tr\u00e1mite de car\u00e1cter constitucional relacionado con Julio Mario Pinedo Vergara. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, adujo carecer de inter\u00e9s en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Trescientos Cincuenta y Tres Judicial Penal de Barranquilla, enfatiz\u00f3 en la improcedencia del amparo, pues, en su decir, el censor tiene a su alcance otros mecanismos de defensa. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Existe legitimaci\u00f3n del agente oficioso para actuar en favor de Julio Mario Pinedo Vergara, pues \u00e9ste afirma que se encuentra detenido en la c\u00e1rcel \u201cEl Bosque\u201d de Barranquilla y, si bien en los centros penitenciarios existen medios de asesoramiento para facilitar el acceso a la justicia, la defensa directa y eficaz de sus intereses se mengua frente una tem\u00e1tica tan particular como la aqu\u00ed planteada. <\/p>\n
Resulta aceptable que, si el agente oficioso intervino en las actuaciones penales en calidad de apoderado de Pinedo Vergara en el decurso originario de la acci\u00f3n de tutela motivo de inconformidad, es procedente que agencie sus derechos en esta contienda, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta la emergencia sanitaria causada por la \u201cCOVID19\u201d y las dificultades que la misma puede acarrear, en torno al otorgamiento de un mandato espec\u00edfico para la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. La salvaguarda no prospera porque la vulneraci\u00f3n endilgada a la Sala de Casaci\u00f3n Penal es inexistente. <\/p>\n
N\u00f3tese, la queja del tutelante se funda en la presunta omisi\u00f3n de esa corporaci\u00f3n en atender tempestivamente la acci\u00f3n de tutela que all\u00ed impetr\u00f3; empero, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por la autoridad enjuiciada, la cual se entiende rendida bajo la gravedad de juramento2, ning\u00fan proceso de esa naturaleza se ha entablado en favor de Julio Mario Pinedo Vergara. <\/p>\n
Ahora, la Sala observa que el ruego tuitivo en cuesti\u00f3n, conforme se alega en la demanda, fue presentado en el Consejo Superior de la Judicatura y, luego, se remiti\u00f3 al Ministerio de Justicia y el Derecho, en donde dicha entidad, el 19 de agosto de 2020, le indic\u00f3 al petente que su reclamaci\u00f3n estaba siendo rituada como un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d con el radicado MJD-EXT20-0036869 y, para tal efecto, le comunic\u00f3 al agente oficioso lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no resulta comprensible (\u2026), como tampoco se adjuntaron (\u2026) documentos [que] permitan (\u2026) brindar una respuesta de fondo de acuerdo con las funciones establecidas (\u2026) para el Ministerio de Justicia y del Derecho (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
Frente a tal requerimiento, el tutelante, aqu\u00ed agente, adujo que procedi\u00f3 a subsanar su solicitud, lo cual revela su enteramiento sobre el tr\u00e1mite impulsado, por parte de esa cartera, y que es ante ella, donde se est\u00e1 rituando como un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d su oscura reclamaci\u00f3n; asimismo, se evidencia la imposibilidad de atribuirle a la Sala de Casaci\u00f3n Penal la lesi\u00f3n de los derechos invocados, pues no conoci\u00f3 de reparo alguno relacionado con el agenciado Julio Mario Pinedo Vergara. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, el 28 de octubre de 2020, la Corte exhort\u00f3 al accionante para que precisara frente a cu\u00e1l entidad formulaba esta salvaguarda y \u00e9ste manifest\u00f3 que la dirig\u00eda contra la rese\u00f1ada sede judicial; empero, se reitera, no figura actividad o participaci\u00f3n de \u00e9sta en relaci\u00f3n con los reproches aqu\u00ed ventilados. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si bien las pretensiones se enfilan hacia la Sala de Casaci\u00f3n Penal, los acontecimientos no ata\u00f1en a una conducta omisiva de esa colegiatura que amerite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre situaciones como la descrita, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(…) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Con todo, la Corte evidencia un desconocimiento ostensible acerca de los canales a trav\u00e9s de los cuales se pueden interponer acciones de tutela; por tal motivo, se oficiar\u00e1 a la Defensor\u00eda del Pueblo para que brinde un asesoramiento al accionante en torno a ello y a la Secretar\u00eda de esta Sala para que informe al libelista sobre las direcciones electr\u00f3nicas actualmente previstas para tal efecto. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Euclides Jos\u00e9 Puello Sarmiento como agente oficioso de Julio Mario Pinedo Vergara frente la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
SEGUNDO: Por secretar\u00eda, proc\u00e9dase en los t\u00e9rminos del numeral tercero del ac\u00e1pite considerativo esta providencia. Rem\u00edtase copia de la misma a la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01 <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Decreto 2591 de 1991 (\u2026). Art\u00edculo 19. Informes. El juez podr\u00e1 requerir informes al \u00f3rgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentaci\u00f3n donde consten los antecedentes del asunto. La omisi\u00f3n injustificada de enviar esas pruebas al juez acarrear\u00e1 responsabilidad (\u2026). El plazo para informar ser\u00e1 de uno a tres d\u00edas, y se fijar\u00e1 seg\u00fan sea la \u00edndole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicaci\u00f3n (\u2026). Los informes se considerar\u00e1n rendidos bajo juramento (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
3 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278. <\/p>\n
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