STC1388-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1388-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01836-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 9 de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por Seguros Bol\u00edvar S.A. al Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo con radicado n\u00b02018-00813-01, incoado por Luz Stella Ferro Garay contra la gestora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Luz Stella Ferro Garay acudi\u00f3 a una cita m\u00e9dica el 9 julio de 2015, en donde le ordenaron varios ex\u00e1menes, entre ellos, ecograf\u00eda y resonancia de mama. <\/p>\n
El 21 de julio postrero, Ferro Garay adquiri\u00f3 un seguro en donde ella ser\u00eda la beneficiaria, en caso de una lesi\u00f3n org\u00e1nica que afectara su salud de manera total y permanente; el Banco Davivienda S.A. el tomador; y la aqu\u00ed impulsora, la aseguradora. <\/p>\n
Luz Stella fue diagnosticada con \u201cc\u00e1ncer de seno\u201d el 3 de agosto postrero y se estableci\u00f3 que la p\u00e9rdida de su capacidad laboral en 66%, se estructur\u00f3 el 5 de agosto ulterior. <\/p>\n
Por tal motivo, el 12 de julio de 2016, aqu\u00e9lla reclam\u00f3 a la tutelante el pago del riesgo garantizado; no obstante, \u00e9sta se neg\u00f3, pues, en su decir, Luz Stella no le inform\u00f3 acerca de su estado de salud al momento de suscribir el mencionado contrato. <\/p>\n
Ferro Garay demand\u00f3 a la petente ante el Juzgado Trece Civil Municipal de Bogot\u00e1, para exigirle el cumplimiento del negocio aseguraticio. <\/p>\n
Enterada del libelo, la quejosa formul\u00f3 el 14 de enero de 2019, entre otras excepciones perentorias, la denominada \u201creticencia por parte de la tomadora\u201d. <\/p>\n
En la fase de alegatos de conclusi\u00f3n, la all\u00ed demandante manifest\u00f3 que dicha defensa se encontraba prescrita. <\/p>\n
Mediante sentencia de 21 de agosto de 2019, el rese\u00f1ado estrado municipal acogi\u00f3 las pretensiones del libelo introductor y, por ello, la querellante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Al descorrer el traslado de los fundamentos de la alzada, el extremo actor reiter\u00f3 la prescripci\u00f3n de la renuencia que le enrostr\u00f3 la gestora. <\/p>\n
En fallo de 28 de enero de 2020, el juzgado el circuito confutado zanj\u00f3 el recurso declarando probada la defensa de \u201creticencia\u201d enarbolada por la precursora. <\/p>\n
Ferro Garay entabl\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra dicho despacho, se\u00f1alando que, en el precitado pronunciamiento, no se hizo alusi\u00f3n alguna a la prescripci\u00f3n por ella invocada. <\/p>\n
En el prove\u00eddo STC7450-2020 de 17 de septiembre de 2020, esta Sala, en sede de impugnaci\u00f3n, otorg\u00f3 la salvaguarda implorada y, orden\u00f3 definir, nuevamente, la alzada en cuesti\u00f3n, por cuanto advirti\u00f3 una falta de pronunciamiento, por parte del despacho acusado, en torno a la prescripci\u00f3n de la reticencia. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que, de no presentarse esa figura extintiva, en todo caso, deb\u00edan ponderarse los presupuestos para declarar la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia, pues, se adujo, la misma exige prueba de la mala fe del tomador respecto a su estado de salud y, el nexo de causalidad entre esa preexistencia y la condici\u00f3n m\u00e9dica originaria del siniestro. <\/p>\n
En cumplimiento del rese\u00f1ado veredicto, el ad quem fustigado profiri\u00f3 sentencia el 25 de septiembre de 2020, en donde se\u00f1al\u00f3, sobre la prescripci\u00f3n bienal de la reticencia del contrato de seguro que, como Luz Stella Ferro Garay notific\u00f3 la ocurrencia del siniestro derivado de su c\u00e1ncer el 12 de julio de 2016, su estructuraci\u00f3n aconteci\u00f3 el 12 de julio de 2018. <\/p>\n
En consecuencia, desestim\u00f3 la excepci\u00f3n perentoria materia de disenso y, adem\u00e1s, refiri\u00f3 que, en gracia de discusi\u00f3n, no se acredit\u00f3 la ausencia mala fe de Ferro Garay como para endilgarle reticencia al momento de adquirir la p\u00f3liza controvertida y, por tanto, ratific\u00f3 el fallo del a quo, favorable a las pretensiones de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed suplicante, asevera que el 6 de noviembre de 2020, dej\u00f3 a disposici\u00f3n del despacho recriminado $112.496.174, por el capital de valor asegurado y sus intereses. <\/p>\n
Para la censora, la autoridad confutada lesion\u00f3 sus garant\u00edas, por cuanto el estrado acusado pretermiti\u00f3 tener en cuenta que Ferro Garay no aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la reticencia en la demanda ni al descorrer el traslado de la excepci\u00f3n donde, como demandada, propuso el aducido encubrimiento de la enfermedad previa a la adquisici\u00f3n de la p\u00f3liza. <\/p>\n
Asevera que, por tanto, al invocarse la prescripci\u00f3n luego de esa oportunidad1, Ferro Garay renunci\u00f3 a ella2, sin serle dable proponerla despu\u00e9s, so pena de trasgredir su derecho de contradicci\u00f3n, tal como sucedi\u00f3 en el caso. <\/p>\n
Asimismo, cuestiona un exceso del juzgado acusado respecto a la orden dada por la Sala, por cuanto, conforme alega, incorpor\u00f3 un argumento nuevo en relaci\u00f3n con la configuraci\u00f3n de la reticencia. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la decisi\u00f3n acusada y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
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1. El despacho encartado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Luz Stella Ferro Garay manifest\u00f3 que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna en la providencia atacada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al estimar razonada la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la firma querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si el estrado del circuito confutado vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la actora, demandada en el ritual reprochado, al desestimar su excepci\u00f3n perentoria de reticencia, en virtud de la prescripci\u00f3n de esa defensa, aun cuando esa figura extintiva, conforme aduce, fue planteada tard\u00edamente por su contraparte. <\/p>\n
Igualmente, corresponde establecer si la afectaci\u00f3n denunciada aconteci\u00f3 porque el despacho fustigado abord\u00f3 el fondo de la renuencia atribuida a la beneficiaria del seguro a la hora de adquirirlo, desbordando, seg\u00fan se alega, el mandato de esta Sala en el fallo STC7450-2020 de 17 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2. En la precitada sentencia, la Corte advirti\u00f3 el quebranto a las garant\u00edas superlativas de Luz Stella Ferro Garay por falta de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n refutada, por cuanto el ad quem encausado declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de reticencia sin detenerse a estudiar la prescripci\u00f3n que ella propuso frente a ese medio defensivo. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que, en caso de no estructurarse el decaimiento de la reticencia por el paso del tiempo, deb\u00eda ocuparse de ella atendiendo al precedente sentado en la materia. <\/p>\n
Al respecto, as\u00ed discurri\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el pronunciamiento enunciado. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]urge n\u00edtido el menoscabo endilgado, pues, como lo acot\u00f3 [Luz Stella Ferro Garay], el juzgado omiti\u00f3, abiertamente, pronunciarse sobre su r\u00e9plica al momento de controvertir la alzada propuesta contra el fallo de primer grado, manifestaci\u00f3n que, precisamente, atacaba la excepci\u00f3n acogida por el fallador del circuito y deb\u00eda ser objeto de definici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el despacho querellado, sin realizar ninguna observaci\u00f3n, en cuanto a la tempestividad de la defensa denominada \u201creticencia del tomador\u201d, que dio lugar a la declarada nulidad relativa del contrato de seguro, valor\u00f3 los elementos demostrativos, s\u00f3lo para destacar el silencio de [Ferro Garay], sobre sus padecimientos cl\u00ednicos al momento de llenar la \u201cdeclaraci\u00f3n de asegurabilidad\u201d, pero, se insiste, ninguna consideraci\u00f3n le mereci\u00f3 la aplicaci\u00f3n del canon 1081 del C\u00f3digo de Comercio3, conforme a lo requerido por [aqu\u00e9lla] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por tanto, habiendo alegado la tutelante la prescripci\u00f3n de la \u201creticencia\u201d, incoada como excepci\u00f3n por la aseguradora demandada, al descorrer el traslado de la alzada [entablada] frente al fallo de primer grado -favorable a las pretensiones de aqu\u00e9lla-, el juzgado debi\u00f3 definir tal cuesti\u00f3n, pues nada justificaba su silencio sobre la oportunidad de presentaci\u00f3n de la rese\u00f1ada defensa, m\u00e1xime si termin\u00f3 acogi\u00e9ndola (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s preciso acotar, el despacho censurado, al momento de acatar el presente pronunciamiento y, tras ocuparse de la \u201cprescripci\u00f3n\u201d aducida por la querellante, deber\u00e1 tener en cuenta, de ser el caso, los lineamientos jurisprudenciales antes citados, relativos a la carga probatoria aplicable a la aseguradora, all\u00ed demandada, en torno a la alegada reticencia o mala fe de la asegurada (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
Bajo ese horizonte, el estrado del circuito convocado, en sede segunda instancia, deb\u00eda pronunciarse sobre la procedencia de la prescripci\u00f3n de Luz Stella Ferro Garay, frente a la reticencia del contrato de seguro en cuesti\u00f3n, la cual aleg\u00f3 \u00e9sta al descorrer el traslado de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada por la aqu\u00ed accionante, al fallo del a quo. <\/p>\n
Asimismo, de no configurarse la extinci\u00f3n de la nulidad relativa, ten\u00eda la obligaci\u00f3n de atender a los par\u00e1metros jurisprudenciales relacionados con la reticencia debatida. <\/p>\n
Al darle cumplimiento a lo dispuesto por la Sala en el prove\u00eddo STC7450-2020 de 17 de septiembre de 2020, as\u00ed discurri\u00f3 la autoridad enjuiciada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara atender la solicitud relacionada con la r\u00e9plica al fundamento legal de la apelaci\u00f3n, y el objeto jur\u00eddico a analizar, advierte el Despacho que previo a atender lo que corresponda a la reticencia si opera en el caso particular, se hace necesario establecer si la figura de la reticencia invocada como excepci\u00f3n para socavar las pretensiones, estaba prescrita al momento de interponerse la misma\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[S]e advierte que, tal como consta en la documental allegada se formaliz\u00f3 la reclamaci\u00f3n el d\u00eda 12 de Julio de 2016, ante la aseguradora [aqu\u00ed tutelante,] reclamaci\u00f3n que fue negada. Contada a partir de esa fecha esto es 12 de julio de 2016, se empezar\u00e1 a contar el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n ordinaria establecida en el la norma en cita anteriormente, si bien es cierto la causal que da origen a la reticencia esto es el diagn\u00f3stico que le fue informado a la demandante \u201cc\u00e1ncer de seno\u201d se configuro el 3 de agosto de 2015, el termino prescriptivo no empezar\u00e1 a contar a partir de esa fecha como quiera que, es hasta el 12 de Julio de 2016, tal como consta en la demanda, que le fue notificada de esa circunstancia a la aseguradora demandada, esto es que el t\u00e9rmino prescriptivo de 2 a\u00f1os, o de la acci\u00f3n de declaratoria del contrato por nulidad prescrib\u00eda al 12 de Julio de 2018, ello quiere decir que para la fecha en que contest\u00f3 y propuso excepciones la aseguradora demandada, tanto la reticencia como la excepci\u00f3n instituida bajo la normativa del art. 1060 del c\u00f3digo de comercio, esto es el 14 de enero de 2019, (\u2026) ya se encontraba (sic) prescrita (\u2026)\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese, la sede judicial censurada se\u00f1al\u00f3 que el c\u00f3mputo de prescripci\u00f3n de la reticencia iniciaba desde cuando se le hizo la reclamaci\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda de seguros, es decir, el 28 de julio de 2016; por tanto, su configuraci\u00f3n, seg\u00fan el despacho, acaeci\u00f3 el 28 de julio de 2018 y, como la nulidad relativa del contrato, excepci\u00f3n planteada cuando la ac\u00e1 gestora, all\u00ed demandada, contest\u00f3 el libelo, ya estaba estructurada, la misma se hab\u00eda extinguido. <\/p>\n
Por tal motivo, en el caso, teniendo en cuenta que Luz Stella Ferro Garay exigi\u00f3, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n contractual, el pago de la p\u00f3liza, al ser la persona respaldada por la garant\u00eda contratada debi\u00f3 aducir en su libelo o, al pronunciarse sobre las excepciones de m\u00e9rito de la aseguradora, que la reticencia estaba prescrita. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, Ferro Garay no lo hizo en las rese\u00f1adas oportunidades procesales y, solo vino a alegar tal prescripci\u00f3n en segunda instancia, concretamente, en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo; por ende, estaba precluido el momento para invocar la \u201cprescripci\u00f3n de la reticencia\u201d, aspecto que deb\u00eda ser dilucidado por el estrado reprochado, pues, esa figura, al ser una instituci\u00f3n sustantiva relacionada con el tiempo, tiene l\u00edmites bien definidos para proponerla y, refutarla. <\/p>\n
La Corte observa necesario precisar, en materia de nulidad relativa del contrato de seguro, por reticencia, a partir de cu\u00e1ndo inicia el c\u00f3mputo de prescripci\u00f3n y, procesalmente, cu\u00e1l es el momento id\u00f3neo para enarbolar esa figura extintiva por v\u00eda de acci\u00f3n. <\/p>\n
La prescripci\u00f3n de la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia es ordinaria, por dos (2) a\u00f1os y, se corre a partir del momento en el cual el asegurado le pone en conocimiento al asegurador la ocurrencia del siniestro o, cuando \u00e9ste debi\u00f3 saber de ello. <\/p>\n
En cuanto a la extraordinaria, su c\u00f3mputo comienza desde el perfeccionamiento de la convenci\u00f3n aseguraticia y, es de cinco (5) a\u00f1os. <\/p>\n
Sobre lo aducido, la Sala estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, la prescripci\u00f3n ordinaria y la extraordinaria corren por igual contra todos los interesados. La ordinaria cuando ellos son personas capaces, a partir del momento en que han tenido conocimiento del siniestro o han podido conocerlo, y su t\u00e9rmino es de dos a\u00f1os; no corre contra el interesado cuando \u00e9ste es persona incapaz, seg\u00fan los art\u00edculos 2530 y 2541 del C.C., ni tampoco contra el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro\u201d. <\/p>\n
\u201cPero contra estas personas si corre la prescripci\u00f3n extraordinaria, a partir del momento en que nace el derecho, o sea desde la fecha del siniestro. Por tanto, las correspondientes acciones prescriben en contra del respectivo interesado as\u00ed: a) cuando se consuma el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os de la prescripci\u00f3n ordinaria, a partir del conocimiento real o presunto del siniestro; y b) en todo caso, cuando transcurren cinco a\u00f1os a partir del siniestro, a menos que se haya consumado antes la prescripci\u00f3n ordinaria; la extraordinaria \u2013se repite- corre a\u00fan contra personas incapaces o aquellas que no tuvieron ni pudieron tener conocimiento del hecho que da origen a la acci\u00f3n\u201d (sent. de 7 de julio de 1977, G.J. CLV, p\u00e1g. 139)\u00bb (CSJ SC, 3 de mayo de 2000, Exp. 5360)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, debe entenderse que el t\u00e9rmino extraordinario de prescripci\u00f3n de la nulidad por reticencia o inexactitud del contrato de seguro, al principiar con la configuraci\u00f3n de tales vicios del contrato, correr\u00e1 siempre, con prescindencia de la fecha de conocimiento de los mismos por parte del asegurador y, eventualmente, operar\u00e1 incluso si \u00e9ste no lleg\u00f3 a conocerlos, si es que antes, claro est\u00e1, no lo hizo el t\u00e9rmino ordinario. As\u00ed lo ha considerado esta Corporaci\u00f3n, al precisar que\u201d <\/p>\n
\u201c[C]\u00f3mo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correr\u00e1 desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acci\u00f3n (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garant\u00eda, la floraci\u00f3n \u2013eficaz- de la reticencia o de la inexactitud en la declaraci\u00f3n del estado de riesgo, etc.), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correr\u00e1 sin consideraci\u00f3n alguna el precitado conocimiento. De all\u00ed que expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpir\u00e1n los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripci\u00f3n en comento\u201d. <\/p>\n
\u201cQuiere decir lo anterior, que al contrario de lo que acontece en un apreciable n\u00famero de naciones, el legislador colombiano, ex profeso, le dio carta de ciudadan\u00eda a una prescripci\u00f3n (la extraordinaria) fundada en razonamientos absolutamente objetivos, haciendo, para el efecto, tabla rasa de aquel acerado y pot\u00edsimo axioma de raigambre romana, conforme al cual \u201ccontra quien no puede ejercitar una acci\u00f3n no corre la prescripci\u00f3n\u201d (contra non valentem agere, non currit praescriptio), tambi\u00e9n conocido a trav\u00e9s del enunciado jur\u00eddico: \u201cla acci\u00f3n que no ha nacido, no puede prescribir\u201d (actionis nondm natae, non praescribitur), postulado \u00e9ste que tiene como plausible cometido el garantizar que el t\u00e9rmino respectivo se inicie a partir de que la acci\u00f3n, siendo cognoscible por parte del interesado, pudo ser ejercida, eliminando por tanto, de ra\u00edz, la posibilidad de que una acci\u00f3n prescriba sin que el interesado, incluso, se haya enterado de su previa existencia. Como lo expresa M. Planiol, no ser\u00eda consecuente, desde esta perspectiva, \u201c\u2026que el derecho se perdiera antes de haberlo podido ejercer, lo que ser\u00eda tan injusto, como absurdo\u201d (Trait\u00e9 El\u00e9mentaire de Droit Civil, L.G.D.J, Par\u00eds, 1.912, p. 210)\u00bb (Subrayas de la Sala) (ejusdem). <\/p>\n
\u201cSobre el particular, m\u00e1s recientemente precis\u00f3 la Sala que,\u201d <\/p>\n
\u201c[c]oncret\u00e1ndose al c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n que corre frente al asegurador, ya sea para demandar o excepcionar la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia o inexactitud, precis\u00f3 la Sala que la ordinaria \u201coperar\u00e1 a partir del momento en que el asegurador conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer el hecho generador de la rescisi\u00f3n del contrato, es decir la inexactitud o reticencia comentadas\u201d, mientras que la extraordinaria es \u201cdesde la fecha de materializaci\u00f3n de la inexactitud o reticencia que, en sede contractual, ser\u00e1 estrictamente aquella en la cual se perfeccione el contrato viciado por la mediaci\u00f3n de tales irregularidades\u201d\u00bb (CSJ SC2803-2016) (\u2026)\u201d4 (se destaca). <\/p>\n
Ahora, si por v\u00eda judicial se exige el pago de la p\u00f3liza, el beneficiario puede plantear la prescripci\u00f3n en el libelo o, al descorrer las excepciones del asegurador, en cuyo caso ser\u00e1 por v\u00eda de acci\u00f3n. <\/p>\n
En el evento en que el garante del riesgo promueva un decurso para declarar la nulidad relativa del seguro por reticencia, la oportunidad para esgrimir la prescripci\u00f3n es la contestaci\u00f3n de la demanda y, en tal evento, esa figura asume un cariz exceptivo. <\/p>\n
Al punto, la Corte adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 3.3. Tampoco es de recibo para esta Corporaci\u00f3n el argumento de la censura que tilda de improcedente el reconocimiento de la prescripci\u00f3n extintiva, asimil\u00e1ndola a una excepci\u00f3n de oficio, fincada en que fue alegada por la beneficiaria de la p\u00f3liza, a quien califica de acreedora, mas no por la compa\u00f1\u00eda de seguros como deudora\u201d. <\/p>\n
\u201cPara que adquiera dicha condici\u00f3n es menester que acredite su derecho ante el asegurador en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio y que transcurra en silencio el lapso de un mes consagrado a la aseguradora para que objete la reclamaci\u00f3n (art. 1080 \u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201cSi confluyen dichas exigencias, podr\u00e1 afirmarse que se est\u00e1 ante una acreencia, al punto que la p\u00f3liza prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo, por s\u00ed sola (art. 1053, inc. 3\u00ba, ob. cit.)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn caso contrario, cuando el beneficiario no acredita en debida forma su derecho o cuando el asegurador objeta oportunamente el reclamo, a lo sumo surgir\u00e1 un derecho litigioso, porque la solicitud indemnizatoria se convierte en un evento incierto que puede dirimirse por v\u00eda judicial (art. 1969 C.C.)\u201d. <\/p>\n
\u201cComo si lo anterior fuera poco, destaca la Corte que en el sub judice la primigenia demandante esgrimi\u00f3, como soporte f\u00e1ctico de sus pretensiones, que el contrato de seguro materia de sus s\u00faplicas perdur\u00f3 por espacio superior a 5 a\u00f1os, lo que imped\u00eda a la aseguradora prevalerse de la nulidad relativa que invoc\u00f3 al objetar su reclamaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEsto deja al descubierto que la prescripci\u00f3n extintiva fue alegada por v\u00eda de acci\u00f3n, a pesar de que se omitiera elevar expresamente una petici\u00f3n en tal sentido, porque se trat\u00f3 de uno de los puntos materia de debate mencionado desde el portal del juicio\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ende, no se trat\u00f3 del reconocimiento de una excepci\u00f3n, sino de una pretensi\u00f3n, menos que fuera oficiosa; a m\u00e1s de que tampoco es fundado aseverar que los litigantes ostentan las posiciones de acreedor y deudor (\u2026)\u201d5 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
En otra oportunidad, la sala enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]iendo pac\u00edfico para la Corte que en juicios como el ventilado, el demandante puede, en ejercicio del derecho a la defensa que le asiste, actuar defensivo de raigambre fundamental que, dicho sea de paso, en el caso espec\u00edfico adquiere matices en verdad relevantes, si se advierte que el actor no cuenta con otra oportunidad para debatir el punto, proponer ante las excepciones planteadas por el demandado derivadas del contrato del seguro, en el asunto, la nulidad relativa de \u00e9ste por reticencia del tomador, la prescripci\u00f3n de tal acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, si bien existe la posibilidad de que el extremo activo depreque la aplicaci\u00f3n del fen\u00f3meno jur\u00eddico en comento, cuyo fin no es otro que lograr el decaimiento de los medios exceptivos invocados por su contraparte, para esta Sala no cabe duda que esa propuesta debe realizase estrictamente en el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013 seg\u00fan su vigencia [-, hacerlo en otro tiempo da lugar a afirmar que esa intervenci\u00f3n es extempor\u00e1nea con, desde luego, las respectivas consecuencias jur\u00eddicas\u00bb (CSJ. STC de 9 dic. 2011, exp. 02563-00). <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, no es de recibo la afirmaci\u00f3n del ad-quem, referente a que a\u00fan de aceptarse como v\u00e1lida la oportunidad en la que se aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n, \u00e9sta fue renunciada t\u00e1citamente por la querellante \u00abal traer al plenario de su propia cuenta, las pruebas fehacientes de la existencia de reticencia en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo por parte del asegurado, que traducen en el reconocimiento del derecho de la seguradora a pedir la anulaci\u00f3n del contrato de seguro\u00bb, ya que para que ello ocurra, debe existir un acto inequ\u00edvoco de la parte beneficiada que refleje su voluntad, en virtud del cual reconozca el derecho de su contraparte, lo que no puede inferirse de la simple aportaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica del tomador\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre la renuncia t\u00e1cita de la prescripci\u00f3n esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que para que \u00e9sta se configure\u201d: <\/p>\n
\u201cEs necesaria la presencia de un hecho inequ\u00edvoco de parte de quien puede beneficiarse de ese modo extintivo, en virtud del cual reconoce el derecho de su acreedor. No se trata de cualquier manifestaci\u00f3n, sino de una que, per se, refleje la voluntad cierta del deudor de seguir comprometido en el v\u00ednculo jur\u00eddico que lo ata a su acreedor, que bien pudo diluir enarbolando la prescripci\u00f3n. Al fin y al cabo, esa renuncia o abdicaci\u00f3n constituye un acto unilateral de car\u00e1cter dispositivo que devela el prop\u00f3sito incontestable de no querer aprovecharse de la desidia o inacci\u00f3n del acreedor en el ejercicio de su derecho. El deudor, pese a contar con la posibilidad jur\u00eddica de frustrar la reclamaci\u00f3n de aquel por el camino de enrostrarle su omisi\u00f3n o dejadez, decide libre y conscientemente honrar su deber de prestaci\u00f3n, de forma tal que mediante acto suyo, reconoce expresa o t\u00e1citamente los lazos jur\u00eddicos que lo constri\u00f1en a satisfacer el derecho de su acreedor\u2026Debe tratarse, entonces, de una situaci\u00f3n que no ofrezca duda alguna sobre el reconocimiento que hace el demandado del derecho de su demandante, o, lo que es mejor, de su voluntad de \u201cabdicar de la facultad adquirida\u201d de invocar la prescripci\u00f3n (G.J. t. XLVII, p\u00e1g. 431), sin que entonces pueda deducirse la renuncia de los simples tratos previos o precisiones que hayan tenido o hecho las partes sobre asuntos vinculados\u00bb (CSJ. SC de 1 junio 2005, exp. 7921 (\u2026)\u201d6 (negrilla ajena al original). <\/p>\n
Proyectadas las anteriores premisas al caso, refulge, que la beneficiaria del seguro Luz Stella Ferro Garay, al formular la prescripci\u00f3n de la reticencia, por v\u00eda de acci\u00f3n, en sede apelaci\u00f3n, lo hizo de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Adicionalmente, contrario a lo sostenido por la aseguradora, aqu\u00ed tutelante, aqu\u00e9lla no renunci\u00f3 a esa figura extintiva, pues no lo afirm\u00f3 de manera expresa y tampoco pod\u00eda hacerlo t\u00e1citamente, pues no era acreedora de la ac\u00e1 gestora y, menos, fung\u00eda como demandada en la contienda, como para derivar en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 282 del C\u00f3digo general del Proceso7. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la Sala advierte, el estrado del circuito atacado, el emitir, en sede de segunda instancia, el fallo respectivo para resolver la controversia, en cumplimiento de la se\u00f1alado en el prove\u00eddo STC7450-2020 de 17 de septiembre de 2020, no acert\u00f3 a la hora de delimitar los contornos de la prescripci\u00f3n ordinaria de la reticencia y, menos, el estadio procesal, en donde se pod\u00eda proponer. <\/p>\n
No obstante, la salvaguarda no prospera porque, aun cuando no era dable desestimar la excepci\u00f3n de renuencia de la beneficiaria a la hora de adquirir el seguro, en virtud del paso del tiempo, dadas las anteriores explicaciones, el estrado confutado se ocup\u00f3 de estudiar si concurr\u00edan los presupuestos sustantivos para acoger esa defensa, conforme se lo indic\u00f3 la Corte en el precitado fallo constitucional. <\/p>\n
Sobre dicha tem\u00e1tica, el despacho recriminado se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Adicionalmente y en la l\u00ednea de an\u00e1lisis ordenado en sentencia de tutela de fecha 17 de septiembre de 2020, emitida por la H. Corte Suprema de Justicia Sala Casaci\u00f3n Civil (\u2026), se advierte que la demandante Luz Stella Ferro Garay, para el d\u00eda 21 y 22 de julio de 2015, en que suscribi\u00f3 el contrato de seguro, con la [aqu\u00ed tutelante], el cual no fue buscado por la demandante, ya ten\u00eda conocimiento de problemas mamarios que llegaron a la conclusi\u00f3n del diagn\u00f3stico de micro calcificaciones, adenopat\u00eda axilar, que padec\u00eda previamente a esa contrataci\u00f3n, afirm\u00f3 bajo la gravedad de juramento, esa circunstancia le fue informada, esto es le indic\u00f3 sobre la existencia de esos ex\u00e1menes previos a la se\u00f1orita que le ofreci\u00f3 la p\u00f3liza\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo afirma la demandante que, al momento de suscribir la p\u00f3liza, tan solo le mostraron una tablet, en la que impuso la firma, confiando en la buena fe, y confiando en que las se\u00f1oritas que le abordaron quienes laboraban en una entidad tan seria, no tuvo la necesidad de buscar una informaci\u00f3n adicional a la suministrada\u201d. <\/p>\n
\u201cEste juzgado, (\u2026) encuentra probado que si bien es cierto [Ferro Garay] conoc\u00eda al momento de suscribir la p\u00f3liza, que se le estaban realizando unos ex\u00e1menes de control debido a su edad, como indic\u00f3 en su interrogatorio previos a la suscripci\u00f3n de la p\u00f3liza, estos son del 10 de Julio de 2015 y el 12 de Julio de esa misma anualidad previamente a la suscripci\u00f3n de la p\u00f3liza, [aqu\u00e9lla] hab\u00eda asistido a consultas m\u00e9dicas, para lo cual el especialista le orden\u00f3 unos ex\u00e1menes m\u00e9dicos y los mismos se los practic\u00f3, estos son: el examen denominado \u201ceco mama con transductor 7mhz o m\u00e1s seno y rm mama, folios 33 y 34 del expediente (historia cl\u00ednica), estos fueron informados a la se\u00f1orita que le ofreci\u00f3 el seguro. Adicional a ello, solo obedec\u00edan a ex\u00e1menes, pero no le hab\u00edan dado un diagn\u00f3stico definitivo, diagn\u00f3stico de \u201cc\u00e1ncer de seno\u201d que le fue informado con posterioridad a la suscripci\u00f3n del contrato de seguro objeto de an\u00e1lisis y que llev\u00f3 a que le declararan la incapacidad permanente\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo el argumento de la aseguradora, en el entendido que el solo hecho de demostrar que la demandante no hubiera informado los ex\u00e1menes que le ven\u00edan realizando, que seg\u00fan el dicho por la demandante si lo hizo, ello no quiere decir que se evidencie o tenga por probada la reticencia. Lo anterior toda vez que debe probarse la mala fe, y demostrarse el nexo causal entre el conocimiento de la enfermedad de las comorbilidades previas conocidas por la demandante y las declaradas. <\/p>\n
\u201cAunado a lo discurrido, dadas las particularidades de este asunto, resulta pertinente acotar que, en punto al principio de buena fe en los contratos de seguro y la reticencia, la Corte Constitucional ha expuesto: <\/p>\n
\u201c[E]l asegurador debe: a) probar la mala fe del tomador (o asegurado), pues solo el asegurador sabe si la enfermedad omitida lo har\u00eda desistir del contrato o hacerlo m\u00e1s oneroso y; b) demostrar el nexo de casualidad entre la preexistencia aludida y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, a fin de evitar que las aseguradoras adopten una posici\u00f3n ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se encuentran en una especial situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en virtud de la suscripci\u00f3n de contratos de adhesi\u00f3n\u201d <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia consagra que las actuaciones de los particulares deber\u00e1n ce\u00f1irse a los postulados de la buena fe. \u201cEl principio de buena fe, a su vez, distingue de dos escenarios. El primero es la relaci\u00f3n contractual en situaciones de simetr\u00eda entre las partes; mientras que el segundo es la relaci\u00f3n contractual en situaciones de asimter\u00eda. En \u00e9stos \u00faltimos, la Corte Constitucional ha considerado que la buena fe implica una responsabilidad mayor para quienes ejercen la posici\u00f3n dominante en la relaci\u00f3n contractual. \u201cEste criterio toma mayor fuerza cuando, adem\u00e1s de existir una situaci\u00f3n asim\u00e9trica, la parte dominante presta un servicio p\u00fablico, en especial cuando est\u00e1 relacionado con las actividades consagradas en el art\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n. Ello se debe a que los agentes no solo gozan de una posici\u00f3n que les permite fijar las condiciones de los cr\u00e9ditos, sistemas de amortizaci\u00f3n y dem\u00e1s, sino que en ellos se deposita la confianza p\u00fablica por el servicio que prestan\u201d <\/p>\n
\u201cPor otra parte, esta Sala, en un asunto similar, recientemente, se\u00f1al\u00f3: Sentencia T-027\/19, 30 de enero de 2019. Corte Constitucional 10 \u00cddem. Seg\u00fan consta en los argumentos expuesto que deben ser aplicados al caso en particular como costa en el fallo de tutela con Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-01076-01 13 \u201c(\u2026) No obstante, lo que esta Corporaci\u00f3n advierte, es que el Tribunal de Bogot\u00e1 rese\u00f1\u00f3 el citado precedente [T-282 de 2016 C.C.] de forma imprecisa, ya que pas\u00f3 por alto que en el mismo claramente se estableci\u00f3 que cuando la aseguradora pretenda \u00abla declaraci\u00f3n de nulidad del contrato de seguro por configurarse la reticencia del tomador de informar una preexistencia\u00bb deber demostrar la relaci\u00f3n entre los hechos omitidos y el siniestro. \u201cEn tal sentido, en la sentencia T-282 de 2016 se dijo: \u201cEn consecuencia, la obligaci\u00f3n de las aseguradoras para determinar el pago o no de una indemnizaci\u00f3n excede la de demostrar la ocurrencia de una presunta preexistencia no comunicada por el tomador\u201d <\/p>\n
\u201cEs por esto que, en caso de que la aseguradora alegue la existencia de la figura de la \u201creticencia\u201d, deber\u00e1 demostrar el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, de forma clara y razonada, y con fundamento en las pruebas aportadas en el expediente. De esta manera, la aseguradora es la parte contractual que tiene la carga de probar dicho elemento objetivo para efectos de exonerarse de su responsabilidad en el pago de la indemnizaci\u00f3n. \u201cEl hecho de que la carga de la prueba de la relaci\u00f3n de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro recaiga en la aseguradora previene que los usuarios reciban objeciones por raz\u00f3n de preexistencias que en nada inciden con la ocurrencia del siniestro. Esta medida tiene como prop\u00f3sito evitar que las aseguradoras adopten una posici\u00f3n ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se encuentran en una especial situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en virtud de la suscripci\u00f3n de contratos de adhesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, la Sala resalta que, tal y como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la aseguradora que alega reticencia, adem\u00e1s de probar este elemento objetivo: a saber, el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro, tiene la obligaci\u00f3n de probar el elemento subjetivo, esto es, la mala fe del tomador. En consecuencia, la aseguradora tiene una doble carga: i) por un lado, probar que existe una relaci\u00f3n inescindible entre la condici\u00f3n m\u00e9dica preexistente y el siniestro acaecido, y ii) por otro, demostrar que el tomador actu\u00f3 de mala fe, y que voluntariamente omiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n de dicha condici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cTeniendo en cuenta lo anterior, en el entendido que la demandante, ten\u00eda en conocimiento de la existencia de los ex\u00e1menes m\u00e9dicos previos, omiti\u00f3 informar el diagn\u00f3stico definitivo denominado \u201cc\u00e1ncer de seno\u201d el 23 de Julio de 2015, cuando ya tuvo conocimiento de la existencia de esa enfermedad, seg\u00fan lo informa en la documental vista a folio 101 C. 1, no lo inform\u00f3 as\u00ed a la entidad aseguradora, sin embargo con ello no debe tenerse por ello de manera autom\u00e1tica que haya existido mala fe de la demandante, pues como ya se indic\u00f3 en tutela, para el caso en concreto, la entidad aseguradora debi\u00f3 haber probado la mala fe de la demandante, circunstancia que no se encuentra probada, puesto que en primer lugar la demandante no busco asegurarse, fue la entidad la que ofreci\u00f3 sus servicios aseguraticios, en segundo lugar, la demandante si inform\u00f3 que estaba en ex\u00e1menes previos, ello no implicaba que tuviera un diagn\u00f3stico definitivo con relaci\u00f3n a una patolog\u00eda espec\u00edfica, y que una vez se enter\u00f3 de ello, su preocupaci\u00f3n no se centr\u00f3 en estar pendiente de la existencia de la p\u00f3liza, sino en atender su salud y las recomendaciones m\u00e9dicas, es tan as\u00ed que la reclamaci\u00f3n la hizo tan solo un a\u00f1o despu\u00e9s de la existencia del conocimiento de la misma (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, el estrado del circuito acusado, al abrigo de la sentencia T-027-19 de 30 de enero de 2019, proferida por la Corte Constitucional, la cual fue citada por la Sala en el prove\u00eddo STC7450-2020 de 17 de septiembre de 2020, en donde se sintetiza la inalterada l\u00ednea jurisprudencial acerca de las cargas de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras frente a los alegatos de reticencia que puedan surgir en el contrato, enfatiz\u00f3 que las mismas no hab\u00edan sido acreditadas por la aqu\u00ed tutelante, all\u00e1 demandada. <\/p>\n
Por tal motivo, si bien a la beneficiaria se le hab\u00edan realizado unos ex\u00e1menes previos a la adquisici\u00f3n de la p\u00f3liza y, tras el perfeccionamiento del acuerdo de voluntades se estructur\u00f3 el c\u00e1ncer de seno, ello per se, no implica, mec\u00e1nicamente, la configuraci\u00f3n de la nulidad relativa del negocio aseguraticio, pues am\u00e9n de obrar demostrado, en el proceso, conexidad del suceso antelado con el siniestro, debe estar acreditada, de manera fehaciente, la mala fe, aspecto que no se comprob\u00f3 en la contienda. <\/p>\n
Al punto, en la providencia de la hom\u00f3loga constitucional citada, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Se] ha sostenido que, en materia de seguros, la autonom\u00eda de la voluntad no puede constituirse en un abuso de su posici\u00f3n en detrimento de los derechos que acuden a la aseguradora. Para evitar posibles acciones arbitrarias, esta Corporaci\u00f3n ha establecido algunos l\u00edmites, entre los cuales debe mencionarse la uberrimae fidae\u201d. <\/p>\n
\u201c55. Por este l\u00edmite, entendido como un elemento esencial del contrato de seguro, se entiende el apego estricto a la buena fe y la claridad de las partes al momento de manifestar las condiciones que permean la voluntad negocia. Por apego estricto y claridad se entienden, a su vez, dos aspectos: a) un deber general de respetar la pulcritud moral e intelectual y; b) un deber concreto de interpretaci\u00f3n pro consumatore\u201d. <\/p>\n
\u201c56. Este deber, que vincula tanto al tomador (o asegurado) como al asegurador, consiste en actuar con la mayor claridad posible con la contraparte contractual. Asimismo, este deber implica, especialmente para el asegurador, el despliegue de ciertas conductas, que permitan la definici\u00f3n adecuada del contrato de seguro\u201d. <\/p>\n
\u201c57. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n repudia las conductas arbitrarias tanto del asegurador como del tomador (o asegurado) y, por ello, deben establecerse las obligaciones necesarias para evitar que dichas conductas se realicen. Para el caso del tomador o asegurado, el Legislador y esta Corporaci\u00f3n han reconocido el deber de declarar de manera cierta todas las circunstancias inherentes al riesgo\u201d. <\/p>\n
\u201c58. La declaraci\u00f3n implica, a su vez, el deber concreto del tomador (o asegurado), de informar sobre la existencia de una enfermedad, as\u00ed como la gravedad de la misma, al momento de celebrar el contrato. Si el tomador (o asegurado) no informa sobre dicha situaci\u00f3n, puede configurarse la reticencia, reglamentada en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. Esta figura, sin embargo, requiere de ciertas precisiones establecidas tanto por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
\u201c59. Por una parte, el deber de declarar implica que el tomador (o asegurado) conoce de la enfermedad. Esto significa que el tomador (o el asegurado) tiene, al momento de celebrar el contrato de seguro, conocimiento sobre las enfermedades, que deben ser diagnosticadas por el especialista competente y registradas en la respectiva historia cl\u00ednica\u201d. <\/p>\n
\u201cPor otra parte, este deber no recae sobre la existencia de la enfermedad en s\u00ed, sino sobre el conocimiento real que se tiene de \u00e9sta. Esto fue explicado por la Corte Suprema de Justicia en el 2011, al estudiar la posible reticencia de una persona que sufri\u00f3 de unos s\u00edntomas en d\u00edas previos a la celebraci\u00f3n del contrato de seguro, pero que no conoc\u00eda del padecimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Para la Corte Suprema de Justicia, existe un buen n\u00famero de enfermedades que pueden estar presentes en el organismo humano mucho antes de la \u00e9poca en que se diagnostican o se exteriorizan para incidir negativa y sensiblemente en la salud de las personas. Este tipo de enfermedades (como el VIH), no ser\u00edan determinantes al momento de celebrar el contrato de seguro \u2013aun si existiesen antes del mismo\u2013, siempre y cuando no hayan sido diagnosticadas\u201d. <\/p>\n
\u201c61. Finalmente, el desconocimiento del deber de declarar \u2013o la configuraci\u00f3n de la reticencia\u2013 requiere, necesariamente, de una actuaci\u00f3n de mala fe. Por \u00e9sta se entiende, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que no basta con el conocimiento de la enfermedad, sino que la omisi\u00f3n de \u00e9sta en la declaraci\u00f3n se debe a la intenci\u00f3n del tomador (o asegurado) a evitar que el contrato de seguro se haga m\u00e1s oneroso o que el asegurador desista del contrato. En ese sentido, la Corte Constitucional sostuvo que debe distinguirse entre inexactitud y reticencia. La primera es de car\u00e1cter objetivo y corresponde a la discrepancia que hay entre la informaci\u00f3n declarada y la situaci\u00f3n del tomador o asegurado; mientras que la segunda es subjetiva y consiste en la intenci\u00f3n del tomador (o asegurado) de ocultar la informaci\u00f3n para evitar cambios contractuales. <\/p>\n
\u201c63. La jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el asegurador, al ser quien ostenta la posici\u00f3n dominante y quien define las condiciones del contrato de seguro, est\u00e1 sujeta a unos deberes mayores\u201d. <\/p>\n
\u201c64. El primero de ellos consiste en la carga que tiene la aseguradora de estipular en el texto de la p\u00f3liza, en forma clara y expresa, las condiciones generales en donde se incluyan todos los elementos de la esencia del contrato y los que se consideren convenientes para determinar el riesgo asegurable, de forma tal que si se excluye alguna cobertura, \u00e9sta deber\u00e1 ser determinable para que, en forma posterior, la entidad aseguradora no pueda alegar en su favor las ambig\u00fcedades o vac\u00edos del texto elaborado por ella. <\/p>\n
65. El segundo \u2013consecuencia del primero\u2013 es el deber de aplicar la interpretaci\u00f3n pro consumatore, es decir, que en casos en los cuales se verifique la existencia de cl\u00e1usulas ambiguas o vagas, \u00e9stas deber\u00e1n interpretarse a favor del usuario, en virtud del art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n y del art\u00edculo 1624 inciso 2 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
66. El tercer deber consiste en desplegar todas las conductas pertinentes para, por una parte, fijar adecuadamente las condiciones del contrato de seguro y, por otra parte, comprobar el elemento subjetivo en la configuraci\u00f3n de reticencia. Sobre el despliegue de las conductas pertinentes, podr\u00eda decirse que ellas est\u00e1n encaminadas a que el asegurador verifique que, efectivamente, hay correspondencia entre la informaci\u00f3n brindada y el estado real del tomador (o asegurado). Esta correspondencia se logra a trav\u00e9s de acciones tales como: a) elaborar una declaraci\u00f3n de asegurabilidad que le permita al tomador (o asegurado), informar sinceramente sobre su estado de salud \u2013en otras palabras, elaborar declaraciones con cuestionarios adecuados y no simples declaraciones generales\u2013; b) solicitar la autorizaci\u00f3n a la historia cl\u00ednica y realizar una verificaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n hecha por el tomador o asegurado, para poder establecer las condiciones contractuales y; c) algunos casos, realizar los ex\u00e1menes m\u00e9dicos pertinentes para corroborar lo declarado por el tomador o asegurado\u201d. <\/p>\n
\u201c67. En cuanto el deber de comprobar la existencia del elemento subjetivo en la reticencia, la Corte Constitucional ha sostenido que el asegurador debe: a) probar la mala fe por parte del tomador (o asegurado), pues solo el asegurador sabe si la enfermedad omitida lo har\u00eda desistir del contrato o hacerlo m\u00e1s oneroso y; b) demostrar el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, a fin de evitar que las aseguradoras adopten una posici\u00f3n ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se encuentran en una especial situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en virtud de la suscripci\u00f3n de contratos de adhesi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c68. Los anteriores par\u00e1metros han sido aplicados por esta Corporaci\u00f3n en la resoluci\u00f3n de varios casos similares al presente, en los cuales se ha accedido al amparo reclamado por los peticionarios, por considerarse vulnerados los derechos fundamentales invocados. Vista la jurisprudencia constitucional, la presente Sala de revisi\u00f3n destaca los siguientes pronunciamientos que a la fecha han sido adoptados en la materia: T-832 de 2010, T-1018 de 2010, T-751 de 2012, T-342 de 2013, T-222 de 2014, T-830 de 2014, T-007 de 2015, T-393 de 2015, T-282 de 2016, T-609 de 2016, T-670 de 2016, T-676 de 2016 y T-251 de 2017 (\u2026)\u201d8 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
La Sala encuentra que la determinaci\u00f3n del ad quem confutado refutado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues aqu\u00e9lla se adopt\u00f3 en observancia de lo ordenado por esta Sala en la sentencia STC7450-2020 de 17 de septiembre de 2020, as\u00ed como de las particularidades de la contienda y el precedente aplicable en la materia. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, el criterio examinado no se observa arbitrario al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) C\u00f3digo Civil (\u2026). Art\u00edculo 2513. Necesidad de alegar la prescripci\u00f3n. El que quiera aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio (\u2026). La prescripci\u00f3n tanto la adquisitiva como la extintiva, podr\u00e1 invocarse por v\u00eda de acci\u00f3n o por v\u00eda de excepci\u00f3n, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga inter\u00e9s en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 282. Resoluci\u00f3n sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026). Cuando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada (\u2026). Cuando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada. (\u2026) Si el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepci\u00f3n resolver\u00e1 sobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia (\u2026). Cuando se proponga la excepci\u00f3n de nulidad o la de simulaci\u00f3n del acto o contrato del cual se pretende derivar la relaci\u00f3n debatida en el proceso, el juez se pronunciar\u00e1 expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitar\u00e1 a declarar si es o no fundada la excepci\u00f3n (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1081. Prescripci\u00f3n de acciones. La prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podr\u00e1 ser ordinaria o extraordinaria (\u2026). La prescripci\u00f3n ordinaria ser\u00e1 de dos a\u00f1os y empezar\u00e1 a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n (\u2026). La prescripci\u00f3n extraordinaria ser\u00e1 de cinco a\u00f1os, correr\u00e1 contra toda clase de personas y empezar\u00e1 a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. <\/p>\n
4 CSJ. STC11419-2017 de 3 de agosto de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-01900-00 <\/p>\n
5 CSJ. SC5297-2018 de 6 de diciembre de 2018, exp. 76001-31-03-012-2007-00217-01. <\/p>\n
6 CSJ. STC17876-2016 de 7 de diciembre de 2016, exp. 11001-02-03-000-2016-02261-01 <\/p>\n
7 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 282. Resoluci\u00f3n sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026). Cuando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada (\u2026). Cuando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada. (\u2026) Si el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepci\u00f3n resolver\u00e1 sobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia (\u2026). Cuando se proponga la excepci\u00f3n de nulidad o la de simulaci\u00f3n del acto o contrato del cual se pretende derivar la relaci\u00f3n debatida en el proceso, el juez se pronunciar\u00e1 expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitar\u00e1 a declarar si es o no fundada la excepci\u00f3n (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
8 Corte Constitucional, Sentencia T-027-19 de 30 de enero de 2019. <\/p>\n
9 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
10 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1388-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1388-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01836-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 9 de diciembre de 2020, proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53521","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53521"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53521\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}