STC1389-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1389-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2020-00064-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 8 de junio de 2020, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Banco Agrario de Colombia S.A. frente al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre), con ocasi\u00f3n del compulsivo n\u00ba 2016-00071, adelantado por la entidad aqu\u00ed gestora a Roberto Enrique Rodr\u00edguez Ortega. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad reclamante exige la salvaguarda de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente transgredida por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 21 de abril de 2016, la precursora instaur\u00f3 demanda contra Roberto Enrique Rodr\u00edguez Ortega, con el fin de lograr el recaudo de la suma de $98.979.292, debidamente indexada, con fundamento en el pagar\u00e9 n\u00ba 063646100004059. <\/p>\n
El 3 de mayo de 2016, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos libr\u00f3 mandamiento de pago y el 30 de mayo de 2017, dispuso el embargo de los predios con matr\u00edculas inmobiliarias 346-7021 y 346-9349. <\/p>\n
El 20 de junio del mismo a\u00f1o, se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n personal al demandado. Al proceso se alleg\u00f3 poder conferido a la abogada Iris Figueroa Rangel y memorial de excepciones con su antefirma. <\/p>\n
Sin embargo, en audiencia de 22 de septiembre de 2017, donde se declar\u00f3 fracasada la conciliaci\u00f3n, la juez de la causa orden\u00f3 enviar copias de la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con miras a investigar la presunta comisi\u00f3n de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, ante las manifestaciones de la citada profesional del derecho, quien inform\u00f3 no haber recibido el memorado mandato ni suscrito el documento contentivo de las defensas esgrimidas por el deudor. <\/p>\n
En la misma diligencia, se declar\u00f3 extempor\u00e1nea la intervenci\u00f3n del \u00faltimo togado y se dispuso suspender la litis, mientras se surt\u00eda la investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
El 18 de julio de 2019 se orden\u00f3 reanudar la actuaci\u00f3n y el 26 de septiembre siguiente, el juez de la causa dict\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual desestim\u00f3 las defensas planteadas por el moroso y dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Al desatar la apelaci\u00f3n impetrada contra esa determinaci\u00f3n por el vencido en juicio, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre), en diligencia virtual celebrada el 21 de mayo de 2020, decret\u00f3 la invalidez de lo actuado a partir del apremio de pago, inclusive, por falta de competencia de su inferior funcional para conocer un asunto de mayor cuant\u00eda. En consecuencia, orden\u00f3 el levantamiento de las cautelas practicadas y la devoluci\u00f3n de la demanda y sus anexos, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Para la impulsora, el juez reprochado incurri\u00f3 en defecto procedimental, por cuanto desconoci\u00f3 que la competencia del juzgador municipal fue prorrogada con el silencio de las partes, pues esa instituci\u00f3n bancaria ni el ejecutado, invocaron el vicio declarado oficiosamente. Adem\u00e1s, destac\u00f3, el fallador ad quem, <\/p>\n
\u201c(\u2026) aparte de alejarse completamente del contenido y alcance de las normas que regulan las nulidades en nuestro C\u00f3digo General del Proceso, las cuales propenden [por] garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la econom\u00eda procesal, se extralimit\u00f3 en sus facultades, por cuanto s\u00f3lo ten\u00eda competencia para pronunciarse en relaci\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n a la sentencia de primera instancia (\u2026) basado en una supuesta violaci\u00f3n al debido proceso del demandado y en ning\u00fan momento (\u2026) manifest\u00f3 inconformidad en relaci\u00f3n con la falta de competencia del funcionario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos la providencia fustigada y, en consecuencia, ordenar al despacho encartado limitarse a desatar la alzada propuesta por el all\u00e1 recurrente. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos refiri\u00f3 haber tramitado, en primera instancia, el decurso censurado, cuyo expediente remiti\u00f3 al estrado aqu\u00ed accionado, en aras de la resoluci\u00f3n del remedio vertical formulado por el extremo pasivo. Por tanto, adujo desconocer la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
2. La c\u00e9lula judicial encartada inform\u00f3 el tr\u00e1mite surtido y solicit\u00f3 denegar el resguardo por no haber incurrido en proceder lesivo de los derechos fundamentales de la entidad financiera, pues la mandataria de \u00e9sta aval\u00f3 el tr\u00e1mite de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de segunda instancia, surtida el 21 de mayo de 2020, raz\u00f3n por la cual, asegura, no puede incoar la invalidez de ese acto. <\/p>\n
Por otra parte, en atenci\u00f3n a la medida provisional decretada por el a quo constitucional, consistente en la suspensi\u00f3n de la orden de desembargo, inform\u00f3 sobre la entrega de los respectivos oficios al interesado y la imposibilidad de comunicar lo pertinente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, en atenci\u00f3n al cierre, por la pandemia, de esas dependencias. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3, parcialmente, la salvaguarda tras advertir que la decisi\u00f3n confutada adolece de un defecto procedimental, pues con desconocimiento de las consecuencias jur\u00eddicas establecidas por el legislador para las nulidades por falta de competencia, el estrado acusado dej\u00f3 sin valor ni efecto la integridad del coercitivo, cuando lo correcto era mantener inc\u00f3lume la actuaci\u00f3n adelantada por la juez municipal, a excepci\u00f3n de la sentencia, pues la irregularidad fue \u201coportunamente alegada\u201d por la pasiva. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el Banco Agrario de Colombia, reiterando los argumentos expuestos en su escrito genitor y reclamando pronunciamiento integral sobre los mismos. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sociedad accionante pretende se deje sin efecto el prove\u00eddo de 21 de mayo de 2020, a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Marcos (Sucre), en el compulsivo por ella promovido, para que, en su lugar, se resuelva la alzada impetrada por su contraparte al fallo de primer nivel, estimatorio de sus pretensiones. <\/p>\n
2. La c\u00e9lula judicial cuestionada, en la vista p\u00fablica mencionada, anul\u00f3 lo surtido en el subj\u00fadice, inclusive, desde el mandamiento de pago, al advertir la falta de competencia de la falladora que conoci\u00f3 la litis en primera instancia, por tratarse de un juicio ejecutivo de mayor cuant\u00eda, de acuerdo con las pretensiones del libelo introductor, seg\u00fan el cual lo adeudado, para ese momento, ascend\u00eda a $122.230.349, esto es, m\u00e1s de 150 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
3. Err\u00f3 el juez convocado al predicar la nulidad de lo actuado en ese decurso, teniendo en cuenta que la sentencia definitoria de ese asunto fue proferida en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, plexo en el cual no se establece como causal de anulaci\u00f3n la mencionada \u201cfalta de competencia\u201d. <\/p>\n
En virtud de lo preceptuado en ese compendio, \u00fanicamente se presenta invalidez \u201c(\u2026) [c]uando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia (\u2026)\u201d (num. 1\u00b0, art. 133), por el factor funcional o subjetivo (art. 16), con efectos futuros; es decir, cualquier tr\u00e1mite acontecido sin haberse decretado tales circunstancias es v\u00e1lido, siendo saneables los dem\u00e1s factores de competencia transgredidos (objetivo, territorial y conexidad). <\/p>\n
En ese sentido, el par\u00e1grafo de la aludida regla consigna: \u201c(\u2026) [l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este C\u00f3digo establece (\u2026)\u201d, y, adicionalmente, el canon 136 destaca los eventos en los cuales ocurre el \u201csaneamiento de la nulidad\u201d, aclarando que solamente \u201c(\u2026) son insaneables (\u2026) [l]as nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de examinar los preceptos atr\u00e1s referidos, aduciendo frente al t\u00f3pico estudiado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [M]ediante la Ley 1564 de 2012, C\u00f3digo General del Proceso, el legislador estableci\u00f3 el r\u00e9gimen de las nulidades procesales en los procesos que se rigen por este C\u00f3digo y dispuso que la falta de jurisdicci\u00f3n y la incompetencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables (art\u00edculo 16), es decir, que la nulidad que por su desconocimiento se genera es insaneable. Impl\u00edcitamente dispuso, por consiguiente, que la incompetencia por los otros factores de atribuci\u00f3n de la competencia, como el objetivo, el territorial y el de conexidad, s\u00ed es prorrogable y el vicio es entonces saneable, si no es oportunamente alegado. En los t\u00e9rminos utilizados por el legislador, la prorrogabilidad de la competencia significa que, a pesar de no ser el juez competente, el vicio es considerado subsanable por el legislador y el juez podr\u00e1 v\u00e1lidamente dictar sentencia, si la parte no aleg\u00f3 oportunamente el vicio. <\/p>\n
En este sentido, la determinaci\u00f3n de las formas propias del juicio por parte del legislador consisti\u00f3 en establecer una primera diferencia: la asunci\u00f3n de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo dispuesto por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le permite al juez prorrogar o extender no obstante su competencia y, por lo tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia dictada por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que, la asunci\u00f3n de competencia con desconocimiento de la competencia, de la jurisdicci\u00f3n y de los factores subjetivo y funcional, s\u00ed genera necesariamente nulidad de la sentencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, en ejercicio de su competencia legislativa, el Congreso de la Rep\u00fablica dispuso que, salvo la sentencia, lo actuado por el juez incompetente, antes de la declaratoria de nulidad (art\u00edculo 133, n. 1), conserva validez, (art\u00edculos 16 y 138). De manera concordante, estableci\u00f3 unas causales de nulidad del proceso, en cuya lista se encuentra la hip\u00f3tesis de la actuaci\u00f3n del juez, despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia (art\u00edculo 133, n. 1). Se trat\u00f3 de determinar legislativamente las consecuencias que genera la nulidad y establecer, dentro del margen de configuraci\u00f3n legislativa atribuido al Congreso de la Rep\u00fablica, que la nulidad declarada no tiene efectos retroactivos, sino solamente hacia el futuro, con la salvedad de que la conservaci\u00f3n de la validez no cubrir\u00e1 la sentencia misma\u201d. <\/p>\n
\u201cAl tiempo, el legislador previ\u00f3 que la causal de nulidad no alegada por la parte en la etapa procesal en la que ocurri\u00f3 el vicio, se entender\u00e1 saneada (art\u00edculo 132 y par\u00e1grafo del art\u00edculo 133), lo mismo que si la parte act\u00faa despu\u00e9s de su ocurrencia, sin proponer la nulidad correspondiente (art\u00edculo 135). Tambi\u00e9n, estableci\u00f3 que las nulidades s\u00f3lo pueden alegarse antes de proferirse la sentencia, salvo que el vicio se encuentre en la sentencia misma (art\u00edculo 134). Una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del r\u00e9gimen de las nulidades en el CGP lleva f\u00e1cilmente a concluir que la posibilidad de sanear nulidades por la no alegaci\u00f3n o por la actuaci\u00f3n de parte, sin alegarla, se refiere necesariamente a las nulidades saneables. A este respecto, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 del CGP establece una lista de nulidades insaneables, la que no incluye la derivada de la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia del juez, por los factores subjetivo y funcional. Tambi\u00e9n establece, en el art\u00edculo 133, que las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente y en la lista de las nulidades que no se entienden subsanadas, no se encuentra la de actuar en el proceso y dictar sentencia con falta de jurisdicci\u00f3n y de competencia por los factores subjetivo y funcional. La combinaci\u00f3n de estas dos normas, a primera vista, podr\u00eda dar lugar a concluir, de manera concordante con el demandante, que \u00e9sta es saneable. Sin embargo, como qued\u00f3 establecido en el p\u00e1rrafo anterior, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del CGP, esta nulidad debe ser declarada de oficio por el juez el que se percatar\u00e1 del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente de legalidad del proceso (art\u00edculo 132) y la competencia es improrrogable, es decir, que el juez no podr\u00e1 dictar v\u00e1lidamente sentencia, la que expresamente se dispone que ser\u00e1 nula. En estos t\u00e9rminos, habr\u00e1 que concluirse, de manera concordante con varios de los intervinientes que, a pesar de que el CGP mantuvo un sistema taxativo de nulidades, la lista completa no se encuentra de manera exclusiva en el art\u00edculo 136 y la nulidad de la sentencia derivada de la incompetencia por los factores subjetivo y funcional, es insaneable (\u2026)1\u201d. <\/p>\n
3. En esa medida, como lo predica la entidad bancaria impugnante, en el asunto objeto de queja, no hab\u00eda lugar a invalidar ni siquiera la sentencia de primera instancia, proferida por el despacho promiscuo municipal, por cuanto su competencia fue prorrogada ante el silencio de las partes involucradas en el pleito, quienes en manera alguna cuestionaron la tramitaci\u00f3n del litigio ante esa autoridad, pese a tratarse de un asunto de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
Lo anterior, tomando en consideraci\u00f3n que el escrito a trav\u00e9s del cual se postul\u00f3 tal reproche fue desconocido, no solo por la supuesta signataria, quien adem\u00e1s asever\u00f3 no haber recibido poder para representar al all\u00e1 ejecutado, sino por \u00e9ste mismo, cuando, en diligencia de 22 de septiembre de 2017, admiti\u00f3 no conocer a la abogada Iris Figueroa Rangel. <\/p>\n
Precisamente, con ocasi\u00f3n de la situaci\u00f3n descrita, la funcionaria cognoscente se relev\u00f3 de dirimir los medios exceptivos planteados por dicha profesional del derecho, pues proven\u00edan de un tercero ajeno al proceso, al tiempo que los presentados por el actual representante judicial del deudor, fueron desechados por extempor\u00e1neos. <\/p>\n
De este modo, era inadmisible aseverar, como lo hizo el a quo constitucional, la invalidez de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, en tanto, la competencia por el factor objetivo -cuant\u00eda-, fue prorrogada para conocer y fallar el compulsivo. <\/p>\n
4. De lo relatado, es evidente que el funcionario del circuito err\u00f3 en su raciocinio, pues seg\u00fan lo previsto por el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, en sede de apelaci\u00f3n, el juzgador deber\u00e1 realizar el correspondiente examen preliminar y, en cuanto interesa al presente asunto, si observa que se configur\u00f3 alguna causal de nulidad ha de proceder seg\u00fan lo prev\u00e9 el canon 137 ejusdem, el cual estipula que al juez le resulta obligatorio, en cualquier estado del litigio, poner en conocimiento de las partes, las \u201cnulidades\u201d que no hayan sido saneadas, para que dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, los sujetos procesales, de considerarlo pertinente, aleguen la causal que amerita invalidar la actuaci\u00f3n y, en caso de no realizar manifestaci\u00f3n alguna, se tendr\u00e1 por superada, continu\u00e1ndose con el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Por supuesto, otra situaci\u00f3n procesal, aparejan las nulidades previstas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 del C.G del P., el cual se\u00f1ala: \u201clas nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia, son insaneables\u201d. Un elemento procesal que identifica estas tres nulidades, es su car\u00e1cter insaneable, y por virtud de esta singularidad, escapan a la obligaci\u00f3n que se impone al juez de ponerlas en conocimiento, seg\u00fan se infiere de la regla 137 ej\u00fasdem cuando alecciona: \u201c(\u2026) ordenar\u00e1 poner en conocimiento (\u2026) las nulidades que no hayan sido saneadas\u201d. <\/p>\n
De modo que, como el juez acusado constitucionalmente no enfrentaba ninguna de las tres hip\u00f3tesis de insaneabilidad del aludido par\u00e1grafo ni otras de estirpe iusfundamental (no notificar, por ejemplo, el auto admisorio o el mandamiento de pago), incurri\u00f3 en defecto procedimental que se tradujo en la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales; yerro que impon\u00eda la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n, pero no de manera parcial, como lo concluy\u00f3 el tribunal a quo. <\/p>\n
5. Asimismo, se destaca, el despacho cuestionado desbord\u00f3 su competencia, pues el ejecutado no efectu\u00f3 pedimento alguno que llevara a anular el tr\u00e1mite evacuado por la autoridad de primer grado por raz\u00f3n de la cuant\u00eda del litigio, ya que, tal como lo consagra el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez de segunda instancia se encuentra habilitado, estrictamente, para desatar los reparos formulados por el apelante frente a la providencia recurrida; sin embargo, con el proceder reprochado se soslayaron los derechos fundamentales de los intervinientes, dado que, en definitiva, no se observa excepci\u00f3n que permita actuar de manera contraria. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha manifestado, que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) por regla general la competencia del superior est\u00e1 restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin embargo, tambi\u00e9n existen excepciones a esa restricci\u00f3n, tales como: (i) cuando las dos partes impugnan, o la que no apel\u00f3 se adhiera a \u00e9l pues en este caso se debe resolver sin limitaciones; y (ii) en aquellas oportunidades en que debe darse un pronunciamiento de oficio atendiendo lo dispuesto en la ley, que generalmente se da cuando la determinaci\u00f3n de segunda instancia conlleva a que deba decidirse sobre temas \u00edntimamente relacionados con \u00e9sta\u201d 2 <\/p>\n
6. Es indispensable indicar que a todo funcionario judicial le asiste el deber de sustentar razonadamente sus determinaciones, apoyado en la normatividad aplicable a la materia; por ende, refulge con claridad el quebranto al debido proceso. <\/p>\n
Aunque los prove\u00eddos de los administradores de justicia son, en principio, ajenos al an\u00e1lisis propio de la acci\u00f3n de amparo consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en los eventos en los cuales la respectiva autoridad profiere alguna decisi\u00f3n ostensiblemente arbitraria, en contrav\u00eda de la legislaci\u00f3n, como lo es la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular sede en aras de reparar esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
7. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por las razones mencionadas, se impone modificar la orden de amparo dictada en la providencia recurrida. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, en el sentido de otorgar integralmente la protecci\u00f3n implorada. En consecuencia, se ORDENA dejar sin valor ni efecto el auto de 21 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre) y las decisiones que de \u00e9l se desprendan, para que, en su lugar, proceda a desatar la alzada propuesta contra la sentencia de primer grado, dictada el 26 de septiembre de 2019, por su inferior funcional. Env\u00edesele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la citada localidad, para efectos de que se abstenga de levantar las medidas cautelares decretadas en el decurso objeto de esta queja, tal como lo dispuso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, como medida provisional dentro de esta salvaguarda. Env\u00edeseles copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Corte Constitucional, Sentencia C537 de 2016. <\/p>\n
2 CSJ STC7029-2018 May. 31 de 2018, rad. 2018-01360-00. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1389-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1389-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2020-00064-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53522","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53522"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53522\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}