STC1390-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1390-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01948-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. contra el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del proceso declarativo adelantado por Prabyc Ingenieros a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que en el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 cursa en su contra el litigio objeto de este resguardo, asunto en el cual present\u00f3 la \u201cexcepci\u00f3n previa\u201d de \u201cpleito pendiente\u201d, pues, en su sentir, las mismas \u201cpeticiones dinerarias\u201d de ese litigio, est\u00e1n siendo perseguidas en un juicio ejecutivo el cual se encuentra acumulado al \u201cproceso de reorganizaci\u00f3n N\u00b0 68896\u201d. <\/p>\n
Sostiene que el 1 de diciembre de 2020 en el decurso sublite se tramit\u00f3 la audiencia consagrada en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, donde el despacho querellado decidi\u00f3 \u201cno resolver\u201d el referido medio exceptivo por \u201cno cumplir los requisitos formales\u201d al momento de su interposici\u00f3n, decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n, remedio desestimado en ese mismo acto procesal. <\/p>\n
Afirma que el 4 de ese mismo mes y a\u00f1o, en la continuaci\u00f3n de la comentada diligencia, el convocado realiz\u00f3 el respectivo control de legalidad de lo actuado, \u201cdecretando\u201d la inexistencia de pretensiones similares tanto en el caso subex\u00e1mine como en el memorado compulsivo. <\/p>\n
Asegura que el estrado fustigado desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado donde se desarrolla del tema concerniente al \u201cpleito pendiente\u201d. <\/p>\n
3. Requiere, en concreto, se declare la \u201cprosperidad\u201d de la excepci\u00f3n previa invocada en el caso bajo estudio y \u201ccompulsar copias\u201d para que se adelante investigaci\u00f3n disciplinaria contra los abogados de Prabyc Ingenieros por la \u201ctemeridad de [sus] pretensiones\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
El Juzgado criticado se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder, e indicando que la actora, frente \u201ca cada decisi\u00f3n o acto procesal\u201d adelantado en el aludido litigio, acude a la \u201csenda de la acci\u00f3n de tutela\u201d, generando con ello un \u201cagotamiento del aparato judicial del Estado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El juez constitucional de primer grado desestim\u00f3 el auxilio tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]evisado el tr\u00e1mite subyacente se constata que para arribar a la decisi\u00f3n tomada en audiencia inicial (al iniciar y luego en la fase de control de legalidad), el juzgado expres\u00f3 con suficiencia las razones por las cuales no era procedente acceder a lo solicitado por Aser Ltda., a saber, que no existen excepciones previas por resolver, que mal har\u00eda en decidirse como previa una excepci\u00f3n de m\u00e9rito, y que no podr\u00eda dictarse sentencia anticipada en el asunto, labor que no puede ser catalogada como constitutiva de v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora manifestando que, si \u201cexisten hechos exceptivos\u201d probados, deben ser declarados de oficio por parte del despacho de conocimiento; sin embargo, el convocado ha faltado a ese deber. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reprocha la actuaci\u00f3n del Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta ciudad, al desconocer la \u201cexcepci\u00f3n previa\u201d de pleito pendiente alegada en la comentada litis, pues, en su sentir, se encuentra demostrado que las \u201cpretensiones dinerarias\u201d invocadas en el caso subex\u00e1mine, son igualmente perseguidas en otro proceso ejecutivo donde se involucran las mismas partes en contienda. <\/p>\n
2. La protecci\u00f3n reclamada resulta improcedente porque el asunto que impulsa a la gestora a hacer uso de este amparo se encuentra todav\u00eda a la espera de ser solucionado en la decisi\u00f3n que el juzgador adopte como resoluci\u00f3n del comentado decurso, no otra cosa se infiere al decir el funcionario querellado en audiencia de 1 de diciembre de 2020: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]l contestar la demanda formulada por PRABYC (\u2026), la sociedad recurrente indic\u00f3, dentro de su escrito de contestaci\u00f3n, y como excepci\u00f3n de m\u00e9rito a la pretensi\u00f3n, la que denomin\u00f3 Mala Fe, cual, ciertamente, no muestra las mismas connotaciones de la excepci\u00f3n previa denominada pleito pendiente o cosa juzgada, como que, se enrostra a la sociedad PRABYC, el no levantar medidas cautelares sobre los predios que se aportar\u00edan al fideicomiso ZENIT, m\u00e1s, por continuar dichos procesos en calidad de cesionario. Puede notarse, ello no configura una excepci\u00f3n previa, en la que se debate la cosa juzgada o el pleito pendiente. De otro lado, la sociedad ASER, en su escrito de contestaci\u00f3n, indica que esa alegaci\u00f3n es meritoria, no mixta o previa, y, se sabe, las excepciones previas, al tenor del art\u00edculo 100 del C.G del P., son taxativas, de suerte que, ni por el nomen iuris mala fe, o, por el contenido concreto de la alegaci\u00f3n, pueden catalogarse como previa la indicada por la apoderada\u201d <\/p>\n
\u00abPor \u00faltimo, debe decirse que mal har\u00eda \u00e9sta Judicatura en resolver como previa una excepci\u00f3n de m\u00e9rito, porque la parte recurrente la considere previa, o, porque crea que la consagra por la forma factual de su exposici\u00f3n, y en esto no hay exceso ritual, pues, ello ser\u00eda sorpresivo para todas las restantes partes, pero, adem\u00e1s, una verdadera acomodaci\u00f3n del proceso a los intereses de ASER, lo cual, adem\u00e1s de representar una ventaja ilegal, conlleva a que, cualquier otra parte indique que una de sus excepciones de m\u00e9rito es previa, y, en este caso, darles ese tr\u00e1mite por mera conveniencia. (\u2026). <\/p>\n
Atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando a\u00fan se encuentra pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado en esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte manifest\u00f3 frente al t\u00f3pico: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Por otro lado, no es cierto, como lo pretende hacer ver la tutelante, que el despacho confutado, al momento de realizar el control de legalidad consagrado en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, resolvi\u00f3 el medio exceptivo por ella impetrado, pues, auscultada esa diligencia, lo realmente ocurrido fue la desestimaci\u00f3n de la solicitud de sentencia anticipada fundamentada en el tema de cosa juzgada; por tanto, aun no existe pronunciamiento de fondo para analizar respecto del tema aqu\u00ed reprochado. <\/p>\n
4. Ahora, si la petente considera que dentro del litigio sublite se ha incurrido en faltas disciplinarias por parte de los abogados de la sociedad demandante, puede acudir a la autoridad competente y presentar las correspondientes quejas, propiciando el adelantamiento de las investigaciones del caso. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
11 <\/p>\n
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