STC1394-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1394-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01736-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 16 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Empresa Comunitaria Guacharacas S.A.S. frente a la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201creorganizaci\u00f3n empresarial\u201d, adelantado en relaci\u00f3n con la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora implora la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, \u201cderecho de defensa y a la propiedad privada\u201d, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de esta queja, manifiesta que la Empresa Comunitaria Guacharacas, aqu\u00ed peticionaria, se conform\u00f3 bajo la Ley 160 de 1994, con \u201c(\u2026) 151 campesinos, en su mayor\u00eda v\u00edctimas de la violencia (\u2026)\u201d, quienes, con el apoyo del \u201c(\u2026) Gobierno, compraron (\u2026)\u201d una heredad denominada \u201cFinca Guacharacas\u201d, gracias a la flexibilizaci\u00f3n que les otorgaron para acceder a cr\u00e9ditos bancarios1. <\/p>\n
Expresa la sociedad actora que la referida normatividad promulgada, \u201c(\u2026) comprometi\u00f3 a [los propietarios a] trabajar la tierra (\u2026)\u201d, con el objeto de pagar los pr\u00e9stamos adquiridos y, tambi\u00e9n, los oblig\u00f3 a abstenerse de vender durante los 12 a\u00f1os siguientes, \u201c(\u2026) si no se contaba con el aval de la Junta Directiva del INCODER (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Arguye que, en el a\u00f1o 2005, \u201c(\u2026) empezaron las dificultades para cumplir con [las cuotas] de los cr\u00e9ditos (\u2026)\u201d, raz\u00f3n por la cual, el \u201c(\u2026) Banco Agrario de Colombia comenz\u00f3 un proceso administrativo contra todos los socios (\u2026)\u201d de la empresa tutelante3. <\/p>\n
Por lo anterior, se\u00f1ala, los \u201caldeanos\u201d se vieron presionados a vender sus tierras, pues los \u201c(\u2026) atemorizaron y se aprovecharon de su ignorancia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Sostiene, el 18 de abril de 2008, se suscribi\u00f3 la promesa de compraventa entre V\u00edctor Oliveros y Mario Guti\u00e9rrez, el primero, como representante legal, en esa \u00e9poca, de la sociedad tutelante, y quien tambi\u00e9n actuaba en calidad de apoderado de \u201c(\u2026) los 130 campesinos que decidieron vender el 86% de las 2.072 hect\u00e1reas (\u2026)\u201d y, el segundo, como gerente \u201c(\u2026) de la reci\u00e9n constituida (\u2026)\u201d Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S., la cual, seg\u00fan se afirm\u00f3, \u201c(\u2026) se cre\u00f3 11 d\u00edas antes de concretar el negocio y con un capital de $12 millones (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Acota que se pact\u00f3 como valor de \u201cLa Finca Guacharacas\u201d, un total de $11.000 millones, dicho rubro se dividi\u00f3 para entregar en dos oportunidades; ese mismo d\u00eda \u201c(\u2026) $890 millones (\u2026)\u201d se destinar\u00edan a los \u201cterratenientes\u201d y, a los dos meses siguientes, se pagar\u00edan \u201c(\u2026) alrededor de 720 millones (\u2026)\u201d, dirigidos a saldar los cr\u00e9ditos adquiridos por los lugare\u00f1os con \u201cFINAGRO\u201d; sin embargo, a\u00f1adi\u00f3, ninguna de esas obligaciones se cumplieron por los compradores y, \u201c(\u2026) de manera dolosa, con la complicidad de la Superintendencia de Sociedades, ingresaron a un plan de reorganizaci\u00f3n empresarial (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En el decurso criticado, seguido a favor de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S., compradora de la \u201cFinca Guacharacas\u201d, mediante auto \u201c2014-01-539800\u201d de 4 de diciembre de 2014, el despacho encausado admiti\u00f3 el litigio7. <\/p>\n
Surtidas las etapas de rigor, en providencia \u201c2016-01-010391\u201d de 21 de enero de 2016, la corporaci\u00f3n enjuiciada decret\u00f3 las pruebas solicitadas por los intervinientes, entre otras, la exhibici\u00f3n de la contabilidad concerniente a los pagos efectuados por la empresa en reorganizaci\u00f3n, a los vendedores de la heredad \u201cFinca Guacharacas\u201d, a FINAGRO, a la Empresa Comunitaria Guacharacas, a la Empresa de Energ\u00eda de Cundinamarca y a los accionistas8. <\/p>\n
El 25 de enero de 2016, la delegatura accionada realiz\u00f3 la diligencia, con el objeto de dar a conocer, a todos los convocados, los documentos antes relacionados, para que presentaran las refutaciones respectivas9. <\/p>\n
Adiciona la aqu\u00ed suplicante, que en el dossier debatido existen \u201c(\u2026) actas alteradas y contabilidad financiera falsa (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
Posteriormente, en providencia de \u201c2019-01-353361\u201d de 30 de septiembre de 2019, la autoridad encausada resolvi\u00f3: i) confirmar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S.; ii) ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas; y iii) comisionar al Juzgado Primero Promiscuo de Beltr\u00e1n para que entregara el inmueble \u201cFinca Guacharacas\u201d. Con ese fin, la entidad querellada expidi\u00f3 el oficio \u201c2019-01-353518\u201d de la misma data, dirigido a esa judicatura11. <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Beltr\u00e1n, previo a adelantar la diligencia encargada, en veredicto de 24 de enero de 2020, atendiendo a los memoriales radicados por la actora el 13, 14, 20 y 22 de enero de 2020, dispuso devolver el expediente al despacho comitente, para que all\u00ed se proveyera sobre una nulidad deprecada por la promotora12. <\/p>\n
En auto \u201c2020-01-609614\u201d de 25 de noviembre de 2020, la funcionaria encargada decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite y, en ese orden, determin\u00f3 el env\u00edo del paginario al tribunal de esta ciudad, para el estudio de una recusaci\u00f3n incoada por la petente13. <\/p>\n
La sociedad querellante critica, concretamente, las decisiones dictadas por la entidad de vigilancia acusada, \u201c(\u2026) el 12 y 18 de diciembre de 2019 (\u2026)\u201d, mediante las cuales, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, se libraron los \u201cdespachos comisorios\u201d dirigidos al Juzgado Primero Promiscuo de Beltr\u00e1n, para que perfeccionara la entrega \u201creal y material\u201d del fundo referido \u201c(\u2026) a los compradores fraudulentos (\u2026)[, aun cuando] se encontraba suspendido, para esa \u00e9poca, (\u2026)\u201d el juicio aqu\u00ed cuestionado14. <\/p>\n
3. Pide, particularmente, ordenar a la entidad acusada que la desvincule del decurso reprochado, seguido a favor de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S., el cual se adelanta en esa dependencia con \u201c(\u2026) el n\u00famero de expediente 66558 (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
Reliev\u00f3 \u201c(\u2026) el reiterado abuso que han ejercido los socios y administradores (\u2026)\u201d de la concursada, quienes, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, han interpuesto acciones de tutela en varias oportunidades, \u201c(\u2026) para intentar revivir etapas ya surtidas dentro del proceso (\u2026) convirti\u00e9ndose [esa] conducta en actos dilatorios y entorpecedores de la labor de [ese] despacho (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo implorado, tras estimar que la tutela incumpl\u00eda los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) el principal reproche de la empresa actora se circunscribe a los autos mediante los cuales la Superintendencia dispuso comisionar la entrega real y material de un bien; no obstante, de la revisi\u00f3n de lo recopilado en este tr\u00e1mite, el Tribunal no observa que aqu\u00e9lla se hubiere servido de los mecanismos existentes en el ordenamiento jur\u00eddico para plantear, en el escenario natural, los reparos e inconformidades ahora arg\u00fcidos en este reclamo constitucional frente a dichas providencias. <\/p>\n
\u201cEs de ver, entonces, que no se acredit\u00f3 que la parte ac\u00e1 accionante hubiere cuestionado por v\u00eda ordinaria las referidas determinaciones, y tampoco se demostr\u00f3 que hubiere planteado la irregularidad endilgada en torno a la emisi\u00f3n de autos estando suspendido el proceso de reorganizaci\u00f3n ante las recusaciones que en esa data se encontraban en tr\u00e1mite. <\/p>\n
\u201cEn lo que ata\u00f1e a los prove\u00eddos mediante los cuales se dispuso materializar y realizar la entrega del inmueble objeto del negocio narrado en la demanda, entre la data en que se profirieron tales autos (12 y 18 de diciembre de 2019), y la radicaci\u00f3n de la demanda de tutela (5 de noviembre de 2020) transcurrieron casi 10 meses; y ii. que desde la fecha en que la Superintendencia resolvi\u00f3 negar el reconocimiento de la Empresa como acreedora de la sociedad en reorganizaci\u00f3n (se indica en la demanda de tutela que ello ocurri\u00f3 en 2016), hasta la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n pasaron m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la empresa tutelante, con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en el escrito inicial18. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La precursora cuestiona los pronunciamientos proferidos el 21 de enero de 2016, 12 y 18 de diciembre de 2019 por la delegatura acusada, mediante los cuales, en el primero, decret\u00f3 las pruebas solicitadas por los intervinientes, entre otras, la exhibici\u00f3n de la contabilidad concerniente a los pagos efectuados por la empresa en reorganizaci\u00f3n; y, en los dem\u00e1s, libr\u00f3 despacho comisorio con direcci\u00f3n al Juzgado Primero Promiscuo de Beltr\u00e1n, para que perfeccionara la entrega \u201creal y material\u201d del fundo \u201cFinca Guacharacas\u201d; pues, seg\u00fan acota, el juicio cuestionado se encontraba suspendido para cuando ello se dispuso. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte, tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso de la salvaguarda reclamada, por el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues entre las providencias atacadas y la presentaci\u00f3n de este libelo -5 de noviembre de 2020-, transcurrieron, desde la primera, m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os y, desde de la segunda y tercera, m\u00e1s de diez (10) meses, lapsos que superan los seis (6) meses contemplados por la jurisprudencia, como plazo razonable para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Sobre este aspecto esta Sala, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
Por tanto, si la promotora se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular en la actuaci\u00f3n confutada y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo. <\/p>\n
3. Aunado a lo expuesto, refuerza la improcedencia de este auxilio su car\u00e1cter eminentemente subsidiario, pues su prosperidad est\u00e1 limitada s\u00f3lo a aquellos eventos en los cuales se est\u00e9 frente a una anomal\u00eda superlativa y no se posean mecanismos para controvertirla o \u00e9stos sean insuficientes. <\/p>\n
En efecto, se resalta, la peticionaria contaba con la posibilidad de promover el recurso de reposici\u00f3n contra los prove\u00eddos criticados, medio de impugnaci\u00f3n que resultaba procedente conforme a lo previsto en el canon 31820 \u00eddem y a trav\u00e9s del cual hubiese podido discutir las inconformidades aqu\u00ed ventiladas, siendo ese el escenario pertinente para lograr una decisi\u00f3n respecto de las circunstancias aqu\u00ed alegadas. <\/p>\n
Se recuerda, esta acci\u00f3n impone la utilizaci\u00f3n previa de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este instrumento constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado presupuesto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d21. <\/p>\n
3.1. Ahora, en torno a la pretensi\u00f3n de la quejosa dirigida a lograr su desvinculaci\u00f3n de la contienda de reorganizaci\u00f3n empresarial reprochada, se destaca, la inicialista cuenta con la posibilidad de formular, en ese tr\u00e1mite, el pedimento correspondiente. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la interesada anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por los funcionarios competentes; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos22 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196923, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d24, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio25. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-26, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales27; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas28. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Folio 1; Cuaderno \u201c09. Acci\u00f3n de Tutela\u201d. <\/p>\n
2 Folios 2; Cuaderno \u201c09. Acci\u00f3n de Tutela\u201d. <\/p>\n
3 Ibidem. <\/p>\n
4 Ibidem. <\/p>\n
5 Ibidem <\/p>\n
6 Ibidem. <\/p>\n
7 Folio 5; Cuaderno \u201c15. Respuesta Superintendencia\u201d. <\/p>\n
8 Folio 5; \u201c15. Respuesta Superintendencia\u201d. <\/p>\n
9 Ibidem. <\/p>\n
10 Folio 3; Cuaderno \u201c09. Acci\u00f3n de Tutela\u201d. <\/p>\n
11 Folio 6; \u201c15. Respuesta Superintendencia\u201d. <\/p>\n
12 Folios 43 al 53; Cuaderno \u201c08. Anexos Acciones de Tutela\u201d. <\/p>\n
13 Folio 15; \u201c15. Respuesta Superintendencia\u201d. <\/p>\n
14 Folio 4; Cuaderno \u201c09. Acci\u00f3n de Tutela\u201d. <\/p>\n
15 Folio 19; Cuaderno \u201c09. Acci\u00f3n de Tutela\u201d. <\/p>\n
16 Folios 1 al 10; Cuaderno \u201c15. Respuesta Superintendencia\u201d. <\/p>\n
17 Folios 1 al 5; Cuaderno \u201c13. Fallo de Primera Instancia\u201d. <\/p>\n
18 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201c17. Escrito de Impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
19 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
20 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 318. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026)\u201d. <\/p>\n
21 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
22 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
23 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
24 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
26 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
27 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
28 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1394-2021 Magistrado ponente STC1394-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01736-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 16 de diciembre de 2020, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53527","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53527"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53527\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}