STC1395-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1395-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00333-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mileidys Castillejo D\u00edaz contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, as\u00ed como la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, \u00abal principio de la buena fe, confianza leg\u00edtima y acto propio\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la providencia emitida el 19 de octubre de 2020, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 frente al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios y la empresa Caribe Mar de la Costa SAS EPS con radicado No. 2020-00210-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, \u00ababsten[erse] de seguir absteni\u00e9ndose de avocar el conocimiento de [la citada] acci\u00f3n de tutela\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, aduce en lo esencial, que instaur\u00f3 la referida acci\u00f3n constitucional porque le \u00absuspendieron el servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica de forma unilateral, sin expedir un acto administrativo que garantice [sus] derechos fundamentales al debido proceso y [a la] defensa, como lo establece el art. 154 de la ley 142 del 1994\u00bb; sin embargo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n mencionada en l\u00edneas precedentes, la Corporaci\u00f3n accionada, pese a que \u00aben el cuerpo de la [demanda] le manifest[\u00f3] que seg\u00fan auto 320 del 2020 es[e] tribunal es competente para conocer estas acciones de tutela\u00bb, se abstuvo de \u00abavocar el conocimiento alegando que no era competente y en su lugar la remiti\u00f3 a la oficina judicial de Valledupar para que lleve a cabo el reparto del presente tramite entre los juzgados con categor\u00eda circuito de [esa] ciudad\u00bb, lo que, asegura, le lesiona las garant\u00edas ius fundamentales invocadas, raz\u00f3n por la que debe ser acogido el reclamo que promueve a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 9 de febrero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n criticada solicit\u00f3 negar el resguardo implorado, con sustento en que \u00abno se le ha vulnerado derecho fundamental alguno, sumado a que la acci\u00f3n constitucional de la cual endilga la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, le fue asignada de forma inmediata por Oficina judicial al Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad y a la fecha de la presentaci\u00f3n de esta tutela ya le fue resuelta\u00bb3. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los implicados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (subrayas ajenas al texto). <\/p>\n
3. En el caso que es objeto de estudio, la se\u00f1ora Mileidys Castillejo D\u00edaz se duele concretamente de la providencia emitida el 19 de octubre de 2020, por medio de la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar resolvi\u00f3, \u00abABSTENERSE de avocar el conocimiento\u00bb de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 frente al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios y la empresa Caribe Mar de la Costa SAS EPS, y en consecuencia, \u00abREMITIR las\u2026 diligencias a la Oficina Judicial de [esa misma capital], para que lleve a cabo el reparto del presente tr\u00e1mite entre los Juzgados con categor\u00eda Circuito de [dicha] ciudad\u00bb, pues en su sentir, con dicha actuaci\u00f3n se le vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, \u00abal principio de la buena fe, confianza leg\u00edtima y acto propio\u00bb, toda vez que la citada autoridad desconoci\u00f3 el precedente sentado por la Corte Constitucional en el Auto 320 del 2 de septiembre de 2020, atinente a que el juez no puede negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que les son repartidas, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1986 de 2017. <\/p>\n
4. Sin embargo, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que el reclamo constitucional elevado por la accionante es intrascendente, pues, si bien la Corporaci\u00f3n acusada no asumi\u00f3 el conocimiento de la referida acci\u00f3n tuitiva, tras declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto establecidas en aquel decreto, dispuso que la misma fuera repartida entre los despachos judiciales que de acuerdo con los numerales 2 y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. de esa disposici\u00f3n deben asumir el tr\u00e1mite en primera instancia, actuaci\u00f3n que, en definitiva, no priv\u00f3 a la promotora de acceder a la administraci\u00f3n de justicia, mucho menos le irrog\u00f3 un peligro o amenaza a los derechos al debido proceso e igualdad invocados por \u00e9sta, en la medida que, si la primera de esas garant\u00edas comprende, entre otras, \u00abal juez natural, identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinado proceso o actuaci\u00f3n, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la divisi\u00f3n del trabajo establecida por la Constituci\u00f3n y la Ley\u00bb (\u00e9nfasis intencional, C.C. C-163\/19), la aludida remisi\u00f3n no deviene contraria a los principios que rigen este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, m\u00e1xime cuando dicha autoridad orden\u00f3 el env\u00edo del expediente a reparto el mismo d\u00eda que le fue asignado este, sumado a que, para efectos de cotejar la conculcaci\u00f3n de la segunda de ellas, no cit\u00f3 un caso id\u00e9ntico a aqu\u00e9l en el que la Colegiatura censurada no hubiese repudiado su conocimiento. <\/p>\n
5. Por otro lado, y de acuerdo con los informes allegados por las autoridades censurada y vinculadas, la memorada demanda de amparo fue repartida al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Valledupar, quien mediante fallo del 9 de noviembre de 2020 neg\u00f3 la salvaguarda instada por haberse superado el hecho que la origin\u00f3, decisi\u00f3n que fue notificada a la accionante el 12 de noviembre siguiente, hecho que deja en evidencia, por un lado, que la queja esgrimida carece de objeto, y por el otro, que la verdadera intenci\u00f3n de \u00e9sta es reabrir un debate que ya finaliz\u00f3, por lo menos en primera instancia4 y, al parecer, lo decidido no fue de su agrado o preferencia, pues, de otra manera, hubiese desistido de la presente acci\u00f3n de tutela, todo lo cual, entonces, reafirma la impertinencia de la misma. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, y sin exponer m\u00e1s razones por considerarse innecesarias, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda radicada en el correo institucional dispuesto para la recepci\u00f3n de tutelas, remitida a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
4 No se inform\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n haya sido impugnada, y en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial no hay datos al respecto. <\/p>\n
<\/p>\n
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