STC1397-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC1397-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00336-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gustavo Galindo Echeverri contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la localidad referida y Salud Total EPS, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del tr\u00e1mite penal a que alude el escrito introductor. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la libertad, a la \u00abdignidad humana\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades y entidades convocadas, de un lado, con ocasi\u00f3n de la demora en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n formulada dentro del juicio penal seguido en su contra; y de otro, con la falta de prestaci\u00f3n del servicio de salud. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene (i) a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura, \u00abatender con la mayor brevedad posible la acci\u00f3n de revisi\u00f3n (\u2026) teniendo en cuenta que ha pasado mucho tiempo desde su radicaci\u00f3n sin que se avance en el asunto, pero sobre todo por su delicado estado de salud y la injusta condena por la doble incriminaci\u00f3n\u00bb; (ii) al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio: a) \u00abremi[tirlo] (\u2026) con destino al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esa ciudad, para que se le practique dictamen m\u00e9dico legista por la enfermedad que presente y a su vez sea remitido este concepto prontamente al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio para que se pronuncie sobre la prisi\u00f3n domiciliaria y as\u00ed la Corte pueda tomarse el tiempo que considere necesario para su revisi\u00f3n\u00bb y b) \u00abcesar la discriminaci\u00f3n en la atenci\u00f3n en salud (\u2026) y realice los tr\u00e1mites correspondientes ante la EPS Salud Total para la atenci\u00f3n integral en salud y en especial el suministro permanente del medicamento insulina necesario para su tratamiento y conservaci\u00f3n de la vida\u00bb; (iii) al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, que \u00abuna vez tenga el dictamen de medicina legal (\u2026) se pronuncie sobre la sustituci\u00f3n de la medida de seguridad intramural\u00bb; y, (iv) a Salud Total EPS, \u00abla desafiliaci\u00f3n (\u2026) del r\u00e9gimen contributivo e inmediatamente sea acogido por el r\u00e9gimen subsidiado, es decir para que quede a cargo de una vez por todas al EPC de Villavicencio y poder tener as\u00ed una atenci\u00f3n m\u00e1s inmediata por parte del establecimiento de reclusi\u00f3n en cuanto a salud y suministro de medicamentos se refiere\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, aduce en s\u00edntesis, que se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, purgando una condena de 28 a\u00f1os y 9 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esa localidad, en sentencia del 19 de mayo de 2016 y ratificada por la Sala Penal de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Sincelejo, en fallo del 8 de agosto de 2018. <\/p>\n
Asegura que el 18 de marzo de 2020, instaur\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n frente a esta \u00faltima decisi\u00f3n, por el presunto desconocimiento, afirma, de \u00ablos principios de cosa juzgada, non bis in \u00eddem e indubio pro reo\u00bb, al ser sentenciado \u00abdos veces por los mismos hechos\u00bb; sin embargo, hasta la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura no se ha pronunciado sobre la procedencia de ese mecanismo, y aunque el 14 de septiembre pasado radic\u00f3 solicitud de \u00abimpulso\u00bb, a\u00fan no ha obtenido respuesta por parte de aquella autoridad judicial. <\/p>\n
De otro lado, asevera que elev\u00f3 ante el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio una petici\u00f3n con el fin de obtener la sustituci\u00f3n la prisi\u00f3n intramural por la domiciliaria debido a su estado de salud, y si bien en auto del 28 de septiembre de 2020 aquel estrado requiri\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de que valoraran su situaci\u00f3n m\u00e9dica, ese tr\u00e1mite todav\u00eda no se ha agotado porque, dice, el Centro Carcelario accionado no ha autorizado su traslado. <\/p>\n
Finalmente pone de presente, que padece de \u00abdiabetes mellitus\u00bb, raz\u00f3n por la cual necesita el suministro continuo de \u00abinsulina\u00bb; empero, afirma, el Establecimiento Penitenciario le niega el aprovisionamiento de ese insumo, ya que, le resulta \u00abtedioso\u00bb realizar los respectivos recobros a su EPS porque es beneficiario del \u00abr\u00e9gimen contributivo de salud\u00bb, de ah\u00ed, la falta de atenci\u00f3n en salud. Adem\u00e1s, refiere que tampoco le ha sido posible trasladarse al servicio de salud prestado por el Estado, pues para ello se requiere la gesti\u00f3n del cotizante principal, quien se encuentra en otro pa\u00eds. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 10 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Ministerio de Justicia y del Derecho, luego de realizar una exposici\u00f3n sobre la normatividad que rige la forma como se presta el servicio de salud para los reclusos, las competencias de los directores de los establecimientos penitenciarios y las obligaciones de vigilancia de la pena, aleg\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que \u00abadelantar el traslado para medicina legal y gestionar el acceso a medicamentos a las personas privadas de la libertad en los establecimientos de reclusi\u00f3n del orden nacional, es funci\u00f3n exclusiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y en particular del ERON donde se encuentra recluido el accionante\u00bb y \u00abla decisi\u00f3n y tramite del beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria le corresponde a el juzgado de ejecuci\u00f3n de penas\u00bb; por ende, no ha vulnerado garant\u00eda alguna al se\u00f1or Galindo Echeverri. <\/p>\n
b.) El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, aleg\u00f3 que \u00abno se encontr\u00f3 ninguna informaci\u00f3n o registro que nos indique que en este Juzgado se haya adelantado o se est\u00e9 adelantando proceso alguno en contra del se\u00f1or GUSTAVO GALINDO ECHEVERRY\u00bb. <\/p>\n
c.) El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses inform\u00f3, que el pasado 10 de febrero practic\u00f3 al aqu\u00ed interesado la valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal y mediante informe pericial No. UBVILL-DSM -00584-2021 comunic\u00f3 los resultados al Juzgado que vigila la condena de aqu\u00e9l. <\/p>\n
d.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, estableci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, tambi\u00e9n consagr\u00f3 que la procedencia de esa herramienta preferente se hiciera bajo premisa de que el afectado no dispusiera de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que, se reitera, se utilizara transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el accionante se queja porque la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n no ha resuelto la acci\u00f3n de revisi\u00f3n que instaur\u00f3 frente a las sentencias judiciales que lo condenaron a la pena de 28 a\u00f1os y 9 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb; as\u00ed mismo, de la supuesta desidia del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio para cumplir con la orden de trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a fin de practicarle una valoraci\u00f3n m\u00e9dica; y, que dicho centro carcelario no le brinda la atenci\u00f3n en salud que requiere para el manejo de la patolog\u00eda que padece. <\/p>\n
3. Sin embargo, para la Corte la demanda de tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1. En varias oportunidades la Sala se ha pronunciado acerca del deber del juez de tramitar con perentoriedad los asuntos judiciales a su cargo, de esta manera se ha dicho que, \u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC4154-2020). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la protecci\u00f3n ius fundamental es procedente siempre que se evidencie una conducta calmosa e injustificada del funcionario judicial en el agotamiento de las etapas del juicio, es decir, \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (ib.). Por eso es que, se ha considerado con atino que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC12028-2020). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, en lo que tiene que ver con el reproche del actor por la presunta mora judicial que le atribuye a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura, la Corte no observa transgresi\u00f3n alguna de las prerrogativas alegadas en virtud de esa circunstancia, pues, si bien el 18 de marzo de 2020 fue radicada la acci\u00f3n de revisi\u00f3n formulada por el se\u00f1or Gustavo Galindo Echeverri contra el fallo de segunda instancia proferido dentro del juicio penal seguido en su contra, la tardanza en la resoluci\u00f3n de ese asunto se debe, principalmente, a la carga laboral que soporta dicha dependencia judicial y al sometimiento del sistema de turnos al que se encuentran supeditadas todas las actuaciones judiciales y que debe ser respetado por el respectivo funcionario para resolver los asuntos a su cargo, tal y como lo puso de manifiesto la Colegiatura accionada en el auto del 24 de septiembre siguiente; por manera que, a diferencia de lo argumentado por el aqu\u00ed interesado, no considera la Sala que la tardanza presentada para finiquitar lo solicitado, obedezca a alg\u00fan motivo atribuible exclusivamente a la desidia o desinter\u00e9s del juzgador acusado, lo que, entonces, descarta la posibilidad de intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no es procedente que a trav\u00e9s de esta herramienta constitucional se ordene al juez natural que desconozca los turnos de decisi\u00f3n de los asuntos que conoce, salvo que se demuestre un perjuicio irremediable, situaci\u00f3n especial que no se encuentra acreditada en el expediente. En un caso de contornos similares, la Sala estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abel juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, que entre otras est\u00e1 la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por el querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional\u00bb (CSJ STC12028-2020). <\/p>\n
3.2. De otro lado, en lo tocante al supuesto desconocimiento del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio de la orden dada por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, atinente al traslado hacia el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la realizaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n m\u00e9dica del actor, se aprecia que \u00e9ste no ha puesto de presente esa situaci\u00f3n ante esta \u00faltima autoridad judicial, con el prop\u00f3sito de que en uso de sus poderes de ordenaci\u00f3n garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 28 de septiembre de 2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que debe dirimir el juez natural en el estadio procesal respectivo, ya que el amparo no est\u00e1 concebido como un instrumento sustitutivo de los remedios previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. Por eso es que, la jurisprudencia de esta Sala ha considerado que, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no se logran proteger los derechos fundamentales invocados, es decir, que no es eficaz e id\u00f3neo para ello, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar o reemplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y, a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, pues la \u00e9sta petici\u00f3n no es una instancia adicional\u00bb (CSJ STC792-2021). <\/p>\n
3.3. Ahora bien, frente al reparo del promotor del amparo por la falta de prestaci\u00f3n del servicio de salud en el centro carcelario accionado, se observa que la salvaguarda solicitada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues respecto de aquel reproche, en el pasado se solicit\u00f3 en dos oportunidades la protecci\u00f3n constitucional de similar linaje a la presente. En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura mediante providencia STP12546-2019 resolvi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00aben el sub lite, el gestor constitucional afirma que hasta el momento, no ha recibido la atenci\u00f3n en salud, que incluye medicamentos y manejo de dieta especial que requiere con ocasi\u00f3n de la diabetes que padece, es decir, se est\u00e1 ante el desconocimiento de dos de los derechos fundamentales que la actual situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad no puede desconocer, estos son, la salud y la vida. <\/p>\n
Ahora, como quiera que en este asunto, no se conoce con detalle qu\u00e9 asistencia, medicamentos o dieta es la que demanda el actual estado de salud de GUSTAVO GALINDO ECHEVERRY, se impartir\u00e1 orden al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, para que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, lo someta a valoraci\u00f3n m\u00e9dica y se d\u00e9 cumplimiento inmediato a las directrices que el galeno fije en torno al suministro de medicamentos y manejo de dieta especial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el gestor formul\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela quej\u00e1ndose, entre otras cosas, porque el establecimiento penitenciario convocado no le brindaba la atenci\u00f3n que requer\u00eda para el manejo de sus patolog\u00edas y sobre el particular esta Sala en fallo STC4154-2020, adem\u00e1s de referirse a la protecci\u00f3n concedida por su hom\u00f3loga en la especialidad penal, tambi\u00e9n consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ablo pretendido por Galindo Echeverri se refiere a las falencias en la atenci\u00f3n en salud suministrada por la penitenciar\u00eda y dicho tema fue dilucidado por esta Corporaci\u00f3n en la providencia que se acab\u00f3 de transcribir parcialmente, es claro que cuenta con un medio id\u00f3neo para procurar la satisfacci\u00f3n de sus s\u00faplicas como lo es el incidente de desacato regulado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En suma, dado el apuntado car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n supralegal, es improcedente que por esta misma senda se discuta una situaci\u00f3n que ya fue objeto de debate y decisi\u00f3n que vincula a las partes e intervinientes, por lo que, de considerarse que se ha generado una desatenci\u00f3n a la orden impartida, debe recurrirse al mecanismo dise\u00f1ado por el legislador para darle soluci\u00f3n efectiva, esto es, el referido tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, no cabe duda de que esta tutela es el reflejo de un ejercicio m\u00faltiple en un asunto similar, donde el aqu\u00ed accionante ya hab\u00eda demandado al centro penitenciario atacado por v\u00eda constitucional con base en fundamentos id\u00e9nticos a los que ahora aduce, por lo que es indudable que se presenta identidad de partes, hechos y pretensiones, sin que exista alguna justificaci\u00f3n para entender ese proceder, por lo que se torna evidente, entonces, lo que realmente se busca es replantear un tema que ya fue sometido al estudio de un juez constitucional, lo que se adec\u00faa en un todo a lo que regula el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que en su inciso primero reza: \u00abCuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb; situaci\u00f3n que desnaturaliza la esencia fundamental de este mecanismo excepcional e impone concluir que el gestor incurri\u00f3 en temeridad, pues tal y como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abel abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC714-2021). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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