STC1398-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1398-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00312-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 13 de enero de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la salvaguarda promovida Mondoe S.A.S. a David Sandoval Sandoval, Francisco Hern\u00e1ndez Barona y Oswaldo Francisco Robles Acu\u00f1a, quienes integraron el Tribunal de Arbitramento, administrado por la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de esa especialidad, promovido por la gestora contra la Compa\u00f1\u00eda Palmaseca S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La promotora aduce que entabl\u00f3 acci\u00f3n arbitral frente a la Compa\u00f1\u00eda Palmaseca ante el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Cali. <\/p>\n
Habi\u00e9ndose designado a los \u00e1rbitros encausados para rituar la contienda, mediante laudo de 28 de febrero de 2020, se desestimaron las pretensiones de la impulsora y, por tanto, se le conden\u00f3 a pagar costas en cuant\u00eda de $2.340.660.648 y, agencias en derecho, por $244.817.295. <\/p>\n
Inconforme con lo decido, la actora acudi\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa urbe, solicitando, a trav\u00e9s de otro amparo, invalidar el rese\u00f1ado pronunciamiento y, disponer dejar en libertad a las partes para conformar un nuevo tribunal de arbitramento. <\/p>\n
Durante dicho tr\u00e1mite constitucional, conforme aduce la suplicante, qued\u00f3 en evidencia la enemistad grave de los \u00e1rbitros David Sandoval Sandoval, Francisco Hern\u00e1ndez Barona y Oswaldo Francisco Robles Acu\u00f1a, con el apoderado de la sociedad accionante. <\/p>\n
El 10 de noviembre de 2020, el precitado colegiado concedi\u00f3 el auxilio implorado por la aqu\u00ed quejosa, aunque no en la manera deprecada, pues orden\u00f3 a los prenombrados, emitir una nueva determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En cumplimiento del rese\u00f1ado fallo, Sandoval Sandoval, Hern\u00e1ndez Barona y Robles Acu\u00f1a dictaron el auto de 12 de noviembre ulterior, con el fin de integrar, nuevamente, el tribunal de arbitramento. <\/p>\n
Frente a ese prove\u00eddo, la inicialista pidi\u00f3 adici\u00f3n e, inco\u00f3 reposici\u00f3n, porque, seg\u00fan expone, de un lado, aqu\u00e9llos ya no detentaban la condici\u00f3n de \u00e1rbitros al haber terminado el tr\u00e1mite acusado y, de otro, les asist\u00eda obligaci\u00f3n de revelar \u201ccircunstancias sobrevinientes acerca de su imparcialidad e independencia\u201d y separarse del asunto, dados los se\u00f1alamientos realizados al mandatorio de la compa\u00f1\u00eda gestora durante el tr\u00e1mite de la aludida acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Posteriormente, la precursora recus\u00f3 a los citados funcionarios arbitrales. <\/p>\n
El 23 de noviembre de 2020, afirma, se denegaron las mencionadas reclamaciones y, adem\u00e1s, se dict\u00f3 otro laudo con similares resultados al dejado sin valor a trav\u00e9s del inicial ruego tuitivo. <\/p>\n
Para la petente, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto (i) al estar fenecido el lapso para zanjar la controversia arbitral, quienes all\u00ed fungieron como juzgadores, no pod\u00edan recomponer el tribunal de arbitramento y proferir m\u00e1s decisiones; y (ii) se dict\u00f3 un nuevo laudo por quienes estaban impedidos para ello. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto el procedimiento cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
1. David Sandoval Sandoval, Francisco Hern\u00e1ndez Barona y Oswaldo Francisco Robles Acu\u00f1a, defendieron la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Compa\u00f1\u00eda Palmaseca S.A., manifest\u00f3 no haberse conculcado prerrogativa alguna al interior del decurso reprochado; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que, en sentencia de 10 de febrero de 2021, en sede de segunda instancia, esta Colegiatura revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, relativa a la invalidez del ritual arbitral y, por ello, qued\u00f3 sin valor el tr\u00e1mite surtido con ocasi\u00f3n de la protecci\u00f3n concedida. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional del Valle del Cauca, aludi\u00f3 a la improcedencia de la salvaguarda implorada <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio, porque a la recusaci\u00f3n formulada por la actora no se le dio el tr\u00e1mite legal y, por tanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) orden[\u00f3] al Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Cali, conformado por los \u00e1rbitros David Sandoval Sandoval, Francisco Hern\u00e1ndez Barona y Oswaldo Francisco Robles Acu\u00f1a, que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda de conformidad a lo previsto en el art\u00edculo 17 de la Ley 1563 de 2012, esto es, remita al juez civil del circuito de esta ciudad (reparto), la recusaci\u00f3n formulada por la parte convocante dentro de la demanda arbitral que Mondoe S.A.S. adelanta en contra de Compa\u00f1\u00eda Palmaseca S.A., a fin de que sea aquel quien la decida de plano (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la impulsora, alegando que nada dijo el a quo constitucional en torno a la solicitud de aclaraci\u00f3n del auto de 12 de noviembre de 2020 y, tampoco, sobre la validez de las decisiones adoptadas el 23 de noviembre postrero. <\/p>\n
David Sandoval Sandoval, Francisco Hern\u00e1ndez Barona, Oswaldo Francisco Robles Acu\u00f1a y la Compa\u00f1\u00eda Palmaseca S.A., tambi\u00e9n formularon impugnaci\u00f3n, rese\u00f1ando, por separado, que el amparo no debi\u00f3 ser otorgado al no estar colmados los requisitos para ello. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso, el procedimiento censurado surgi\u00f3 en raz\u00f3n del fallo de tutela de 10 de noviembre de 2020, emanado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en donde se concedi\u00f3 la salvaguarda tambi\u00e9n invocada por la aqu\u00ed reclamante, respecto a quienes sustanciaron el arbitraje entablado por aqu\u00e9lla contra la Compa\u00f1\u00eda Palmaseca S.A. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, en el curso del actual tr\u00e1mite tutelar, esta Corporaci\u00f3n, mediante sentencia STC977-2021 de 10 de febrero de 2021, revoc\u00f3 el pronunciamiento arriba se\u00f1alado y, por tanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) neg[\u00f3] el resguardo impetrado [por la accionante], lo que implica que las determinaciones adoptadas con ocasi\u00f3n del fallo del a-quo constitucional quedan sin efecto alguno, con base en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 19921 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como dejaron de existir los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales la promotora encauz\u00f3 la aducida vulneraci\u00f3n a sus garant\u00edas superlativas, administrar justicia constitucional en tal aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre lo indicado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
2. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
2.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo discurrido, se infirmar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y, en su lugar, NEGAR por la tutela solicitada por Mondoe S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1398-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1398-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00312-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 13 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53531","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53531"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53531\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}