STC1400-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1400-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00322-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Terselina Aguilar Z\u00fa\u00f1iga al Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular al Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal con sede en la citada urbe, con ocasi\u00f3n del resguardo impetrado por la aqu\u00ed quejosa a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de dicha localidad, radicado con el n\u00ba 2020-00384. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por el estrado accionado. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mar\u00eda Terselina Aguilar Z\u00fa\u00f1iga promovi\u00f3 queja similar contra la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Alcald\u00eda Municipal de Cali, por considerar transgredidos sus derechos como madre cabeza de familia, al ser desvinculada de esa entidad. <\/p>\n
El Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal dirimi\u00f3 favorablemente el auxilio, en fallo de 22 de septiembre de 2020. En consecuencia, otorg\u00f3 la protecci\u00f3n incoada, ordenando su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales, desde la fecha de despido. <\/p>\n
Al desatar la impugnaci\u00f3n formulada por la all\u00e1 accionada, el 30 de octubre de 2020, el estrado confutado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de su inferior funcional, pues no hall\u00f3 probada la condici\u00f3n alegada por la impulsora, quien fundament\u00f3 sus s\u00faplicas, exclusivamente, en una declaraci\u00f3n juramentada extraprocesal de su propia autor\u00eda. <\/p>\n
La querellante acude a este mecanismo excepcional, por considerar arbitraria, ilegal e infundada la determinaci\u00f3n del ad quem constitucional, pues, de manera injustificada, desconoci\u00f3 las pruebas adosadas a la actuaci\u00f3n incurriendo en un \u201cfraude a la ley\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, ordenar a la sede judicial confutada, dejar sin efecto el pronunciamiento cuestionado y, en su lugar, ratificar el dictado por el sentenciador de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y los vinculados <\/p>\n
1. El despacho accionado rese\u00f1\u00f3 la actuaci\u00f3n materia de debate y reliev\u00f3 la improcedencia de esta queja para rebatir las decisiones all\u00ed emitidas. <\/p>\n
2. A su turno, el juez civil municipal solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, por no existir reparo alguno en su contra. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por improcedente, en tanto las diligencias cuestionadas no son susceptibles de reproche por esta misma v\u00eda. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 la querellante cuestionando la ausencia de an\u00e1lisis a la tesis expuesta en el escrito genitor, pues ninguna referencia hizo el a quo constitucional, a la \u201csituaci\u00f3n de fraude que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho\u201d, configurada con el fallo de tutela de segunda instancia materia del resguardo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a tramitaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta, la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d (Negrillas para resaltar). <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia del alto Tribunal Constitucional, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuaci\u00f3n, que en apariencia se ajusta a la prescripci\u00f3n normativa, en la realidad conlleva una situaci\u00f3n manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracci\u00f3n indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicaci\u00f3n de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situaci\u00f3n que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una disposici\u00f3n particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por el legislador. <\/p>\n
\u201cLa esencia de la instituci\u00f3n del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jur\u00eddicos, con independencia de la intenci\u00f3n o motivo que condujeron al actor a la aplicaci\u00f3n irregular que se censura. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn esa medida, el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su configuraci\u00f3n es que se produzca un da\u00f1o antijur\u00eddico. Es por eso que, para estar en presencia de fraude no se requiere de un elemento subjetivo, ya que este puede producirse sin que exista intenci\u00f3n por parte del agente. Basta con que la consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con los principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia del ordenamiento (necesaria adecuaci\u00f3n entre la norma y el principio). <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEs as\u00ed como, de acuerdo con la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, la cosa juzgada fraudulenta no se configura \u00fanicamente en el evento en que se adopte una decisi\u00f3n con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, sino que tambi\u00e9n se materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisi\u00f3n fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial. <\/p>\n
\u201cA prop\u00f3sito de lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia T-218 de 2012, sostuvo que el principio de fraus omnia corrumpit se opone al de buena fe, \u00faltimo del que se deriva la presunci\u00f3n que cobija a todas las actuaciones de los particulares frente al Estado, y el deber de comportarse conforme con sus postulados. En efecto, estim\u00f3 que \u201cel aludido fraude tambi\u00e9n implica la protecci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia\u201d, por lo que es obligaci\u00f3n del juez de tutela adoptar todas las medidas tendientes a evitar que el fraude la corrompa[76]. En esa l\u00ednea, admiti\u00f3 que la cosa juzgada pod\u00eda cuestionarse cuando \u201cno se observaban deberes como la lealtad procesal, la buena fe y la cl\u00e1usula rebus sic stantibus, y precis\u00f3 que los dos primeros se relacionaban con el principio de fraus omnia corrupti\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn el mismo pronunciamiento, la Corte Constitucional indic\u00f3 que, para la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada fraudulenta, se requiere estar en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido con todos los requisitos procesales, pero que materializa, en esencia, un negocio jur\u00eddico fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, e implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad. Es as\u00ed como, a partir de ese momento, la Corte fij\u00f3 su criterio de aplicaci\u00f3n del precepto del \u201cfraude lo corrompe todo\u201d, a fin de preservar el erario o patrimonio p\u00fablico de un evidente fraude. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn sentencia T-951 de 2013, la Corte precis\u00f3 que el examen efectuado en sede de revisi\u00f3n constituye un \u201c(\u2026) control eficaz e id\u00f3neo de los fallos de instancia que violan de forma grosera la Constituci\u00f3n\u201d. En ese sentido, la existencia de la cosa juzgada no puede consolidar \u201cuna situaci\u00f3n injusta contraria al derecho\u201d, pues ella subyace sobre \u201cun concepto \u00e9tico de validez\u201d. As\u00ed, explic\u00f3 que el principio fraus omnia corrumpit \u201cno es un t\u00e9rmino ret\u00f3rico sino una certeza sobre las consecuencias que acarrea validar una situaci\u00f3n injusta. El fraude lo corrompe todo y atenta contra la recta impartici\u00f3n de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre otros principios\u201d (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Se colige el fracaso del amparo porque la inicialista discute lo resuelto por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali en el prove\u00eddo de 30 de octubre de 2020, donde revoc\u00f3 la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n invocada, por encontrarla improcedente ante la falta de prueba, siquiera sumaria, capaz de acreditar la condici\u00f3n de madre cabeza de familia esgrimida por la libelista y la existencia de herramientas judiciales id\u00f3neas para controvertir su desvinculaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de esa ciudad. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, como en el presente asunto se solicita dejar sin efecto la sentencia descrita y acoger favorablemente las memoradas pretensiones, la cuesti\u00f3n implica reabrir un debate ya dirimido en un decurso de similar linaje al ahora incoado, donde ninguna \u201csituaci\u00f3n de fraude\u201d se demostr\u00f3. <\/p>\n
N\u00f3tese, la censura de la impulsora, basada en la incursi\u00f3n en un defecto f\u00e1ctico, por parte del despacho recriminado, lejos de poner en evidencia hechos contrarios a derecho o ejecutados de mala fe por el funcionario convocado, constituye un ataque propio de una impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, al resolver un asunto de similar linaje, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara la Sala resulta claro que dichos cuestionamientos versan sobre una interpretaci\u00f3n de derecho que la Sociedad VISE LTDA no comparte, y sobre el juicio de procedencia de la acci\u00f3n como elemento constitutivo e inescindible del fallo, situaci\u00f3n que a todas luces no denota por parte del juez que decidi\u00f3 el proceso, una conducta motivada con un prop\u00f3sito ilegal, doloso, o fraudulento, que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho, y sobre el cual, adem\u00e1s, no aporta prueba suficiente para que se acredite el principio de fraus omnia corrumpit, pues la entidad accionante no present\u00f3 siquiera sumariamente, el resultado de alguna investigaci\u00f3n (disciplinaria, penal, fiscal, etc.) adelantada contra el funcionario judicial, las partes o la decisi\u00f3n que se profiri\u00f3 en ese fallo. Por el contrario, lo que s\u00ed se hace evidente es el prop\u00f3sito con el que VISE LTDA, pretende revivir una situaci\u00f3n jur\u00eddica ya consolidada. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cBajo este panorama, tal como se expuso en las consideraciones de esta sentencia, \u201cresulta inaceptable que las partes que integran un proceso de acci\u00f3n de tutela, como en este caso controviertan los argumentos, razones, reglas, pruebas o dem\u00e1s elementos que fundamentaron una decisi\u00f3n por medio de la interposici\u00f3n de una nueva solicitud de amparo, \u201cla Corte Constitucional tiene la misi\u00f3n institucional de impedir que ello ocurra porque lo que est\u00e1 en juego no es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedar\u00eda indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posici\u00f3n coincida con la opini\u00f3n de alg\u00fan juez\u201d(\u2026)3\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cualquier debate frente a la tem\u00e1tica rebatida, por v\u00eda de un nuevo amparo, resulta, a todas luces, inaceptable, m\u00e1xime, cuando, una vez el expediente sea enviado a la Corte Constitucional, para surtir el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n, la gestora tendr\u00e1 a su alcance la posibilidad de solicitar la revisi\u00f3n del fallo y, en caso de ser necesario, hacer uso del mecanismo de insistencia, escenarios id\u00f3neos para controvertir los argumentos con soporte en los cuales el juzgador querellado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida para, en su lugar, denegar el auxilio deprecado. <\/p>\n
\u2018(\u2026) [T]ras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que[,] como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
6. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
2 Sentencia T-073 de 25 de febrero de 2019. <\/p>\n
3 Sentencia T-470 de 2018. <\/p>\n
4 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1400-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1400-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00322-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53533","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53533"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53533\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}