STC1401-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1401-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00437-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con lo acaecido en la audiencia de pacto de cumplimiento, al interior de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sucursales Scotianbank Colpatria S.A., con radicado No. 2019-00173-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la citada garant\u00eda, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, i) \u00abdeclarar SIEMPRE fallidas las audiencias en acciones populares que no asista el actor (\u2026) o la parte accionada\u00bb; ii) declarar la \u00abnulidad de la audiencia\u00bb; y iii) a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, y, la Defensor\u00eda Regional del Pueblo de Risaralda, \u00abinform[ar] por q[u\u00e9] NO SOLICITARON DECLARAR FALLIDA LA AUDIENCIA\u00bb en el citado asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce, en s\u00edntesis, que pese a que no asisti\u00f3 a la audiencia de que trata el art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, ni se aplic\u00f3 la sanci\u00f3n all\u00ed prevista, la sede judicial criticada \u00abNO DECLARA DECIERTA (sic)\u00bb dicha diligencia, siendo curioso, dice, que la misma haya durado \u00abm\u00e1s de una hora\u00bb, circunstancia que, asegura, lesiona su debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Defensor del Pueblo Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, pues \u00abno es el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
b. La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 copia del expediente digitalizado e inform\u00f3, que es falso que no se hubiera aplicado el art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, contrario a eso, la audiencia se declar\u00f3 fallida por la inasistencia del accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que la queja tra\u00edda a esta sede especial\u00edsima es inexistente, pues \u00abcontrario a lo que aduce el accionante, la audiencia de pacto de cumplimiento que se celebr\u00f3 en ese caso, debido a la inasistencia del accionante, se declar\u00f3 fallida cuando transcurr\u00eda el minuto 4:20 de la diligencia, y finaliz\u00f3 a los 5 minutos de haberse iniciado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, sin expresar los motivos concretos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto, se observa que lo pretendido concretamente en esta oportunidad por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, es que se ordene a la titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, declarar la \u00abnulidad\u00bb de la audiencia de pacto de cumplimiento realizada en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l presentada frente a una de las sucursales de Scotianbank Colpatria SA, pues en su criterio, tras su inasistencia esta debi\u00f3 declararse fallida. <\/p>\n
3. Sin embargo, del examen de las pruebas adosadas al expediente y el informe de la autoridad jurisdiccional convocada, se advierte que el presente reclamo constitucional carece de fundamento, pues tal y como lo puntualiz\u00f3 el a quo constitucional, el Despacho accionado no solo declar\u00f3 fallida la audiencia de pacto de cumplimiento practicada el 20 de noviembre del 2020, por la inasistencia del actor y del Ministerio P\u00fablico, sino que adem\u00e1s, dicha actuaci\u00f3n se extendi\u00f3 solamente por aproximadamente cinco (5) minutos; luego entonces, no cabe duda que el quebrantamiento superior alegado por el gestor es inexistente e inoficioso, m\u00e1xime cuando los reparos ac\u00e1 tra\u00eddos tampoco se ventilaron dentro del proceso objeto de censura. <\/p>\n
4. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abEl objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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