STC1403-2020<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1403-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2020-00376-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Viviana Carvajalino Villegas en calidad de Procuradora 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogot\u00e1, contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Ubaque y Civil del Circuito de C\u00e1queza, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora de la salvaguarda en la condici\u00f3n preanotada, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso de los extremos de del juicio de pertenencia que Ana Cecilia Rodr\u00edguez de Herrera, Hern\u00e1n, Mary, H\u00e9ctor, Rosaura, Luis Alberto y Fabio Rodr\u00edguez \u00c1ngel, promovieron contra Roberto Antonio Garz\u00f3n Guevara y los herederos indeterminados de Rafael Amador Amaya, presuntamente conculcado por las autoridades accionadas, con todas las actuaciones proferidas a partir del auto dictado el 8 de noviembre de 2018. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita de manera concreta, que se deje sin valor ni efecto la mentada providencia pronunciada por el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza, y que en consecuencia, se invalide lo actuado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque desde aquella \u00e9poca. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, y luego de hacer una descripci\u00f3n copiosa del tr\u00e1mite surtido al interior del citado litigio, adujo en compendio, que el mismo versa sobre el predio denominado \u00abQuind\u00edo\u00bb, el cual fue materialmente segregado de otro de mayor extensi\u00f3n llamado \u00abEl Hoyo de Cruz Verde\u00bb; que el aval\u00fao catastral del \u00faltimo de los mencionados bienes, para el a\u00f1o 2018 era de $545\u2019533.000,oo, motivo por el cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque rechaz\u00f3 la demanda y la remiti\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza, por tratarse de un asunto de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
Alega que no obstante lo anterior, mediante auto del 8 de noviembre siguiente, el citado Despacho del Circuito consider\u00f3, que la competencia para tramitar el asunto era del Juzgado remitente, \u00abdeterminando de forma discrecional la cuant\u00eda del proceso de pertenencia\u00bb, esto es, realizando el respectivo c\u00e1lculo matem\u00e1tico en el que fij\u00f3 el justiprecio de la cuota parte reclamada, de acuerdo con su medida superficiaria. <\/p>\n
Comenta que en calidad de agente del Ministerio P\u00fablico, se notific\u00f3 de la existencia del pleito el 19 de febrero de 2020, por lo que el 8 de abril siguiente \u00abse pronunci\u00f3 dentro del asunto manifestando entre otros aspectos la irregularidad que se advert\u00eda sobre la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda\u00bb; empero, el 24 de septiembre de ese mismo a\u00f1o se practic\u00f3 \u00abla audiencia de la que trata el art\u00edculo 392 del CGP\u00bb, sin que en la misma se hubieran adoptado las respectivas \u00abmedidas de saneamiento\u00bb; que en prove\u00eddo del 13 de octubre siguiente, el Juez Promiscuo Municipal de Ubaque se pronunci\u00f3 acerca del control de legalidad por ella solicitado desde el momento en el que contest\u00f3 la demanda, \u00abmanifestando la imposibilidad de adoptar medidas de saneamiento en tanto su actuar responde al cumplimiento de lo ordenado por el superior funcional\u00bb, motivo por el cual acude a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque puso de presente, que \u00abel superior funcional (Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza -Cundinamarca), en providencia el 8 de noviembre de 2018, RECHAZ\u00d3 la demanda por falta de competencia y la devolvi\u00f3 junto con sus anexos a es[e] Juzgado para su conocimiento, decisi\u00f3n que respetuosamente est[\u00e1] cumplimiento m\u00e1s no la compart[e], en el sentido que la teor\u00eda que [aqu\u00e9l] plantea (\u2026) es una interpretaci\u00f3n errada de la norma, toda vez que para determinar la cuant\u00eda [se debe tener en cuenta] el valor del predio de mayor extensi\u00f3n, m\u00e1s no est\u00e1 sujeta a una operaci\u00f3n matem\u00e1tica para establecer el valor de la porci\u00f3n que reclama la parte activa\u00bb, situaci\u00f3n que le fue manifestada a la Procuradora Judicial tutelante en auto del 13 de octubre de 2020. <\/p>\n
b. Por su parte, la Juez Civil del Circuito de C\u00e1queza, luego de hacer referencia a lo normado en los c\u00e1nones 25 y 26 dl C\u00f3digo General del Proceso, indic\u00f3, en s\u00edntesis, que \u00absi lo que se pretende es una parte de un todo, lo procedente es tener en cuenta el valor de la pretensi\u00f3n, y no del todo, pues no es lo mismo interponer una pertenencia sobre 1541 hect\u00e1reas que es el predio de mayor extensi\u00f3n en el caso concreto, cuyo aval\u00fao catastral era de $545\u2019533.000 para el 2018, que sobre 67.2 hect\u00e1reas (\u2026) y que corresponden al predio que persigue la demandante\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda instada, luego de concluir al efecto, que \u00abla dolencia de la procuradur\u00eda provincial est\u00e1 en que el juzgado municipal accionado conozca de un proceso de pertenencia que, seg\u00fan ella, por raz\u00f3n del aval\u00fao catastral que tiene el predio del que hace parte, debe conocer el juzgado de circuito querellado, que no ha podido definir el tema de la competencia tomando como base esa operaci\u00f3n aritm\u00e9tica que viene de referirse, es decir, mediante una regla de tres simple, donde, a partir del \u00e1rea de la porci\u00f3n de terreno pretendida, establece cu\u00e1l es su valor, proporcionalmente al \u00e1rea total de la heredad de que hace parte. <\/p>\n
Mas, adentr\u00e1ndose en esa pol\u00e9mica, no ve el Tribunal que esa forma de establecer la cuant\u00eda, trat\u00e1ndose apenas de un pedazo de un predio de mayor extensi\u00f3n, encarne un desatino de tal calado que autorice la tutela; en fin de cuentas, lo que media ah\u00ed es una manera de comprender una disposici\u00f3n legal, desde luego, en esas circunstancias, existiendo en la base de la discusi\u00f3n un conflicto de orden hermen\u00e9utico, donde bien resulta factible concluir que al determinar la cuant\u00eda en un proceso de pertenencia, debe establecerse cu\u00e1l es el valor del \u00e1rea que concretamente se pretende en la demanda, es imposible tachar al juzgador de veleidoso o arbitrario. <\/p>\n
A criterio de la procuradur\u00eda, esto ir\u00e1 en desmedro de la segunda instancia; mas, si eso fuera verdad, todo proceso de m\u00ednima cuant\u00eda, que por ministerio de la ley carece de apelaci\u00f3n, ser\u00eda simiente de la vulneraci\u00f3n de los derechos de las parte por esa circunstancia, algo que, es obvio, no puede ser as\u00ed; el tema es de legislador, y si para la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda el juzgador est\u00e1 autorizado por los principios de autonom\u00eda e independencia a entrar en ese tipo de consideraciones que en el caso de autos hizo el despacho judicial accionado, dif\u00edcilmente puede endilg\u00e1rsele el quebrantamiento del principio del debido proceso; y menos al juzgado municipal, que, sin refriegas acerca de su competencia por el factor cuant\u00eda [que no las hubo, pues esa observaci\u00f3n que resalta la procuradur\u00eda no fue, en realidad, un hostigamiento de esa naturaleza], simplemente se atuvo a lo que ya hab\u00eda dispuesto en su momento su superior funcional en la materia, algo l\u00f3gico, si es que al tenor del precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso no ten\u00eda opci\u00f3n diferente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La plante\u00f3 la accionante, luego de insistir en los argumentos esbozados en el libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del mero capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, la gestora del amparo como representante del Ministerio P\u00fablico, cuestiona, en \u00faltimas, la providencia de pronunciada por el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza el 8 de noviembre de 2018, a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 incompetente para conocer del proceso de pertenencia objeto de an\u00e1lisis, pues en su criterio, dicha oficina judicial no pod\u00eda rehusar su conocimiento, en raz\u00f3n a la cuant\u00eda. <\/p>\n
3. Sin embargo, de la revisi\u00f3n de las documentales digitales allegadas, la Sala advierte la improcedencia de lo reclamado, teniendo en cuenta que el resguardo solicitado no cumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, dado que la Procuradora 31 Judicial II Ambiental y Agraria se notific\u00f3 de la providencia objeto de reproche el 19 de febrero de 2020, como se anot\u00f3 en el ac\u00e1pite de antecedentes, mientras que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 4 de diciembre pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u201310 meses, sin que la tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1994-2020). <\/p>\n
4. Ahora, en lo que respecta a la decisi\u00f3n de la titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque emitida el 13 de octubre del a\u00f1o pasado, de negar la solicitud de la aqu\u00ed interesada para que se adoptara las medidas de saneamiento necesarias respecto de la competencia para conocer del proceso de pertenencia en comento, por el factor cuant\u00eda, basta con se\u00f1alar que, aquella autoridad no pod\u00eda, como en efecto lo manifest\u00f3 en tal prove\u00eddo, desconocer lo resuelto por su Superior funcional, cuando resolvi\u00f3 remitirle el asunto, precisamente por considerar que no era competente para tramitarlo, ello en atenci\u00f3n a lo normado en el inciso 3\u00b0 del precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que reza a la letra: \u00ab[e]l juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales\u00bb, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, queda claro que lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera desatinada, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
Sobre el presente t\u00f3pico, reiteradamente se ha pregonado que, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC2702-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Se estiman suficientes las anteriores razones para la ratificaci\u00f3n del fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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