STC1404-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1404-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00457-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 14 de enero de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Risaralda, la Alcald\u00eda de Pereira y el Banco de Occidente S.A., con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a la referida entidad financiera, radicada bajo el n\u00famero 2019-00185-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco de Occidente -sucursal calle 19 N\u00ba 9-36 de Pereira-, ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma urbe, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2019-00185. <\/p>\n
El 15 de julio de 2020, se profiri\u00f3 sentencia en el aludido decurso, frente a la cual, la pasiva impetr\u00f3 apelaci\u00f3n; sin embargo, reprocha el censor, la juez fustigada s\u00f3lo remiti\u00f3 la alzada en noviembre de 2020, es decir, cuatro meses despu\u00e9s de emitida la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Agrega que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este resguardo, el remedio vertical se halla en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, sin tr\u00e1mite \u201cde admisi\u00f3n\u201d, por parte de esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar i) a la falladora encartada no desconocer los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 472 de 1998, respecto a las apelaciones, adem\u00e1s, remitir el link de acceso al expediente cada vez que se hagan notificaciones por estado y ii) al tribunal otrora mencionado, dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 37 ib\u00eddem1. <\/p>\n
4. En auto de 2 de diciembre de 2020, esta Sala declar\u00f3 la falta de competencia para conocer el asunto en primera instancia, al estimar aparente el auxilio propuesto frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en consecuencia, dispuso enviar las diligencias ante esa colegiatura, para lo de su cargo. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial querellada indic\u00f3 que, en efecto, en el asunto objeto de controversia, se emiti\u00f3 sentencia el 15 de julio de 2020; no obstante, se refiri\u00f3 a la transici\u00f3n que viene realizando la rama judicial, en cuanto a la virtualidad, as\u00ed como al \u201cdesgaste y demora en todos y cada uno de los tr\u00e1mites judiciales\u201d generados por esa circunstancia, sumado a la carencia de recurso humano para atender todas las labores. <\/p>\n
Por otra parte, inform\u00f3 que al censor le ha sido compartido el respectivo el link de acceso, donde figura cada una de las actuaciones en las cuales se ha emitido una decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, manifest\u00f3 su incompetencia para adelantar las pretensiones del quejoso, refiri\u00f3, igualmente, no haber vulnerado los derechos por aqu\u00e9l invocados. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira indic\u00f3 atenerse a lo probado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Banco de Occidente S.A. demand\u00f3 la improcedencia del resguardo por desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
5. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, tras determinar que el querellante no present\u00f3 ninguna solicitud ante el estrado confutado, cuestionando la supuesta mora, antes de acudir a este amparo. As\u00ed lo expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso concreto, est\u00e1 probado que el Juzgado profiri\u00f3 sentencia el 15 de julio del 2020, la cual fue apelada por la entidad demandada, y que el recurso fue concedido mediante auto del 4 de noviembre siguiente; respecto de tales circunstancias, le asiste raz\u00f3n al accionante. Sin embargo, no sucede lo mismo con aquello de que el expediente se encuentra en este Tribunal, as\u00ed se comprueba al revisar el sistema Siglo XXI, donde no aparece registrada ninguna acci\u00f3n popular con ese radicado\u201d. <\/p>\n
\u201cAnte tal panorama, advierte la Sala que, en efecto, hay demora en el tr\u00e1mite de ese caso, el cual, pese a que se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n desde el 4 de noviembre 2020, en la actualidad, no ha arribado a esta sede\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, en postura reiterada, esta Sala ha sostenido que, cuando se trata de la presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial, la subsidiaridad s\u00f3lo se supera si la parte actora acredita haber acudido, antes que a la tutela, al despacho que conoce del caso, a indagar sobre el porqu\u00e9 de la tardanza, en el entendido de que, se le debe dar la oportunidad al acusado de exponer las razones que han impedido el desenvolvimiento oportuno del juicio (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el quejoso, sin exponer el fundamento de su disenso con el contenido de la decisi\u00f3n del a quo constitucional. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga reprocha la tardanza del juzgado fustigado en remitir la acci\u00f3n popular, aqu\u00ed cuestionada, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con el fin de zanjar el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por el Banco de Occidente S.A., frente a la sentencia de 15 de julio de 2020. <\/p>\n
2. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
Ha dicho la Sala, en su jurisprudencia, que la protecci\u00f3n al debido proceso (art. 29 C.N.) y acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 \u00edb.), en estos casos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n3 y de la Corte Constitucional4, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia de un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana5 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos6, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
En esta l\u00ednea, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos de 1969, aprobada mediante Ley 16 de 1972, establece: <\/p>\n
\u201c1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El canon 25 del mismo instrumento, en lo pertinente, dispone: <\/p>\n
\u201c1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
3. Revisadas las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata la procedencia de la protecci\u00f3n exigida, pues en el decurso criticado se aprecia una falta de diligencia, la cual ocasion\u00f3 una dilaci\u00f3n inaceptable en el tr\u00e1mite de la alzada entablada por la entidad financiera accionada. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, el 15 de julio de 2020, el juzgado instructor profiri\u00f3 sentencia en la acci\u00f3n popular N\u00ba 2019-00185, amparando \u201cel derecho colectivo al acceso a los servicios p\u00fablicos y prestaci\u00f3n eficiente y oportuna\u201d, invocado por la activa. Frente a esa decisi\u00f3n, el 22 del citado mes, el Banco de Occidente S.A. interpuso recurso de apelaci\u00f3n; sin embargo, el remedio fue concedido hasta el 4 de noviembre de 2020. <\/p>\n
El 11 de diciembre postrero, la falladora encausada, en la contestaci\u00f3n al traslado ordenado en el presente tr\u00e1mite, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es cierto que en la acci\u00f3n popular 2019-00185, se profiri\u00f3 sentencia el d\u00eda 15 de julio de 2020, como tambi\u00e9n es de p\u00fablico conocimiento la transici\u00f3n que viene realizando la rama judicial en cuanto a la virtualidad y que esto ha generado un desgaste y demora en todos y cada uno de los tr\u00e1mites judiciales, debido a que se ha tenido que realizar un proceso tanto de escaneo de los respectivos expedientes, como capacitaciones para afrontar esta nueva transici\u00f3n, lo cual ha hecho imposible que se pueda dar cumplimiento a los diferentes tramites y t\u00e9rminos que a cada proceso se debe dar\u201d. <\/p>\n
\u201cAunado a esto se tiene que se tramitan no solo procesos civiles, sino acciones de tutela, desacatos y consultas, en primera y segunda instancia; que se allegan innumerables peticiones de los togados y el aqu\u00ed actor popular, y que no hay equipo humano suficiente para atender estas labores, adem\u00e1s del escaneo de los procesos (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Por otra parte, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 14 de enero de 2021, en el fallo que zanj\u00f3 este asunto constitucional en primera instancia, adujo que, contrario a lo aseverado por el libelista, el dossier no se encontraba en esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n fue ratificada por esa magistratura, en mensaje de datos allegado a este Colegiado el 4 de febrero de 2021, donde inform\u00f3 que, una vez revisado el aplicativo \u201cSiglo XXI\u201d, no se encontr\u00f3 la aludida acci\u00f3n popular en los asuntos de conocimiento de esa sala especializada, cuesti\u00f3n que, se destaca, no permit\u00eda vincular a este auxilio a dicho tribunal, pues la censura frente a \u00e9l resultaba meramente aparente9. <\/p>\n
Ahora, analizado el anterior panorama, resulta evidente que el decurso criticado, dadas las diferentes circunstancias que lo han rodeado, se ha extendido en el tiempo de manera desmesurada, pues la apelaci\u00f3n fue presentada el 22 de julio de 2020 y, a la fecha, a\u00fan no ha logrado remitirse el expediente para conocimiento del superior; tardanza que se torna incomprensible, pues, de lo expuesto por el despacho accionado, el decurso se encuentra digitalizado, habi\u00e9ndose incluso, remitido el enlace pertinente, al tutelante para su revisi\u00f3n, as\u00ed como, al a quo constitucional en la contestaci\u00f3n a su traslado, dentro de este resguardo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, al juez cognoscente, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso10. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceder\u00e1 al amparo reclamado por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, remita el aludido expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe, a fin de agotar el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 15 de julio de 2020. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, debe se\u00f1alarse, la petici\u00f3n del aqu\u00ed inicialista, para que le sea remitido el link de acceso al expediente cada vez que se hagan notificaciones por estado, no sale avante, por cuanto, seg\u00fan lo manifestado por la titular del estrado encausado en este tr\u00e1mite, se ha venido compartiendo el enlace de ingreso a cada una de las actuaciones en las cuales se ha tomado una decisi\u00f3n. <\/p>\n
6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196911, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia impugnada para conceder el amparo. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia recurrida y, en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n deprecada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, remita el expediente N\u00ba 2019-00185 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, para lo de su cargo. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cARTICULO 37. RECURSO DE APELACION. El recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente. <\/p>\n
\u201cLa pr\u00e1ctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetar\u00e1, tambi\u00e9n, a la forma prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijar\u00e1 un plazo para la pr\u00e1ctica de las pruebas que, en ning\u00fan caso, exceder\u00e1 de diez (10) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de dicho auto; el plazo para resolver el recurso se entender\u00e1 ampliado en el t\u00e9rmino se\u00f1alado para la pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
2CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterado el 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01 y el 21 de octubre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02374-00, entre otros. <\/p>\n
3 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
4 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
5 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
6 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
7 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
8 Expediente digital, Archivo: \u201c12. CONTESTACI\u00d3N TUT JUZGADO 2020-00457.pdf\u201d <\/p>\n
9 CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. ATC523-2020, de 8 de julio de 2020, exp. 2020-00062-01. <\/p>\n
10 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1404-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1404-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00457-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53537","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53537\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}