STC1405-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1405-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-22-04-000-2020-01253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eustorgio Monta\u00f1o Palomino contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013Sala Laboral y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abseguridad jur\u00eddica de precedente constitucional\u00bb, a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia pronunciada el 13 de noviembre de 2019, que resolvi\u00f3 sobre el recurso de casaci\u00f3n propuesto en el marco del proceso ordinario laboral por \u00e9l instaurado contra Colpensiones, en aras de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Por tal motivo solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada sentencia <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, luego de hacer un resumen pormenorizado de las actuaciones acaecidas en desarrollo de la contienda ordinaria laboral objeto de an\u00e1lisis, que con lo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia memorada, ha sufrido un perjuicio incalculable, pues lo cierto es que, asegura, s\u00ed cumple con los requisitos necesarios para que le sea otorgada la asignaci\u00f3n solicitada, \u00abpues al 1\u00ba de abril de 1994, cotiz\u00f3 464,43 semanas y conforme al Decreto 758\/90, pod\u00eda acceder a su pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, a m\u00e1s de haberse desconocido \u00abel principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Gerente de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, manifest\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte no incurri\u00f3 en alg\u00fan defecto que permita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que la decisi\u00f3n objeto de s\u00faplica se ajust\u00f3 a la l\u00ednea jurisprudencial que sobre el particular ha construido la Corporaci\u00f3n, adem\u00e1s de constituir el pronunciamiento objeto de reproche cosa juzgada material, sin que pueda a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional, controvertirse la misma. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 al amparo invocado, luego de advertir que independientemente de que hubiere sido o no beneficiosa al actor, la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno se ofrece arbitraria ni caprichosa, ni violatoria del ordenamiento jur\u00eddico, pues se encuentra precedida de un an\u00e1lisis serio y debidamente fundamentado, soportado en los hechos probados, las disposiciones normativas y la jurisprudencia aplicable al caso, cuyo contraste permite a esta Colegiatura descartar la procedencia del amparo. <\/p>\n
Es de recordar, una vez m\u00e1s, que las discrepancias que puedan presentarse en torno a una determinada decisi\u00f3n que es desfavorable, no habilitan la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, porque este mecanismo excepcional no fue dise\u00f1ado como una instancia alternativa, sustitutiva ni adicional de los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n. Por tanto, la sentencia censurada se torna intangible, y el juez de tutela no puede, en virtud del principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) que ampara sus actuaciones y decisiones, intervenir para modificarlas, solo porque el impugnante no la comparte, o tiene una comprensi\u00f3n diversa de la del funcionario\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, con similares argumentos a los esbozados del escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
Sobre el \u00faltimo punto, la Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n se concluye, que el amparo resulta improcedente, pues el se\u00f1or Monta\u00f1o Palomino pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse, si en cuenta se tiene que la determinaci\u00f3n que cuestiona es la proferida el 13 de noviembre de 2019 por la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual se decidi\u00f3 casar la sentencia de segundo grado pronunciada en el juicio ordinario laboral que instaur\u00f3 contra Colpensiones para obtener la pensi\u00f3n de invalidez, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 24 de agosto de 2020. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que el tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de nueve (9) meses de emitida tal decisi\u00f3n, t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC703-2020). <\/p>\n
3. Y en aras de ahondar en razones desestimatorias de la protecci\u00f3n inquirida, debe decirse que las cuestiones planteadas por el inconforme resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que el razonamiento realizado por la Colegiatura convocada de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Ciertamente, en punto del problema jur\u00eddico planteado por el extremo procesal que interpuso el recurso extraordinario, es decir, Colpensiones, relativo a que teniendo en cuenta la fecha en que se configur\u00f3 la invalidez (30\/09\/11), la norma aplicable al asunto es la Ley 860 de 2003, y no como lo consider\u00f3 el ad quem el Decreto 758 de 1990, aun en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues lo m\u00e1ximo que en dicho sentido podr\u00eda darse, era aplicar la norma inmediatamente anterior a la mencionada estructuraci\u00f3n, que en este caso ser\u00eda la Ley 100 de 1993, precis\u00f3 la autoridad convocada lo siguiente, a saber: <\/p>\n
\u00abla Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilizaci\u00f3n del postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, con el objeto de realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica en las legislaciones anteriores hasta acomodar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte m\u00e1s favorable y, con ello, una aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la Ley, lo cual por dem\u00e1s, desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro\u00bb, postulado que sustent\u00f3 en las sentencias CSJ SL1689-2017 y SL8305-2017. <\/p>\n
Por lo anterior, ultim\u00f3 que \u00abel juzgador de alzada se equivoc\u00f3, en cuanto dio una aplicaci\u00f3n plusultractiva de la ley, lo que es suficiente para que el cargo sea fundado y salga avante el ataque enrostrado por la censura\u00bb, lo que daba lugar a casar la determinaci\u00f3n atacada, y en consecuencia, a disponer en la sentencia sustitutiva, que \u00abtal como lo se\u00f1al\u00f3 el juez de primera instancia, el suceso ocurri\u00f3 el 30 de septiembre de 2011 y la norma aplicable era la vigente al momento, esto es, la Ley 860 de 2003 que exig\u00eda cotizar 50 semanas dentro de los \u00faltimos 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n, requisito que no se cumpl\u00eda pues en ese lapso solo alcanz\u00f3 0,14 semanas. <\/p>\n
Aunado a ello, el a quo, de conformidad con el par\u00e1grafo 2\u00b0 de la misma norma y la jurisprudencia de esta Sala, realiz\u00f3 el estudio de la pensi\u00f3n de vejez, dado que el actor hab\u00eda financiado m\u00e1s del 75% de las semanas m\u00ednimas requeridas para el riesgo de vejez, pero tampoco alcanzaba las exigencias normativas para tal prestaci\u00f3n pues no re\u00fane la exigencia de haber cotizado 25 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a la invalidez. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habr\u00e1 de confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali, el 27 de octubre de 2014 que neg\u00f3 la prestaci\u00f3n de invalidez pretendida por el demandante\u00bb. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, no resulta acertado lo que asegura el accionante frente a los presuntos defectos de los que padece la sentencia atacada, comoquiera que de conformidad a la jurisprudencia que sobre ese t\u00f3pico ha proferido la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, es verdad que en vista de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez del se\u00f1or Monta\u00f1o Palomino, no era posible aplicar el Decreto 758 de 1990, aun en vista del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y que a la luz de la Ley 820 de 1993, norma bajo la cual deb\u00eda analizarse el caso, aqu\u00e9l no cumpl\u00eda con los requisitos para la obtenci\u00f3n de tal asignaci\u00f3n, motivo por el cual no era posible aplicar el beneficio convencional reclamado. <\/p>\n
Al punto, reiteradamente se ha pregonado que, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb; en esa misma l\u00ednea de principio, el juez constitucional \u00abno es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC2702-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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