STC1406-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1406-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00516-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 12 de enero de 2021, por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela promovida por Mar\u00eda Camila S\u00e1nchez Riberos contra el Juzgado Tercero del Circuito de Bucaramanga, con ocasi\u00f3n del asunto verbal de cumplimiento de contrato iniciado por la aqu\u00ed petente contra Mar\u00eda Isabel y Azucena Almeida Celis, y Carlos Alfredo Romero Almeida, con radicado n\u00famero 2018-00826. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la actora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, sostiene que promovi\u00f3 juicio verbal de cumplimiento de contrato en contra de Mar\u00eda Isabel y Azucena Almeida Celis, y Carlos Alfredo Romero Almeida, cuyo conocimiento correspondi\u00f3, en primera instancia, al Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bucaramanga. <\/p>\n
El 18 de mayo de 2020 el prenombrado despacho emiti\u00f3 sentencia anticipada denegando las pretensiones de la censora, pasando por alto que aun cuando los all\u00ed demandados estaban debidamente notificados, no contestaron la demanda y tampoco asistieron a la audiencia programada para el 16 de enero de 2020. <\/p>\n
Inconforme con dicha decisi\u00f3n, el 21 de mayo de 2020 la aqu\u00ed gestora interpuso recurso de apelaci\u00f3n \u201cdebidamente sustentado\u201d y, aun cuando el mismo fue admitido el 24 de agosto de 2020 por el juez de segundo grado -aqu\u00ed accionado-, en auto de 8 de septiembre anterior, lo declar\u00f3 desierto por no haber sido \u201csustentado\u201d conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Considera que el juez accionado incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, pues, por una simple omisi\u00f3n procedimental dej\u00f3 en firme una providencia carente de un an\u00e1lisis juicioso de las probanzas arrimadas al proceso, y en donde se soslayaron las implicaciones que conlleva la falta de contestaci\u00f3n de la demanda y de presentaci\u00f3n de medios exceptivos o suasorios por parte del extremo pasivo. <\/p>\n
Al respecto, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no puede ser posible que por la ciega obediencia del derecho procesal que el Juez abandone su rol como garante de la normatividad sustancial para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, revocar el auto de 8 de septiembre de 2020, a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n por ella propuesto frente a la aludida sentencia anticipada y, en su lugar, se tr\u00e1mite adecuadamente la alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, aduciendo haber respetado las garant\u00edas legales y constitucionales de las partes. Pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo por considerar incumplido el requisito general de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto las pretensiones tutelares se dirigen, exclusivamente, frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
3. La curadora ad litem de Mar\u00eda Isabel y Azucena Almeida Celis, y Carlos Alfredo Romero Almeida expres\u00f3 acogerse a las resultas del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir que la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
\u201c(\u2026) responde a la exigencia contenida en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 vigente para el momento en que se admiti\u00f3 el disenso vertical de trato. As\u00ed, conforme se ve, la apelaci\u00f3n fue admitida por auto de 24 de agosto de 2020 sin que dentro del t\u00e9rmino establecido en la norma en cita el apoderado de la accionante hubiere cumplido con la carga que legalmente le fue impuesta. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
\u201c(\u2026) al no haberle dado tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n con normas del C\u00f3digo General del Proceso en sus art\u00edculos 322 y ss. toda vez que el recurso de apelaci\u00f3n fue presentado y admitido antes de la expedici\u00f3n y vigencia del Decreto 806 de 2020, esto es antes del 04 de junio de 2020 (…)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La actora cuestiona el prove\u00eddo de 8 de septiembre de 2020, a trav\u00e9s del cual el juzgado accionado declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n por ella incoado el 21 de mayo de 2020 frente a la sentencia anticipada de 18 de mayo anterior, al no hallarlo debidamente sustentado conforme a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020; determinaci\u00f3n que estima arbitraria, por cuanto el remedio vertical fue presentado antes de la expedici\u00f3n y vigencia de la citada norma. <\/p>\n
2. Aun cuando en otros casos se ha protegido el derecho al debido proceso de quienes han sido sorprendidos con la variaci\u00f3n del procedimiento, al aplicarse el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, cuando la alzada se ha incoado en vigencia del Ley 1564 de 20121, como sucedi\u00f3 en el caso controvertido, no habr\u00e1 lugar a conceder la protecci\u00f3n por ese hecho, por cuanto la misma actitud de la querellante permite comprender el desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, porque la interesada nada expres\u00f3 al ser requerida para sustentar la alzada en los t\u00e9rminos del Decreto 806 de 2020 y tampoco interpuso reposici\u00f3n frente a la providencia criticada, medio id\u00f3neo para exponer las cuestiones aqu\u00ed ventiladas y procedente a voces de lo normado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por tanto, si bien la gesti\u00f3n del acusado, en torno al tr\u00e1mite impartido al decurso, no se acompasa con la normatividad aplicable y la jurisprudencia constitucional emitida recientemente sobre la situaci\u00f3n descrita, se reitera, en esta sede resulta inviable conceder la protecci\u00f3n dado su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, por cuanto, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado remedio, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Con todo, resulta necesario requerir a la autoridad accionada para que, en lo sucesivo, adec\u00fae las alzadas a su cargo, conforme a la normatividad vigente para decantarlas, atendiendo, para ello, al criterio advertido por esta Sala recientemente4. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Prevenir a la autoridad confutada para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como las se\u00f1aladas en el numeral segundo de esta providencia. Rem\u00edtasele copia de este pronunciamiento. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 STC6683-2020 y STC6687-2020 aprobadas en Sala de 3 de septiembre de 2020, STC7233-2020 aprobada en Sala de 9 de septiembre de 2020, entre otras. <\/p>\n
2 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
4 \u00cddem <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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