STC1410-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1410-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-001-2020-00088-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de julio de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la tutela que Maribeth Molina Mart\u00ednez le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a las autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00b0 20001 40 03 006 2017 00223 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, por intermedio de apoderado, suplic\u00f3 el amparo de sus derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb. Por consiguiente, pidi\u00f3 \u00abdejar sin efecto\u00bb la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia en el litigio de responsabilidad civil que le promovi\u00f3 al Banco BBVA Colombia S.A. y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., para que, en su lugar, se emita una nueva providencia \u00abdebidamente motivada\u00bb, que acceda a sus pedimentos. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb porque ponder\u00f3 la \u00abbuena fe\u00bb de forma aislada y s\u00f3lo apreci\u00f3 la presunta omisi\u00f3n de \u00abdeclarar\u00bb las patolog\u00edas que padec\u00eda antes de la suscripci\u00f3n del contrato, sin tener en cuenta que ese principio era predicable de ambas partes, toda vez que las encartadas no le hicieron chequeos, ni cuestionario. <\/p>\n
Sostuvo que el rebatido pronunciamiento es contrario al precedente judicial, porque de acuerdo con la sentencia T-245 de 2010 de la Corte Constitucional, para \u00abdeclarar que existe reticencia\u00bb es necesario probar la mala fe del asegurado, como quiera que solo el asegurador sabe si la enfermedad \u00abomitida\u00bb lo har\u00eda desistir del negocio o hacerlo m\u00e1s oneroso, y segundo, demostrar el nexo de causalidad entre la preexistencia y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, a fin de evitar que las aseguradoras adopten una posici\u00f3n ventajosa, circunstancias no valoradas por el iudex. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar defendi\u00f3 la legalidad de su obrar. <\/p>\n
El Tercero Civil Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples dijo que de su parte no hubo trasgresi\u00f3n a las prerrogativas de la impulsora. <\/p>\n
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. resalt\u00f3 la improcedencia del resguardo, por cuanto la resoluci\u00f3n confutada se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el ruego al concluir que la accionante no estableci\u00f3 el tipo de \u00aberror\u00bb del estrado querellado, \u00abpues no es clara en determinar en qu\u00e9 se equivoc\u00f3 o qu\u00e9 omiti\u00f3, de su argumentaci\u00f3n simplemente se desprende su inconformidad con la decisi\u00f3n que llena sus expectativas\u00bb. En todo caso, hall\u00f3 razonable lo definido en la apelaci\u00f3n, luego de colegir que la mera divergencia interpretativa no es suficiente para conceder la ayuda superlativa. <\/p>\n
4.- La quejosa repeli\u00f3 ese desenlace, afirm\u00f3 que s\u00ed expuso los defectos y falencias del despacho del circuito e insisti\u00f3 en lo esgrimido en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Analizado el expediente sometido al escrutinio de la Corte pronto surge la impertinencia del amparo, en rigor, porque no fue tempestiva su formulaci\u00f3n, habida cuenta del plazo de seis (6) meses y un (1) d\u00eda que trascurri\u00f3 desde que se dict\u00f3 la providencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar (18 dic. 2019) hasta cuando se activ\u00f3 este sendero residual (19 jun. 2020), tiempo que sin lugar a dudas conspira contra el anhelo de la libelista, pues si bien no existe una regla de caducidad para ejercer este instrumento superlativo, s\u00ed se impone hacerlo dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb, que no desnaturalice su finalidad de \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb, cuandoquiera que sean conculcados o, al menos, amenazados. <\/p>\n
Ciertamente, aunque no se encuentra consagrado en la ley un lapso perentorio que conlleve el decaimiento de esta herramienta frente a la actividad jurisdiccional, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb, contados desde cuando se expidi\u00f3 el prove\u00eddo en pugna, ello en procura de impedir que la pretensi\u00f3n \u00abpierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 3097-2016; reiterada en STC6481-2018). <\/p>\n
En este punto precisa la Sala que la peticionaria no expuso ni sac\u00f3 a relucir causa alguna para excluir la aplicaci\u00f3n del principio de inmediatez referido y tampoco ados\u00f3 prueba alguna que lo demostrara, lo que descarta la posibilidad de someter a debate supralegal el raciocinio de la dependencia fustigada, en raz\u00f3n, it\u00e9rese, al prolongado e injustificado mutismo de quien acude a esta senda. <\/p>\n
2.- Y aunque la prenotada situaci\u00f3n constituye un inconveniente con la entidad suficiente para despachar adversamente la guarda suplicada, tambi\u00e9n cabe anotar que este mecanismo residual y sumario no es la v\u00eda apta para disentir o revisar las resoluciones jurisdiccionales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando el llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las prerrogativas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar arbitrario, grosero o ajeno a la ley, si se tiene en cuenta que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda e independencia que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica le reconoce a los juzgadores. <\/p>\n
[i]ndependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales. (CSJ SC, 20 sep. 2012, Exp. 2012-00245-01, citado en STC15884-2018 – Negritas ajenas al texto). <\/p>\n
3.- Desde ese punto de vista resulta palmaria la inviabilidad de la salvaguarda incoada por Maribeth Molina Mart\u00ednez, si se tiene en cuenta que la sentencia confutada no es producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados de la ley o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, como se observa en el registro audiovisual de la vista p\u00fablica donde se dilucid\u00f3 la alzada (18 dic. 2019), la censurada funcionaria desair\u00f3 el \u00abraciocinio\u00bb del a quo y las aspiraciones de la demanda de responsabilidad contractual sometida a su escrutinio, luego de encontrar demostrados los medios exceptivos propuestos por la recurrente, en especial, la \u201cnulidad relativa del contrato de seguros recogido en la p\u00f3liza de vida grupo (\u2026) por reticencia\u201d e \u201cinexistencia de obligaci\u00f3n de realizar inspecci\u00f3n del estado de riesgo (\u2026)\u201d, todo ello a partir de una plausible interpretaci\u00f3n normativa y de los lineamientos que sobre ese tema ha trazado la jurisprudencia. <\/p>\n
En tal sentido, destac\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la declaraci\u00f3n del estado del riesgo siempre va a constituir un aspecto de cardinal importancia en un contrato de seguros. La raz\u00f3n es que esa declaraci\u00f3n le permite al asegurador conocer las particularidades propias del hecho futuro e incierto cuya cobertura va a asumir e igualmente le va a permitir valorar la conveniencia de contratar o no las eventuales condiciones especiales en caso de que se opte por la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Es trascendente porque se exige que, en el cumplimiento de esta carga de informaci\u00f3n, ese candidato a tomador exteriorice de una manera veraz y oportuna, en franco acatamiento del axioma de la buena fe, insustituible en los contratos de confianza, como lo es el de seguro, la realidad del riesgo que obviamente se va a pretender amparar. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de proteger ese principio el Legislador consagr\u00f3, de una manera positiva, un riguroso r\u00e9gimen de sanciones (\u2026) para aquellas eventualidades en las que el asegurado omite cumplir con la carga de informaci\u00f3n evocada. Habiendo elegido el Legislador dentro de la diversa gama de ineficacias lo que conocemos como la nulidad relativa del contrato como respuesta a la reticencia, que no es m\u00e1s que la inexacta informaci\u00f3n suministrada por el aspirante al efecto. <\/p>\n
Cuando un tomador calla informaci\u00f3n que era de importancia para la expresi\u00f3n del consentimiento por parte de la aseguradora se desconoce el principio de la buena fe, que de una manera superlativa se exige en esta tipolog\u00eda de negocios, en el que se maneja siempre un fluido suministro de datos que se aportan sin que se haya verificado su real existencia, raz\u00f3n por la cual \u201cen lo que respecta al tomador o asegurado las hace al solicitar el seguro, las que exige la ley debe hacerse con pulcritud, que sean ver\u00eddicas y que no haya callado ni ocultado circunstancias que de conocerlas el asegurador no habr\u00eda consentido en el contrato o habr\u00eda consentido en \u00e9l bajo otras condiciones\u201d, Corte Suprema de Justicia, sentencia S 139 de 18 de octubre de 1995. (Se destaca – m\u00edn. 07:51 a 11:10, en el registro). <\/p>\n
Con esa perspectiva, abord\u00f3 el estudio del material suasorio adosado a esa litis y desatac\u00f3 que el \u00abdictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb se edific\u00f3 sobre la base de un \u00abdiagn\u00f3stico de disfon\u00eda, reflujo gastroesof\u00e1gico, gastritis cr\u00f3nica e hipertensi\u00f3n arterial\u00bb, estas \u00faltimas padecidas con antelaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n del contrato de seguro, pero que no fueron \u00abdeclaradas\u00bb por la reclamante en el respectivo \u00abcertificado de asegurabilidad\u00bb, donde se le inquiri\u00f3 al respecto. Sobre el particular, advirti\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) un tema que es de vital importancia en este tema de seguros es si ese certificado de asegurabilidad de alguna manera hubiera podido estar ambiguo o no en relaci\u00f3n a las preguntas o lo que debi\u00f3 contestar en su momento la demandante. En este certificado de asegurabilidad que fue aportado al expediente se observa que la demandante en fecha 20 de octubre del 2014 indic\u00f3 en los \u00edtems que fueron suministrados o requeridos por la aseguradora que (\u2026) no. En esos dos puntos en particular hace alusi\u00f3n a dos puntos espec\u00edficos cuales son: \u201cdolor en el pecho, tensi\u00f3n arterial alta, infarto o cualquier enfermedad del coraz\u00f3n\u201d, \u201c\u00falcera de est\u00f3mago, duodeno, enfermedades del recto, es\u00f3fago, ves\u00edcula, h\u00edgado, diarreas frecuentes o enfermedades del sistema digestivo\u201d. Tercero, \u201csufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente\u201d. <\/p>\n
Asimismo, en el inicio del segundo ac\u00e1pite de ese certificado de asegurabilidad indica: \u201cExpresamente declaro que todas las respuestas aqu\u00ed son exactas, completas, ver\u00eddicas y acepto que cualquier omisi\u00f3n, inexactitud o reticencia de las mismas sean tratadas de acuerdo con el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio\u201d <\/p>\n
Este certificado de asegurabilidad obviamente fue suscrito, un tema que no se discuti\u00f3 por la parte demandante y en \u00e9ste el Despacho no observa que exista alg\u00fan tipo de ambig\u00fcedad en las preguntas que se hicieron, am\u00e9n de que se contempla que ella, la demandante, indic\u00f3 que hab\u00eda declarado de manera expresa que esas respuestas eran exactas, completas, ver\u00eddicas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, coligi\u00f3 que la aseguradora tampoco estaba obligada a realizar ex\u00e1menes m\u00e9dicos previos para conocer la condici\u00f3n de salud de la tomadora al momento de suscribir la p\u00f3liza, pues, seg\u00fan acot\u00f3, era claro que esta \u00faltima conoc\u00eda de antemano la \u00abpreexistencia\u00bb y, pese a ello, sin justificaci\u00f3n, opt\u00f3 por una conducta silente que se revel\u00f3 en la totalidad de los \u00ab\u00edtems\u00bb de la \u00abdeclaraci\u00f3n de asegurabilidad\u00bb que sign\u00f3. <\/p>\n
A aquella conclusi\u00f3n arrib\u00f3 despu\u00e9s de un breve recorrido por algunos precedentes de las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Civil de esta Corporaci\u00f3n (STL955-2018 y SC5327-2018), con especial \u00e9nfasis en la \u00absentencia T463 del 2017 [de la Corte Constitucional]\u00bb, que le sirvieron para destacar que, <\/p>\n
(\u2026) \u201cEl principio de la buena fe que ampara el contrato de seguro obliga a las partes a comportarse con honestidad y lealtad desde la celebraci\u00f3n hasta que termine la vigencia del mismo, porque de ello depende la eficacia y el cumplimiento de las cl\u00e1usulas en \u00e9l previstas\u201d <\/p>\n
\u201cEsta exigencia, cuya aplicaci\u00f3n se ha vinculado con la resoluci\u00f3n de casos concretos, a partir de las condiciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas de suscripci\u00f3n del contrato de seguro, ha permitido considerar que la falta de realizaci\u00f3n del examen, dada la ocurrencia del siniestro, excluye la posibilidad de alegar que determinadas enfermedades no se encontraban amparadas y que, por ende, el riesgo es anterior a la celebraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
\u201cEl alcance de las providencias en las que se estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de realizar un examen m\u00e9dico previo a la celebraci\u00f3n del contrato de seguros se limit\u00f3 a las circunstancias que rodearon cada uno de los casos en virtud de los efectos inter partes que por regla general tienen las sentencias de tutela. <\/p>\n
\u201cPor tanto, no puede entenderse lo anterior como una regla sobre la materia, pues en el contrato de seguros rige con amplia intensidad el principio de la autonom\u00eda de la voluntad privada, conforme al cual las partes cuentan con la posibilidad de fijar cl\u00e1usulas espec\u00edficas y particulares que regulen la relaci\u00f3n de aseguramiento seg\u00fan el tipo, categor\u00eda o modalidad de p\u00f3liza, siempre que no se desconozcan normas imperativas, por ejemplo, respecto del surgimiento del riesgo, los actos que resulten inasegurables, la temporalidad de las coberturas, las garant\u00edas que deben brindar por el asegurado y el procedimiento y autoridad competente para definir el supuesto que da lugar a la ocurrencia del riesgo. <\/p>\n
\u201cPor lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha advertido que las reglas de los contratos de medicina prepagada o las p\u00f3lizas m\u00e9dicas, como ocurre con la exigencia del examen previo del estado de salud, no son imperativas ni extensivas frente a todas las modalidades del contrato de seguro, pues cada una de ellas va a responder a unas particularidades propias, incluso amparadas por el postulado de normatividad de los contratos\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, el deber de realizar ex\u00e1menes m\u00e9dicos previos a la celebraci\u00f3n de un contrato de medicina prepagada o p\u00f3lizas m\u00e9dicas en los t\u00e9rminos previamente expuestos tiene raz\u00f3n de ser en tanto est\u00e1 involucrada la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud; no obstante, en el caso de los dem\u00e1s seguros, como ocurre con el de vida o el de da\u00f1os, est\u00e1n en juego intereses distintos que no inciden en el acceso a un servicio p\u00fablico y que no hace necesaria la imposici\u00f3n de l\u00edmites adicionales a los contenidos en la ley. <\/p>\n
\u201cPor el contrario, en dichas hip\u00f3tesis, la relaci\u00f3n de aseguramiento se gu\u00eda por el principio de autonom\u00eda de la voluntad privada, por lo que exige verificar que se cumpla con el clausulado acordado por las partes. As\u00ed, en los seguros de vida, salvo pacto en contrario, deber\u00e1 entenderse a la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1158 del C\u00f3digo de Comercio, que dispone: Aunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058, ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n d\u00e9 lugar\u201d (Se destaca \u2013 Cfr. m\u00edn. 15:50 a 30:40, en el registro). <\/p>\n
De esta forma, al margen que la impugnante comparta las anteriores reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas ni contradictorias con el escenario procesal o con las normas que regulan los t\u00f3picos all\u00ed analizados, primordialmente, los art\u00edculos 1058 y 1158 del C\u00f3digo de Comercio e incluso el canon 83 Superior, que le impon\u00edan el deber de ajustar su \u00abproceder\u00bb de manera estricta a los postulados de la \u00abbuena fe\u00bb, si no quer\u00eda verse avocada a las consecuencias legales que hoy estima contrarias a sus garant\u00edas b\u00e1sicas. <\/p>\n
Y en este punto, vale acotar que ning\u00fan vicio observa esta Sala en aquellas reflexiones, ni en la labor de \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb que adelant\u00f3 la juez de la causa, cuyo resultado no puede demeritarse, porque lo cierto es que en el expediente reposan diversos elementos persuasivos que avalaban sus conclusiones, entre otros, los interrogatorios de parte absueltos en esa controversia (Cfr. Audiencia 19 mar. 2019 – Exp. 2017 00223 00), las copias de las \u00abcondiciones generales seguro de vida grupo deudores\u00bb (fs. 23 a 24 C.2), la \u00absolicitud\/certificado individual\u00bb de \u00abasegurabilidad\u00bb (fl. 22 C.2), la historia cl\u00ednica y epicrisis de la solicitante (fs. 57 y ss C.2), la experticia inicial de \u00abp\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb practicada por la Fundaci\u00f3n M\u00e9dica Preventiva (19 jun. 2015 \u2013 fs. 13 a 15 C.1) e incluso el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Cesar, que modific\u00f3 el \u00abporcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb, para reducirlo de \u00ab95.45%\u00bb a \u00ab53.78%\u00bb, producto de los diagn\u00f3sticos de \u00abdisfon\u00eda cr\u00f3nica recurrente severa secundaria a sulcus vocalis\u00bb, \u00abreflujo gastroesof\u00e1gico + reflujo lar\u00edngeo-far\u00edngeo\u00bb e \u00ab[Hipertensi\u00f3n Arterial]\u00bb, a los que en su orden le asign\u00f3 porcentajes de \u00ab20.00%\u00bb, \u00ab25.00%\u00bb y \u00ab7.40%\u00bb del total indicado (20 en. 2016 – fs. 280 a 285 C.2) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es incuestionable que la gestora no puede servirse v\u00e1lidamente de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb para remediar su propia incuria o desconocimiento de la ley, menos a\u00fan, para anteponer su criterio sobre el de la sede inculpada, designios ajenos a la finalidad de esta v\u00eda excepcional, que recu\u00e9rdese, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018). <\/p>\n
4.- Son estas razones las que conllevan el fracaso del socorro instado y el aval del fallo atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1410-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1410-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-001-2020-00088-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53542","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53542","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53542"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53542\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53542"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53542"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53542"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}