STC1421-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1421-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01281-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Luz Mary Garc\u00eda de Hern\u00e1ndez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta \u00faltima localidad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio laboral a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con ocasi\u00f3n del proceso laboral que instaur\u00f3 contra Colpensiones. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a los Despachos judiciales accionados, \u00abdejar sin efecto las sentencias del 08 de agosto de dos mil catorce (2014) proferida por el Juzgado Cuarto (4\u00b0) Laboral del Circuito de Armenia (Quind\u00edo), la sentencia del 05 de noviembre de 2014, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quind\u00edo), as\u00ed como la sentencia SL2813-2019 radicaci\u00f3n n\u00famero 70262 de fecha tres (03) de Julio de dos mil diecinueve (2019) proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar, ord\u00e9nesele a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- a que proceda a reanudar el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a [su] favor (\u2026) en calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente de su esposo fallecido Guillermo V\u00e1squez Valencia -Q.E.P.D.-\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que mediante resoluci\u00f3n No. 3454 del 7 de octubre de 1971 el extinto Instituto del Seguro Social -ISS, reconoci\u00f3 a su favor pensi\u00f3n de sobreviviente, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge Guillermo V\u00e1squez Valencia, ocurrido el 6 de abril de la citada anualidad. <\/p>\n
Asegura que el 24 de enero de 1977 contrajo nuevas nupcias con Narcisio Hern\u00e1ndez Le\u00f3n, raz\u00f3n por la cual en resoluci\u00f3n No. 5591 del 1\u00ba de junio del a\u00f1o en menci\u00f3n la entidad aludida resolvi\u00f3 \u00absuspender\u00bb el pago de la mesada pensional, conforme lo establec\u00eda el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 33 de 1973, mandato que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 1996. <\/p>\n
Sostiene que frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n; no obstante, en providencia del 3 de julio de 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte neg\u00f3 dicho mecanismo, tras considerar que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad contenida en la sentencia C-309 de 1996 s\u00f3lo favorece a aquellas personas que contrajeron nuevas nupcias en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, determinaci\u00f3n que, en su sentir, conculca las garant\u00edas esenciales invocadas, toda vez que desatendi\u00f3 el fallo T-693 de 2009 de la Corte Constitucional, que ampar\u00f3 el derecho de una beneficiaria de pensi\u00f3n de sobreviviente que adquiri\u00f3 un nuevo v\u00ednculo matrimonial antes de la entrada en vigor de la Norma Fundamental. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura se limit\u00f3 a remitir copia de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
b.) La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, pidi\u00f3 denegar el amparo reclamado, con sustento en que los fallos dictados en el curso del juicio laboral censurado se encuentran ajustados al ordenamiento jur\u00eddico, ya que, el emolumento que echa de menos la accionante le fue negado a \u00e9sta en vigencia del \u00abart\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946\u00bb, esto es, con anterioridad a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. <\/p>\n
c.) La Procuradur\u00eda 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo aleg\u00f3, que \u00ablo pretendido por la accionante por v\u00eda de la presente tutela, no es demostrar la configuraci\u00f3n de un defecto sustantivo, el cual no se encuentra probado, sino que se acoja su particular interpretaci\u00f3n del precedente jurisprudencial constitucional, de modo que se extienda a supuestos de hecho no se\u00f1alados expresamente en tales pronunciamientos, planteamiento que desborda la figura de la tutela contra sentencia judicial, la cual no se encuentra establecida para debatir la disparidad de pareceres frente a lo decidido por el juez de instancia\u00bb. <\/p>\n
d.) En el expediente digital remitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, no obran respuestas de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras considerar que \u00abla cuesti\u00f3n planteada por la parte actora a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, que nada dista de los argumentos aludidos dentro del proceso ordinario laboral, fue debidamente analizada y resuelta al interior del respectivo asunto, sin que se observe que el \u00d3rgano de cierre de la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria hubiese actuado de manera arbitraria o caprichosa, as\u00ed lo deja entrever las consideraciones que se acaban de transcribir, los que igualmente permiten calificar la decisi\u00f3n como razonable y ajustada a las normas y las pruebas oportunamente incorporadas al expediente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual utiliz\u00f3 argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, el derecho de amparo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional s\u00f3lo es viable activarlo frente a determinaciones judiciales cuando las mismas incurran en alguna causal de procedencia, es decir, si corresponden arbitrario designio del funcionario, con alcances totalmente alejados de los fines perseguidos por el ordenamiento jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que la v\u00edctima no tenga ni haya tenido otros instrumentos efectivos para salvaguardar los derechos fundamentales que tales prove\u00eddos hayan amenazado o puesto en inminente riesgo, debido a que su naturaleza residual le impide operar en presencia de dichos medios. <\/p>\n
2. En el presente caso, la accionante se duele concretamente, de las sentencias dictadas en el marco del juicio laboral que instaur\u00f3 frente a Colpensiones, mediante las cuales le fue negada la \u00abreanudaci\u00f3n\u00bb del pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente de su difunto c\u00f3nyuge, por haber contra\u00eddo nuevas nupcias. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de brindar soluci\u00f3n a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados electr\u00f3nicamente al presente tr\u00e1mite, los cuales permiten apreciar lo siguiente: <\/p>\n
3.2. Agotado el tr\u00e1mite legal correspondiente, en sentencia del 8 de agosto de 2014, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia neg\u00f3 las pretensiones de la demandante, ac\u00e1 gestora, y absolvi\u00f3 a la entidad demandada, bajo el argumento de que la suspensi\u00f3n de la prestaci\u00f3n se\u00f1alada por parte del extinto Instituto de Seguros Sociales se dio en vigencia del art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946; y adem\u00e1s, los efectos de la sentencia C-309 de 1996 operan \u00fanicamente para aquellas mujeres que nuevamente hubieren contra\u00eddo matrimonio con posterioridad al 7 de julio de 1991, hip\u00f3tesis en la que no se encuentra la demandante. <\/p>\n
3.3. La ahora gestora insterpuso sin \u00e9xito recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n, pues en providencia del 5 de noviembre siguiente la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la ciudad memorada la confirm\u00f3 \u00edntegramente. <\/p>\n
3.4. Contra esta \u00faltima decisi\u00f3n, la aqu\u00ed interesada formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sin embargo, en fallo del 3 de julio de 2019 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte neg\u00f3 dicho medio, tras considerar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDebe destacarse que el tribunal no incurri\u00f3 en ning\u00fan error jur\u00eddico en la decisi\u00f3n adoptada, toda vez que, en esencia, acogi\u00f3 el criterio de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual la p\u00e9rdida del derecho pensional por muerte para los eventos en que la viuda contrae nuevas nupcias antes de la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 no vulnera mandatos establecidos en \u00e9sta, por cuanto se deriva de reglas que tuvieron plena validez al amparo de un ordenamiento constitucional diferente y que otorg\u00f3 una protecci\u00f3n y justificaci\u00f3n a la uni\u00f3n matrimonial, tal como tambi\u00e9n lo ha avalado la propia Corte Constitucional en diversas sentencias respecto de reglas legales similares\u00bb. <\/p>\n
Y para sustentar la anterior premisa, cit\u00f3 la sentencia SL452-2018, luego de lo cual, ultim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con el anterior criterio jurisprudencial, el ad quem no incurri\u00f3 en error, dado que deb\u00eda aplicarse al presente asunto la regla establecida en el art\u00edculo 62 de la Ley 90 de 1946, por cuanto la demandante contrajo nuevas nupcias el 24 de enero de 1977, esto es, mucho tiempo antes de la entrada en vigencia de la Carta Pol\u00edtica de 1991, por lo que la extinci\u00f3n del derecho pensional no pod\u00eda afectar mandatos establecidos en este ordenamiento superior. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la recurrente no destruye el soporte esencial de la providencia del ad quem, relativo a que la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 1996 y dem\u00e1s jurisprudencia an\u00e1loga, no se pronunci\u00f3 sobre la norma jur\u00eddica que gener\u00f3 el derecho a la actora, esto es, la Ley 90 de 1946, y por ende sus efectos no pod\u00edan aplicarse al sub lite. <\/p>\n
En consecuencia, al haber dejado inc\u00f3lume ese soporte de la decisi\u00f3n, el fallo de segunda instancia se sostiene, por la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que arropa a las sentencias de los jueces\u00bb. <\/p>\n
4. De entrada, advierte la Corte el incumplimiento del requisito de la inmediatez en que incurri\u00f3 la ahora interesada por tardanza en acudir al amparo; empero, como se ha dicho en casos similares donde la vulneraci\u00f3n es muy evidente, la falta de ese presupuesto \u00abno constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC2508-2020). <\/p>\n
En efecto, aun cuando la salvaguarda fue tard\u00eda, para la Sala las providencias cuestionadas vulneraron las garant\u00edas al libre desarrollo de la personalidad e igualdad de la gestora, pues le negaron el pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente a ella reconocida, por el hecho de haber contra\u00eddo segundas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. <\/p>\n
Al respecto, en el pasado la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso similar al de ahora y concedi\u00f3 la protecci\u00f3n ius fundamental, al considerar lo siguiente: <\/p>\n
\u00ablos hechos del caso dan cuenta que el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no concedi\u00f3 la prerrogativa exigida por Carmen Josefa Galvis de Mac\u00edas, relacionada con el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional de su exesposo Timole\u00f3n Jaimes Almeida, por el hecho de haber contra\u00eddo \u201c(\u2026) nuevas nupcias (\u2026)\u201d antes de la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. <\/p>\n
Lo anterior, seg\u00fan expuso la se\u00f1alada Corporaci\u00f3n, porque la norma imperante al momento de celebrarse el segundo matrimonio de la querellante, ocurrido el 23 de febrero de 1975, era el art\u00edculo 2 de la Ley 12 de esa misma anualidad, el cual establec\u00eda que el se\u00f1alado beneficio econ\u00f3mico se extingu\u00eda cuando el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite se casaba de nuevo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4. No obstante lo antelado, examinada la decisi\u00f3n contenida en la sentencia T-693 de 2009, se observa que all\u00ed se dijo que \u201c(\u2026) la modulaci\u00f3n de los efectos temporales (\u2026)\u201d establecidos en la providencia C-309 de 1996, si bien se refer\u00edan solo a la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de ciudadanas que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta Pol\u00edtica, tal circunstancia \u201c(\u2026) no signifi[caba] que la Corte Constitucional [negara] la posibilidad de inferir atribuciones de car\u00e1cter fundamental en cabeza de las mujeres que hubieren contra\u00eddo nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Dicha l\u00ednea jurisprudencial recogi\u00f3 lo anotado en dos sentencias de constitucionalidad, emitidas con posterioridad al fallo C-309 de 1996, las cuales morigeraron la prohibici\u00f3n de aplicar retroactivamente dicha decisi\u00f3n para viudas casadas antes de 1991. <\/p>\n
En la primera de ellas, esto es, en la sentencia C-464 de 20042, se dijo que la anotada modulaci\u00f3n no pod\u00eda contrariar el \u201c(\u2026) principio pro-homine y a la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n entre hombres y mujeres (sic) (\u2026)\u201d, pues ello implicaba dejar desprotegidas a las mujeres restantes, es decir, a aqu\u00e9llas \u201c(\u2026) que contrajeron nuevas nupcias con anterioridad a 1991 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En la segunda, vale decir, en el fallo C-1126 de 2004, en cuyo asunto se analiz\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 34 del Decreto 611 de 19973, por impedirle \u201c(\u2026) el acceso a la pensi\u00f3n de sobrevivientes de las compa\u00f1eras permanentes (\u2026)\u201d, se anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, los compa\u00f1eros y compa\u00f1eras permanentes de empleados p\u00fablicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos p\u00fablicos o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional pensionados o con derecho a pensi\u00f3n, que con posterioridad al 7 de julio de 1991 y el 23 de diciembre de 1993, hayan tenido derecho a solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y no lo hubieren obtenido porque el art\u00edculo 34 del Decreto 611 de 1977 o el art\u00edculo 49 del Decreto 2701 de 1988 los exclu\u00eda, podr\u00e1n, en virtud de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, solicitar que les sea reconocida dicha pensi\u00f3n, en caso de reunir las dem\u00e1s condiciones de ley (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n
Consecuente con lo antelado, y si bien no se rese\u00f1\u00f3 en la anotada decisi\u00f3n de tutela, no debe dejarse de lado que en la sentencia C-182 de 19974, igualmente se dijo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Respecto a la pensi\u00f3n por fallecimiento o pensi\u00f3n de sobrevivientes, surge una clara, abierta y ostensible violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, al establecerse un privilegio para aquellos beneficiarios que han optado por mantenerse en estado de viudez, frente a quienes deciden contraer nuevas nupcias o hacer vida marital. Se coloca sin raz\u00f3n v\u00e1lida en una situaci\u00f3n de desventaja y desfavorable a los destinatarios del r\u00e9gimen excepcional consagrado en los decretos mencionados, frente a aquellos cobijados por la Ley 100 de 1993, para quienes no se extingue por dicha circunstancia la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
\u201c(\u2026) <\/p>\n
\u201cEsta Corporaci\u00f3n en Sentencia C-309 de 1996 se\u00f1al\u00f3 que la mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia leg\u00edtima de su libertad. La norma legal que asocie a la libre y leg\u00edtima opci\u00f3n individual de contraer nupcias o unirse en una relaci\u00f3n marital, el riesgo de la p\u00e9rdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y a la autodeterminaci\u00f3n del sujeto que vulnera el libre desarrollo de la personalidad sin ninguna justificaci\u00f3n, como quiera que nada tiene que ver el inter\u00e9s general con tales decisiones personal\u00edsimas (…)\u201d. <\/p>\n
En sede de tutela, tambi\u00e9n se atenu\u00f3 la negativa de aplicar, se itera, el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional o asignaci\u00f3n de retiro a mujeres que se hayan casado nuevamente antes de la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. Por ejemplo, en la sentencia T-592 de 20085 se advirti\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, en la sentencia T-309 de 20157, se expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n el desconocimiento, sin debida justificaci\u00f3n, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligaci\u00f3n de todas las autoridades judiciales \u2013sea este precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. <\/p>\n
\u201c(…) <\/p>\n
\u201cLa Corte Constitucional ha sostenido que la pensi\u00f3n otorgada a la c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente es de \u201ccar\u00e1cter vitalicio\u201d y en tal virtud, esta prestaci\u00f3n no se puede extinguir porque la viuda contraiga nuevas nupcias o haga nueva vida marital. De manera reiterada esta Corte ha protegido los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes que han optado, en ejercicio de su libertad, rehacer su vida marital, con independencia de la fecha en que lo hicieran. De manera que, no es de recibo para esta Sala de Revisi\u00f3n la interpretaci\u00f3n otorgada por autoridades como la ahora demandada, de las sentencias de la Corte para suspender el pago de aquellas pensiones de sobrevivientes que ya hab\u00edan sido reconocidas con anterioridad a la decisi\u00f3n de contraer nuevas nupcias o de iniciar nuevamente vida marital (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5. Consecuente con la doctrina constitucional rese\u00f1ada, esta Sala infiere que la imposibilidad de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de acceder a la sustituci\u00f3n pensional consagrada en la sentencia C-309 de 1996, por el hecho de desposarse antes del a\u00f1o 1991, le impone a \u00e9sta no solo una evidente condici\u00f3n regresiva, inequitativa y discriminatoria de su proyecto de vida como la de formar una familia y optar por un estado civil, en comparaci\u00f3n con aqu\u00e9llas que decidieron, de un lado, mantenerse en estado de viudez, y de otro, contraer nuevas nupcias o hacer vida marital con posterioridad a la rese\u00f1ada fecha, aspecto que transgrede prima facie el principio de progresividad8 y el derecho a la igualdad, particularmente, por consagrar un tratamiento diferencial sin mediar circunstancia objetiva y razonablemente justificada, entre personas colocadas en una misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica, esto es, el derecho de viudas y viudos de acceder al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n por fallecimiento del c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Lo anterior, no sugiere reconocerle efectos retroactivos a la decisi\u00f3n de inexequibilidad contenida en la sentencia C-309 de 1996, sino aceptar que el posterior desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional ha admitido la contradicci\u00f3n de esa prohibici\u00f3n con la prerrogativa a la igualdad y el principio de progresividad, al punto, como seg\u00fan se vio, de conceder la posibilidad de permitir excepciones en casos concretos. <\/p>\n
De igual modo, ha sido la propia Sala de Casaci\u00f3n Laboral quien ha admitido la posibilidad de abstenerse de aplicar cualquier disposici\u00f3n regresiva de un derecho de car\u00e1cter prestacional, a\u00fan frente a situaciones consolidadas antes de su declaratoria de inexequibilidad, en los eventos en que ello constituya un obst\u00e1culo para obtener un derecho pensional. Sobre ello dijo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, en sentencias CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 41832 y CSJ SL, 10 jul. 2010, rad. 42423 (pensi\u00f3n de invalidez), y luego en providencias CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42540 y CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 42501 (pensi\u00f3n de sobrevivientes), la Corte cambi\u00f3 su criterio para se\u00f1alar que el requisito de fidelidad incorporado en las reformas pensionales (L. 797 y L. 860 de 2003) del sistema general de pensiones, impuso una evidente condici\u00f3n regresiva en relaci\u00f3n con lo establecido originalmente en la L. 100\/1993, motivo por el cual, los juzgadores tienen el deber de abstenerse de aplicar esa exigencia, por resultar abiertamente incompatible con los contenidos materiales de la Carta Pol\u00edtica, especialmente con el principio de progresividad y no regresividad (\u2026)\u201d9 (se resalta). <\/p>\n
6. Como se advirtiera, la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, materia de este amparo, desconoci\u00f3 en su momento la jurisprudencia constitucional y su propio precedente relacionado con la posibilidad de restarle eficacia a normas o decisiones de inexequibilidad cuando \u00e9stas contravengan el principio de progresividad de los derechos laborales y de la seguridad social, como ocurre en el subex\u00e1mine, los relacionados con la sustituci\u00f3n pensional de consortes que contrajeron nupcias antes de 1991, am\u00e9n de mediar o no actos administrativos que antes de ese a\u00f1o les hayan reconocido tal beneficio y extinguido el mismo con ocasi\u00f3n de la vigencia del art\u00edculo 2 de la Ley 12 de 1975, situaci\u00f3n que amerita, en este asunto, conceder el amparo a Carmen Josefa Galvis de Mac\u00edas, garantizando los derechos al m\u00ednimo vital, igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, sin que circunstancias de orden personal y su realizaci\u00f3n de vida, como lo es la decisi\u00f3n de casarse de nuevo, as\u00ed lo haya hecho antes de la se\u00f1alada data, confieran un tratamiento excluyente, seg\u00fan se indic\u00f3 en el ac\u00e1pite de antecedentes\u00bb (CSJ, STC12857-2016). <\/p>\n
5. Pero si lo anterior no fuera suficiente, en un pronunciamiento reciente, esta Sala ratific\u00f3 la anterior postura y concluy\u00f3 que contraer segundas nupcias, aun antes de la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, no puede ser motivo para suspender el pago de la pensi\u00f3n sustitutiva a favor del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, pues vulnera el derecho a la igualdad de este: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, evidente es que el fallador accionado estableci\u00f3 un trato desigual entre aquellas c\u00f3nyuges sobrevivientes, con derecho a pensi\u00f3n sustitutiva, que hubiesen contra\u00eddo segundas nupcias con anterioridad a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991 y las que lo hicieron con posterioridad a tal \u00e9poca, diferenciaci\u00f3n que carece de justificaci\u00f3n constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ, STC2302-2019). <\/p>\n
6. En esas condiciones, habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado, para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n rogada, por lo que se dejar\u00e1 sin valor ni efecto la sentencia del 3 de julio de 2019, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y se ordenar\u00e1 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de Armenia dejar, igualmente, sin efectos el fallo de 5 de noviembre de 2014, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada respecto de la providencia del 8 de agosto de la misma anualidad, para que, en su reemplazo, dicte una nueva decisi\u00f3n con base en las consideraciones aqu\u00ed expresadas, teniendo en cuenta, la reciente y vigente jurisprudencia constitucional sobre el derecho de las c\u00f3nyuges sup\u00e9rstites de acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, sin desmedro de que \u00e9stas se hayan desposado por segunda vez antes de la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, en su lugar, CONCEDE el amparo invocado por Mar\u00eda Luz Mary Garc\u00eda Hern\u00e1ndez. En consecuencia, se ORDENA: <\/p>\n
PRIMERO. DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 3 de julio de 2019, que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado en el proceso laboral objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del recibo del correspondiente expediente, deje sin efecto el fallo dictado el 5 de noviembre de 2014 que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la providencia calendada el 8 de agosto de 2014. <\/p>\n
TERCERO. Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a veinte (20) d\u00edas, emita una nueva sentencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. En caso de que dicha Corporaci\u00f3n, acceda a la reanudaci\u00f3n del pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida a aqu\u00ed interesada mediante resoluci\u00f3n No. 3454 del 7 de octubre de 1971, deber\u00e1 establecer el nacimiento de ese derecho a partir de la ejecutoria de esa nueva decisi\u00f3n, observando la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas. <\/p>\n
CUARTO. Rem\u00edtase copia de esta providencia a los estrados accionados y al a quo constitucional para que este \u00faltimo vele por su cumplimiento. <\/p>\n
QUINTO. Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Sentencia T-693 de 2009. <\/p>\n
2 En dicha providencia, la Corte Constitucional estudi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad contra, entre otros, el art\u00edculo 156 del Decreto Ley 612 de 1977, el cual establec\u00eda: \u201c(\u2026) Art. 156. Extinci\u00f3n de pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n militar, se extinguir\u00e1n para la viuda si contrae nuevas nupcias y para los hijos pro muerte, emancipaci\u00f3n, matrimonio, profesi\u00f3n religiosa, independencia econ\u00f3mica o por haber llegado a la edad de veinti\u00fan (21) a\u00f1os, salvo las hijas c\u00e9libes, los hijos inv\u00e1lidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) a\u00f1os, cuando hayan dependido econ\u00f3micamente del Oficial o Suboficial. La extinci\u00f3n se ir\u00e1 decretando a partir de la fecha del hecho que la motive y por la cuota parte correspondiente. La porci\u00f3n de la madre acrecer\u00e1 con la de los hijos y la de \u00e9stos con la de la madre. En los dem\u00e1s casos no habr\u00e1 derecho a acrecimiento (\u2026)\u201d (Se resalta la parte demandada). <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 34. Transmisibilidad de pensi\u00f3n. Al fallecimiento de un empleado p\u00fablico o trabajador oficial pensionado o con derecho a pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, invalidez o vejez, su c\u00f3nyuge en forma vitalicia y sus hijos menores o incapacitados para trabajar por raz\u00f3n de sus estudios o por invalidez que dependieren econ\u00f3micamente del causante, tendr\u00e1 derecho a percibir la respectiva pensi\u00f3n en la siguiente proporci\u00f3n: <\/p>\n
a) La mitad al c\u00f3nyuge sobreviviente y la otra mitad para los hijos por partes iguales. <\/p>\n
b) A falta de c\u00f3nyuge, la pensi\u00f3n se dividir\u00e1 entre los hijos por partes iguales. <\/p>\n
c) A falta de hijos menores, la pensi\u00f3n corresponder\u00e1 en su totalidad al c\u00f3nyuge sobreviviente. <\/p>\n
Par\u00e1grafo: 1\u00b0 Este derecho lo pierde el c\u00f3nyuge sobreviviente cuando por su culpa no vive unido al otro en el momento de su fallecimiento, o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital, y los hijos por llegar a la mayor\u00eda de edad y cesar la incapacidad. (\u2026)\u201d (se destaca los preceptos demandados). <\/p>\n
4 All\u00ed se declar\u00f3 la inexequibilidad de las expresiones \u201cpara el c\u00f3nyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida marital\u201d de los art\u00edculos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990, 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990, 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990 y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990, los cuales extingu\u00edan la asignaci\u00f3n de retiro para consortes sup\u00e9rstites por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo o en goce de asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n militar. <\/p>\n
5 En dicho pleito se otorg\u00f3 el amparo a la se\u00f1ora Obdulia Acevedo de V\u00e9lez, a quien el 14 de mayo de 1964, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares hab\u00eda resuelto privarla de la sustituci\u00f3n pensional que esa entidad le reconociera, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de \u00c1lvaro Baena Londo\u00f1o, alegando que aqu\u00e9lla hab\u00eda contra\u00eddo nuevas nupcias. <\/p>\n
6 En el mismo sentido, v\u00e9anse, entre otras, las sentencias T-292 de 2006 y T-692 de 2006. <\/p>\n
7 En ese litigio se concedi\u00f3 el resguardo a Sof\u00eda Carvajal de Caballero, quien a pesar de venir disfrutando desde el 26 de julio de 1982, la pensi\u00f3n de sobrevivientes derivada de la muerte de su c\u00f3nyuge, le fue extinguida la misma en julio de 1985 por el ISS, argumentando que su retiro de n\u00f3mina se daba en raz\u00f3n a que contrajo nuevas nupcias. <\/p>\n
9CSJ SL3594-2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1421-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1421-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01281-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53549","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53549","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53549"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53549\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53549"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53549"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53549"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}