STC1422-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1422-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00933-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 28 de julio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carolina Tovar Cort\u00e9s contra la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la \u00ablibertad de profesi\u00f3n y oficio\u00bb, al m\u00ednimo vital, a la seguridad jur\u00eddica y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con i) las sentencias proferidas en ambas instancias en el marco del tr\u00e1mite que de este mismo linaje promovi\u00f3 Kenyi Polan\u00eda Medina y otros, con radicado No. 2020-00006; y, ii) la Resoluci\u00f3n 448 del 11 de mayo de 2020, dictada por la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, para dar cumplimiento a las mismas. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, concretamente, que se invalide dicha decisi\u00f3n administrativa. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial y en cuanto resulta relevante para la resoluci\u00f3n del presente caso, que a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 1045 del 8 de noviembre de 2017, fue nombrada en provisionalidad en el cargo de \u00abauxiliar en el \u00e1rea salud c\u00f3digo 412, grado 11\u00bb, de la planta globalizada del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva E.S.E; no obstante lo anterior, y de acuerdo con lo ordenado en el marco de la acci\u00f3n que de este mismo linaje interpuso Kenyi Polan\u00eda Medina y otros, con radicado No. 2020-00006, en la que se tuvo en cuenta \u00abel criterio unificado de listas de elegibles y la Ley 1960 de 2019, aun cuando, su nombramiento fue efectuado antes de su expedici\u00f3n\u00bb, a trav\u00e9s del acto administrativo 448 del 11 de mayo de 2020, dicha entidad dio por terminada su designaci\u00f3n, con el fin de designar a uno de los integrantes de la lista de elegibles del concurso de m\u00e9ritos abierto en el a\u00f1o 2016, para proveer los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al sistema de carrera administrativa de las empresa sociales del Estado, entre ellas el Hospital convocado. <\/p>\n
Alega que la mentada Resoluci\u00f3n de desvinculaci\u00f3n \u00abno cumple con la carga motivacional exigida por el art\u00edculo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, requisito reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en providencias como la T-007 de 2018\u00bb, a m\u00e1s que \u00abdicha situaci\u00f3n vulnera sus derechos fundamentales y le genera un perjuicio irremediable, pues tiene a cargo el sustento de toda su familia que la conforman sus dos hijas menores\u00bb, circunstancias por las cuales acude a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, luego de poner de presente que conoci\u00f3 en primera instancia de la acci\u00f3n que de esta misma naturaleza, interpuso Kenyi Polan\u00eda Medina junto con otras 12 promotoras m\u00e1s, bajo el radicado No. 2020-00006-00, estim\u00e1ndose el amparo mediante fallo del 14 de abril de 2020, para lo que orden\u00f3 al \u00abRepresentante Legal y\/o Nominador de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a hacer uso de la lista de elegibles que se encuentra vigente para proveer el cargo de Auxiliar \u00c1rea Salud, C\u00f3digo 412, Grado 11 \u2013 Resoluci\u00f3n No. CNSC 20182110174295 del 5 de diciembre de 2018-, debiendo nombrar en estricto orden de m\u00e9ritos a los ciudadanos (\u2026), en las nuevas vacantes generadas (67) con posterioridad a la Convocatoria 426 de 2016 y que se encuentran provistas actualmente en provisionalidad, para lo cual, deber\u00e1 realizar todos los tr\u00e1mites administrativos pertinentes\u00bb, determinaci\u00f3n que fue adicionada en sede de impugnaci\u00f3n por el Tribunal Superior de Neiva \u2013Sala Penal, a trav\u00e9s del fallo adiado 26 de mayo de 2020, con el fin de extender el amparo a 4 personas m\u00e1s. <\/p>\n
Hizo \u00e9nfasis en que a dicho tr\u00e1mite fue vinculada la se\u00f1ora Carolina Tovar Cort\u00e9s, \u00abquien tuvo la oportunidad de comparecer y hacer valer sus derechos e intereses, al punto que impugn\u00f3 el fallo de primer grado, pero no demostr\u00f3 ninguna condici\u00f3n para ser considerada como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, el asesor jur\u00eddico de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil aleg\u00f3 que el presente ruego no puede salir avante, comoquiera que el nombramiento que se realiz\u00f3 por cuenta de la mentada orden constitucional, solo responde a la necesidad de nombrar a los integrantes de la lista de elegibles que ganaron el concurso de m\u00e9ritos abierto para suplir el cargo que detentaba la gestora de la salvaguarda, determinaci\u00f3n que obedeci\u00f3 el criterio unificado respecto del uso de dichas listas, en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, luego de hacer una rese\u00f1a de los requisitos generales y espec\u00edficos de procedencia del amparo contra providencias judiciales, as\u00ed como los establecidos jurisprudencialmente cuando se trata de un fallo de tutela, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, por cuanto \u00abel amparo deviene abiertamente improcedente, ya que no s\u00f3lo va encaminado a controvertir una decisi\u00f3n de la misma naturaleza sino que, adem\u00e1s, la actora cuenta con otros medios de defensa judicial para cuestionar el acto administrativo por el cual se dispuso su desvinculaci\u00f3n\u00bb, a lo que agreg\u00f3, que en ese \u00abprocedimiento constitucional (\u2026) se analiz\u00f3 no s\u00f3lo la propuesta respecto de la aplicabilidad de las normas referidas por la actora en t\u00e9rminos similares a los que se consignan en el libelo, sino el planteamiento que se expuso atinente a la protecci\u00f3n de las personas cabeza de hogar\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla actora tiene la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo e interponer una acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la resoluci\u00f3n 448 del 11 de mayo del a\u00f1o en curso, con la facultad de solicitar medidas cautelares a su favor, como lo ser\u00eda la suspensi\u00f3n de sus efectos. Lo anterior porque, no obstante, la resoluci\u00f3n emitida por la E.S.E Hospital Universitario \u2018Hernando Moncaleano Perdomo\u2019 deriv\u00f3 del cumplimiento de una orden de tutela, lo cual, en principio, llevar\u00eda a concluir que se trata de un acto de ejecuci\u00f3n no es susceptible de ataque judicial, ciertas circunstancias que se revelan en este caso indican su procedencia excepcional al advertirse que la administraci\u00f3n expres\u00f3 su voluntad m\u00e1s all\u00e1 del simple acatamiento del mandato en comento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos planteamientos que expuso en la queja originaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la se\u00f1ora Tovar Cort\u00e9s, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, adicionada por la Sala Penal del Tribunal Suprior de ese Distrito Judicial, fallos estimatorios del amparo invocado en el marco de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente instaurada por la Kenyi Polan\u00eda Medina contra la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con radicado No. 2020-000006, y que le resultaron desfavorables a ella, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, entonces, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC4666-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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